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11jul07
APRODEH considera inaceptable el fallo del Juez Orlando Álvarez.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) calificó la resolución emitida por el juez Orlando Álvarez como inaceptable.
"La solicitud de extradición presentada por el Estado peruano y las presunciones en donde se establecía la responsabilidad de Fujimori estaban suficientemente fundadas, tanto así que llevaron a la fiscal Mónica Maldonado a opinar, contundentemente, a favor de la extradición", señaló Francisco Soberón, director de APRODEH.
Soberón precisó que la solicitud era por la extradición de Fujimori, no por su juzgamiento. "El juez Álvarez ha valorado los elementos probatorios en torno a la responsabilidad de Fujimori, como si a él le correspondiera juzgarlo, en lugar de considerar la existencia de indicios suficientes para la extradición, como sí lo hicieron la fiscal Maldonado y diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Clínica Jurídica de la Universidad de George Washington, entre otras", acotó.
De otro lado, Gloria Cano, abogada de APRODEH, señaló que pese a haber comprobado la comisión de los delitos, el juez no encontró vinculación directa de Fujimori en tanto responsable de tales hechos. De ahí que señale, por ejemplo respecto del caso La Cantuta, que la motivación de desaparecer a los estudiantes correspondería al atentado de la calle Tarata -16 de julio de 1992- y, por tanto, respondería al móvil puntual del ejército, deslindado la responsabilidad de Fujimori.
Para Cano, la relación entre Fujimori y el grupo Colina no solo se abocó a la lucha contra el terrorismo, como considera Álvarez en su fallo, sino que se dirigió a la eliminación sistemática de personas como lo evidencian los casos Barrios Altos, La Cantuta, entre otros.
"Igual de indignante resulta su interpretación sobre la dación de las leyes de amnistía, severamente cuestionadas a nivel nacional e internacional. Álvarez las atribuye solo al Poder Legislativo, cuando todos recordamos que fue Fujimori, en tanto jefe de Estado, quien las promovió y promulgó", agregó la abogada.
Asimismo, manifestó su extrañeza respecto del desconocimiento de Álvarez sobre la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "En relación a las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, Álvarez señala que en ellas la Corte establece la responsabilidad del Estado, mas no de Fujimori, cuando es conocido que dicho tribunal no puede pronunciarse sobre responsabilidades individuales", afirmó.
A su turno, Gisela Ortiz calificó esta decisión como vergonzosa. "No nos explicamos cómo un juez chileno, que ha tenido a su cargo este proceso durante casi dos años, no haya tenido la capacidad de realizar un análisis del contexto en el cual numerosos peruanos y peruanas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori, lo cual además fuera refrendado por la Corte Interamericana para el caso La Cantuta", señaló.
"Este fallo apoya la impunidad y nos impide como familiares nuestro derecho de acceder a la justicia. Consideramos que no se trata de una decisión aislada sino que responde a una presión política. Nosotros teníamos la esperanza en que la justicia chilena realmente actuara con justicia, de que todos los errores cometidos durante el gobierno de Pinochet se revirtieran; sin embargo, lo que ha hecho este juez ha sido costearle el pasaje de regreso a Japón a Fujimori", manifestó.
Soberón concluyó señalando que este fallo revela la existencia de una presión extrajudicial, toda vez que su resolución no se encuadra en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En esa medida, reiteró el compromiso, desde el movimiento de derechos humanos, de permanecer vigilantes en relación a los próximos sucesos, así como invocar la solidaridad del pueblo peruano, chileno y de la comunidad internacional, para revertir esta decisión en primera instancia.
Lima, 11 de julio de 2007
Asociación Pro Derechos Humanos
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