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03ene07
Otro magistrado se niega a juzgar a campesinos peruanos.
Un segundo juez declinó hoy procesar a ocho campesinos acusados sin pruebas de participar en una emboscada, mientras crece la demanda de libertad de los detenidos, por ser a todas luces inocentes.
El magistrado Willy Ayala, de la ciudad de Ayacucho, capital de la región centroandina del mismo nombre, rehusó tratar el caso, que le había derivado desde Lima su colega Miluska Cano, alegando que el tema no está bajo su jurisdicción.
Ayala invocó el mismo motivo para pasar el tema al juzgado de San Francisco, provincia ayacuchana de La Mar -donde se registró la emboscada del 16 de dicembre último, en la que murieron cinco policías y tres civiles-, despacho que está cerrado por vacaciones.
El comentarista radial Raúl Vargas deploró la lentitud de la justicia y la falta de atención a ocho ciudadanos, trato que al parecer está también relacionado con su condición humilde e indígena (su idioma es el quechua).
Raúl del Castillo, abogado de los detenidos Víctor, Fortunato y Sabino Yaranga, Alcides Ñaupa, Glorioso Ochoa, Eloy Rojas, Wilmer Rimache y Jacinto Huamán, denunció que sus defendidos están presos ilegalmente.
Señaló que se ha excedido el plazo de 15 días de detención sin juicio, por lo que deben ser liberados, y dijo que no es la primera vez que un gobierno busca "chivos expiatorios".
Por su parte, el ex jefe de la Policía de Perú general retirado Eduardo Pérez admitió que la detención es injusta y se debe a la falta total de información de inteligencia, de lo cual es responsable político el ministro de Defensa, Allan Wagner.
El ex parlamentario izquierdista Javier Diez Canseco criticó al gobierno por no admitir su inoperancia e incapacidad, que pretende encubrir manteniendo presos sin pruebas a los campesinos.
Recuerda que los labriegos, detenidos tras la emboscada, fueron acusados de posesión de armas encontradas cerca de donde fueron apresados y posiblemente colocadas allí por los captores.
La mayoría de las armas eran inservibles y la prueba de absorción atómica evidenció que los campesinos no habían disparado, principal evidencia de la inocencia que alegan.
Pese a ello, el Ministerio Público los acusa de "terrorismo agravado".
La congresista Juana Huancahuari acusó al fiscal José Azañero de haber actuado arbitrariamente al consignar a los detenidos, pese a que la Policía verificó que no habían usado armas de fuego.
Los ocho campesinos fueron apresados cerca de una base militar en los accesos a una zona selvática, donde supuestamente se refugian elementos alzados.
Un diario local citó versiones de fuentes no identificadas sobre posibles "presiones desde las más altas esferas del poder" para juzgar a los labriegos, pese a que la dirección policial contra el terrorismo (Dircote) no encontró evidencias incriminatorias.
"Con esto se buscaría evitar el gran chasco que significaría para el gobierno", dice, la inocencia de los campesinos, después que fueron presentados como subversivos por Wagner y su colega del Interior Pilar Mazzetti y el primer ministro Jorge del Castillo.
La parlamentaria Huancahuari demandó que Wagner y Mazzetti comparezcan ante el Parlamento a dar explicaciones sobre el caso.
[Fuente: Prensa Latina, Lima, 03ene06]
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