EQUIPO NIZKOR |
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10ene07
Ante la injusta detención de ocho campesinos por la supuesta comisión del delito de terrorismo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, frente a la detención y acusación de ocho campesinos de ser autores de la emboscada en que fueron asesinados cobardemente cinco policías y tres civiles en el departamento de Ayacucho, expresa su profunda preocupación por la situación de estas personas, quienes llevan ya casi tres semanas privados de libertad, y deplora la forma en que se llevó a cabo la intervención militar, así como la denuncia fiscal y el proceso penal que se les ha abierto por la comisión del delito de Terrorismo, en los cuales no se ha tomado en consideración una serie de pruebas que descartan, mas bien, la responsabilidad penal de estos campesinos.
El 18 de diciembre de 2006 a horas 11:30 horas, aproximadamente, los ocho campesinos fueron intervenidos por una patrulla de la Base Militar de Ramadilla al mando del Teniente EP Roy Dulanto Montalvo. Al momento de su intervención, se encontraban protegiéndose de una fuerte lluvia en el interior de una choza ubicada en las tierras de propiedad de Américo Ludeña, actual alcalde del distrito de Luricocha- Huanta, para quien estaban laborando en faenas agrícolas.
Los campesinos fueron llevados al cuartel de Pichari, lugar donde se elaboró el acta de incautación de unas armas que el Ejercito refiere que encontró cerca de la choza donde se produjo la intervención. Mediante insultos y amenazas se les obligó a firmar la referida acta sin que se les explique debidamente de qué tipo de documento se trataba, y sin contar con presencia del Fiscal o de algún abogado defensor. Seguidamente, fueron fotografiados en el interior de esta base, frente a una mesa donde se colocaron las armas y municiones, como si se las hubiesen incautado a los campesinos, tratándoseles de peligrosos delincuentes.
Posteriormente fueron conducidos a la Comisaría de San Francisco, donde se les tomó declaraciones en idioma español, sin tener en cuenta su condición de quechuahablantes, y sin contar con abogado defensor. El Fiscal Provincial Tomás Infante Huayhua habría estado en tales diligencias solo al inicio y no habría tenido una intervención activa y permanente. En esta comisaría firmaron varios documentos desconociendo su contenido.
Es de extrañar que las evidencias que deslindan su responsabilidad en los hechos no se hayan valorado, como por ejemplo, la pericia de absorción atómica que arroja negativo para los ocho campesinos.
Estas ocho personas son miembros del Comité de Autodefensa de Chacas, centro poblado menor que pertenece al distrito San José de Santillana, Provincia de Huanta, departamento Ayacucho y, en su momento, enfrentaron a "Sendero Luminoso".
Cabe resaltar que el Concilio Nacional Evangélico del Perú y la comunidad evangélica de Ayacucho respaldan la inocencia de estos ocho campesinos evangélicos y los vienen apoyando decididamente.
Reiteramos nuestra condena al terrorismo y al uso de la violencia. Un Estado democrático para hacer frente a la delincuencia debe sujetar su actuación a los procedimientos y medios legales establecidos y, por ende, debe valorar debidamente los elementos de prueba antes de privar arbitrariamente de su libertad a humildes pobladores que, además, no cuentan con recursos para su defensa legal.
Aún estamos a tiempo para rectificar errores, por lo que demandamos a las autoridades competentes la inmediata libertad de estos ocho campesinos. Lo contrario significaría una manifestación de abuso y prepotencia y una clara violación de los derechos fundamentales.
10 de enero de 2007
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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