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21sep07
Fallo histórico de la justicia chilena y reto para la justicia peruana
La Sala Penal de la Corte Suprema de Chile ha declarado la procedencia de la extradición de Alberto Fujimori. Es un fallo histórico no solo para la justicia peruana sino también para la toda región. Por vez primera un ex presidente de la república será extraditado y sometido a la justicia por la comisión de graves crímenes contra los derechos humanos y, adicionalmente, por la comisión de delitos de corrupción de funcionarios.
El fallo de 212 fojas emitido el día de hoy por la Sala Penal de la Corte Suprema chilena determina que Alberto Fujimori será extraditado por los siguientes casos: 1) Caso allanamiento; 2) Caso interceptación telefónica; 3) Caso medios de comunicación; 4) Caso CTS a Montesinos por 15 millones de dólares; 5) Caso de los congresistas tránsfugas; 6) Caso Sótanos del SIE en la detención y tortura de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti; 7) Casos de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. El Poder Judicial peruano ha sido habilitado, vía extradición, para juzgar y en su caso sancionar a Fujimori -por el momento- solo por estos casos.
La suprema chilena ha negado la extradición en el caso Borobio; el caso ARPODEV Faisal; el caso de las medicinas chinas; el caso de la desviación de fondos al SIN; el caso de los decretos de urgencia y el caso de la ampliación de la extradición por la desaparición forzada de Martín Roca Casas, Kenneth Anzualdo Castro y Justiniano Najarro Rua. Sobre estos casos el Poder Judicial no tiene autorización para juzgar al extraditable.
Debemos hacer dos primeras observaciones sobre los casos admitidos para extradición por la sala suprema. La primera es que, en buena cuenta, estos casos presentan de manera clara el itinerario delictivo del régimen presidido por Fujimori: la comisión sistemática de crímenes contra los derechos humanos y la corrupción al más alto nivel. La segunda, es que los términos en que ha sido concedida la extradición resultan ser el peor escenario para Fujimori.
Después de la sentencia emitida en primera instancia por el juez supremo chileno Orlando Alvarez en la cual, tras admitir haber copiado textualmente párrafos enteros de la defensa del extraditable, rechazó de manera absoluta todos los casos de la extradición, el fallo de la Sala Penal chilena da cuenta que los cuadernos de extradición no solo estaban bien presentados, sino que contenían elementos probatorios suficientes que dan cuenta de la responsabilidad criminal de Fujimori en la comisión de diversos hechos delictivos.
Sin duda alguna, para los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema chilena los casos de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta son los casos en los que encuentran mayores elementos de prueba. Por esa razón, estos casos han merecido la decisión favorable unánime de los magistrados chilenos. Por lo demás es en estos casos que la sentencia desarrolla de manera extensa la responsabilidad de Fujimori como autor mediato de los crímenes que ahora serán sometidos a juzgamiento, destacando y reconociendo su posición de dominio de los hechos en el momento en que se perpetraron. Este elemento jurídico penal será determinante en el proceso judicial peruano.
Ahora bien, esta decisión judicial coloca sobre el Poder Judicial peruano una grave responsabilidad, que es la de desarrollar un proceso judicial impecable, en el que se debe garantizar el debido proceso del extraditable y la independencia de cada una de las decisiones que el tribunal de juzgamiento emita a partir de la fecha.
El tribunal de juzgamiento y la necesaria acumulación
Al respecto el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, ya anunció que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema encargada del juzgamiento estará presidida por el vocal supremo César San Martín Castro e integrada por los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo.
Estamos convencidos que este proceso será de gran importancia y trascendencia y sobre el se desplegarán no solo estrategias procesales y jurídicas, sino también políticas. Por ello, el asunto de la independencia y firmeza del tribunal -con la ley en la mano- resulta fundamental para el éxito del proceso. No solo se estará juzgando a un ex presidente de la república que durante 10 años gobernó el país, sino que además, ésta será una gran oportunidad para establecer su responsabilidad penal en la implementación de políticas de Estado violatorias de los derechos humanos.
Estamos convencidos que siendo esa la trascendencia de este proceso, resulta esencial que el tribunal de juzgamiento defina una estrategia judicial para desarrollar, como hemos señalado, de manera impecable el proceso penal. Por ello una primera decisión que este tribunal debe tomar es la acumulación de los procesos judiciales, en la cual la naturaleza de los delitos determina que deberían existir dos procesos: uno por los delitos de violaciones a los derechos humanos y otro por los delitos de corrupción de funcionarios. Esta acumulación debe permitir no solamente tener menos procesos, sino también utilizar un menor tiempo en su culminación y así mismo permitir una concentración de esfuerzos del aparato judicial y de la propia defensa del extraditable.
La acumulación también debe permitir al tribunal responder de manera más ordenada lo que seguramente será una "avalancha" de recursos de la defensa judicial que los abogados del extraditado Fujimori seguramente presentarán desde la próxima semana ante el tribunal, como parte de su estrategia de entorpecimiento y perturbación del proceso.
De igual modo, resulta indispensable que el tribunal del caso asuma una dedicación exclusiva a este juzgamiento. Más allá de que se trate de procesos judiciales con un solo procesado, los crímenes que son materia de los procesos son notoriamente complejos.
En muchos casos favorecidos con la extradición, los otros personajes comprometidos en su comisión han sido juzgados o están siendo juzgados por el sistema anticorrupción. Al respecto, debemos mencionar de manera especial el caso de la desaparición y ejecución extrajudicial de los estudiantes de La Cantuta, el mismo que antes de fin año debe estar siendo sentenciado por la primera sala penal especial -sala anticorrupción-.
Otro asunto de particular e inmediata importancia es la selección de un centro de reclusión que reúna las garantías de seguridad acordes con la gravedad de los delitos que se le imputan y a su constante pretensión de evadir la justicia, que deberá además permitir la realización de los procesos judiciales evitando los riesgos de fuga.
El reto
El país entero, pero sobre todo el Poder Judicial peruano, tiene un reto que no puede y no debe eludir. El juzgamiento de Alberto Fujimori debe permitir someter a decisión judicial crímenes de derechos humanos y de corrupción cometidos desde la cúspide del poder y contribuir a desterrar -ojalá de manera definitiva- la utilización sistemática de la tortura, la ejecución extrajudicial, y la desaparición forzada como prácticas del Estado.
[Fuente: Por Carlos Rivera Paz, Ideelemail, Nº 573, Lima, Per, 21sep07]
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