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16nov08
¿Amnistía, indulto o impunidad?
En las últimas semanas se ha presentado en el Congreso de la República dos proyectos de ley para amnistiar o indultar a personal de las fuerzas armadas y policiales, bajo el argumento de terminar con la persecución de la cual serían víctimas por su actuación en la lucha contra el terrorismo
Al respecto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera necesario precisar los hechos por respeto al país y a la opinión pública, a quienes se pretende desinformar y engañar con información falsa.
Según información del Ministerio Público, de los casos de militares y policías actualmente investigados o procesados judicialmente, 180 responden por delito de desaparición forzada, 166 por asesinato y otras denominaciones del delito contra la vida, incluido genocidio, 123 por tortura y 33 por delito contra la humanidad.
No llegan a 10 los investigados o procesados por delitos menos graves como abuso de autoridad, lesiones, delitos militares, exposición a peligro y otros.
¿Para qué casos se plantean, entonces, las iniciativas de amnistía e indulto presentadas por los congresistas Núñez y Cabanillas? Es obvio que en ambos casos lo que se pretende es impedir la investigación y proceso por crímenes de lesa humanidad.
Cuando los promotores de la amnistía y el indulto dicen que no pretenden incluir a los culpables de violaciones de derechos humanos, mienten al país, del mismo modo que mienten cuando afirman que los comandos de Chavín de Huántar están investigados o procesados, pues ninguno lo está, tal como lo ha demostrado la Defensora del Pueblo.
Debe quedar absolutamente claro que en el Perú no se persigue judicialmente a militares y policías por haber cumplido su deber contra el terrorismo. Quienes son objeto de investigación o proceso, lo son únicamente por su responsabilidad en delitos que la ley peruana e internacional califican como delitos de extrema gravedad, de necesaria judicialización y no beneficiables con medidas de gracia como la amnistía o el indulto.
También debe quedar absolutamente claro que la calificación de los hechos y su consecuente investigación y proceso, lo hacen el Ministerio Público y el Poder Judicial, órganos del Estado que deben actuar y decidir su autonomía.
El Ministerio Público y el Poder Judicial, si bien tienen deficiencias, hoy no están digitados y manipulados como en la época de Fujimori y Montesinos. Hoy no tenemos fiscales ni jueces “sin rostro”, ni procesos sumarios. Los procesados, incluso los acusados por delitos de lesa humanidad, tienen amplia posibilidad de defensa, como lo puede comprobar cualquier ciudadano que vea por televisión el juicio al ex presidente Fujimori. Incluso el gobierno paga los gastos de defensa de los militares procesados por violaciones de derechos humanos.
Que no se engañe al país. Que no se interfiera con la justicia. Que quede establecido que todos los peruanos, con o sin uniforme, somos iguales ante la ley.
Lima 16 noviembre de 2008
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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