 | Este documento ha sido publicado el 02may04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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29abr04
Ilave: exclusión y olvido una vez más.
Miguel Jugo Viera, Director de la Asociación Pro Derechos Humanos
La violencia a mano limpia frente al olvido y la exclusión; la muerte como respuesta al hartazgo de la población frente a la manera de hacer política en el país; la anarquía frente a la incapacidad del gobierno para resolver conflictos largamente anunciados. Lo ocurrido en Ilave nos enrostra, una vez más, los problemas de fondo en nuestro país, los mismos que marcaron dos décadas de violencia por parte de organizaciones subversivas y la reacción represora y sangrienta del propio Estado. ¿Acaso estamos condenados a repetir la historia?
Lamentablemente, lo ocurrido en Ilave no representa un hecho aislado y mucho menos una excepción. Pobreza y exclusión, ausencia del Estado, falta de legitimidad política, corrupción y abuso de poder. Indignación y vacío. Éste es el escenario común a muchas localidades del Perú más allá de Lima. Estos son los problemas estructurales postergados durante siglos por nuestros gobernantes. Éste es el terreno propicio para la aparición de agrupaciones "reivindicativas" de los marginados, cuyo discurso está más cerca de la legitimación de la violencia como medio para alcanzar el poder, que de las voces y demandas de quienes dicen representar.
El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos dio a conocer, en toda su magnitud, las dimensiones del horror vivido en el Perú durante el período 1980-2000. Este proceso nos afectó a todos, pero no de la misma manera: la discriminación étnica y racial, así como la desigualdad de género existentes en el país fueron los dos factores que diferenciaron el impacto de la violencia, e incluso, justificaron el horror. Y es que el 75% de las víctimas mortales o desaparecidas tenían como lengua materna al quechua. Este dato evidencia el alto grado de concentración de la violencia en aquel sector tradicionalmente marginado de la sociedad peruana.
Salomón Lerner, presidente de dicho organismo, sostuvo durante la presentación del informe final que es imposible convivir con el desprecio y que éste es una enfermedad que acarrea daños muy tangibles. Ilave, una vez más, parece darle la razón.
Nada justifica la muerte, ni tampoco la aplicación de la justicia por la fuerza. Por esta razón, es impostergable que los responsables directos del homicidio de Fernando Robles asuman las consecuencias de sus actos, así como los responsables políticos de garantizar el orden constitucional. No hacerlo sería caer en nuevamente en la impunidad y el olvido.
La apuesta por la democracia y el estado de Derecho supone un trabajo colectivo y participativo. El gobierno no puede permanecer pasivo frente a los hechos suscitados porque ello profundizaría la desconfianza de la población hacia el estado y las instituciones. Por el contrario, debe restablecer los procesos de diálogo, concertación y mecanismos de solución de las demandas de la población, así como llevar a la práctica la tolerancia y respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por nuestra parte, estamos llamados a preservar la memoria de lo ocurrido y empezar de una vez por reconocer como peruanos a nuestros propios compatriotas.
Lima, 29 de abril de 2004
Miguel Jugo Viera, Director de la Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH.
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