12mar03

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La Comisión de la Verdad presenta denuncia contra el Comandante "Camión".

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La Comisión de la Verdad y Reconciliación sigue cumpliendo con lucidez y rigor la difícil tarea que le fue encomendada. Luego de una inspección realizada en el estadio municipal de Huanta, los comisionados Salomón Lerner Febres, Sofía Macher, Carlos Tapia, Alberto Morote y monseñor José Antúnez de Mayolo culminaron su recopilación de testimonios sobre los atroces sucesos acaecidos allí en 1984 y decidieron actuar en consecuencia.

Para cumplir tal fin se han dirigido al Ministerio Público recomendando formular denuncias penales contra Francisco Serapio Artaza Adrianzén, más conocido por su alias de "comandante Camión", y otros 22 miembros de la Marina de Guerra, presuntos responsables de homicidios, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y secuestros ocurridos en Huanta.

"Los hechos que la Comisión presenta ahora ante la opinión pública son el más duro y aleccionador ejemplo de la violencia que vivió nuestro país en el año 1984", afirmó el doctor Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad, al momento de su visita a Huanta, y a continuación hizo referencia al catálogo de horrores que conoció dicha ciudad.

Entre estos hechos citó el asesinato de seis campesinos pertenecientes a la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Callqui, el secuestro y desaparición del periodista Jaime Ayala Sulca, corresponsal de La República visto por última vez con vida en la base de la Infantería de Marina acantonada en el Estadio Municipal de Huanta, y el descubrimiento de 50 cadáveres en fosas clandestinas ubicadas en Pucayacu, al norte de esta ciudad.

La Comisión también solicita realizar diligencias para identificar a los miembros de la Marina y la PNP que participaron en el delito de homicidio calificado en agravio de Nemesio Fernández Lapa y otras 49 personas no identificadas, y en el delito de secuestro agravado de 57 personas entre julio y agosto de 1984, las cuales continúan en situación de desaparecidas.

Otra de sus recomendaciones consiste en la exhumación de los cadáveres hallados en las fosas de Pucayacu para determinar la identidad de las víctimas y la posterior entrega de los restos a sus familiares. Esta tarea no podrá ser asumida por la Comisión, la que sin embargo cumplirá con dar cuenta en su informe de alrededor de un centenar de fosas clandestinas ubicadas en los departamentos sumergidos en la guerra interna.

La Comisión también sugiere al Ministerio Público proceder a dictar las medidas cautelares para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso. Esta recomendación se hace teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la pena prevista por la ley, lo que hace razonable suponer que los imputados tratarán de evadir la acción de la justicia.

Otra recomendación demanda realizar las diligencias necesarias para determinar el paradero del "comandante Camión", de quien se ignora si se encuentra con vida. Como se recordará, Artaza Adrianzén fue objeto de un secuestro efectuado por sus propios compañeros de armas para librarlo de ser procesado, y desde entonces se ignora su paradero. Se ha dicho muchas veces que viviría en el extranjero, oculto bajo una nueva identidad.

Para resolver este enigma, la Comisión plantea que se realice con Artaza Adrianzén un reconocimiento de existencia de muerte presunta, procedimiento previsto en el artículo 67 del Código Civil, pues aunque existen indicios razonables de que se encuentre con vida, de este modo él o sus familiares más próximos se verían obligados a responder.

Finalmente, la Comisión demanda comprender en las investigaciones a los magistrados y funcionarios del Fuero Privativo Militar que dictaron las sentencias en los casos de Callqui y Pucayacu, gracias a las cuales se archivó la investigación, lo que configura delito. Para La República, que trató en sus páginas casi todos estos casos en su infatigable campaña en defensa de los Derechos Humanos, este pronunciamiento de la Comisión de la Verdad la enaltece y marca el camino a seguir ante hechos terribles que deben ser aclarados.

[Fuente: Editorial del diario La República, Lima, Per, 12mar03]

Este documento ha sido publicado el 17mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights