28abr03

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Amenazas en Huamachuco.
Por Wilfredo Ardito Vega.

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La sierra de La Libertad es una realidad desconocida para muchos peruanos: En provincias como Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz existe un gran aislamiento respecto a la capital regional, Trujillo. Se tarda ahora hasta doce horas de una carretera lamentable en llegar a Huamachuco, la ciudad más importante de la sierra y tres días en llegar a Tayabamba, la capital de Pataz. En estas provincias, los abusos de las autoridades son muy frecuentes. La situación se agrava por la presencia de diversas empresas mineras cuya relación con la población es muy tensa. La Policía dedica grandes contingentes a proteger las instalaciones de las empresas, mientras muy pocos efectivos custodian a la población.

En este contexto, la única institución que efectivamente brinda apoyo y orientación es la Comisión de Pastoral Social de la Prelatura de Huamachuco (COPREPAS). Esta entidad ha mediado en una serie de conflictos sociales y además ha tenido un importante desempeño para lograr el respeto de los derechos fundamentales de los pobladores de esta olvidada región. Durante los peores años de la violencia, la Comisión sufrió ataques de las autoridades fujimoristas, molestas porque denunciaban los abusos del Ejército. Ahora, en tiempos democráticos, su trabajo se complica.

Hace unas semanas, la Comisión comenzó a recibir denuncias de diversos pobladores respecto a que los Gobernadores y Tenientes Gobernadores están cobrando por sus funciones y cometiendo otras irregularidades. Como en casos anteriores, la Comisión cumplió con expresar su preocupación ante las autoridades superiores.

La reacción ha sido patética: la Subprefecta Betsabé Polo Escamilo denunció al Comité "por instigar el rebrote terrorista". Se trata de una acusación absurda, pero la Comisaría de Huamachuco citó al padre Mario Vidori, responsable de la oficina y a la señora Genara Prado, de conocida trayectoria de defensa de los derechos humanos, acusándolos por instigar el terrorismo. Ambos fueron sometidos a un interrogatorio policial en el cual, como en los viejos tiempos, un capitán que se negó a identificarse les acusó de defender terroristas.

Inclusive, según la subprefecta y el capitán era cuestionable que la Comisión recibiera denuncias y que éstas sólo podían dirigirlas ante el Estado. Ambas autoridades ignoran seguramente que cualquier Comité de Derechos Humanos tiene entre sus principales funciones recibir y canalizar denuncias. Ignoran que una asociación civil sin fines de lucro puede desarrollar funciones de carácter social y desconocen también que la Iglesia Católica ha formado comisiones similares en muchos lugares del Perú.

Sin embargo, la Subprefecta inclusive ha amenazado al padre Vidori, señalando que va a pedir que sea retirado de su jurisdicción y que no puede ser removida, dados sus vínculos con el partido de gobierno. Entretanto, en la misma Subprefectura se están haciendo cobros de 10 soles por denuncia.

Ante esta situación absurda, digna de una dictadura y no de un período democrático, nos preguntamos: ¿Cuál será la actitud del Ministro del Interior y del Presidente del Gobierno Regional frente a la Subprefecta y el capitán de la policía? ¿Se trata simplemente de dos autoridades incompetentes que están prontas a iniciar un conflicto con los organismos de derechos humanos?

Por el bien de todo el Perú, la sierra de La Libertad debe dejar de ser un lugar donde el estado de derecho parece una ficción para la mayoría de sus habitantes.

Le invitamos a usted expresar su solidaridad con la Comisión Prelatural de Huamachuco.

[Fuente: Ideelemail, N° 282, Lima, Per, 28abr03]

Este documento ha sido publicado el 05jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights