EQUIPO NIZKOR |
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09feb09
Final del alegato presentado por Ronald Gamarra en el proceso
que se sigue contra Alberto Fujimori.
Señor Presidente:
¡Cuán insólito es que una nación juzgue a su gobernante! Evidentemente, no es algo que ocurra todos los días. A pesar de los intentos, en distintas partes del mundo, por juzgar a jefes de estado cuyos delitos, con frecuencia, son tan evidentes que parecerían no exigir mayor probanza, la verdad es que el juicio a un jefe de estado es un hecho excepcional. Y eso ocurre porque, escudados en los privilegios que las leyes suelen reconocer a los gobernantes, pero sobre todo gracias a la protección que les dan las densas redes de lealtades y complicidades, tejidas en largos años de ejercicio de la autoridad suprema al margen de todo control institucional efectivo, los jefes de estado, o quienes acaban de dejar de serlo, suelen tener la sartén por el mango frente a los simples ciudadanos, las víctimas humilladas y ofendidas, que los acusan por sus crímenes.
Sin embargo, a pesar de la sacralización tradicional del poder y su pompa, en la historia ha habido momentos en que los pueblos han juzgado a sus gobernantes. Todos recordamos, por ejemplo, el juicio de Luis XVI, al inicio de la Revolución Francesa: juzgado por la Convención revolucionaria, el rey de Francia fue sentenciado y ejecutado con rigor extremo. En el Perú, tenemos el antecedente del juicio a Augusto B. Leguía, presidente de la república durante once años seguidos, quien, al ser derrocado, fue puesto bajo la jurisdicción del Tribunal de Sanción, órgano creado ex professo, al calor de la pasión política, para castigar a Leguía y los leguiístas, aunque, como sabemos, el presidente del Oncenio falleció sin llegar a pronunciarse la sentencia.
Fuera de casos como los dos que acabo de citar, más frecuentes han sido en la historia los momentos en que ciertos jefes de estado han sido castigados por la fuerza descontrolada de una masa indignada o enfurecida.
¿Cuál es el denominador común de estos ejemplos? No es difícil identificarlo. El factor común es el carácter político del juicio, la sentencia o el castigo pronunciados y aplicados como consecuencia de un juicio no exento de pasión, y tal vez esencialmente determinado por ella. Es por eso que un organismo representativo y legislativo de tiempos revolucionarios, como la Convención francesa, se erige por sí y ante sí en supremo juez con poder de vida y muerte. Es por eso que el caudillo militar que derroca a la dictadura de Leguía invoca el "sentir nacional" y se erige en su intérprete privilegiado para constituir un órgano de sanción, directamente, y no de examen y definición serena de responsabilidades. Es por eso que la masa descontrolada siente legítimo perpetrar el linchamiento del gobernante que despertó en ella la pasión avasalladora del odio.
El juicio al ex presidente Alberto Fujimori, que se celebra ante este tribunal, rompe claramente con todos estos precedentes que hemos resumido en los casos de Luis XVI y Leguía: de allí su enorme trascendencia, su innegable resonancia, su carácter modélico, no sólo para nuestro país. Podemos justificar esta trascendencia por tres razones.
En primer lugar, porque este juicio al ex presidente Alberto Fujimori no es un juicio político, sino un proceso judicial, conducido por jueces de larga e ilustre carrera en la magistratura y la docencia universitaria, un proceso que se desarrolla según las pautas obligatorias de la ley penal y la respectiva ley de procedimientos, conducido con respeto escrupuloso a las garantías judiciales correspondientes a todo procesado. No se juzgan en este juicio las opiniones ni los actos políticos del acusado, sino sus actos u omisiones que configuran delitos tipificados en el código penal.
En segundo lugar, porque en este juicio al ex presidente Alberto Fujimori, al examinar los cargos contra el procesado, se ha hecho a un lado la interferencia nefasta del apasionamiento, de los sentimientos favorables o adversos al reo, es decir, de los prejuicios. Lo digo rotundamente: no nos interesa obtener de este tribunal un fallo ciegamente condenatorio, sino una sentencia sólidamente razonada, que sirva a la educación cívica del pueblo y a la salud de nuestra vida institucional democrática.
Por eso es que intervenimos activamente en este debate judicial con nuestras pruebas y argumentos, y es que aspiramos a convencer con la fuerza persuasiva de razones debida y sólidamente fundamentadas. Por eso debatimos también con la defensa del ex presidente procesado. Porque, en suma, aspiramos a que el resultado de este prolongado proceso judicial se refleje en una sentencia que valga y se sostenga por sí misma, más allá de nuestra época, y no por la fuerza de una determinada coyuntura política. Se comprenderá, entonces, la importancia crucial que tiene para la justicia y la salud democrática del Perú, que este juicio sea, como en efecto es, un proceso judicial auténtico, con plenas garantías, y no una vendetta.
En tercer lugar, este juicio al ex presidente Alberto Fujimori es un acontecimiento trascendental porque aspira a obtener una sanción legal y justa, y no el linchamiento del procesado. No aspiramos a otra cosa que no sea la aplicación igualitaria, es decir democrática, de la ley penal, de la misma manera que se aplicaría a cualquier otro ciudadano que violase sus normas.
De modo que, contrariamente a lo que afirman algunos defensores muy poco ingeniosos del ex presidente, este juicio no ha de crucificarlo, ni ha de guillotinarlo, ni ha de enviarlo a galeras sine die. El procesado Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, autor de crímenes de lesa humanidad, no deberá recibir otra sanción que no sea aquella expresamente contemplada en la ley penal peruana. Por eso este juicio le ha brindado, desde su inicio, todas las consideraciones que cabe guardar a un procesado, incluso a veces en exceso, como ocurre, en nuestra opinión, con las condiciones privilegiadas de su detención exclusiva en la DINOES, con espacio, servicios y hasta un festivo régimen de visitas, que significan privilegios de los cuales no goza ningún reo en el Perú.
Señor Presidente:
De lo anterior, se deduce una triple importancia política, moral y didáctica de este juicio al ex presidente Alberto Fujimori para los peruanos y, con toda probabilidad, no sólo para nosotros, como lo evidencian las numerosas visitas hechas a las audiencias de este proceso por observadores internacionales de la mayor prestancia moral, intelectual e institucional, provenientes de todas partes del mundo.
Desde el punto de vista político, este juicio al ex presidente Alberto Fujimori entraña una afirmación vigorosa de los valores democráticos y ciudadanos, y especialmente una reafirmación rotunda del principio democrático de la igualdad de todos -gobernantes y gobernados, débiles y poderosos, sin ninguna excepción- ante la ley democráticamente aprobada, común a todos.
Esto es importante en extremo, tal vez decisivo, en un país como el nuestro, donde la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es, todavía, una meta por alcanzar, y donde los privilegios, las excepciones y las exoneraciones frente a las obligaciones legales son pan de cada día. Juzgar a un ex presidente debe servir, entonces, para que nos quede muy claro a todos cuál es el lugar y la fuerza que tiene en la democracia el principio según el cual nadie está por encima de la ley, y menos si delinque.
Desde el punto de vista moral, el juicio al ex presidente Alberto Fujimori supone la afirmación de la lucha contra la impunidad en un país como el Perú, donde tantos crímenes claman por justicia que llega tarde o no llega nunca. Este juicio es, entonces, una oportunidad única, extraordinaria, para empezar a enderezar la deuda histórica que el Estado tiene frente a la sociedad en relación con la justicia.
Por otro lado, es evidente que este juicio, en algún momento y de alguna forma, hoy o tal vez mañana, ha de tener un efecto catártico sobre la ciudadanía. Porque en un país tradicional y tan profundamente patriarcal, como es el nuestro, no se juzga impunemente a un jefe de estado, no se le procesa y eventualmente se le sentencia sin que eso tenga una consecuencia insoslayable sobre la conciencia ciudadana. Abrigamos la esperanza de que esta circunstancia histórica y esta catarsis puedan ser la oportunidad, tan largamente esperada, de maduración, crecimiento y enriquecimiento moral de la sociedad y la democracia peruana.
Desde el punto de vista didáctico, este juicio al ex presidente Alberto Fujimori nos ofrece a los peruanos una oportunidad de aprendizaje colectivo sin precedentes en nuestra historia. Como en una gigantesca aula, y gracias al progreso de los medios de comunicación, los peruanos han podido asistir, colectivamente y en simultáneo, durante las audiencias de este proceso, a múltiples lecciones de una educación cívica real y ya no retórica.
Por un lado, se ha podido apreciar a través de este juicio cómo es que funciona el ideal democrático de un juicio por responsabilidades penales. Así, es de esperar que los ciudadanos puedan aprender a exigir la aplicación de una justicia penal democrática a todo nivel de la administración de justicia.
Por otro lado, se han podido conocer a fondo los detalles vergonzosos y delincuenciales de un régimen autoritario, y hemos podido comprobar que, tras la pobreza, el atraso y la injusticia que padece el Perú, está, como indignante razón de fondo, la manera en que los gobernantes se conducen al ejercer el poder que usurparon o que ingenuamente les confió la nación, cruzando a discreción la barrera del delito y el crimen.
Señor Presidente:
La parte civil, las víctimas y sus familiares, esperan y confían en que la sentencia que emitirá este tribunal estará a la altura de la trascendencia e importancia de este juicio, que hemos descrito y subrayado. Las víctimas y sus familiares han esperado este momento durante 17 años de reclamo incesante por justicia: 17 años humillados y ofendidos, pero también 17 años de lucha ciudadana, digna y ejemplar; 17 años de lucha desigual del débil contra el poderoso y engreído, de David contra Goliat.
Después de 17 años atravesando el desierto en pos de esa tierra prometida y tantas veces negada, que es la justicia, las víctimas y sus familiares tienen el derecho mil veces ganado a recuperar algo de la paz que los asesinos de sus hijos y hermanos les arrebataron brutalmente. Y eso sólo puede dárselos una sentencia justa, que condene los delitos de lesa humanidad cometidos contra ellos y a quienes los perpetraron, empezando por el principal y primer responsable de la maquinaria criminal condensada en el destacamento Colina: el acusado Alberto Fujimori.
Señores magistrados, en sus manos está empezar a corregir por donde se debe, el árbol de las responsabilidades penales en nuestro país. Estamos demasiado acostumbrados a que vayan a la cárcel solamente los peces chicos, mientras los tiburones siguen sueltos en el ancho mar de una vida nacional cada vez más corrompida y desmoralizada.
Mal haría este tribunal en hacer justicia solamente con los pobres diablos adiestrados en el cumplimiento, "sin dudas ni murmuraciones", de órdenes criminales que otros formulan sin piedad ni remordimientos, ocultos tras la inmunidad del poder. Que el país sepa que quien viola la ley en este país, merece y recibe una sanción sin importar si es grande o chico, débil o poderoso, gobernante o simple ciudadano.
No sólo la atención del país se concentra en este juicio. La atención de la comunidad civilizada, en todas partes del mundo, está dirigida ansiosamente sobre este juicio. Por todo lo hecho hasta este momento, este juicio ya representa un hito trascendental para el Derecho y es un parteaguas para el desarrollo democrático de países todavía en busca de su destino como es el nuestro, que es también el caso de la gran mayoría de países en el mundo.
Este juicio contra el reo Alberto Fujimori, por crímenes de lesa humanidad, es uno de los acontecimientos mayores en la lucha incesante por el imperio del Derecho contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Que la sentencia de este tribunal haga, pues, honor a esta expectativa ecuménica de justicia y no la defraude.
En ello confían los familiares de las víctimas, bienaventurados por su santa sed de justicia, que han recorrido y sufrido tanto por reivindicar la memoria de los seres queridos que los asesinos les arrebataron cruelmente y sin el menor remordimiento expresado hasta el día de hoy. Y en ello confíamos todos los que, dentro y fuera del Perú, aspiramos a la justicia.
Ronald Gamarra
Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y abogado de la parte civil
Alegato presentado ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú
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