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05ene10
Una decisión histórica
La sentencia de la Sala Suprema Penal Transitoria, que ratifica por entero la condena pronunciada en abril contra Alberto Fujimori por asesinato con alevosía en agravio de 25 personas, lesiones graves en agravio de 4 personas y secuestro agravado en agravio de un periodista y un empresario, ha puesto definitivo punto final a un ejemplar proceso judicial caracterizado por el respeto escrupuloso a las garantías del debido proceso.
Dos instancias y ocho magistrados han intervenido en la decisión de este caso: tres en el juicio oral y cinco en el recurso de nulidad, y todos ellos, por unanimidad, han establecido fuera de toda duda la culpabilidad de Fujimori. Ni uno sólo de ellos opinó por su inocencia, y es que las pruebas están allí: palpitantes, evidentes, numerosas.
Quien se asoció criminalmente, durante toda una década, con delincuentes comprobados como Montesinos y Hermoza Ríos, no podía evitar dejar pruebas que lo denunciaran a pesar de sus esfuerzos por borrarlas. Queda desbaratada así la campaña falaz de que no hay pruebas contra él. La sentencia establece que la verdad es exactamente lo contrario y que su culpabilidad está comprobada por las pruebas actuadas en el proceso. Ninguno de los ocho jueces supremos que intervinieron en ambas instancias duda de ello.
También hay unanimidad sobre la culpabilidad de Fujimori por delito de secuestro. En este aspecto se da un leve matiz, pues siete magistrados lo califican como secuestro agravado y solo uno como secuestro simple, pero no hay magistrado que lo exculpe.
La misma unanimidad establece que los asesinatos en los casos masivos de Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. Igualmente unánime es la sentencia impuesta de 25 años de pena privativa de la libertad. Sentencia severa dentro de la ley, pero sin duda clemente frente a los 25 asesinatos cometidos que, además, no son los únicos sino aquellos que pudieron llegar a juicio.
La decisión judicial en el proceso a Fujimori representa un hecho de extraordinaria importancia moral, democrática e histórica para el Perú –y no sólo para el Perú- porque establece un punto de quiebre frente a un pasado donde la arbitrariedad y la impunidad del gobernante establecían un orden de abuso y barbarie, y abre la posibilidad de un futuro donde la ley democrática, respetada por todos y en primer lugar por quien ejerce autoridad, sea la base de una comunidad integrada bajo el signo de la civilización.
El Perú no solo debe progresar económicamente; también debe hacerlo institucionalmente, fortaleciendo la justicia y la democracia, sin lo cual el progreso económico carece de viabilidad. Sancionar a quienes abusan del poder para matar o robar como lo hicieron Fujimori y sus cómplices es parte necesaria e irrenunciable de ello. Allá los que prefieran al tiranuelo “que delinque pero hace obra” y están dispuestos a encubrir y apañar sus crímenes; probablemente lo hacen porque algo ganan en ello. Los peruanos tenemos derecho a la decencia, y a eso apunta el resultado de este proceso histórico
Lima 05 de enero de 2010
Ronald Gamarra, Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, Lima, 05ene10]
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