31jul03

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El Japón debería iniciar el proceso de extradición para poder juzgar Fujimori.

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En setiembre, los familiares de las víctimas visitaran Japón para presentar una petición de Protección a los Derechos Humanos al Comité de Protección de Derechos Humanos de la Federación del Colegio de Abogados del Japón.

El 31 de julio, el Embajador Peruano envió la solicitud de extradición del ex Presidente peruano Alberto Fujimori. Esta solicitud se basa en dos graves casos de violaciones a los derechos humanos: Barrios Altos (3 de noviembre de 1991), en el cual 15 personas inocentes fueron asesinadas y 4 heridas por un grupo de militares, y La Cantuta (18 de julio de 1992), en el cual 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados de la universidad y asesinados por los militares. Estos fueron incidentes memoriales de varias de las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la administración de Alberto Fujimori, y la orden de arresto internacional que ya ha sido emitida a través del ICPO. Después de que Fujimori fue elegido como Presidente del Perú en 1990, basado en el poder militar, cometió muchos casos similares e introdujo una Ley de Amnistía, la cual buscaba hacer una justicia imposible contra los perpetradores y asegurando su impunidad.

Las víctimas y familiares de esos casos fueron repentinamente despojados de sus vidas y familias, e incluso de la justicia. Luego en noviembre del 2000, Fujimori huyó de su país hacia el Japón reclamando su nacionalidad japonesa, y aún no se hace justicia. Los familiares y víctimas lloran por una investigación y han estado buscando justicia durante más de una década.

A Fujimori lo han acusado con al menos 5 casos (homicidio agravado, desaparición forzada, corrupción, abandono del cargo, etc.), incluyendo los dos casos mencionados arriba, bajo la Magistratura de la Corte Suprema y con otros 20 casos bajo investigación. Las personas principalmente responsables de tales crímenes además de Fujimori ya han sido capturadas y presentadas ante la corte. Si Fujimori desea declarar su inocencia, lo debe hacer ante la corte.

La administración de Fujimori utilizó Fiscales y jueces para levantar crímenes contra sus oponentes políticos, y por lo tanto el Poder Judicial fue utilizado como herramienta de represión. Sin embargo, afortunadamente, al Poder Judicial se le restableció su independencia después de que Fujimori dejara el país. Aún existen varios problemas técnicos con el Poder Judicial peruano, pero la administración judicial para proceder un juicio justo ya está dispuesto.

Posición japonesa

El Gobierno japonés ha anunciado justo después de la visita de Fujimori en Noviembre del 2000, que tiene la nacionalidad japonesa. Cuando se planteo la pregunta de un miembro de la asamblea legislativa que "si Japón extraditará a Fujimori, en caso de recibir una solicitud de extradición", la autoridad no respondió citando que no pueden contestar una pregunta hipotética. El Gobierno no ha mostrado ninguna posición oficial desde entonces, pero siempre teniendo en cuenta que la regulación doméstica prohibe la extradición de nacionales. Cuando se emitió la orden de arresto internacional por ICPO este marzo, el Sr. Hatsuhisa TAKASHIMA, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, dijo que "la orden de arresto internacional emitida por ICPO no corresponde con la orden de arresto japonesa", "el arresto en Japón sólo se justifica con una orden de arresto emitida por una corte japonesa", por lo tanto no pueden arrestarlo por extradición.

Las autoridades japonesas han tomado una actitud tan negativa y ambigua sobre el tema, pero seguido por la solicitud formal de extradición, Japón ha tomado en serio el tema de cumplir con la obligación internacional.

Temas legales

A Fujimori se le ha reconocido tener la nacionalidad japonesa junto con la peruana. Las leyes de extradición japonesas no extraditan a nacionales en principio.

Sin embargo, si el Gobierno japonés se niega a la solicitud de extradición ya que reconoce la nacionalidad japonesa de Fujimori, diríamos que es demasiado formal y lejos de la realidad de la violación de los derechos humanos, y por lo tanto contrario a las leyes internacionales. Según las leyes internacionales, el término de nacionalidad debería estar definido en conexión con el concepto de "nacionalidad efectiva" que podría estar probado con la línea de "justificada y efectiva" (ICJ 1955). Una persona quien sirvió como presidente peruano, y aún buscando la posibilidad política para el siguiente periodo desde el 2006, deberá tener obviamente una nacionalidad efectiva peruana. Actualmente, el Gobierno peruano esta considerando en llevar este caso a la ICJ si Japón se niega a la solicitud con estas bases.

Altos niveles de preocupación expresados por la sociedad internacional.

En Japón hay una idea errónea en tomar este caso como lucha política, ignorando la voz de las víctimas. Más aún, es cierto que algunos políticos peruanos están interesados en solicitar la extradición sólo como una actuación política. Pero el significado de violación grave no debe esconderse en tales malos entendimientos. La autoridad responsable de juzgar a Fujimori no son los políticos sino los jueces independientes. La independencia del Poder Judicial peruano ha sido mejorada y asegurada.

Ahora se ve el caso con preocupación a nivel internacional. Más de una docena de países, incluyendo Alemania, Italia, Costa Rica y Nueva Zelandia, están expresando su punto de vista que si Fujimori fuera a sus países, sería arrestado para ser extraditado de acuerdo con la orden de arresto internacional. El Parlamento Latinoamericano ha adoptado una resolución recomendando a la autoridad japonesa que extradite a Fujimori. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras ONGs internacionales de derechos humanos junto con las ONGs de derechos humanos en el Perú, le están pidiendo al Japón que extradite a Fujimori. Esto demuestra claramente que aparte de Japón la sociedad internacional apoya ampliamente la extradición de Fujimori.

El establecimiento del la Corte Penal Internacional es un hito para mostrar el consenso internacional que no permite la impunidad. La impunidad de violaciones a los derechos humanos en el pasado, promoverá más violaciones.

Bajo la Convención contra la Tortura, de la cual Japón es Estado Parte, dispone que si el estado no puede extraditar a la persona que ha cometido un crimen internacional, el gobierno está autorizado para brindarle justicia a tal persona, sino extraditarla a otro país.

Familiares de víctimas visitan y solicitan protección a sus derechos humanos Nosotros, la "Red Japonesa por Juicio a Fujimori", estamos correspondiendo al movimiento internacional para realizar la extradición. En agosto del 2002 y en mayo del 2003, enviamos una misión al Perú para investigar las premisas de las violaciones de derechos humanos y las audiencias de las víctimas y sus familias. La misión también se reunió con el ex Ministro de Relaciones Exteriores, miembros del Congreso tanto del partido en el poder como de la oposición, y miembros de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Ellos fueron bastante entusiastas y agudos en cuanto a tomar acciones en este caso. Esta es una gran diferencia comparada con la actual situación japonesa, y reconocemos la enorme importancia del caso a ser iniciado en Japón.

Este setiembre, se invitará a las víctimas de La Cantuta y activistas de derechos humanos locales del Perú. Las víctimas buscan la extradición de Fujimori y van a presentar una petición de Protección a los Derechos Humanos al Comité de Protección de Derechos Humanos de la Federación del Colegio de Abogados del Japón - FCAJ.

Las víctimas están ansiosas de obtener una recomendación de la FCAJ contra la autoridad japonesa para iniciar el procedimiento de extradición de Fujimori, por otro lado iniciar los trámites para juzgar a Fujimori en Japón.

31 de julio del 2003
[Fuente: The Japan Network for Bringing Fujimori to Justice (Red Japonesa por Juicio a Fujimori]

Este documento ha sido publicado el 10ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights