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08nov06
Defensores de DD.HH. exigen un compromiso claro y firme del Gobierno en el caso Fujimori.
Los defensores de los derechos humanos y las víctimas del régimen de Alberto Fujimori exigieron hoy al gobierno un compromiso "claro" y "firme" en el proceso de extradición, cuando se cumple un año de su detención en Chile.
Estas organizaciones, preocupadas por la posibilidad de una fuga del ex mandatario, entregaron hoy a la ministra peruana de Justicia, María Zavala, una carta en la que piden un rol más activo del gobierno de Alan García.
Además, colocaron pancartas en diversos puntos de Lima con los lemas: "Alan tu silencio es complicidad" y "Fujimori extradición".
La portavoz de los deudos de las víctimas de la matanza de La Cantuta, Gisella Ortiz, dijo que estas iniciativas pretenden "recordar" al gobierno peruano que "tiene pendiente la obligación de juzgar a Fujimori" y "expresar" a la Justicia chilena que los familiares están "vigilantes".
Gisella es hermana de Enrique Ortiz, uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados en 1992 por el comando paramilitar Colina, que eliminaba extrajudicialmente a presuntos subversivos y fue creado por el entonces asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Los casos de La Cantuta y del asesinato de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en 1991, forman parte de la solicitud de extradición, que incluye dos acusaciones por violación de los derechos humanos y diez por corrupción.
Ortiz expresó su "esperanza" de que Fujimori sea extraditado tras anunciarse el lunes la conclusión de la etapa de investigación realizada por el magistrado chileno Orlando Alvarez, por lo que se espera que el fallo en primera instancia se conozca en enero o febrero próximos.
Asimismo dijo que, quince años después de la matanza, los deudos sienten "un desgaste emocional y físico" y confió en "un cambio de actitud" del Gobierno peruano frente a los temas de derechos humanos, como ha sucedido en "otros países de América Latina".
Pese a las demandas para que se pronuncie sobre el proceso, el Ejecutivo insiste en que no lo hará para no politizar el caso y porque cree que pertenece exclusivamente al ámbito judicial.
El jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría, Omar Chehade, comentó hoy a una emisora local, que se intenta evitar "que los cuadernillos de extradición se contaminen" y se dé la impresión de que existe una "persecución política".
Sin embargo, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, consideró que la inacción del Gobierno responde a un supuesto "matrimonio" entre el oficialista Partido Aprista y los "fujimoristas".
Por ello calificó de "irresponsable" la forma en que se ha afrontado el caso desde que García asumió la Presidencia el pasado 28 de julio.
En una entrevista con Efe, Jugo alertó sobre una posible fuga de Fujimori en caso de que se emita un fallo contra la extradición: "es capaz de burlar cualquier tipo de control, como ha demostrado en el pasado" y está protegido "por poderes ocultos", indicó.
También opinó que un rechazo a la extradición colocaría a Chile en "una situación bastante preocupante", porque, a su juicio, contravendría sus "compromisos internacionales a favor de la lucha contra la impunidad y la corrupción".
El pasado mes de mayo, la Justicia chilena le otorgó la libertad condicional con orden de arraigo mientras sigue adelante el proceso de extradición a Perú.
[Fuente: EFE en Perú 21, Lima, 08nov06]
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