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12nov05
Perú fundamenta su enojo con el gobierno japonés.
Mientras el canciller chileno, Ignacio Walker, insistió ayer en aclarar que el diálogo bilateral Chile-Japón para lanzar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) no está interrumpido -de lo cual será una señal la entrevista que el próximo fin de semana sostendrán en Corea del Sur el Presidente Ricardo Lagos y el premier Junichiro Koizumi-, no puede predicarse lo mismo de las relaciones entre Lima y Tokio: los vínculos han quedado en un punto crítico, por la reivindicación que Japón hace del carácter de ciudadano japonés del ex Presidente Alberto Fujimori.
La administración del Presidente Alejandro Toledo llamó el jueves a su embajador en el país asiático, Luis Macchiavello, en una fuerte señal de molestia por la ambigua actitud japonesa. El canciller peruano, Oscar Maúrtua, explicó ayer que la decisión expresa “una actitud firme, de protesta y reclamo por todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos años”. A Palacio Pizarro le irrita que en cinco años Japón no respondió dos pedidos de extradición de Fujimori.
Junto con convocar al embajador, Perú se quejó ante el embajador nipón, Hitohiro Ishida, por la intervención de su Gobierno, que ha pedido a Chile que considere al ex Presidente como ciudadano japonés.
Sospechas
Hablando en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso unicameral, Maúrtua afirmó que el retiro de Macchiavello es consecuencia del “malestar político-diplomático” del Gobierno por la injerencia nipona en el proceso de extradición abierto en Chile. El ministro de RREE enfatizó que su Gobierno está luchando contra la “impunidad” y consideró que cada día es más difícil la evasión de la justicia del ex gobernante.
Según Maúrtua, Japón “no ha tenido voluntad” de juzgar las acusaciones que pesan sobre el ex gobernante y opinó que la estrategia de pedir la extradición de Fujimori a Japón no fracasó. Asimismo, consideró “dudoso” que un país con “la cibernética más sofisticada” del mundo, como Japón, no supiese que Fujimori partía hacia América Latina.
“Fue decirles estamos hartos” con Japón, subrayó Maúrtua, para quien el retiro de Macchiavello “obedece a que hay un grado de incomodidad, de molestia, de enorme frustración por este tema”.
“Cualquier intervención del Gobierno japonés en relación con el proceso de extradición que ha iniciado Perú constituiría una interferencia inaceptable”, planteó a su turno Jacques Bartra, funcionario de la embajada peruana en Tokio.
Las relaciones diplomáticas entre Japón y Perú siempre se habían mantenido en alto nivel, por cuanto en este país habitan miles de inmigrantes japoneses y sus descendientes, pero este vínculo se ha visto agrietado por la permanencia del ex Presidente peruano, hijo de inmigrantes japoneses, en el país asiático. Fujimori huyó a Japón en noviembre de 2000.
Por su parte, Japón trató de restar importancia a la disputa. El canciller Taro Aso dijo a la prensa que Tokio no tenía idea de por qué Macchiavello era llamado a Lima y supuso que no tenía nada que ver con el caso Fujimori.
A pesar del enfriamiento en que se encuentran las relaciones diplomáticas, el nivel más bajo de los últimos años, Lima precisó a través de Maúrtua que su decisión de llamar al embajador no afectará las relaciones bilaterales, porque el caso de Fujimori corre por cauces judiciales, y que el comercio, las relaciones financieras y la cooperación deben prevalecer.
Extraditar o expulsar
Aunque el Gobierno chileno ha sido enfático en sostener que a Fujimori se le aplicará un proceso de extradición –porque una vez que ingresó a Chile el pasado domingo quedó clausurada la vía de la expulsión administrativa-, en Lima estas aguas se mantienen revueltas, debido a la presión de muchos sectores gremiales y políticos que demandan la expulsión del ex Presidente.
Ayer el ministro peruano de Justicia, Alejandro Tudela, dijo que su Gobierno no descarta la posibilidad de expulsión, si se confirma que Fujimori ingresó a Chile de forma irregular, luego que dos detectives fueran removidos de sus cargos el miércoles al constatarse que no verificaron en los registros de Interpol que Fujimori tenía un mandato de detención internacional por ser prófugo de la justicia peruana.
Según Tudela, la defensa del Estado peruano en Chile, encabezada por el abogado Alfredo Etcheberry –a quien Lima le pagará 200 mil dólares por la representación y 400 mil si gana el caso, según informó la cartera de Justicia-, está recopilando la información concerniente al ingreso de Fujimori a Santiago. “Es un asunto que la defensa de Perú en Chile no ha descartado (…) Está acopiando informes”, declaró Tudela. El ministro aclaró que la estrategia del Gobierno para extraditar a Fujimori no interfiere con un eventual trámite para que el ex Presidente sea expulsado. “Estos elementos hacen que el tema (de la expulsión) no esté cerrado”, sostuvo Tudela.
No obstante, el procurador ad-hoc anticorrupción Antonio Maldonado –que estuvo tres días en Chile revisando la situación de Fujimori- advirtió al Congreso que frente a una eventual expulsión se corre el riesgo de que Fujimori no llegue a Perú.
“La expulsión tiene su riesgo, porque no existen garantías de que Fujimori venga a Perú”, afirmó Maldonado, debido a que –explicó- Chile no está obligado a expulsarlo con destino a Perú. Santiago ha dado seguridad a Lima de que escogió la vía de la extradición precisamente como un método que garantiza un juicio justo e informado que conduciría a la extradición.
De acuerdo con el canciller Maúrtua, “la justicia chilena tiene prestigio, y la justicia de ese país emitirá una resolución, ellos proseguirán con el proceso legal (…) En este momento, abogados, procuradores y asesores peruanos están trabajando contra reloj, con una entrega, una abnegación extraordinaria para fundamentar los casos”.
“Nos preocupa que tenga un buen éxito, que los expedientes sean bien llevados; es un ámbito que tiene sus reflejos internos, que el gobierno chileno ha sabido llevar y estamos seguros de que el proceso judicial continuará”, añadió Maúrtua.
Ayer, en todo caso, el abogado Etcheberry puntualizó que la causa por la extradición comenzará a moverse “no antes de tres semanas”. El profesional explicó que no habrá mayores indagaciones en torno a los delitos por los cuales es perseguido el ex gobernante: “No se trata de trazar una línea de investigación, sino sólo de presentar el material de prueba obtenido en Perú, en los procesos que se llevan en su contra”.
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 12nov05]
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