28may03

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El fracaso de la política deja anémica la transición.

Por Carlos Basombrío Iglesias

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A mi juicio, la pregunta correcta no es si el gobierno debió declarar estado de emergencia o si no debió hacerlo. La verdadera discusión es cómo se pudo llegar, en tan poco tiempo, a una situación en que Toledo sintió que la única forma de mantener el orden público era a través de una medida extrema de este tipo.

El martes por la noche con treinta y cinco carreteras bloqueadas en todos el país, miles de pasajeros atrapados en omnibuses, camiones con alimentos malográndose y riesgo de desabastecimiento en las principales ciudades, algunas comisarías asaltadas por turbas, maestros "radicalizando" sus medidas de lucha en su tercera semana de huelga; con huelgas en el Poder Judicial, EsSalud y con otros sectores calentando motores; con voceros de los retirados alentando irresponsablemente una huelga policial y medios de comunicación haciéndoles eco entusiasta, el gobierno tenía la urgencia de restaurar el orden público usando incluso los medios que la Constitución pone a su alcance para circunstancias extremas como esta.

Ya situados en el escenario de crisis de esta semana, el estado de emergencia parecía inevitable. Lo que de ninguna manera se justifica es que se haya entregado el manejo del orden público a las Fuerzas Armadas. Este grave error se ha cometido ya demasiadas veces en el pasado y es profundamente dañino para la democracia y, a la larga, también para las Fuerzas Armadas. Se debió haber puesto a las Fuerzas Armadas bajo un comando único, como apoyo de la Policía Nacional (y no al revés) y al mando del Ministro del Interior y/o el Ministro de Defensa. O sea, la autoridad civil al mando. La autoridad civil asumiendo las responsabilidades que el electorado le dio y no escondiéndose detrás de los jefes militares o policiales.

Pero el drama empieza mucho antes de esta semana. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué fracasó la política? ¿Por qué si la economía anda mejor que en otros países aquí la convulsión es mayor?

Como no puede ser de otro modo la primera responsabilidad es del gobierno. Faltó desde el comienzo un mensaje claro de a dónde íbamos, una agenda concreta, una hoja de ruta con un punto de llegada; peor todavía, no se configuró un clima de sacrificio compartido, del aquí nos ajustamos los cinturones todos juntos, de un liderazgo austero y sensible a las angustias de los que menos tienen. Creo que los pueblos saben, en el fondo, que sus líderes no pueden resolver sus problemas de la noche a la mañana pero esperan un mensaje claro, una orientación que les indique que hay rumbo y no que el camino cambia según quien presione más fuerte cada día. Hay, además, múltiples ejemplos en el mundo de cómo la gente puede soportar difíciles circunstancias, si siente que sus líderes ponen su cuota de sacrificio y se alejan por completo de la frivolidad que usualmente acompaña al poder.

Pero el gobierno manejó muy mal, además, la coyuntura inmediata y las huelgas que se venían. El caso del Ministro Ayzanoa y el SUTEP ha sido paradigmático. No había un centavo para aumentarles antes de que anunciaran la huelga, porque el presupuesto no alcanzaba. Se anuncia la huelga y ya hay 75soles. Empieza la huelga y hay 100 soles. Pues como es lógico todo maestro mínimamente sensato se da cuenta de que si presionan más, vendrá más. Igual fue en el caso de los transportistas unas semanas antes. Se dijo que no se podía fijar precios mínimos porque era inconstitucional y al tercer día de huelga se fijaron. El mensaje es clarísimo, y como diría Gustavo Gorriti, casi conductista: protesta fuerte, bloquea la actividad económica, crea turbulencias políticas y conseguirás resultados. La agenda no la pone el gobierno la pone la calle, o para el caso los empresarios y otros poderes fácticos. El carro se tira a la izquierda o a la derecha según quién jale el timón más fuerte.

Pero también hay irresponsabilidad de dirigentes políticos de oposición, principalmente Alan García y el APRA, que han sostenido sin empacho que sí había dinero para los aumentos y que el problema era de mala voluntad o incapacidad del gobierno. Más allá de la discusión de sí en el mediano plazo hay posibilidades de reestructurar de fondo el gasto y hacer una reforma tributaria, en el corto plazo no se puede trasmitir la idea que el Estado es una caja fuerte de donde vas sacando dinero, que un amarrete Ministro de Economía no te quiere dar. Ya sabemos que pasa cuando se gobierna así.

También tienen responsabilidad dirigentes radicalizados como los del SUTEP, con una agenda de ultra izquierda que, más allá de lo justo del reclamo salarial de los maestros, busca exacerbar las contradicciones y que tienen en su agenda política desde hace ya un año la salida del gobierno legido.

Con la miopía de siempre, son lo que terminan desatando las fuerzas autoritarias tan arraigadas en la sociedad peruana y que suelen terminar cíclicamente con nuestros experimentos democráticos; arrasándolos a ellos, por supuesto, en el camino y dejando sin opción alguna de obtener mejores condiciones de vida a los sectores sociales que dirigen.

La situación es lamentable. La democracia es antes que nada el escenario de la política; es decir de soluciones que no se basen principalmente en el uso de la fuerza. Si bien el estado de emergencia es constitucional, no hay nada de qué alegrarse, ya que el haber llegado a esta situación alude un fracaso estrepitoso del gobierno.

¿Qué viene ahora?

La medida tomada es extrema y no hay más en el repertorio de soluciones drásticas permisibles en un orden democrático. Es decir no puede fallar. Si las movilizaciones continuaran y lograran de desafiar el estado de emergencia, la situación podría volverse políticamente inmanejable como le pasó a De la Rua. Creo que ello no va a ocurrir. A diferencia de Argentina, aquí las protestas son más sectoriales y no involucran a la mayoría. Es muy probable que se logre mantener el orden público. Creo que el meter miedo va a funcionar como estrategia esta vez.

De ocurrir así, la pregunta se traslada al mediano plazo, dado que faltan tres años más de gobierno. Parece ser evidente que así no se puede seguir; que más de lo mismo no va a funcionar; que parches, por aquí y por allá, no van a significar nada. Se requieren profundos cambios que apunten a un verdadero relanzamiento del gobierno; algo así como un segundo debut para los tres años que quedan. Como todo segundo debut, el encanto de la primera vez ha desparecido, por lo que la posibilidad de ser convincentes es mucho más difícil. Pero hay que intentarlo, porque no queda otra.

Ello requiere como punto de partida una profunda y severa autocrítica del gobierno y en especial del Presidente. Conlleva una renovación del gabinete con una convocatoria muy plural y con gente de la mejor calidad. Implica hacer sacrificios importantes en los privilegios del poder y reducir de manera significativa los salarios de todos los altos funcionarios del Estado (congresistas y presidentes de región incluidos), lo que no libera grandes recursos pero anuncia sensibilidad frente al drama de los otros. Requiere además decir con absoluta claridad qué se puede y qué no se puede (ni una sola promesa más!!!). Pasa, igualmente, por retomar una agenda de reformas institucionales en serio y concebirlas como políticas de Estado (Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Policía, Educación carrera pública y descentralización, parecen ser las más urgentes). Sólo si lo anterior se cumple se podría y se necesitaría convocar al compromiso, la madurez y a la tregua de las fuerzas políticas y sociales del país. Ojalá estemos todavía a tiempo.

[Fuente: Ideelemail, N° 289, Lima, Per, 28may03]

Este documento ha sido publicado el 29may03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights