EQUIPO NIZKOR |
|
27ago07
La Defensoría del Pueblo advierte que se ha producido un preocupante retroceso en la justicia
A cuatro años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el panorama no es muy alentador. La Defensoría del Pueblo, encargada de hacer seguimiento a las recomendaciones de la CVR, advierte que en el caso de la justicia, se ha producido un preocupante retroceso el último año.
La evaluación de este año sobre los 47 expedientes por violaciones de derechos humanos que la CVR entregó al Ministerio Público en el 2003 y otros 12 casos presentados por la propia Defensoría en base al acervo documentario de las ex fiscalías de derechos humanos, revela que los procesos se han paralizado. Mientras que en los tres años siguientes a la entrega del informe las investigaciones preliminares generaron 25 denuncias judiciales y se dictaron 6 sentencias, en el último año, apenas se abrió instrucción en un solo caso, quedando 28 aún pendientes.
Preocupante retroceso
El adjunto para derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, consideró que si bien no hay un plazo para realizar las investigaciones en el Ministerio Público, cuatro años es un tiempo más que suficiente para que éstas culminen y se pase a las investigaciones judiciales.
"Lo avanzado en los tres primeros años posteriores a la entrega del informe de la CVR se ha detenido. Vemos con gran consternación que en este cuarto año se ha producido un estancamiento e incluso se han visto algunos signos de preocupantes retrocesos", alertó.
El único caso en el que este año se abrió instrucción es la denuncia contra efectivos del Ejército que en 1983 ejecutaron a varios pobladores en el poblado de Sanccaypata, en Totos, Ayacucho. Sin embargo, para la Defensoría existen varios otros casos que, desde el año pasado, están listos para formalizar denuncia penal, pues ya se agotaron las investigaciones fiscales.
"Nuestros abogados han evaluado los expedientes y hay varios que deberían ser denunciados penalmente porque hay suficiente información y evidencias", aseguró, y puso como ejemplos el caso de Magdalena Monteza Benavides, quien fue torturada y sufrió violencia sexual por un grupo de efectivos del Ejército; las desaparición y ejecución extrajudicial de varios pobladores en la base militar Capaya-Santa Rosa; y la ejecución del estudiante universitario Abel Malpartida Páez. Sin, embargo, advirtió que hay varios otros casos más en similares circunstancias.
Lentos procesos
La investigación revela que incluso de los 31 casos que ya están judicializando, solo 6 tienen sentencia, 14 están en juzgados y 11 están pendientes de iniciarse el juicio oral. Precisamente en este último estado se encuentra la denuncia por desaparición forzada del corresponsal de La República Jaime Ayala Sulca, quien en agosto de 1984 fue detenido por efectivos de la Marina en la base de Huanta.
Tras casi tres años de intensa investigación la fiscalía de derechos humanos de Ayacucho recomendó que se denuncie penalmente a los oficiales de la Marina que en ese momento tenían el control de la base y la provincia de Huanta. Pero el juez desestimó dicha resolución y archivó el proceso. En este momento se encuentra en la Sala Penal Nacional esperando sentencia en segunda instancia.
Vega indicó que esta demora, tanto en el ámbito fiscal como judicial, obedece a varios problemas. Explicó que en algunos casos se trata de un problema logístico, pues no tienen presupuesto ni facilidades para inspeccionar el lugar de los hechos o ir en busca de testigos; y en otros no se ha recibido la información solicitada por la fiscalía o el juzgado. Pero en otros casos no hay justificación, como en los de Monteza, Capaya y Malpartida Páez, pues la investigación está culminada.
Peligrosas sentencias
El adjunto de la Defensoría del Pueblo refirió que además de la lentitud en este último año se han dictado tres sentencias que ponen en grave riesgo el compromiso del Estado peruano con los convenios internacionales de derechos humanos.
"Hasta el año pasado había jurisprudencia más o menos uniforme de rechazar argumentos y excepciones que intentaban impedir las investigaciones por violación de los derechos humanos. Pero este año se han amparado este tipo de acciones en por lo menos tres casos", reveló.
Se amparó un pedido de excepción de cosa juzgada en el proceso por desaparición forzada en la base militar Los Laureles 313; se aceptó una excepción de naturaleza de acción por la desaparición forzada de Mauricio Barrientos Gutiérrez; y se declaró la nulidad de una denuncia penal ampliatoria en el caso El Frontón, al sostener que las ejecuciones que se cometieron allí no eran un delito de lesa humanidad y por lo tanto prescribieron en el 2006. Por ende, la situación de los procesos por violaciones de derechos humanos es más que alarmante.
Víctimas sin apoyo legal
El adjunto para derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, sostuvo que un grupo importante de víctimas se mantienen en situación de total indefensión legal. "En los 29 procesos que están ante un juzgado, hay 592 víctimas y cerca de 260 de ellas no tienen abogado defensor".
Dijo que a pesar de que el Ministerio de Justicia se comprometió a crear una unidad especializada dentro de la defensoría de oficio, aún no se ha cumplido con apoyar a las víctimas.
Hay 152 mandatos de detención contra acusados de violaciones de derechos humanos que no se ejecutan, la mayor parte de miembros de las fuerzas del orden en situación de retiro, pero alrededor de 15 están en actividad y tampoco han sido detenidos.
[Fuente: Por María Elena Castillo, La República, Lima, Per, 27ago07]
 | This document has been published on 24Sep07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |