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23jun10
Indígenas peruanos rechazan observaciones presidenciales a la ley sobre consulta
En duros términos rechazaron dos dirigentes peruanos las observaciones del presidente Alan García a una ley, aprobada por el Congreso, de Consulta Previa a las comunidades sobre las decisiones que puedan afectarlas.La norma, reclamada por grandes movilizaciones de indígenas amazónicos en 2008 y 2009, fue devuelta al Congreso por García, al vencimiento del plazo de un mes que la ley da al presidente para promulgar -dar conformidad- una ley o devolverla al legislativo con observaciones.
El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, advirtió que la actitud gubernamental puede motivar protestas como las de la localidad noramazónica de Bagua, donde hace un año murieron 24 policías y 10 civiles.
Esa protesta se enmarcó en un movimiento más vasto y duradero que tenía entre sus principales demandas la ley de consulta previa, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y aprobada por el Congreso como consecuencia de los reclamos amazónicos y andinos.
La norma, entre otros alcances, establece que las comunidades indígenas deben ser consultadas sobre cualquier decisión política, económica o administrativa que pueda afectarlas, lo que fue objetado por García.
Según Palacios, la actitud del mandatario es racista y discriminatoria hacia los pueblos originarios y el hecho de haber esperado un mes para plantear sus observaciones evidencia desidia del ejecutivo.
El Congreso está a punto de suspender sus plenarios hasta agosto, por lo que el procesamiento de las observaciones presidenciales -su aceptación o rechazo- tendrá que esperar hasta entonces.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Oseas Barbarán, dijo que las observaciones presidenciales son una provocación y un atentado contra los pueblos indígenas y desconocen los derechos de estos.
Palacios apuntó que en los hechos el jefe de Estado vetó una ley respaldada por la bancada el gobernante Partido Aprista, pues este participó en el proceso de concertación resultante de las protestas amazónicas que incluyó negociaciones sobre la norma con los nativos.
La principal observación de García plantea que la norma debe consignar expresamente que si los nativos no dan su conformidad, ello no significa que el Estado pueda tomar la decisión consultada, pues lo contrario atentaría contra el carácter unitario y soberano de la República.
Para la Coordinadora Nacional de Radio, ello significa que si no se logra el consentimiento, el gobierno puede decidir qué hacer con las tierras de los indígenas, que exigen la legislación para proteger su hábitat de las actividades depredadoras, sobre todo petroleras, mineras y forestales.
Según el gobierno, su deber es "privilegiar el interés de todos los ciudadanos" y en todo caso garantizar a que "las comunidades nativas participen en los beneficios o perciban indemnizaciones equitativas por los daños que puedan sufrir".
Las observaciones cuestionan el procedimiento de la consulta previa los programas y proyectos de desarrollo nacional y regional porque "implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país".
También cuestionan que la ley abarque a las comunidades andinas y costeñas, sin limitarse a las amazónicas.
[Fuente: Aindi de Erbol, Lima 23jun10]
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