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23ene11
Exigen que Ley de Consulta y Ley Forestal se debata y apruebe con el nuevo Gobierno
Cinco organizaciones indígenas y campesinas nacionales rechazaron el proceso de audiencias sobre el dictamen de ley forestal y de fauna silvestre y exigieron que éste y el dictamen de la Ley de consulta previa sean tratados por el nuevo gobierno.
Mediante un comunicado difundido hoy las organizaciones AIDESEP, CONACAMI, CCP, CNA y FEMUCARINAP cuestionaron las "audiencias congresales" promovidas por la Comisión Agraria del Congreso y que se iniciarían a fin de este mes.
Señalan que se trata de eventos informativos que no guardan un perfil que corresponda a la consulta previa tal como la establece el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nš 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este sentido pueden sentar un falso y negativo precedente de "consulta previa".
Las organizaciones insisten en que es condición básica para el debate de nuevas normas que afecten a los pueblos indígenas se apruebe el dictamen que insiste en promulgar la Ley de Consulta Previa aprobada por el pleno del Congreso el 19 de mayo de 2010.
Tal medida, que fue resultado de un arduo trabajo de concertación ciudadana y que tuvo el respaldo de todas las organizaciones indígenas, fue observada de forma arbitraria por el Presidente Alan García.
El comunicado añade que el actual gobierno se encuentra hundido "en una corrupción generalizada" por lo que es pertinente que las importantes normas señaladas sean tratadas por el nuevo gobierno a elegirse en abril y que deberá instalarse en julio de este año.
Las organizaciones advierten que el gobierno se halla desesperado por imponer una nueva ley forestal y sentar un precedente de consulta para dejar fuera de lugar la ley marco de consulta previa. Esto significaría dejar "graves bombas de tiempo de conflictos sociales al nuevo gobierno."
Exigen que la Comisión Agraria aclare que se trata de audiencias congresales y no del inicio de la aplicación de la consulta previa según el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo, que el gobierno no continúe "con el caos de consultas arbitrarias según los temas y sectores (forestal, minero, petrolero, etc.)" y se adopte el dictamen de la Comisión de pueblos andinos, amazónicos y afroperaunos, ambiente y ecología que insiste en la autógrafa de ley de consulta aprobada por el congreso el 19 de mayo de 2010.
Cuestionan dictamen de Ley Forestal y de Fauna
El comunicado también denuncia que el dictamen de ley forestal agravará los problemas en la Amazonía porque promueve los latifundios forestales por más de 40 o 100 mil hectáreas, y habrá un nuevo reparto o "faenones" de tierras y bosques.
También, permitirá superponer "títulos habilitantes forestales" o concesiones por encima de territorios indígenas, ya que el respeto a su derecho de posesión estará condicionado al trámite de sus papeles de reconocimiento o titulación.
Otro cuestionamiento es que la ley permitirá la agresión a los pueblos en aislamiento voluntario que transiten por zonas madereras, ya que en lugar de excluir de las concesiones estas zonas de paso, "se encubre estos posibles conflictos con 'protocolos de avistamiento.'"
El dictamen del proyecto 4141 "fomenta las plantaciones forestales" en sus artículos 4, 12 y 109, engañando que son bosques y ocultando sus impactos dañinos a la salud de los ecosistemas señala el pronunciamiento.
Exclusión del mundo andino y costero
Las organizaciones piden que se incorpore al mundo andino y costero en el proyecto de ley forestal, debido a que se encuentra practicamente excluido de la norma.
Existen 3.6 millones de has. de bosques secos en la costa que representan el 2.4 por ciento de los bosques en el Perú, y 9 millones de has. de bosques y arbustos andinos de los cuales no se dice nada en el dictamen de la ley. Estas graves omisiones se producen a la par que se favorece la caña de azúcar para los agrocombustibles.
Las organizaciones también observan que existe la tendencia a facilitar los grandes proyectos mineros, petroleros y represas que destruyen los bosques, efectos que se ocultan con simples "declaraciones de impacto".
Al respecto indican que debe darse prioridad al principio precautorio y de conservación de los ecosistemas "que ningún dinero puede compensar".
[Fuente: Servindi, Lima, 23ene11]
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