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25oct06
Instalan el Consejo de Reparación para las víctimas de violencia interna.
Era una de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y ayer, más de tres años después de que ésta lo solicitara públicamente, por fin se hizo realidad. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, instaló oficialmente el Consejo de Reparaciones que creará el Registro único de Víctimas (RUV) de la violencia interna vivida entre 1980 y el 2000. Una relación de nombres y apellidos que según la presidenta de la flamante entidad, Sofía Macher, convertirá a los damnificados en ciudadanos.
Las reparaciones, que serán en primera instancia colectivas y no en su totalidad de carácter económico, estarán a cargo del Estado, pues el Consejo de Reparaciones solo tendrá la potestad de determinar qué personas serán las beneficiarias de las compensaciones.
De momento la instancia no cuenta con un presupuesto fijo, pues los S/. 15 millones del Fedadoi "están sujetos a ciertos trámites", dijo Del Castillo. El premier anunció, eso sí, la intención del Ejecutivo de que los presupuestos generales del Estado de 2007 incluyan una partida financiera para este fin. Del mismo modo un porcentaje sin determinar de los aportes de las empresas mineras se destinará a los damnificados.
Macher detalló que en una primera etapa de trabajo se recolectarán y unificarán las listas de víctimas existentes, incluidas las del Censo por la Paz del Mimdes. Asimismo se tomará en cuenta la experiencia del gobierno de Huancavelica, que ya elaboró su propio registro regional de perjudicados, y se trabajará de forma descentralizada en todo el país.
Además de Sofía Macher, el Consejo de Reparaciones también está formado por el vicealmirante AP (r) José Luis Noriega, el general de división EP (r) Juan Alberto Fernández Dávila, el general PNP Apolonio Guevara, la abogada María del Pilar Coll, la dirigente ashaninka Luzmila Chiricente y el economista Vicente Barúa.
Doris Caqui, de la Asociación Nacional de Familiares Desaparecidos, Torturados y Ejecutados Extrajudicialmente, criticó la excesiva presencia de militares y la ausencia de representantes de familiares de víctimas en el Consejo.
Por su parte Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta, pidió prioridad para las reparaciones individuales.
[Fuente: Por Carolina Martín, La República, Lima, 25oct06]
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