15oct03

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El Ministerio Público acusó a dieciséis policías por la desaparición en el Caso Castillo Páez.

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El Ministerio Público acaba de formular acusación contra dieciséis policías por la desaparición del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez, para quienes solicita dieciséis años de pena privativa de la libertad.

En efecto, después de dos años de investigaciones judiciales la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima ha formulado acusación sustancial contra el coronel PNP ® Juan Carlos Mejía León y los suboficiales PNP Guido Jiménez del Carpio, Dany Quiroz Sandoval, Antonio López Trujillo, Carlos Rodríguez Flores y otros once policías por su participación en la desaparición del estudiante universitario Ernesto Rafael Castillo Páez, ocurrida el 21 de octubre del año 1990.

En el presente caso es necesario remarcar que luego de la denuncia de los hechos ante diversas instancias judiciales nacionales, éstas optaron por archivar definitivamente las investigaciones del horrendo crimen. Inclusive en 1991, la Corte Suprema de Justicia decidió ilegalmente revocar la sentencia de hábeas corpus interpuesta por los padres del estudiante, que ordenaba a las autoridades policiales poner en libertad al detenido.

No cabe duda de que la desaparición del estudiante Castillo Páez ha sido un caso en el que se han articulado y puesto en evidencia todos los mecanismos de impunidad que se implementaron durante las dos últimas décadas desde el poder para impedir que los crímenes contra los derechos humanos sean sancionados. Finalmente, esos mecanismos, al igual que en otros casos, consiguieron su objetivo inmediato: impedir la investigación de este crimen de lesa humanidad y de sus perpetradores.

Tanto es así que en el presente caso ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que, en noviembre de 1997, emitió sentencia condenando al Estado peruano por la desaparición de Ernesto Castillo Páez y la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solo en setiembre del 2001 y por mandato de la Corte Interamericana se abrió proceso penal contra los policías que habían participado en este hecho.

A lo largo del proceso judicial se ha logrado demostrar de manera fehaciente lo que el Estado y la Policía negaron sistemáticamente: que Ernesto Castillo Páez fue detenido por miembros de la Policía y que estos lo introdujeron en la maletera de un patrullero, todo ello en el curso de un operativo policial dirigido por el entonces comandante PNP Mejía León.

Tras la acusación formulada por el Ministerio Público, el caso ingresa en una etapa decisiva en la que corresponderá a la Tercera Sala Penal de Lima determinar fecha para el inicio del juicio oral. El fiscal superior Francisco Amoretti ha solicitado que a cada uno de los implicados se les impongan dieciséis años de pena privativa de la libertad.

Vale la pena destacar que siendo el Perú un país con más de 6.000 personas desaparecidas como consecuencia del proceso de violencia política y fundamentalmente de la acción represiva del Estado, el caso Castillo Páez es el único que a la fecha presenta un importante avance judicial. Ello no es otra cosa que la muestra más dramática del rol que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han cumplido en el Perú en los últimos años. Pero, a su vez, el caso Castillo Páez nos muestra también la posibilidad de que los crímenes contra los derechos humanos puedan ser sometidos a la justicia y que sus perpetradores sean sancionados.

Ciertamente, este proceso será difícil, porque muchos de los rezagos del pasado permanecen vigentes, pero hechos como la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos permiten decir que el camino de la justicia está abierto. Hoy, le corresponde al Poder Judicial asumir su responsabilidad y convertirse en una institución en la que las víctimas puedan confiar la protección de sus derechos.

[Fuente: Por Carlos Rivera Paz, Justicia Viva, N° 72, 15oct03]

Este documento ha sido publicado el 30nov03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights