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06oct06
Carta abierta contra la impunidad.
En una carta abierta contra la impunidad, activistas de derechos humanos y diferentes personalidades de la sociedad civil cuestionaron la decisión del gobierno de Alan García de otorgar defensa legal para militares y policías acusados de violación de derechos humanos durante los años del terrorismo.
Para los firmantes, entre los que figuran Javier Diez Canseco y los familiares de los estudiantes desaparecidos de La Cantuta, esta decisión “resulta inequitativa para con las víctimas, quienes no tienen posibilidades ni recursos para defender sus casos ante la justicia”.
Líneas más adelante denunciaron la existencia de una alianza política entre el Apra y los representantes del fujimorismo para garantizar la impunidad de Alberto Fujimori. Prueba de ello, señalan, es la entrega de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso al ex abogado del extraditable Rolando Souza.
A lo que se suma, agregan, que Keiko Fujimori presida la Liga Parlamentaria de Amistad con Chile, país que debe extraditar al ex presidente. Otro hecho que recoge la carta abierta y que demostraría esta alianza del gobierno con el fujimorismo, es la designación del nuevo procurador para la extradición de Fujimori de un abogado que ha reconocido no conocer a profundidad los casos.
Los firmantes hacen un llamado a la ciudadanía a reaccionar "para impedir que nuevas o viejas prácticas limitativas de derechos se instauren en el país".
Contra la pena de muerte
En la carta abierta contra la impunidad también se critica la propuesta del legislador aprista Javier Valle Riestra, para otorgar amnistía a militares procesados por los delitos de lesa humanidad, lo que "consagraría la impunidad contra los que cometieron terribles delitos".
Los firmantes precisaron que la propuesta del gobierno de dar pena de muerte a violadores de menores tiene el objetivo de retirar al Perú del Pacto de San José. De esa forma el gobierno tendrá "carta libre en su accionar para no estar bajo la lupa de las incómodas resoluciones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos".
[Fuente: La República, Lima, 06oct06]
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