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29dic06
Surgen contradiciones entre miembros del gobierno peruano ante sentencia de la CIDH en el caso de la Cantuta.
Contradicciones entre miembros del gobierno destacan hoy entre las reacciones ante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por una matanza de presos acusados de terrorismo.
Mientras el primer ministro, Jorge del Castillo, hizo declaraciones cautas sobre el tema, el vicepresidente Luis Giampetri rechazó, "a título personal", el acatamiento de la sentencia sobre la matanza de 41 presos en el penal Castro Castro de Lima, en 1992.
Del Castillo sostuvo que el gobierno espera conocer oficialmente el fallo, que hasta ayer no le había sido comunicado, y declinó comentarios hasta analizar el dictamen.
La sentencia culpa al Estado por la matanza y ordena el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas y un homenaje a estas, entre otras medidas que diarios conservadores presentan como favorables al terrorismo.
Del Castillo adelantó que el fallo no favorece al grupo armado Sendero Luminoso -al que pertenecían los muertos- sino a las víctimas, condición que según el activista humanitario Miguel Jugo no tiene nada que ver con la trayectoria o posiciones que tenían.
Desautorizó virtualmente así declaraciones previas del secretario general del gobernante Partido Aprista, Mauricio Mulder, quien afirmó que la resolución de la CIDH respalda a esa organización.
"Las reparaciones no son para los asesinos, son para las víctimas, y el asesino que murió en una refriega, no deja de ser asesino", sostuvo sin embargo el primer ministro, quien no confirmó el acatamiento del fallo.
Reiteró sin embargo que el gobierno pagará reparaciones a las familias de otras víctimas de la violencia política, como los asesinados por el comando militar de exterminio "Grupo Colina", que operó bajo el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Recientes decisiones de la CIDH condenaron al Estado peruano por la matanza del presidio Castro Castro, la masacre de nueve estudiantes y un profesor universitarios en 1992 por el "Grupo Colina" y el despido masivo de empleados del Congreso el mismo año.
Los fallos disponen el pago de resarcimientos por un total de 32 millones de dólares que no deben ser pagados, según el vicepresidente Giampietri, un ex alto oficial de la Armada cuya imagen se asocia a la dura represión de la década pasada.
Giampietri dijo, "a título personal", que el fallo de la CIDH no deb ser acatado porque Perú no debe subordinar su soberanía, aunque lo hizo al suscribirse a la jurisdicción de la citada corte, con sede en Costa Rica.
Coincidió con medios de prensa marcadamente conservadores, que contrastan el fallo con las muertes causadas con Sendero Luminoso y alegó que Perú es un país sin grandes recursos para cumplir con las indemnizaciones.
El activista humanitario Jugo consideró virtualmente imposible una revisión de la sentencia de la CIDH, por ser sus dictámenes irrevisables e inapelables.
Ante otros pronunciamientos adversos de la CIDH, el gobierno de Fujimori retiró la adhesión de Perú a los instrumentos constitutivos de ese tribunal externo, la que fue normalizada por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000-01).
[Fuente: Prensa Latina, Lima, 29dic06]
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