27sep02
El nuevo jefe del Reniec y el caso Castillo Páez
El día de hoy los medios de comunicación han informado que el Consejo Nacional de la Magistratura ha elegido como nuevo jefe del RENIEC al general PNP en situación de retiro Eduardo Ruiz Botto. Pero ¿cuál es la relación entre esta persona y el caso de la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez ocurrida en octubre de 1990?
Eduardo Ruiz Botto, tal como lo indica su hoja de servicios, fue inspector general de la Policía Nacional del Perú desde 1990 hasta 1992; y fue justamente en esa condición que dirigió las investigaciones sobre el caso de la desaparición forzada del estudiante universitario Ernesto Rafael
Castillo Páez, hecho ocurrido el día 21 de octubre de 1990 en el distrito de Villa El Salvador.
Las investigaciones realizadas por la Inspectoría General de la PNP concluyeron, tres semanas después de haberse producido la desaparición, señalando que ningún efectivo policial tenía responsabilidad alguna en la detención y desaparición de Ernesto Castillo Páez, a pesar de la existencia de evidentes irregularidades encontradas en las comisarías de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.
Las investigaciones y conclusiones de la Inspectoría General de la Policía Nacional, dirigidas por Eduardo Ruiz Botto, fueron el sustento de la "versión oficial" que tanto Adolfo Cuba y Escobedo, director general de la PNP, cuanto Adolfo Alvarado Fournier, del Ministerio del Interior, emitieron sobre este caso. Esta versión oficial señala que Ernesto Castillo Páez no había sido detenido por efectivos policiales.
Cabe recordar que las investigaciones judiciales desarrolladas en la acción de hábeas corpus presentada por los padres de Ernesto Castillo Páez, demostraron fehacientemente que la detención había sido realizada por efectivos policiales; pero ante la imposibilidad de que este crimen contra los derechos humanos sea debidamente investigado, esclarecido y sancionado por el Poder Judicial, los familiares acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En agosto de 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego del proceso en el que se demostró que el 21 de octubre de 1990 Castillo Páez fue detenido por efectivos policiales, emitió sentencia sobre el caso y en ella declaró que el Estado peruano es responsable de la desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez, hecho que viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La misma sentencia ordenó al Estado peruano que debía sancionar a los responsables de este crimen.
Actualmente quince efectivos policiales están siendo procesados ante el Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima por la comisión del delito de secuestro en agravio de Ernesto Rafael Castillo Páez.
Todos estos hechos demuestran que las investigaciones desarrolladas por la Inspectoría General de la PNP que dirigía el señor Ruiz Boto, en el caso de la desaparición de Ernesto Castillo Páez, no fueron imparciales ni regulares; por el contrario, contribuyeron de manera especial a impedir el esclarecimiento de los hechos y a garantizar la impunidad de quienes cometieron este hecho criminal.
El Instituto de Defensa Legal hace pública su profunda preocupación por el hecho de que una instancia como el Consejo Nacional de la Magistratura haya designado a este señor para el ejercicio de una función pública.
[Fuente Ideelemail, N° 248, Lima, Per, 27sep02]
Ver documento especial de Nizkor: Vigencia de los derechos humanos durante el gobierno de Alan García (1985-1990)
Este documento ha sido publicado el 8oct02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights