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11jun09
Los perros del hortelano muerden a Alan García
Los que en 2007 fueron llamados por el presidente Alan García en un artículo como "los perros del hortelano" han protagonizado la mayor lucha civil de la historia reciente de Perú. En entredicho, 11 decretos legislativos promulgados para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y que promueven la venta de la Amazonía.
Los 11 decretos legislativos promulgados en junio de 2008 y que han motivado el movimiento amazónico más grande de la historia reciente de Perú comenzaron a gestarse el 28 de octubre de 2007.
Alan García sorprendía en esa fecha a los lectores del periódico 'El Comercio', de línea conservadora, publicando su famoso artículo 'El síndrome del perro del hortelano', al que le siguió una segunda entrega de largo nombre pero bajo el mismo espíritu.
"El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante", rezaba un fragmento de este artículo de opinión. "Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano".
Desde esa fecha, organizaciones indígenas, ambientalistas, de derechos humanos y medios de comunicación alternativos han enarbolado ese nombre, primero con dolor, después con orgullo.
En el centro del meollo, el incremento exponencial de concesiones petroleras y gasíferas en la Amazonía peruana. Según la ONG 'Save Americas Forest', un 72% de la amazonía peruana está cedida en forma de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos (ver mapa de contratos petroleros). De 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concedidas ha pasado del 15 al 72%, según la organización.
"Nos llaman 'perros del hortelano' porque no producimos y no dejamos producir –contó en febrero a elmundo.es Marcelino Juwan, un poblador awajún (más conocidos en España como los guerreros Jíbaros) que en nombre de su comunidad, Huampami, se negaba a la explotación de oro en un monte sagrado para su cultura-. "Nosotros producimos, pero creemos que producir no significa destruir nuestros bosques", afirma.
"Para el Gobierno el territorio es riqueza, pero para nosotros, que comemos los animales del monte y bebemos el agua de los ríos, es nuestra vida", defendía poco después Zebelio Kayap, un joven dirigente de una organización indígena de la misma comunidad, a tres horas por río y a tres más por carretera desde Bagua. Bagua es el lugar donde el pasado viernes 5 de junio el desalojo de 1.500 indígenas awajún de una carretera se cobró la vida de 23 policías y un número todavía no esclarecido de indígenas.
Cronología de un megaproyecto presidencial
La política en contra de 'los perros del hortelano' se materializó el 19 de diciembre de 2007, fecha en la que el Congreso peruano autorizó al Ejecutivo a legislar normas específicas que aceleren la firma el Tratado de Libre Comercio con EEUU.
En junio del 2008, el boletín oficial del Gobierno sacó una de las ediciones más voluminosas de su historia, que contenía decenas de decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo, entre ellos el paquete de l1 leyes que afectan a la Amazonía, bautizados por los 'perros del hortelano' -para García- como 'la ley de la selva'.
Comenzaron las protestas y el Gobierno se encontró sorprendido con miles de indígenas que, poniéndose las pinturas de guerra, comenzaron a bloquear carreteras y estaciones petrolíferas localizadas dentro de sus territorios.
Tras dos meses de movilizaciones en la región amazónica, que representa un 60% del territorio nacional, el Congreso se vio obligado a derogar los dos decretos más vergonzosos del paquete: el 1015 y el 1073.
Estas dos normas permitían que los territorios de las comunidades indígenas de la selva y la sierra pudieran ser vendidas con el voto de tan sólo el 50% más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria. Es decir, una empresa podía presentarse a una comunidad indígena, convocar una asamblea y con tan sólo conseguir que la mitad de los asistentes votase a favor, quedarse con cientos de hectáreas pertenecientes a toda la comunidad.
Los 9 decretos de la discordia
Respecto a los 9 decretos restantes, el Gobierno acordó en agosto pasado con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a 350.000 indígenas pertenecientes a 1.250 comunidades que una 'comisión multipartidaria' los analizaría y que, tras su dictamen el Congreso, procedería a una votación.
En diciembre del 2008, esta comisión se pronunció y no dejó lugar a dudas. Defendió que todos los decretos eran inconstitucionales ya que vulneraban el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos tratados establecen el derecho a la consulta previa de los pueblos antes de promulgar una ley que afecta a sus territorios. Por ello, la comisión recomendó su derogación.
Pero un análisis decreto por decreto permite comprender mejor el megaproyecto presidencial para la Amazonía.
- El decreto legislativo 1090, suspendido por el Congreso este lunes durante 90 días, constituye en la práctica una nueva ley de flora y fauna silvestre. Según la 'comisión multipartidaria' del Congreso que estudió estas leyes, excluye los recursos forestales del patrimonio de la nación, amplía la frontera agrícola para facilitar el cultivo de biocombustibles y "constituye una amenaza a la integridad de la propiedad de las comunidades indígenas".
Según Foro Ecológico, la principal ONG ecologista de Perú, el decreto 1090 supone en la práctica que un 60% de los bosques primarios del país, que suman 45 millones de hectáreas, perderían la denominación de patrimonio forestal que los protege para ser pasados al régimen agrario y ser vendidos.
Estas informaciones, que saltaron a los titulares de la prensa no oficialista desde hace meses, motivaron incluso una carta de preocupación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, quien pidió a Perú resolver el problema del decreto legislativo 1090 para posibilitar la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
- El decreto 994 considera de propiedad del Estado todas las tierras 'eriazas' (sin cultivar ni labrar) con aptitud agrícola que no tengan dueño. Estas tierras, sin explotación industrial, sirven para que las comunidades nativas, la mayoría sin título de propiedad, cultiven sus alimentos.
- Otros decretos, como 1020 y el 1081 imponen figuras jurídicas como las Entidades Asociativas Agrarias y las juntas de regantes, "estructuras que no se adecúan y son incompatibles a la realidad de las comunidad indígenas", según el informe elaborado por la comisión.
Las comunidades indígenas tienen derecho al uso y gestión de sus recursos naturales de acuerdo a sus tradiciones culturales, según reconocen las Naciones Unidas.
- El decreto 1083 va más allá y dota de mayores recursos hídricos a quienes tienen mayores recursos económicos y mayor acceso a modernas tecnologías, según el voluminoso texto de este informe al que ha accedido elmundo.es, cuyas conclusiones han sido apoyadas por la Defensoría del Pueblo (Defensor del Pueblo).
Sin embargo, ni el informe de un centenar de páginas que elaboró la 'comisión multipartidaria' del Congreso, ni las recomendaciones de derogatoria de la Defensoría del Pueblo y mucho menos la carta de preocupación dirigida la semana pasada por la Comisión de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas hicieron al Ejecutivo dar marcha atrás.
60 días de paro amazónico
En este escenario, el 9 de abril las organizaciones indígenas lideradas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP) iniciaron una nueva huelga indefinida para exigir que el gobierno peruano derogue los decretos. Tomaron durante semanas carreteras, provocando el desabastecimiento de alimentos de las grandes ciudades de la selva peruana. También bloquearon los ríos para impedir el paso de las grandes embarcaciones petroleras.
El Primer Ministro, Yehude Simon, fue el encargado de las negociaciones infructuosas con Aidesep, presidida por el hoy asilado político en Nicaragua Alberto Pizango. Ambos líderes se reunieron en múltiples ocasiones pero ni el Ejecutivo ni el Congreso accedió a dejar sin efecto estas leyes, aunque sí a modificarlas.
Todo terminó el viernes 5 de junio, cuando un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía recibió la orden de desalojar por la fuerza una carretera bloqueada por 1.500 indígenas awajún. El resultado es conocido por todos. Balas por todos lados, 23 policías muertos -nueve de ellos degollados por los indígenas- y un número todavía por determinar de civiles.
[Fuente: Por Beatriz Jiménez desde Lima, El Mundo, Madrid, 11jun09]
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