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15ene10
El Informe de la Comisión de Investigación sobre los violentos sucesos de Bagua:
una Comisión de la Verdad con poco apego a la verdad
A finales de diciembre de 2009 el Gobierno del presidente peruano Alan García, hizo público el informe final de la Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de violencia que tuvieron lugar el 5 de junio en la provincia peruana de Bagua. El informe de la Comisión de investigación ha sido ampliamente criticado y tachado como un vergonzoso intento por validar la versión gubernamental de las causas del conflicto.
El 5 de junio de 2009, efectivos de la Policía Nacional Peruana (PNP), recibieron la orden de desalojar a manifestantes indígenas que se encontraban en la Curva del Diablo, región de Bagua, en el marco de una operación policial que se saldó con 33 muertos y 200 heridos. Los participantes en la protesta estaban llevando a cabo una huelga general convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP). Con esta huelga se pedía la derogación de varios decretos legislativos aprobados para facilitar la promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Perú y expulsar de manera efectiva a muchas comunidades indígenas de sus tierras.
La finalidad declarada de la Comisión de Investigación era "determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económico, político y religioso, que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio de 2009, en la provincia de Bagua", pero su informe final adolece de todo rigor analítico o análisis en profundidad que pudiera haber clarificado lo sucedido ese día. En su lugar, a los peruanos se les presentó un documento de corte propagandístico y oportunamente alineado con la versión de los hechos de la administración García.
La Comisión estuvo compuesta por un equipo de siete miembros formado por tres representantes elegidos por los indígenas que participaron en las protestas, tres representantes del Gobierno nacional y un representante de los gobiernos regionales. El 22 de diciembre, varios miembros de la Comisión ofrecieron una rueda de prensa en Lima para presentar un resumen de su informe.
En la misma se hizo patente la ausencia de dos representantes indígenas, los cuales fueron excluidos por su negativa a suscribir el informe final. Ambos, la hermana Mari Carmen Gómez Calleja, misionera católica en Bagua y testigo de la violencia del cinco de junio, y el representante de AIDESEP y presidente de la Comisión de investigación, Jesús Manasés, ya se habían retirado de la Comisión alegando que el informe no respondía al trabajo de un órgano de investigación imparcial. En última instancia, el informe de la Comisión fue firmado sólo por cuatro de los restantes comisionados, ya que uno de los representantes del Gobierno nacional había dimitido con anterioridad.
Para aclarar su postura, el señor Manasés y la hermana Gómez presentaron una carta al Ministro de Agricultura con fecha de 25 de diciembre de 2009. En la misma señalan 43 puntos de discrepancia respecto del trabajo de la Comisión. En la carta destacan que la administración García ha demostrado sistemáticamente la falta de voluntad política de apoyo a los esfuerzos de la Comisión. Si bien ésta fue establecida oficialmente el 7 de septiembre, el Gobierno nunca aprobó una partida presupuestaria para financiar el trabajo de la Comisión y los recursos suministrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) nunca se usaron eficientemente; el Ministro de Agricultura, por ejemplo, únicamente aprobó dos breves viajes a la región de Bagua para llevar a cabo entrevistas.
Según el señor Manasés y la hermana Gómez, el Gobierno también se involucró activamente en obstruir el trabajo de la Comisión al no permitir que los comisionados entrevistaran a miembros clave de la administración García. Entre ellos hay que incluir al presidente García, que a menudo ha defendido su política de desarrollo con argumentos abiertamente racistas y denigrantes respecto de los pueblos indígenas, o su ex Ministra de Comercio Exterior Mercedes Araoz, que declaró que la derogación de los decretos legislativos pondría en peligro la implementación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú y posiblemente resultaría en sanciones de ese país contra Perú. La Comisión entrevistó a la ex Ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, quien ordenó el operativo de la PNP, pero quien según el señor Manasés, llegó con media hora de retraso y respondió a pocas preguntas.
El señor Manasés y la hermana Gómez afirmaron también que la Comisión no dispuso de tiempo suficiente para revisar y debatir en su integridad el material recabado y así poder llegar a alguna forma de consenso en lo que hace a las causas reales de la violencia en Bagua. Criticaron la intención de los autores del informe de señalar a múltiples actores como responsables de la violencia indígena del 5 de junio, al tiempo que ignoran, casi por completo, cualquier error por parte de los mandos de las fuerzas de seguridad y de los líderes políticos. Así, el informe emplea una terminología abiertamente racista para culpabilizar a los pueblos indígenas de ser los agresores principales debido a su incapacidad de controlar su naturaleza inherentemente combativa.
De este modo, el informe identifica una causa "prefabricada" de violencia: la supuesta manipulación, a cargo de actores externos, de la naturaleza combativa de los indígenas y la ignorancia de los decretos legislativos para organizarles de conformidad a una agenda política de cariz izquierdista. En estos "outsiders" se incluyen la oposición política del Partido Nacionalista Peruano de Ollanta Humala y miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), ambos firmes opositores a los planes neoliberales de desarrollo del Gobierno.
El informe extiende su reproche también otros grupos, como la desinformación proporcionada por medios de prensa escritos y radiales, los misioneros católicos de la cercana ciudad de Jaén, quienes no habrían pacificado a los manifestantes, y varias ONGs, cuyo nombre no se menciona, por haber formado a las comunidades indígenas en sus derechos sin exponerles sus correspondientes obligaciones para con el Estado y los demás ciudadanos. Es necesario resaltar que a ninguno de los "acusados" se le ha dado la oportunidad de responder a las afirmaciones del informe.
En su carta, el señor Manasés y la hermana Gómez, afirmaron que de las entrevistas con representantes de las comunidades indígenas de la región "no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonia haya sido que éstos no 'comprendieron bien' el contenido de los decretos legislativos cuestionados". Señalaron también que la prueba recabada parece haber sido seleccionada, de modo que sólo unas pocas de los cientos de entrevistas llevadas a cabo han llegado al informe final e, incluso, las que han llegado han sido a menudo descontextualizadas.
La dura crítica respecto del papel de las fuerzas policiales y de seguridad se halla perceptiblemente ausente en el informe. En cuanto presidente de la Comisión de investigación, el señor Manasés había solicitado insistentemente que el Gobierno les suministrara una serie de documentos relacionados con las investigaciones de los generales de la PNP Elías Muguruza Delgado y Javier Uribe por su irresponsable gestión de las operaciones de Bagua, la cual puso innecesariamente en peligro las vidas tanto de policías como de civiles participantes en los hechos. El Gobierno negó el acceso a los informes con el pretexto de que la investigación estaba en curso.
Entre los muchos documentos que el señor Manasés había solicitado, se encontraba la investigación llevada a cabo por Luz Rojas, ex fiscal de distrito de la colindante provincia de Utcubamba. La señora Rojas fue sumariamente removida de la investigación y trasladada a la oficina de Chachapoyas a principios de agosto tras haber llegado a la conclusión de que existían pruebas suficientes para formular cargos contra dos generales de la PNP. Ha recibido numerosas amenazas de muerte desde que iniciara la investigación y continúa sin protección del Estado a pesar de repetidas solicitudes en este sentido a la PNP y al Ministerio del Interior.
Al tiempo que el informe recoge una perspectiva histórica general de la marginalización política y económica de los pueblos indígenas como causa del conflicto, ignora por completo acciones concretas como las iniciativas gubernamentales puestas en marcha en los años 90 con vistas a debilitar la protección jurídica de los derechos de propiedad indígena en la Amazonía y así facilitar la transferencia de sus tierras y satisfacer los intereses corporativos ligados a la extracción de recursos.
El señor Manasés y la hermana Gómez ponen de manifiesto también el descontento de las comunidades indígenas ante el hecho de que los decretos legislativos se elaboraran y aprobaran sin realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades concernidas, un derecho aún pendiente de cumplimiento por parte del Estado peruano. Si bien el informe final afirma que Perú se ha unido a varios instrumentos internacionales que reconocen el derecho de consulta, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, no hace mención a que Perú ha aceptado también la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido varias resoluciones en relación con los derechos indígenas, incluida la sentencia recaída en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, un caso paradigmático que reconoce y articula el marco jurídico del derecho a consulta y que es vinculante para Perú.
Además, el informe no hace referencia alguna a la casi permanente postura hostil de la administración García respecto del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, así como su inquietud hacia las políticas gubernamentales que afectan a sus derechos, incluida la criminalización de sus dirigentes.
El Gobierno ha intentado también marginalizar o desmantelar la dirigencia indígena. El pasado mes de julio, la administración García recurrió a una entidad gubernamental, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), para financiar indirectamente el establecimiento de una junta directiva paralela en AIDESEP. El 20 de octubre, el Ministro de Justicia notificó a AIDESEP que había solicitado a la fiscalía que, o bien forzara a la organización a cesar su actividad, o bien nombrara una nueva junta directiva debido a sus actividades en conflicto con el orden público. Las amenazas del Gobierno fueron objeto de debate en la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en la Amazonía celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de noviembre, y, en principio, la atención internacional parece haber llevado al Gobierno a desistir en su solicitud respecto de AIDESEP.
No satisfecho, el gobernante partido de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) ha creado también su propia organización indígena, la "Confederación Nacional, Agraria, Campesina y Nativa" (CONAC), un entidad conformada por una serie de Comisiones Agrarias, Campesinas y Nativas que ya pertenecían al partido APRA. La finalidad de la CONAC era convertirse en el intermediario pro gubernamental entre los pueblos indígenas y la administración del compañero aprista, Alan García. No obstante, la organización tuvo un tambaleante inicio ya que ni un solo representante de las provincias asistió a su primera asamblea nacional celebrada en Lima en diciembre.
El futuro del informe final es incierto. Los gobiernos regionales han ordenado que sus representantes retiren la firma y continúan las voces que piden una comisión independiente. Sin embargo, la administración García seguirá intentando sacar adelante sus planes de desarrollo al tiempo que los pueblos indígenas se hallan cada vez más confrontados con los intereses corporativos multinacionales y el intento de éstos por explotar los recursos naturales de sus tierras. No obstante, más allá de las industrias extractivas, en la distancia planea un peligro potencial y mayor para los derechos a la propiedad colectiva indígena; se trata de los macroproyectos de infraestructura que se están desarrollando en la actualidad en el marco de la millonaria Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRIS), que es probable que incluya cientos de proyectos que afectarán a comunidades indígenas de todo el país. En la medida en que el Gobierno peruano no cambie de rumbo hacia un proceso de desarrollo más inclusivo y participativo, los violentos sucesos de Bagua pueden ser sólo el principio.
15 de enero de 2010
Kristina AielloNota documental: Kristina Aiello es investigadora asociada del Congreso Norteamericano sobre América Latina (NACLA por sus siglas en inglés). Este artículo fue publicado originalmente el 15 de enero de 2010 en inglés en el sitio web de NACLA bajo el título "The Commission of Inquiry's Report on the Violent Events in Bagua, Peru: A Truth Commission with Little Truth". Ha sido traducido al castellano por el Equipo Nizkor.
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