24feb03

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Los magistrados y los medios de comunicación.

Por Pedro Angulo Arana, Fiscal Supremo Adjunto.

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En el presente artículo, un miembro del Ministerio Público, quien ha accedido gentilmente a colaborar con Justicia Mail, expresa el punto de vista de muchos magistrados sobre las siempre difíciles relaciones entre el sistema de justicia y los medios de comunicación social. Es indudable que el rol de la prensa para la difusión de los esfuerzos de reestructuración del Poder Judicial y del Ministerio Público resulta crucial, por lo que las reflexiones del autor contribuyen al necesario esclarecimiento de dicho rol.

Hoy en día en el Perú, luego de evaluar los hechos acontecidos desde el cinco de abril de 1992 hasta el presente, nadie duda de la necesidad de poseer medios de comunicación libres, competitivos entre sí y críticos del poder y de las instituciones estatales y ciudadanas. Sin embargo, también se ha percibido la necesidad de que dichos medios exhiban un desenvolvimiento ético, responsable y objetivo, pues de su posible servilismo a intereses de quienes desearían manipularlos, tal como antes hizo el fujimontesinismo, se sabe también que se desprenderían graves peligros y muchísimos daños.

Como las dos caras del mítico Jano, fueron los medios de prensa, mediante espacios tales como los de César Hildebrandt o Cecilia Valenzuela, quienes rasgaron con necesaria dureza el velo de oscurantismo que caracterizó a la mayoría de medios en aquellos días, y permitieron oxigenarse a las mentes críticas y despertar a las que casi se adormecían. Los espacios radiales, como CPN, o la televisión por cable, como canal N, cumplieron una importantísima tarea sin la cual, probablemente, no se podría haber destruido a la dictadura, pues el conseguir el vídeo Kouri - Montesinos, habría quedado apenas como un primer paso, es decir poseer un arma, inútil si acaso no se lo hubiera podido exhibir y, con ello, remover las conciencias de los peruanos.

Mucho se le debe a los medios; aunque, en verdad, nuestras deudas son con personas concretas que poseen nombre propio, y que demostraron valentía y dignidad. Sin embargo, del otro lado, también estuvieron otras personas, concretas y reales, dueñas de canales televisivos o de espacios en aquéllos, poseedores de radios o de programas en los mismos, de medios escritos o de sus propias columnas, que fueron precisamente los que causaron gravísimo daño al país, mostrando irrealidades, generando la soberbia de los que gobernaron, destruyendo honras, adormeciendo conciencias, creando temores fundados o infundados, menoscabando la dignidad de todos los peruanos y vendiéndose como no lo hacen ni siquiera los mercenarios.

Es decir, de la misma actividad fuente, mediante el funcionamiento de los medios se perjudicó gravemente, primero, y también se beneficio grandemente, después, al país. Salvando las distancias, ciertamente grandes, debemos expresar ahora que, en los actuales tiempos de la reestructuración y modernización de la justicia, los medios podrían y deberían cumplir una gran misión, mediante sus investigaciones, estudios, críticas y revelaciones; pero no dejamos de considerar firmemente que tal actitud de vigilancia y control, deben y tienen que efectuarla exhibiendo ética, objetividad y responsabilidad.

Los medios poseen una delicada responsabilidad, directa y proporcionalmente relacionada al peso e importancia que tienen en la formación y encauzamiento de la opinión pública en nuestra sociedad. Sabido es que, en función de las informaciones que ofrecen y desarrollan, pueden contribuir eficazmente a generar confianza o desconfianza en las instituciones y, por ello, promover su reconocimiento y acreditación en la ciudadanía; motivando también a su estabilidad, buena imagen, respetabilidad y decoro, o, de otro modo, causar o desatar la crítica, el menoscabo lento, la condena después y finalmente, la crisis de la institución.

Resulta evidente, claro está, que no queremos decir que, si las cosas están mal en el Poder Judicial o el Ministerio Público, ello es responsabilidad total o principal de los medios, ni que, de existir problemas, deban callarlos o disimularlos. Muy por el contrario, consideramos que, de no hacerlos públicos, solamente contribuirían a que las cosas permanezcan así y, claro que, si las cosas están mal, los problemas son responsabilidad de los integrantes de tales instituciones. En concreto, la buena o la mala imagen de nuestras instituciones, Ministerio Público y Poder Judicial, está confiada, fundamentalmente, al desempeño y desenvolvimiento de sus integrantes y no de los medios de prensa.

Sin embargo, lo que los medios no deben hacer es actuar como fiscalizadores irrazonables de los magistrados "levantando" impropiamente un hecho, para exhibirlo y convertirlo en noticia-comidilla, encimando o soliviantando a la ciudadanía en contra de jueces y fiscales, presionándolos para que asuman la posición con la cual ellos simpatizan, según la parte a la que escucharon o exponiendo sucesos privados, como si constituyeran temas de interés público. Todo lo dicho implica que el periodismo en algunos casos deslegitima el ejercicio de la magistratura vía el ataque, por diversos motivos, a los magistrados a los cuales presiona e irrespeta.

Lamentablemente, casi a diario se aprecia, inclusive por periodistas que son abogados, el que aparecen malquistando a los magistrados con sus espectadores y oyentes, adjetivándolos por, supuestamente, haber dejado libres a determinados autores de ilícitos. Es obvio que, con ello, lo que efectúan es un uso irresponsable del medio, desprestigiando a magistrados que únicamente cumplen con una ley que distingue, razonablemente, entre delitos graves, que ameritan detención, y menos graves, que no la ameritan.

Tales periodistas inclusive se contradicen pues, cuando hay problemas posteriormente en los penales, critican el que existan demasiados detenidos y, peor aún, no sentenciados, y esto sólo algunos días después de que ellos mismos parecen predicar que todos los ilícitos penales deberían implicar pena privativa de libertad como sanción natural. Obvio es que actitudes como estas, que no son serias y que revelan la inexistencia de una opinión permanente y razonada sobre un tema, implican que sólo se juega con el estado de ánimo de los oyentes y espectadores, y no significa ningún beneficio social.

Otros hechos parecidos se exhiben en los desalojos, en que puede haber estados de ánimo exaltados y que no necesariamente serán objetivos. Pero, además de exhibir la noticia del acto de quienes cumplen la ley y de los que se resisten a ello, se toman las declaraciones de quienes lloran y pelean sosteniendo decir: "nunca nos notificaron", "los magistrados se corrompieron" y cosas parecidas. Probablemente es verdad que ellos no podrían evitar que se digan esas cosas; pero, sí podrían evitar difundirlas, si no tienen seguridad, por lo menos, de que efectivamente hay delitos de por medio.

A veces también ocurre que quien primero expuso su punto de vista ante un canal televisivo, parece estar consiguiendo un abogado que toma partido por esa persona. Hay, es cierto, espacios que conceden tribuna a ambas partes, pero también hay aquellos que toman una posición y en ella parecen estar dispuestos a morir, pretendiendo que una "buena justicia" les debe seguir a rajatabla.

Sabemos que muchos periodistas desean contribuir con su trabajo a la mejora del país. Particularmente en nuestro tema, la reestructuración del sistema de justicia, de la labor de ellos se desprenderán grandes beneficios, siempre y cuando eviten la tentación de aprovechar las circunstancias para ganar el asentimiento de sus telespectadores, con la sola acción de participar en la, lamentablemente, siempre saludable y rediviva costumbre de exagerar y "levantar" males y críticas aunque con insuficiente razón.

Probablemente otros pueblos pueden darse el lujo de poseer medios de comunicación amarillos; pero, en un país como el nuestro, de débil tradición democrática y consuetudinario irrespeto a las instituciones, seguir conviviendo con estas actitudes nefastas no significa otra cosa que condenarnos a repetir la historia, es decir esa historia pendular que significa oscilar continuamente entre la esperanza del despegue hacia el desarrollo y el volver a retornar nuevamente hasta el punto de partida. Hoy tenemos una nueva oportunidad de atacar las corazas y las costras dentro del sistema de justicia y obvio es que necesitamos el apoyo de la prensa y de los periodistas, que se mantengan despiertos y vivaces, prestos a combatir y denunciar lo que debe vencerse y superarse.

[Fuente:Pedro Angulo Arana, Fiscal Supremo Adjunto Justicia Viva, N° 18, via Ideeleamil, Lima, Per, 24feb03]

Este documento ha sido publicado el 02mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights