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DERECHOS


11oct05

Informe sobre amenazas y acciones contra defensores de Derechos Humanos, Testigos, Agraviados y operadores de Justicia, en el 2005.

Índice

Amenazas y acciones contra defensores de Derechos Humanos, Testigos, Agraviados y Funcionarios Judiciales.

1.- Introducción

El presente informe contiene un registro de las acciones intimidatorias contra los defensores de derechos humanos, testigos, agraviados y operadores de justicia (jueces, fiscales y peritos) en el Perú, habiéndose registrado 46 casos en el año 2005 como detallaremos mas adelante, lo cual refleja la delicada situación existente en el país. Estas acciones se han producido en el contexto del proceso de judicialización de casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el período de violencia de 1980 al 2000. Dichas acciones intimidatorias se han incrementado desde el año 2003 ante lo cual en nuestro Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en el 2004 exigimos al Estado Peruano adopte las medidas de protección para magistrados, fiscales, testigos, víctimas y defensores de derechos humanos.

Ante esta situación la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) viene realizando un monitoreo de los principales casos de amenazas y acciones intimidatorias que han ocurrido en el transcurso del año 2005.

Así, se ha constatado nuevas modalidades empleadas por presuntos perpetradores de violaciones de derechos humanos, con la finalidad de frenar la acción de la justicia y lograr impunidad. Uno de los casos más graves es la intimidación contra los ex comisionados miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), llegando inclusive a amenazar de muerte al doctor Salomón Lerner, Ex Presidente de la CVR.

El monitoreo que realiza la CNDDHH sobre estos casos demuestra que los autores de las amenazas tienen diversa procedencia, es así que podemos indicar que en el país existen diversas fuentes de amenazas. Sin embargo, debemos señalar que el grupo que está operando contra el doctor Salomón Lerner Febres es altamente especializado.

En el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se presentaron 47 casos de delitos de violación de los derechos humanos, los cuales se encuentran en la fase de judicialización. Se ha constatado que la mayoría de testigos y agraviados de dichos casos se encuentran desprotegidos y alrededor del 80% de estas víctimas sin defensa legal. Varios de ellos han denunciado haber sido víctimas de amenazas contra su integridad personal, sin haber sido atendidos. Los problemas de mayor gravedad se encuentran al interior del país, en las zonas que han sido escenarios de violencia, en dichos lugares persiste el temor de los testigos por la desprotección estatal, lo cual lleva a que algunos de ellos se inhiban de participar en los procesos judiciales.

Ante estos hechos se requiere que el Estado Peruano emita las normas legales adecuadas y adopte las medidas necesarias, para garantizar la protección de las personas en situación de riesgo por casos relacionados a procesos judiciales de violaciones de derechos humanos.

Actualmente la Ley Nº 27378, que regula las medidas de protección para estos casos, no contiene disposiciones especiales para la protección de agraviados y testigos en hechos de violaciones de derechos humanos, además en la práctica se ha constatado serias deficiencias del funcionamiento del actual sistema de protección de testigos, colaboradores, agraviados y peritos. Frente a esta realidad, el propio Poder Ejecutivo ha formulado un Proyecto de Ley (13398/2004 – PE) que se encuentra en revisión en el Poder Legislativo, sin embargo dicha propuesta también carece de medidas especiales de protección a defensores, víctimas y testigos en casos de derechos humanos. Ante esta situación la CNDDHH ha formulado una propuesta de modificación del referido proyecto.

2.- Contexto en el que se han producido las amenezas y acciones intimidatorias

En el marco del proceso de judicialización de 226 casos de delitos de violación a los derechos humanos, de los cuales 46 casos están en conocimiento de los Juzgados Penales y 180 a nivel de Fiscalía, se constata que se han incrementado las amenazas y hechos de violencia, así la CNDDHH ha registrado 46 casos de hostilizaciones y amenazas a defensores de derechos humanos, testigos, agraviados y operadores de justicia. De dicho total, 26 casos se refieren a acciones intimidatorias a defensores de derechos humanos y otros 15 casos han sido de amenazas y acciones contra testigos y familiares de víctimas. Adicionalmente se han presentado casos de presión contra un Juez y una Fiscal, además de la intimidación contra 3 peritos del Instituto de Medicina Legal.

Respecto a los defensores de derechos humanos, se ha denunciado públicamente la amenaza de muerte contra el ex Presidente de la Comisión de la Verdad Salomón Lerner Febres, quien además ha recibido mensajes anónimos con un contenido racista y xenofóbico. Se tiene conocimiento que otros ex comisionados también han recibido mensajes anónimos agraviantes.

Otros hechos grave son los atentados contra el señor Luis Ramírez Hinostroza –víctima y testigo de la desaparición de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro - Huancayo, proceso en el que está implicado el Gral. EP ® Luis Pérez Documet. En este caso los atentados realizados muestran un nivel de organización en el que se ha empleado diversas técnicas como seguimiento, filmación y finalmente operaciones armadas contra el mencionado testigo.

También se ha difundido públicamente las presiones que se ejercen sobre algunos jueces y fiscales que tienen a su cargo los procesos de violación de los derechos humanos. Los casos más notorios están relacionados a la Fiscal Cristina Olazábal y al Juez Willy Ayala, ambos del distrito judicial de Ayacucho.

Por otro lado, los organismos de derechos humanos han denunciado casos recientes de intimidación y amenazas a personas que han sido víctimas de torturas por parte de efectivos policiales, hechos violatorios de los derechos humanos que preocupantemente han ocurrido en los últimos tiempos fuera del contexto del conflicto armado interno que vivió el país.

3.- Conclusiones y Recomendaciones

La situación descrita es inaceptable y sorprende la pasividad de las autoridades peruanas para adoptar las medidas de protección necesarias y para investigar y sancionar a los autores de las amenazas y acciones de intimidación. Se aprecia con preocupación que las amenazas y acciones tienen diferentes actores estatales y no estatales que han participado en el período de violencia de 1980 al 2000, interesados en mantener la impunidad.

Ante ello urge que se adopten medidas tanto en el plano normativo (reformando la legislación actualmente vigente sobre el sistema de protección e incorporando disposiciones para los casos de derechos humanos) así como a nivel de operatividad y funcionamiento del sistema (dotando de la logística, infraestructura y recursos necesarios para el mismo, y estableciendo medidas concretas de coordinación entre las autoridades encargadas –Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Ejecutivo-).

También vemos con preocupación que el Estado Peruano no tiene disposición para efectivizar el cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos del Perú.

Además, se deben implementar medidas de protección para las autoridades del sistema judicial, ante las amenazas de las que están siendo objeto y ante los riesgos que se puedan presentar en el contexto de avance en el proceso de judicialización de los casos de derechos humanos.

4.- Informe Cronológico de casos (año 2005)

A continuación presentamos en forma cronológica el listado de incidentes, agrupados en hechos referidos a defensores de derechos humanos (26), a agraviados y testigos (15), a jueces y fiscales (2) y a peritos (3), lo cual hace un total de 46 casos.

4.1.- Defensores de Derechos Humanos

    1. Enero del 2005, Amenaza contra Carmen Canales, activista de derechos humanos y Coordinadora de la Mesa de Lucha contra la Pobreza - Huánuco. Vía correo electrónico.

    2. 13 de Enero del 2005, Amenaza de muerte vía telefónica a Sacerdote Miguel Córdova Hurtado, parroquia de Aucayacu – Huánuco. Le dan 24 horas de plazo para que salga de la ciudad.

    3. El 4 de febrero del 2005 llegó un mensaje al celular de la Dra. Rosalía Storck, de amenaza de muerte a Segundo Jara Montejo con el texto: “Atentados en Aucayacu muerte a segundo Jara”. Esta es una segunda amenaza a Segundo Jara quien es profesor y defensor de derechos humanos. El 20 de diciembre del 2004, fue víctima de un operativo policial en su domicilio. Se han realizado gestiones para que el profesor Jara sea reasignado a un centro educativo en la ciudad de Lima, sin embargo hasta la fecha no se ha tenido respuesta favorable de las autoridades del Ministerio de Educación . Cabe señalar que el profesor actualmente trabaja en una de las zonas más peligrosas del país: Aucayacu-Tingo María.

    4. 30 marzo 2005. Amenaza telefónica anónima a la oficina del organismo de derechos humanos “Paz y Esperanza”- oficina de Lima. Mensaje contra los miembros de la institución.

    5. Marzo 2005. Intento de incursión a local de Aporvidha-Cusco, organismo miembro de la CNDDHH.

    6. Marzo 2005. Intimidación y difamación al Sacerdote Marco Degen Dublín, Párroco del distrito de Arapa (Azángaro-Puno) y Trabajadores de Centro de Desarrollo Humano - Puno. Las hostilizaciones se han realizado por intermedio de mensajes anónimos mediante emails, llamadas telefónicas y volantes.

    7. Marzo 2005. Intimidación a miembros de la oficina de la Vicaría de Juli en la localidad de Ilave. Asimismo se amenazó a los Agentes pastorales que acompañaban al personal en Puno. Amenazas a Cristóbal Yugra Villanueva, activista de derechos humanos de Puno. (Presuntos responsables: familiares y seguidores de ex alcalde)

    8. 1ro de Abril 2005. A horas 7.21 pm llegó mensaje anónimo hostil vía correo electrónico a Francisco Soberón, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Como remitente figura “COLINA FUTURA” en alusión al grupo de aniquilamiento que funcionó en la década del 90. Este mensaje es parecido (en cuanto a emisor) a un correo electrónico con amenazas que recibió APRODEH en 2003.

    9. Abril 2005. Acciones de hostilización contra personal de DDHH de “Paz y Esperanza”- Región San Martín- con mensajes de difamación. Amenazas indirectas a personal.

    10. 18 de mayo 2005.- Difamación e intimidación a defensores de derechos humanos de COPREPAS – Sánchez Carrión Huamachuco, Región La Libertad.

    11. Junio 2005.- Informe acerca de hostilización proveniente de un fiscal de la zona de Huamachuco contra el Hno. Mario Vidori de la parroquia de Sanagoran y defensor de derechos humanos, miembro de COPREPAS Huamachuco – La Libertad.

    12. Junio 2005. Hostilización constante contra Genara Prado Agreda miembro de CODEH Sánchez Carrión, organismo miembro de la CNDDHH, ubicado en la Región de La Libertad.

    13. 23 de Junio 2005.-Amenaza a los abogados de la Vicaría de Ayaviri – Puno, en Ituata- Carabaya-Puno.

    14. 2 de julio 2005 Amenaza e intimidación a Paula Chui integrante laica de la Parroquia de Crucero en Provincia de Carabaya-Puno.

    15. 10 de agosto 2005.- Llamada telefónica anónima (horas 4.30 pm) con amenazas al domicilio del Dr. Willy Ruiz, defensor de los derechos humanos y miembro de “Paz y Esperanza”, Lima.

    16. 11 de agosto 2005. Segunda llamada (a horas 7.30am) al domicilio del Dr. Willy Ruiz con amenazas.

    17. 13 de agosto 2005.- Mensajes anónimos a correo electrónico de Salomón Lerner Febres, Ex presidente de la CVR.

    18. 18 de agosto 2005.- Mensaje xenofóbico y racista contra Salomón Lerner Ex Presidente de la CVR vía correo electrónico con seudónimo Pachacutec.

    19. 6 de setiembre 2005.- Intimidación a personal de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) en Ayacucho. Colocaron un mechón de cabello humano en la manija de la puerta de ingreso de su local institucional en dicha ciudad.

    20. 6 Setiembre 2005.- Hostilización y difamación contra abogadas de DDHH de COMISEDH , en Chincha. Las doctoras Vivian Gala, Carla Reyes y Gisella Astocondor, atienden el caso de Pablo Sánchez quien es una víctima de tortura, delito cometido por un jefe policial.

    21. 14 de setiembre 2005.- En la madrugada se produjo un intento de incursión al local de COMISEDH - Ayacucho. Dos semanas después personas extrañas tomaron fotografías al personal que labora en dicha institución.

    22. 8 de setiembre 2005.- Llamada telefónica a Salomón Lerner con el mensaje “dígale que se de por hombre muerto”

    23. 13 de setiembre 2005.- Incursión de tres personas, portando armas de fuego, al local central de COMISEDH en Jesús María - Lima, hecho ocurrido a las 5am, aproximadamente. Cortaron los sistemas de comunicaciones e incursionaron al local y revisaron las oficinas de la institución. En su huida los sujetos armados amenazaron de muerte a un vigilante.

    24. 5 de octubre de 2005.- Mensajes vía correo electrónico contra dos ex comisionados de la CVR, con fines difamatorios. Algunos mensajes están dirigidos contra el ex comisionado Carlos Tapia.

    25. Durante el año 2005 se han presentado nueve denuncias ante el Ministerio Público contra los doce ex comisionados de la CVR, por falsedad genérica con la finalidad de intimidarlos y entorpecer los procesos judiciales abiertos por violaciones de derechos humanos.

    26. En este año se ha presentado una denuncia contra Francisco Soberón, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, doctora Gloria Cano, la fiscal Cristina Olazábal por el abogado del señor Alan García por el caso Accomarca.

4.2.- Amenazas y Acciones contra testigos, Colaboradores eficaces y familiares de víctimas

    1. Enero 2005. Amenaza e intimidación a víctimas y testigos del caso “29 de mayo del 2003” (asesinato del estudiante Jhony Quilca de la Universidad Nacional del Altiplano -PUNO).

    2. 4 Febrero 2005. Testigo del caso Comando Rodrigo Franco informa a la prensa (diario El Peruano) que recibe amenazas – vía telefónica. - por denunciar al Comando Rodrigo Franco que actuó en la década del 80 en el Perú. Aprodeh solicitó garantías para dicho testigo.

    3. 21 marzo 2005. En la vivienda de familiares del colaborador eficaz Julio Chuqui Aguirre (ex miembro del Grupo Colina) hubo un incidente policial, resultando agredido el encargado de seguridad de su esposa e hijos.

    4. 29 de Abril 2005. Olimpia Cajas Bravo, profesora en la Región de Huánuco, solicita reasignación de centro laboral debido a que su integridad física está en riesgo por las declaraciones que ha brindado ante el poder judicial en contra de jefes militares de la Base Militar “Los Laureles” de Tingo María. Se han realizado gestiones ante la Dirección Regional de Educación de Huánuco para que la trasladen de lugar de trabajo sin embargo hasta la fecha no atienden la solicitud.

    5. 11 Mayo 2005. COMISEDH reporta que detienen injustificadamente a Pablo Sánchez, quien en agosto del 2003 había sido detenido y torturado por efectivos policiales en la ciudad de Chincha, hecho sobre el cual se inició un proceso judicial contra un jefe policial.

    6. Mayo 2005. Pamela Huaringa Félix, parte agraviada en la denuncia contra tres efectivos policiales acusados de causar la muerte de su hermano (Ricardo Huaringa) en la ciudad de Lima, denunció que fue víctima de interceptación e intimidación en la vía pública por parte de desconocidos con el objeto que desista de su denuncia. Los familiares de la víctima son patrocinados por COMISEDH

    7. 1 Junio 2005. Atentado con un arma de fuego contra el testigo Luis Ramírez Hinostroza, quien ha brindado su testimonio sobre desaparición de estudiantes en la Universidad Nacional del Centro. El testigo involucra en sus declaraciones al General EP en retiro Pérez Documet en dicho delito. El 1ro de junio aproximadamente a las 7pm desde un vehículo en marcha le dispararon, su custodio evitó que resultara herido.

    8. 24 de junio 2005. COMISEDH informa que el señor Pablo Sánchez Conde ha recibido mensajes de texto en su celular con amenazas de muerte.

    9. 8 de junio 2005. Intimidación a Juana Ortega Montes viuda del Técnico FAP Juan Carlos Aliaga Mera, quien murió en circunstancias extrañas de un balazo en cráneo con fusil AKM. La señora reporta que le hacen seguimiento y llamadas amenazantes.

    10. Julio 2005 Miguel Exebio Reyes, testigo en el caso del Comando Rodrigo Franco, ha recibido dos amenazas vía mensaje texto al celular. Uno de ellos inclusive señala el número de código secreto de colaborador eficaz.

    Textualmente el mensaje dice lo siguiente:
    “WPM 20028. Te vamos a matar por soplón y traidor CRF”
    Luego un segundo mensaje dirigido a otro colaborador eficaz sobre el mismo caso indica lo siguiente:
    “WPM 20035. Les llegó la hora por soplones y traidores”.

    11. 31 Julio 2005. Amenaza de muerte a familiar de víctima, patrocinada por COMISEDH. Pamela Huaringa, por segunda vez recibió una llamada telefónica con una amenaza de muerte. Le dijeron: “Ya te fregaste, vas a morir, ya sabemos donde paras”.

    12. 6 de septiembre 2005. Detención de Pablo Sánchez en Chincha –Ica- quien anteriormente había sido víctima de torturas. Actualmente está detenido.

    13. 15 de setiembre 2005, Nuevo atentado contra la vida del testigo Luis Ramírez Hinostroza en el distrito de La Molina a las 6.45pm. Desde una motocicleta le hicieron disparos y resultó ileso. El testigo estaba acompañado de su custodia policial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que el Estado peruano brinde protección a Ramírez.

    14. Hostilización reiterada a Ramiro Niño de Guzmán Aybar. Apurímac. quien ha realizado graves denuncias por caso de familiares desaparecidos y torturados. Caso patrocinado por APRODEH.

    15. El Informe Defensorial No. 97, a los dos años de las CVR de la Defensoría del Pueblo refiere varios casos de testigos en riesgo, algunos de los cuales se han retractado por falta de protección. Y que textualmente dice:

    “ Sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos y las medidas de protección para ellas, sus familiares y los testigos

      25. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó al Ministerio Público la adopción de medidas de protección para las víctimas, familiares de víctimas y testigos de 19 casos de violaciones a los derechos humanos presentados al Ministerio Público. Sólo en dos casos -“Ejecuciones arbitrarias en Pucará” y “Matanza de 34 campesinos en Lucmahuayco”- los pedidos se resolvieron favorablemente, aunque las medidas adoptadas no fueron las más adecuadas para garantizar una efectiva protección para las víctimas y testigos.

      26. Además, la CVR entregó al Ministerio Público 34 testimonios reservados recomendando expresamente la adopción de medidas de protección al igual que en otros 3 casos en los que, a solicitud de los testigos y debido a lo delicado de su situación, se decidió asignarles una clave de identificación y mantener su verdadera identidad en reserva. éstos son los casos de “Arrasamiento en la margen izquierda del río Huallaga”, “El comando Rodrigo Franco” y “Asesinato de Hugo Bustíos y tentativa de homicidio de Eduardo Rojas”.

      27. En los casos, “Ejecuciones arbitrarias de pobladores en Cayara”, “Asesinato de Rodrigo Franco” y “Asesinatos y desapariciones de estudiantes y catedráticos de la Universidad del Centro”, pese a que no cuentan con recomendación expresa de la CVR ni con testimonios reservados, algunos testigos presentaron solicitudes de protección ante la autoridad fiscal. En el primer caso no se adoptó medida de protección alguna, mientras que en los otros dos se resolvió dictar medidas de protección policial a favor de los testigos y su familia.

      28. Existe la preocupación permanente por la incapacidad del sistema de justicia para brindar protección efectiva a los testigos, familiares y víctimas de los casos de violaciones a los derechos humanos. La posibilidad de recibir amenazas, algún tipo de represalias o atentados contra la vida genera fundados temores en las víctimas, los familiares y los testigos para declarar en las investigaciones; más aún, si no existen mecanismos efectivos para guardar reserva de la identidad o no se aplican medidas de protección efectivas.

      29. Pese a la existencia de un marco normativo -Ley Nº27378 y su Reglamento D.S. N° 020-2001-JUS- que establece medidas de protección para colaboradores, testigos, peritos y víctimas, involucrados en las investigaciones preliminares y judiciales por delitos contra la humanidad o por delitos comunes que constituyan violaciones a los derechos humanos, en la mayoría de casos dicho marco normativo no ha sido aplicado, por lo que es urgente poner en marcha acciones concretas para la implementación de tales disposiciones. El artículo 2º del Decreto Supremo Nº 020-2001-JUS señala que “corresponde a la Fiscalía de la Nación, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior establecer un sistema integral y programas específicos de protección de colaboradores, víctimas, testigos y peritos”.

      30. Se constata, asimismo, que existe cierto desconocimiento de las normas en materia de protección a testigos o renuencia a aplicar tales medidas por parte de algunos magistrados/as. Es necesario reafirmar que la protección de víctimas, familiares de víctimas, testigos y peritos en casos de violaciones a los derechos humanos, no debe depender del tipo de información que proporcionen en la investigación sino de la situación de peligro que puede afectar a la persona que solicita protección, situación que se deriva de la naturaleza propia de estos delitos.

      31. El Ministerio Público no ha dispuesto aún los mecanismos necesarios para la implementación del sistema de protección establecido en la Ley Nº27378 a favor de las víctimas de los casos de violaciones a los derechos humanos. Existen dos Fiscales Superiores Coordinadores cuyas resoluciones de nombramiento limitan su ámbito de competencia a los procedimientos por colaboración eficaz, específicamente para los casos de terrorismo y anticorrupción, respectivamente. Consecuentemente, no existe – formalmente- un Fiscal Superior Coordinador encargado de la aplicación de beneficios por colaboración eficaz o medidas de protección en los casos de violaciones a los derechos humanos.

      32. Por último, la Defensoría del Pueblo considera que la ejecución de las medidas de protección para las víctimas, familiares de víctimas y testigos de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos debe estar a cargo de una entidad de composición mixta, en la que participen tanto el Estado como organizaciones de la sociedad civil. La inclusión de organismos de derechos humanos, las diferentes iglesias y diversas entidades estatales como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, el Ministerio de Justicia u otra entidad pública, en la ejecución del sistema de protección, contribuiría a dar mayor confianza a los beneficiarios. A su vez, todo ello contribuiría a coadyuvar en el éxito del proceso.”

4.3.- Presiones y Amenazas a Jueces y Fiscales

Hasta el momento se han registrado dos casos de presiones y amenazas a jueces y fiscales que han sido denunciados públicamente.

    1) El 6 de febrero del 2005 la Fiscal Cristina Olazábal encargada de casos de violaciones de derechos humanos recibió amenazas en Ayacucho. A los días siguientes aparecieron algunas paredes pintadas contra la mencionada profesional, con la finalidad de desprestigiarla.

    2) El Juez Willy Ayala del Segundo Juzgado Penal de Huamanga también fue víctima de presiones por los casos de violaciones de derechos humanos que tiene a su cargo.

4.4.- Intimidaciones a Peritos

El 11 de octubre del 2005 la CNDDHH ha recibido un informe de amenazas a los doctores Luis Alberto Rueda Curimania, Carlos Alberto Suarez Canlla y Máximo ángel Banda Roca, miembros del Instituto de Medicina Legal en Ayacucho.

El primer mensaje de amenaza de muerte se recibió en mensaje de texto en uno de los celulares de los médicos el 28 de febrero del 2005, cuando realizaban exhumaciones en el Cuartel Domingo Ayarza (Ex Cuartel Los Cabitos No. 5).

El segundo y tercer mensaje se recibieron los días 9 y 11 de agosto cuando el equipo se encontraba realizando los análisis de los restos encontrados en el Cuartel Domingo Ayarza. Las amenazas indicaban que dejaran de trabajar en este caso o serían asesinados. En uno de los mensajes enviado a Luis Alberto Rueda Curimana, se leía: “ Pedazo de m...., paren las excavaciones o ustedes morirán, lo mismo va para Carlos y Máximo”.

Perú. 11 Octubre 2005
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
[Nota: Este informe fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia del día lunes 17oct05]
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