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15may09


El radicalismo indígena


El pecado original —y quizá único— de los decretos legislativos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: las leyes y los decretos no suelen ser consultados ni con los interesados ni con los especialistas: se imponen, respondiendo con frecuencia a intereses específicos. Y no cabe duda de que las comunidades nativas de la selva tienen particularidades culturales, sociales y económicas que condicionan cualquier propuesta legal o de desarrollo.

Pero me atrevo a afirmar, ucrónicamente, que si los decretos hubiesen sido consultados, también habrían sido rechazados, por la sencilla razón de que Aidesep, financiada ampliamente por fundaciones europeas radicales, es, en buena cuenta, la punta de lanza en el Perú de una estrategia internacional orientada a que los grupos étnicos nativos conquisten la declaración de sus tierras como “territorios étnicos” autónomos en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos, madera y otros recursos no se aplicarían. Territorios que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con países vecinos (la nación jíbara —ashuares, quichuas y otros— y la nación aimara).

Esta estrategia, que afectaría gravemente la soberanía nacional, fue esbozada originalmente por el abogado español Pedro García Hierro, asesor de Aidesep, en un documento elaborado en 1992 a solicitud de la ONG IBIS-Dinamarca. Allí recomienda, además, un trabajo de concientización de las comunidades orientado a desarrollar una capacidad de movilización y avanzar hacia una consolidación interétnica que les permita presentar propuestas unitarias y “sin fisuras”. Esto ya se materializó, por ejemplo, en los acuerdos de los achuares, quichuas y otros pueblos indígenas de no aceptar la entrada de empresas petroleras, madereras y mineras. Y ahora se expresa claramente en la demanda monolítica de derogatoria ciega de los decretos legislativos —pese a que no han podido señalar en ellos nada gravemente ofensivo— y en medidas de fuerza que amenazan con inutilizar las principales fuentes hidrocarburíferas del país.

No sería de extrañar que haya otros elementos caldeando este radicalismo indígena exógeno. La mejor receta, sin embargo, además de defender con las fuerzas del orden la producción energética del país, es el diálogo racional, hasta el hartazgo, hasta disolver el maximalismo radical y recuperar para el país a los dirigentes secuestrados por esas ideologías, y hasta disolver los mitos y desinflar los monstruos, entenderse y llegar a acuerdos sensatos. O, si no es posible pese a todos los esfuerzos, desnudar la verdadera naturaleza de ese movimiento.

[Fuente: Por Jaime de Althaus Guarderas, El Comercio y Canal N, Lima, 15may09]

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