Equipo Nizkor - Vigencia de los derechos humanos durante el gobierno de Alan García (1985-1990)

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DERECHOS

24jul02

Vigencia de los derechos humanos durante el gobierno de Alan García (1985-1990)
Informe de Aprodeh

Indice.

Ejecuciones Extrajudiciales en comunidades campesinas.
Masacres en comunidades campesinas.
Desapariciones Forzadas
Detenciones Arbitrarias y presos políticos.
Torturas
Procesos Judiciales por violaciones cometidas en años anteriores.
Principales hechos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de Sendero Luminoso y el MRTA.
Actuación del grupo Paramilitar "Rodrigo Franco"
Política antisubversiva y otros sucesos relevantes respecto a los derechos humanos.
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Principales violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas y policiales.

Ejecuciones Extrajudiciales en comunidades campesinas.

Masacre de los penales.
En la madrugada del 18 de junio de 1986 los internos de Sendero Luminoso iniciaron en forma simultánea un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, en el Callao; en el Pabellón Industrial del Penal de San Pedro, en San Juan de Lurigancho; y en el Penal de Mujeres Santa Bárbara, en el Callao. Los motines se realizaron cuando en Lima se desarrollaba una conferencia mundial de la Internacional Socialista.
Los amotinados presentaron varias demandas, siendo la principal el temor de un intento de "genocidio" bajo el pretexto de un traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande. Tal temor se basaba en declaraciones y hechos ocurridos luego de que el 5 de mayo de 1986 fuera asesinado el contralmirante Carlos Ponce de León Canessa, un antiguo jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra.
Luego del asesinato, según denunciaron los internos, una patrulla de la Marina habría hecho disparos al azar al Pabellón Azul de El Frontón. Asimismo, el entonces ministro de la Marina, almirante Julio Pacheco Concha, declaró a los medios de comunicación que "... a los asesinos terroristas no los va a amilanar la pena máxima... pero la gente irrecuperable tiene que eliminársele de la sociedad". Y agregó: "sepan los subversivos que han herido profundamente a la institución y al país entero y sepan también que han despertado al león". Los subversivos interpusieron una acción de garantía que fue declarada fundada por el juez, pero fue notificada el 20 de junio, un día después de la matanza.
Los amotinados tomaron de rehenes a miembros del personal penitenciario y de la Policía encargados de la custodia de los penales. A pesar del esfuerzo de las autoridades judiciales, penitenciarias, del Ministerio Público y de la Comisión de Paz por solucionar de manera pacífica la crisis, no lo lograron, pues el Gobierno les restringió el acceso. Pese a las protestas escritas contra la ilegalidad de las medidas que se iban a tomar, los jueces y fiscales fueron desautorizados por el fiscal de la Nación y el presidente de la Corte Suprema.
En horas de la tarde, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla Sandoval, llegó al penal de El Frontón, según el director del penal, manifestando que era por orden del Presidente de la República. El viceministro ordenó la suspensión del diálogo con los internos, pese a la protesta de las autoridades judiciales. El director del penal protestó ante el jefe del servicio penitenciario, pero recibió como única respuesta que era orden del Presidente de la República. A las 4 y 30 de la tarde el juez, el fiscal y las autoridades penitenciaras fueron llevados a las oficinas administrativas, donde permanecieron encerrados hasta las 11 de la noche.
Poco después se dio inicio al asalto por parte de fuerzas especiales de la Marina de Guerra y en el que murieron 3 infantes de marina y resultaron heridos otros 20 y fallecieron al menos 119 internos, la mayor parte de ellos torturados y posteriormente ejecutados, y un gran número de desaparecidos. Según declaraciones de los sobrevivientes, los internos fueron seleccionados y llevados a una zona de la isla llamada "los baños", en donde se escuchaban disparos. La edificación fue demolida en forma delibera después de concluir el develamiento.
Situaciones similares se vivieron en los penales de San Pedro y Santa Bárbara. Luego de los intentos de los magistrados y el personal penitenciario por lograr la rendición de los internos, se inició el ataque de la Guardia Republicana en el Penal de San Pedro y de la Fuerza Aérea del Perú en el de Santa Bárbara. En el primero no quedó ningún sobreviviente -todos fueron ejecutados luego de su rendimiento-, y en el segundo fallecieron dos personas.
Ante la evidencia de ejecuciones sumarias, el Presidente de la República declaró públicamente que se iniciarían las investigaciones, pero las limitó a las ejecuciones cometidas por la Guardia Republicana en el Penal de San Pedro. Éstas fueron encargadas a la Justicia Militar, porque los penales fueron declarados "zonas militares restringidas", y en el caso del penal de El Frontón se entregó la administración de la isla en setiembre de 1986.
Para tratar de ocultar estos hechos los ejecutados fueron enterrados clandestinamente sin la presencia de sus familiares. Varios de los muertos y desaparecidos no eran de Sendero Luminoso, como son los casos de José Pablo Aranda, ejecutado en el penal de San Pedro, y de Policarpio Condori Vargas y Sixto Nicasio Gerónimo, desaparecidos en el penal de El Frontón, quienes eran presos de conciencia de Amnistía Internacional.
En octubre de 1990, una Comisión Investigadora del Congreso concluyó que el Presidente de la República, señor Alan García Pérez, era responsable por la matanza de los penales y se formuló acusación constitucional en su contra. Sin embargo, en alianza con Cambio 90, movimiento del prófugo Alberto Fujimori, el APRA logro la votación necesaria para rechazar la acusación.
Robinson Martín Silva Mori.
Robinson Silva era estudiante del sexto ciclo de contabilidad y dirigente estudiantil de la Universidad Nacional de Huacho y militante de las juventudes del Partido Comunista del Perú que lideraba el entonces senador Jorge del Prado. Él vivía en la casa en construcción de Benito Ramírez Castillo, donde trabajaba como guardián. También se dedicaba a la venta de sillas y muebles de manera ambulatoria.
El 6 de agosto de 1987, a las 2 y 30 de la madrugada, un grupo de policías de la extinta Guardia Civil ingresó en la casa por el techo. El dueño de la casa, quien escuchó ruidos y vio sombras, le avisó a Robinson Silva que "los choros (ladrones) han entrado" y se escondió con su hijo. En la oscuridad, Robinson salió de su cuarto para ver qué sucedía, entonces recibió un impacto de bala en el maxilar inferior que le destruyó la yugular sin previo aviso.
Producida la muerte, los policías registraron toda la casa, pero sólo hallaron sus cuadernos y libros de la universidad, una banderola roja que decía "Izquierda Unida", "Comité de Comensales", "Robinson", "Por una Universidad Científica", y volantes de su candidatura para ser secretario general del Centro Federado de la Facultad de Contabilidad. Luego introdujeron una bolsa plástica con dos mechas, tres balas, unos afiches arrugados alusivos a la lucha armada y tres casetes, cuyo contenido se desconocía.
Durante las investigaciones, el jefe de la 36 Comandancia de la Guardia Civil manifestó que el operativo se realizó por una llamada telefónica que alertaba de supuestas actividades subversivas.
José Ignacio Garnelo Escobar
El 18 de noviembre de 1987, a las 8 de la noche, una columna senderista incursionó en el local de la empresa Nissan, ubicado en la cuadra seis de la Av. Tomás Valle en San Martín de Porres, utilizando un ómnibus robado. En su huida se enfrentó a la Policía, donde fallecieron algunos subversivos.
Después de la incursión, José Garnelo fue detenido en una redada policial en las cercanías del lugar, a quien llevaron con rumbo desconocido para torturarlo: sus pies y manos presentaban quemaduras, sus antebrazos y cara huellas de golpes y rastros de ataduras en sus muñecas. Luego fue asesinado con un disparo en la sien a corta distancia.
Para ocultar el crimen la Policía lo presentó como uno de los subversivos fallecidos y el 19 de noviembre, a las 2 de la madrugada, efectivos de la DIRCOTE allanaron su casa y golpearon a su hermano Ronald Rodolfo Garnelo Escobar, y lo amenazaron para que no presentara denuncia. Sin embargo, la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico por un único disparo con orificio de entrada en la sien, por lo que la Policía tuvo que rectificarse de sus acusaciones.

Casos de:
Juan Pablo Carbajal Hurtado
María Zavala Cayllhua
Armando Huamatingo Villanueva
Manuel Niño De Guzmán Aybar
Leandro Pareja Tapia
y Simona Pérez Tapia

Entre el 7 y el 23 de noviembre de 1988, patrullas del Ejército realizaron una serie de incursiones en las comunidades campesinas de Checcasa, Sallalli y Socco, en los distritos de Justo Apu y Tapayrihua, en la provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, donde detuvieron a un gran número de pobladores, cuya mayoría se encuentra en calidad de desaparecidos.
El 11 de enero de 1988 los esposos Juan Pablo Carbajal Ayvar y María Zavala Cayllhua fueron detenidos, por el Ejército en su cabaña de Llipata, a 2 kilómetros de Checcasa, junto al ganadero Fermín Gonzáles, en presencia de sus menores hijos y del nieto del señor Gonzáles. Luego de robarles el dinero de la venta de su ganado, fueron llevados con rumbo a Santa Rosa por la ruta de Huayquipa.
Luego de la detención en Sallaye se llevaron detenidos a Manuel Niño de Guzmán Aybar y su hermana Rosa Niño de Guzmán, luego de quemar la casa del primero. Con ellos iban Juan Pablo Carbajal y María Zavala a Santa Rosa.
El mismo día, los esposos Armando Huamantingo Villanueva y Matiasa Huashua Huamaní se presentaron en el cuartel militar de Santa Rosa, Aymaraes, pues los militares se habían presentado hasta en tres oportunidades en su casa buscando al primero. En la puerta del cuartel se presentó el jefe de la base y les dijo que Armando Huamantingo "estaba en la lista negra" y que lo buscaban como oro. Lo introdujeron al interior del cuartel, sin permitir el ingreso de su esposa, que fue atajada por varios soldados.
El 28 de enero de 1988, a requerimiento del Ministerio Público, mediante Oficio N° 009-88-CPM-ABANCAY, el jefe político militar de Abancay, coronel de Artillería EP Víctor Márquez Torres, manifestó que los detenidos, junto a la ciudadana María Zavala Bazán, habían fallecido en un supuesto enfrentamiento del Ejército con subversivos el 14 de enero de 1988 en la localidad de Sallaye, Tapairihua, Aymaraes, y que el resto de campesinos desaparecidos "haya escapado al enfrentamiento siendo personal subversivo encontrándose en la actualidad en calidad de refugiados".
Sin embargo, Simona Pérez Tapia había obtenido su libertad provisional en diciembre de 1987, luego de haber estado recluido en el Penal de Abancay por presunto delito de terrorismo. En una visita que hizo APRODEH a ese penal la entrevistó y recibió su denuncia de que fue torturada y violada por el capitán de la Policía de Investigaciones del Perú de apellido Martínez. Tan pronto llegó a su comunidad, fue detenida por el Ejército los primeros días de diciembre de 1987. Se desconoce su paradero. Poco antes, el 23 de noviembre de 1987, una patrulla del Ejército asesinó a Leandro Pareja Tapia en el caserío de Socco, Tapairihua, y su cadáver fue llevado hasta Santa Rosa.
Walter Quispe Añaca y Lucio Condoma Pañiura.
En octubre de 1987, la comunidad campesina Antilla, Abancay, Apurímac, y el Instituto de Salud Hugo Pesce (INSAHP) de Lima celebraron un convenio, por el cual este último se comprometía a realizar un diagnóstico de la situación de la salud en dicha comunidad y enviar a un promotor de salud por 6 meses renovables. En noviembre de ese año, el señor Walter Quispe Añanca, promotor de salud de INSAHP y militante de Izquierda Unida, se instaló en la ciudad de Curahuasi con su esposa e hijos e inició su trabajo en la comunidad de Antilla.
El 18 de enero de 1988, una columna de Sendero Luminoso ingresó en la comunidad y asesina al teniente gobernador, Luciano Valderrama Zavala, y amenaza de muerte al presidente, Pedro Pablo Gómez Ccahua, en un intento de intimidar y controlar a la población. Al día siguiente, el señor Walter Quispe Añancas fue detenido por la fenecida Guardia Republicana en Curahuasi y puesto a disposición de la también fenecida Policía de Investigaciones del Perú. Al demostrarse su total inocencia de los cargos imputados, fue liberado el 3 de febrero.
A fines de enero, y en respuesta al ataque senderista, la comunidad campesina decidió, en asamblea comunal, reactivar y reorganizar su ronda campesina. Ello fue comunicado a las autoridades distritales de Curahuasi y del Comando Político Militar de Abancay.
El 4 de marzo, a las 9 y 30 de la mañana, una patrulla de unos 28 policías de la Guardia Republicana llegó a Antilla, e intentó sin éxito convocar a la población a una asamblea, que por temor se había dispersado. Los policías se quedaron hasta las 5 y 30 de la tarde y luego se encontraron con una patrulla del Ejército, proveniente de Alpaccocha, en la quebrada de Huilca Huilca y, luego de almorzar, se dirigieron de nuevo a Antilla, a donde llegaron a las 7 de la noche. Pernoctaron en la capilla de la comunidad a las 4 de la madrugada del 6 de marzo. A esa hora la Guardia Republicana se retiró con rumbo al puente Cunyac, mientras que la patrulla del Ejército se quedó esperando a Walter Quispe Añanca.
Él había salido de Curahuasi el 3 de marzo rumbo a Antilla, acompañado del joven Lucio Condoma, para despedirse de sus hermanas que allí vivían y quienes tenían planificado viajar a Lima para seguir sus estudios superiores. Ellos llegaron a Puca Puca y de allí partieron en asemilas acompañados de Leoncio Alarcón, encargado de traer los animales de regreso. Llegaron a Totorpampa, donde pernoctaron. A las 9 de la mañana del 4 de marzo vieron, cerca de Antilla, la llegada de la patrulla de la Guardia Republicana. Entonces Leoncio Alarcón decidió regresar a Puca Puca con los animales y Walter Quispe y Lucio Condoma se dirigieron a Chizillo y a Trigo Orcco, donde pernoctaron.
A las 5 de la madrugada del 5 de marzo se dirigieron a Antilla, subiendo a Hualla Hualla, y en la noche fueron a Ascomarca, para descansar en la escuela de Antilla. Walter Quispe se quedó en la casa de la familia Azurín y Lucio Condoma en la casa colindante.
A las 4 de la madrugada del 6 de marzo la patrulla del Ejército allanó la vivienda de Dominga Soto, viuda del teniente gobernador asesinado por Sendero Luminoso, y bajo amenaza le preguntaron "por el ayacuchano", refiriéndose a Walter Quispe Añancas. La viuda le indicó el lugar donde pernoctaba. Los militares irrumpieron violentamente y se llevaron detenidos a Walter Quispe y Lucio Condoma.
A las 6 de la mañana los militares llegaron a Millasa, donde señalaron a un poblador que habían capturado a los asesinos del teniente gobernador de Antilla. Luego se dirigieron a Suertiyoc, en donde torturaron salvajemente a Lucio Condoma y luego de amarrar sus pies y manos, con las rodillas replegadas al cuerpo, le dispararon varias veces y arrojaron su cuerpo a un precipicio de más de 1 kilómetro de profundidad. En forma extraña, la autopsia dijo que el cadáver no presentaba impactos de bala y se consignó como causa de la muerte "politraumatismo grave".
Los militares se dirigieron con el señor Walter Quispe hacia el puente Cunyacc, pasando cerca a Pataccarhua, donde varias personas lo reconocieron: vestía como militar pero calzaba ojotas. Allí se detuvieron para tomar gaseosas y cervezas. Una hora después llegaron dos camiones militares para llevarse a los soldados y al detenido. Entre las 6 y la 7 de la noche pararon en una tienda de la carretera, a la altura del cruce del ramal a Cachora. A pocos kilómetros en el abra de Soccllaccasa, paraje de Leccleccpampa, se encuentra un silo abandonado del Ministerio de Agricultura. Allí, dos campesinos encontraron el cadáver de Walter Quispe Añanca, el 9 de marzo.
El 10 de marzo se hizo el levantamiento del cadáver, que mostraban visibles huellas de maltratos, cortes con arma blanca en la parte anterior del tórax, sección de algunas falanges de los dedos mientras estaba amaniatado, los cuales fueron encontrados dentro de su ropa interior; y fue asesinado con perforaciones punzo cortantes en el corazón y los pulmones. La autopsia comprobó todo ello: señaló como causa de la muerte "shock hipobolémico".
El 7 de abril de 1988, el Senado nombró a su Comisión de Derechos Humanos como comisión investigadora. El 10 de setiembre de 1988, la mayoría de la Comisión, formada por los senadores Andrés Quintana Gurt Sara, Javier Valle Riestra Gonzáles, Carlos Enrique Melgar y José Navarro, del Partido Aprista Peruano, emitieron un informe señalando que "no se ha podido precisar quiénes han sido los autores de la muerte".
Sonia Lizbet Muñoz Vega de Yangali
La señora Sonia Muñoz vivía en el Jr. 28 de julio, en Churcampa, Huancavelica. En su casa tenía una tienda y una concesión de la oficina de correos. El 23 de noviembre de 1983 los militares secuestraron a su esposo Fortunato Yangali Huachaca, quien hasta la fecha permanece en calidad de desaparecido.
Entre las 2 y 3 de la madrugada del 18 de mayo de 1988 unos 8 soldados, que llevaban ponchos aparentando ser campesinos, allanaron su vivienda. Dentro de la casa le gritaron "¡soplona!" y la golpearon en el rostro reiteradamente ante su férrea oposición a ser secuestrada.
Los militares, luego de atarla y amordazarla, la llevaron a rastras, a pie, hasta la base militar de Churcampa. En el camino, a dos cuadras de su casa, los militares se pusieron sus uniformes y se unieron otros militares. En la Base Militar permaneció hasta las 5 de la madrugada, después fue llevada al cuartel militar de Castropampa, en Huanta, amarrada y envuelta en una frazada, en un vehículo militar. Llegaron a las 8 de la mañana.
En el cuartel de Castropampa fue salvajemente torturada. Ella fue colgada de las manos a una viga y golpeada brutalmente, para luego aplicarle electricidad en el vientre y en la espalda por varios minutos. Los militares le preguntaban por su labor en la oficina de correos.
Según el testimonio de la señora Muñoz:
"el Capitán alto que me sacó de mi casa ... me dice: avísate avísate, a quienes has entregado las cartas, ...esta mujer desgraciada, concha su madre, no va a hablar nada, es mejor colgarla, entonces me colgaron así de la mano y boca abajo; entonces mis pies me amarraron así ... y ahí me tenían colgada, ... entonces me tenían torturada, de la frente ya salía agua ya..., tú tienes que seguir hasta que digas a quiénes has entregado carta, tienes que avisar a dónde has mandado cartas y de dónde han llegado, ...el sargento ya comenzó a patearme; en esos momentos sacó corriente me puso en el vientre y en la parte posterior, más o menos 10 minutos que me duraban; ... entonces me llevaron a un cuarto y me baldearon todo para que los golpes se bajen y ahí me dejaron otro rato más, ...el capitán dijo: son las doce tengo que descansar yo también ¡vuelve a colgar a la mujer! porque no habla nada, y me volvieron a colgar otra vuelta y me tenían colgada, ya cansaba todito el cuerpo, ahí en la mesa... había bastante listas, incluso mi sobrina ahí he visto su nombre que estaba anotado..."
Entre sus torturadores estaba uno que los militares que, según decían, tenía el mismo apellido de la víctima, Muñoz, y otro que le decían "Capitán Ronald".
En Castropampa permaneció hasta las 6 y 30 de la tarde aproximadamente y fue subida al mismo vehículo que la trajo atada y envuelta en una frazada. Los militares le dijeron que la iban a llevar a su casa. En el camino, luego de pasar el puente de Ajicomachay, a la altura de una laguna, los militares la bajaron y le dijeron que se dejara amarrar las manos y la boca y que se pusiera de cuclillas, luego sintió un fierro en su cabeza, mientras le decían "ahora si te vas a tu casa", luego sintió dos golpes en la cabeza y chispas y un dolor en el pecho; había recibido tres impactos de bala que milagrosamente no acabaron con su vida. Los militares le echaron un poco de tierra y le dejaron un papel con un mensaje subversivo sujetado con una piedra.
La señora Muñoz contuvo la respiración y simuló estar muerta, esperando a que los militares se retiraran. Una vez que vio que el vehículo militar estuvo lejos, logró desatarse y se dirigió a Juscay, allí pidió auxilio, pero inicialmente le negaron ayuda por temor a represalias. A pesar de ello, llegó a casa de sus familiares, quienes la trajeron a Lima para que sea atendida.
Coqui Huamalí Sánchez
Coqui Huamalí Sánchez era un conocido abogado defensor de los derechos humanos de Pasco, integrante del Comité de Derechos Humanos de ese departamento, asesor legal del Sindicato de Trabajadores Mineros de Centromin-Perú, que a la fecha de su muerte había iniciado una huelga general, y militante del Partido Socialista Revolucionario (PSR), por el cual venía postulando a la Alcaldía Provincial de Pasco.
El 23 de agosto de 1989, cerca de la una de la madrugada, unos 10 militares uniformados fuertemente armados allanaron su vivienda situada en Jr. José Olaya Nº 405, San Juan Pampa, Pasco. Según testigos de los hechos, uno de los militares ingresó escalando a la casa e intentó llevarse al padre de la víctima, Sabino Huamalí Arias. Entonces salió en su defensa y fue llevado a viva fuerza al exterior. El mismo militar intentó llevarse al señor Sabino Huamalí, pero otro de los militares le dijo "déjalo ya, que aquí ya está Coqui". Antes de llevarse a Coqui Huamaní, los militares mataron al perro de la casa y amenazaron a sus familiares para que no salieran.
Pese a las amenazas, tan pronto se fueron los militares, sus familiares salieron en su búsqueda. Primero se fueron a las delegaciones de la Policía Técnica y de la Policía de Seguridad para solicitar protección, incluso hablaron con el comandante Ruíz, jefe de la Policía de Seguridad, pero se negaron a ayudarlos.
Entre las 3 y las 4 de la madrugada, los familiares oyeron disparos en el lugar donde después hallarían el cuerpo de Coqui Huamalí, en el barrio Paragsha, lugar donde Centromín Perú depositaba sus desmontes. El cuerpo estaba de cubito ventral, en un charco de sangre, con visibles huellas de maltratos físicos y presentaba cuatro impactos de bala en la cabeza con tres orificios de entrada por la parte posterior y uno en el rostro. Para aparentar que los autores habían sido subversivos, los autores pusieron un papel escrito en tinta negra con la palabra traidor y una hoz y un martillo. Cerca del lugar se encontraron los casquillos de las balas, según los peritos, de 9 milímetros.
Hugo Bustíos Saavedra y Delfín Ortíz Serna.
Los periodistas Hugo Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce, corresponsales de la revista Caretas y del diario Actualidad respectivamente, investigaban la muerte de dos campesinos, Primitiva Jorge Ayala y Guillermo Sulca Jorge, presuntamente asesinados por Sendero Luminoso en la localidad de Erapata, en el distrito y provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, ocurrido el 23 de noviembre de 1988.
Ellos habían intentado viajar a dicha localidad el 24 de noviembre, pero las autoridades militares de Erapata les había denegado el ingreso a la zona, tal como también habían hecho contra miembros de la Policía Nacional encargados de la investigación de los asesinatos. El señor Bustíos se comunicó con el jefe político militar de Huanta, quien le manifestó que se presentara al cuartel Castropampa, a donde llegó a 11 y 30 de la mañana, acompañado de su esposa y del periodista Eduardo Rojas Bustíos, donde recibió el compromiso de dar aviso a la base de Erapata.
Luego de dejar a su esposa en su casa, Bustíos Saavedra y Rojas Arce salieron hacia Erapata en motocicleta. A unos 300 metros antes de llegar a Erapata, encontraron en el camino a una patrulla de la Policía que iba a pie hacia el lugar y poco después de sobrepasarlos los periodistas fueron atacados por disparos de arma de fuego que provenían del lado izquierdo del camino. Pese a que dieron la voz de que eran periodistas los disparos continuaron, cayendo ambos heridos. Hugo Bustíos recibió las heridas más graves y sólo atinó a decirle a su compañero "corre, corre, no te dejes matar, no seas cojudo, estos no son terrucos". Eduardo Rojas Arce, con dos disparos en el brazo izquierdo y uno en el muslo derecho, logró escapar y llegar a Erapata y, al retornar al lugar acompañado de militares, encontró el cuerpo sin vida de Hugo Bustíos, destrozado por una carga explosiva.
De los hechos hubo varios testigos, uno de los cuales, Alejandro Ortiz Serna, fue asesinado en mayo de 1989 en circunstancias nunca esclarecidas. La muerte de este testigo estaba anunciada: él y la esposa de Hugo Bustíos habían recibido amenazas y pese a haber solicitado garantías personales al Ministerio Público, nunca le fueron otorgadas.
Debido a ello, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó, el 5 de junio de 1990, medidas cautelares en favor de la esposa de Hugo Bustíos, de Eduardo Rojas y de los testigos, requiriendo al Estado Peruano para que "adopte sin dilación cuantas medidas sean necesarias para proteger el derecho a la vida y a la integridad personal" de dichos ciudadanos.
En agosto de ese mismo año se realizó una audiencia en la Corte Interamericana, en donde la Comisión Interamericana difundió que la única medida que se conocía que el Estado Peruano había hecho para hacer cumplir la medida cautelar "era una citación... por radio por la que se convocaba a las personas amenazadas a comparecer a un establecimiento militar para coordinar las medidas provisionales", lo que a su entender "tendría carácter intimidatorio en vez de constituir una medida protectora". El representante del Estado Peruano tuvo que reconocer que "su país había incurrido en 'cierta negligencia'". El 8 de agosto, el pleno de la Corte Interamericana ratificó la medida cautelar toda vez que el Perú "no pudo precisar en la audiencia si su Gobierno había dado cumplimiento a dichas medidas y de qué manera lo había hecho".
En 1991 por investigaciones periodísticas se conoció a los responsables del crimen, el comandante del Ejército y jefe político militar de Huanta, Víctor Fernando La Vera Hernández, quien utilizaba un nombre falso, Javier Landa Dupont, y el capitán del Ejército, Amador Vidal Sambento, quien se hacía llamar "Ojos de gato", contra quienes se abrió proceso penal ante el juez instructor de Huanta, doctor Moisés Ochoa Girón. Este juez fue también objeto de amedrentamiento. El 4 de junio de 1991 una patrulla de 30 soldados al mando de un capitán del Ejército, identificado con el apelativo de "Tauro" allanaron su domicilio para buscar supuestos subversivos. Ante el reclamo del magistrado, el militar se limitó a decir que actuaba por "orden superior".
En julio de 1991, el entonces senador de la República, Javier Diez Canseco, hizo público la hoja informativa Nº 001-91-/SRM-AJ, suscrita por el comandante general de la Segunda Región Militar, a cargo del general de división José Valdivia Dueñas, implicado en la matanza de Cayara, en el que se recomendaba "coordinar con las autoridades judiciales del Fuero Privativo, a efecto de que el proceso que se viene siguiendo en el Sexto Juzgado Militar Permanente... sea acelerado con la finalidad de lograr una pronta resolución, que le ponga término y evitar cualquier proceso ulterior", es decir, lograr la impunidad de los autores del crimen, mediante una resolución judicial de la Justicia Militar que los absolviera y así evitar que el Poder Judicial pudiera continuar con sus investigaciones.
María Guinarita Pisco Pizango; Juan Pablo Saboya Puerta; Wenceslao Saboya Puerta; Carlos Saboya Puerta y Alipino Vargas Saboya.
El 5 de enero de 1988, a las 7 y 30 de la mañana, una patrulla militar de unos 20 soldados ingresaron en la vivienda de la señora María Guinarita Pisco Pizango, en el fundo Nuevo Junín, Valle del Sisa, distrito de San Martín de Alao, Lamas, San Martín. La mantuvieron cautiva junto a sus tres menores hijos de 6, 4 y 3 años, entre ellas María Guinarita Saboya Pisco, quien sufre de poliomielitis en ambas piernas, y sus cuñados Wenceslao y Carlos Saboya Puerta.
Allí fueron torturados por espacio de unas dos horas. Después se llevaron a los adultos al destacamento del Ejército en San Martín de Alao, donde los militares continuaron con las torturas. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, ante la protesta de la población, sólo la señora María Guinarita fue puesta en libertad. Hasta la fecha sus cuñados permanecen en calidad de desaparecidos.
La señora María Guinarita retornó a su fundo acompañada de su madre para poner orden en su casa y por temor a ser objeto de una represalia de los militares decidió irse al poblado de Alto Roque, a unas tres horas de San Martín de Alao, donde permaneció refugiada.
Los temores de la señora María Guinarita se hicieron realidad. El viernes 8 de enero otra patrulla del Ejército detuvo a su esposo Juan Pablo Saboya Puerta y a su primo Alpino Vargas Saboya cuando estaban trabajando en la chacra, quienes fueron conducidos a la casa del primero, donde permanecieron hasta el día siguiente. Allí los militares los obligaron a matar sus animales para darles de comer.
El 9 de enero, los detenidos fueron llevados al destacamento del Ejército en San Martín de Alao. Personas que allí estuvieron detenidas y lograron salir en libertad, avisaron a sus familiares haber visto a los tres detenidos.
A las 4 y 30 de tarde del domingo 10, los tres detenidos fueron trasladados en helicóptero al cuartel Morales de Tarapoto, base principal del Frente Huallaga del Ejército. Desde entonces nunca más se supo de sus paraderos.
Enterada de los hechos, la señora María Guinarita viajó a Tarapoto el 14 de enero, en donde se encontró con la madre de su esposo, Juana Puerta Vela, quien viajó desde Moyobamba. Juntas contrataron los servicios de un abogado y presentaron sus denuncias ante la Policía y el Ministerio Público. Como las autoridades les exigieron documentos que acreditaran la preexistencia de los desaparecidos, tales como partidas y documentos de identidad, la señora María Guinarita regresó a San Martín de Alao el 16 de enero para recabar la documentación solicitada y se quedó alojada en la casa de sus padres, en el fundo Reátegui.
El domingo 17 de enero, a la medianoche, 5 soldados del ejército allanaron la casa de sus padres. Los ataron de manos y pies, les vendaron los ojos y les llenaron la boca con papel higiénico con excremento, y luego se llevaron a la señora María Guinarita a puntapiés.
Al día siguiente, a las 3 de la tarde, los padres fueron liberados e iniciaron la búsqueda de la señora María Guinarita, a quien encontraron sin vida a las 5 y 30 de la tarde, a unos 100 metros de la casa. Ella estaba tirada en el suelo con las piernas sobre un tronco, las manos atadas hacia atrás, con los ojos vendados, la boca llena con un trapo y sus cabellos atados a un arbusto. Presentaba un disparo en la frente y huellas visibles de tortura en todo el cuerpo. Su ropa interior estaba llena de sangre y al parecer habría sido objeto de actos contra natura como parte de las torturas. El juez de paz de San Martín de Alao, acompañado de un médico de San José de Sisa, un dentista, dos campesinos y dos policías pudieron hacer el levantamiento del cadáver, pese a la oposición del Ejército que pretendía que el cadáver fuera enterrado en el lugar del crimen.
Mediante carta del 25 de enero de 1988, la Federación Agraria Selva Maestra (FASMA) hizo llegar la denuncia de los hechos al entonces Presidente de la República, Alan García Pérez, en la que le manifestaron que:
"queda pues bien claro de cómo se violan los derechos humanos y lo que es más no hay juez ni fiscal que tenga la suficiente valentía de asumir la responsabilidad y hacer justicia en el departamento de San Martín..., por lo que el campesinado de San Martín no está dispuesto a callar, estamos más bien decididos a denunciar estos execrables crímenes contra nuestra población, ..., pero primero queremos ver y escuchar la actitud de su autoridad como jefe supremo de las fuerzas armadas, teniendo en cuenta Señor Presidente que los que están muriendo asesinados y mucho más en las formas inhumanas, no son animales son campesinos a los que Ud. y su gobierno dicen defenderlos"
En respuesta a su denuncia, la Fasma recibió el 13 de octubre de 1988, el Oficio Nº 2035/88/SGPR, mediante el cual se le remitía copia fotostática del Oficio Nº 2704-MD-SG/EP/03.02, del Ministerio de Defensa, en el que parcamente se señala que supuestamente se había "podido determinar y comprobar que el Ejército en ningún momento ha intervenido para detener a los ciudadanos ALPINO VARGAS SABOYA, WENCESLAO y JUAN PABLO SABOYA PUERTA, y tampoco ha dado muerte a la señora MARIA GUIMARITA PISCO PIZANGO".
Aladino Melgarejo Ponce; Fernando Mejía Egoechaga y Raquel Martin Castillo.
Aladino Melgarejo Ponce era profesor y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP). Fernando Mejía Egoechaga era abogado asesor de las comunidades nativas Amueshas, Yaneshas y de asentamientos humanos, presidente del Comité Provincial de Izquierda Unida de Oxapampa, secretario general del UNIR de Oxapampa y miembro de la Asociación de Abogados de Oxapampa. La señora Raquel Martín era esposa de este último.
El 14 de junio de 1989 una patrulla militar del cuartel militar BIM 31 "9 de Diciembre" de Huancayo llegó a Oxapampa y se instaló en la biblioteca municipal. Al día siguiente los militares se reunieron con el alcalde, el subprefecto y el jefe del Proyecto Especial Pichis-Palcazu. Ese mismo día, en horas de la noche, usando un vehículo oficial del Proyecto Pichis-Palcazu, se realizaron las detenciones.
A las 10 y 15 de la noche los militares allanaron violentamente la casa de Aladino Melgarejo y se lo llevaron detenido para que les indicara el domicilio de Fernando Mejía, a donde llegaron a las 11 y 15 de la noche. En forma violenta la allanaron y se lo llevaron detenidos. Media hora después, los militares retornaron otra vez a su casa y el oficial a cargo le exigió a su esposa que le entregara los documentos personales del detenido. Y luego la violó. La esposa se percató que dicho oficial estaba ebrio y advirtió que, mientras se retiraba, se le cayeron algunos documentos.
El 16 de junio la esposa de Fernando Mejía se presentó a las delegaciones policiales y al cuartel militar de Oxapampa, en donde le informaron que desconocían sobre la detención. Inclusive en el cuartel los militares la agredieron verbalmente y amenazaron con sus armas.
El 18 de junio le informan que los cadáveres de las víctimas habían sido hallados a la altura del puente del río Santa Clara, cerca de Oxapampa, a donde llegó acompañada del juez suplente y 3 policías para realizar el levantamiento de los cadáveres.
Los cuerpos estaban tirados en un radio de 10 metros, con visibles huellas de torturas en diversas partes, tales como laceraciones, escoriaciones y heridas punzo penetrantes; parte del cráneo había sido destrozado por los impactos de bala y el ataque de animales. Según vecinos del lugar, el día viernes 16, en horas de la madrugada, escucharon varios disparos por la zona donde aparecieron los cadáveres.
Luis Alberto Álvarez Aguilar y José Abel Malpartida Páez.
El 26 de noviembre de 1989, a las 11 y 30 de la mañana, Luis Alberto Álvarez Aguilar salió de su casa, avisando que volvería para almorzar. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, también salió José Abel Malpartida Páez, quien llamó a las 5 de la tarde para avisar que pasaría a recoger a su madre en su centro de trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos regresó a sus domicilios.
Al día siguiente sus familiares recorrieron, preocupados, delegaciones policiales y hospitales de Lima, sin dar con el paradero de las víctimas. La familia de Luis Alberto Álvarez Aguilar recibió una llamada anónima avisándole que los dos jóvenes habían sido llevados a la delegación policial de Infantas, en el distrito de San Martín de Porres.
El 28 de noviembre apareció en los diarios la noticia de que los cuerpos de ambos jóvenes habían sido encontrados en el Km. 53 de la carretera Panamericana Sur, en el balneario de San Bartolo. Cerca del lugar se encuentra un campo de entrenamiento de la División de Operaciones Especiales de la Policía.
Los cuerpos de las víctimas habían sido amarrados entre sí a la altura del tórax y se les puso un artefacto explosivo en el centro. Producto de la explosión la cabeza, brazos, manos y parte del dorso de uno de las víctimas se esparcieron en un radio de 300 metros. Y el abdomen mutilado del otro se encontró a una distancia de medio metro. Según la autopsia, las víctimas estaban vivas al momento de la explosión. Además, la familia recibió la información verbal de que el explosivo utilizado era gelatina C-4, de uso militar.
Ambos jóvenes fueron detenidos en anteriores oportunidades por la Policía, acusados de terrorismo, y fueron puestos en libertad al encontrárseles inocentes. Luis Álvarez había sido detenido el 30 de abril de 1989 y José Malpartida Páez el 1 de mayo de ese año. Además, este último era primo de Ernesto Castillo Páez, estudiante universitario que un año después fue desaparecido por la Policía en el distrito de Villa El Salvador.

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Masacres en Comunidades Campesinas.

PUCAYACU
A menos de 15 días de iniciado el mandato del gobierno de Alan García Pérez, se produjo el primer operativo militar que terminó en una matanza. El 4 de Agosto de 1985 en la ciudad de Huanta, luego de la captura del presunto senderista Marcos Laura Jorge (alias "Raúl") fueron detenidas 9 personas y llevadas a la Base Militar de Castropampa donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas. Dos mujeres fueron liberadas y los 7 restantes fueron trasladados a Pucayacu. Allí fueron ejecutados por orden del teniente De la Cruz Salcedo, quien entregó al suboficial de tercera José Gutiérrez Herrada una pistola ametralladora ordenándole que los matara con dos tiros en la cabeza a cada uno. Los enterraron en dos fosas que habían excavado previamente.
Luego de denuncias públicas, el general César Enrico Praeli, jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, reconoció las ejecuciones y dimite. Según la Comisión Investigadora del Senado, los responsables fueron procesados en el Fuero Militar por delito de negligencia y abuso de autoridad. El oficial Gutiérrez Herrada fue sometido a examen psiquiátrico, hecho que la comisión consideró como una estrategia para declararlo inimputable.
ACCOMARCA
Pocos días después de la matanza de Pucayacu, un nuevo operativo del Ejército terminaría en una nueva masacre en la comunidad campesina de San Agustín de Accomarca, distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. Fueron cruelmente asesinados más de 60 personas, incluidos ancianos y niños, cuyas edades fluctuaban entre meses de nacido y doce años.
Según las denuncias realizadas, el 9 de agosto patrullas del Ejército que traían a un detenido, llegaron en dos helicópteros a la comunidad de San Sebastián de Huamanmarca, distrito de Huambalpa. Allí detuvieron a 7 ancianos que los asesinaron degollándolos. Después de saquear e incendiar varias casas se dirigieron a los barrios de Lloclla y Huancayoc, donde continuaron con los saqueos.
En la mañana del 10 de agosto los militares ingresaron al poblado de Pitecc, donde se venía realizando una feria, y a Ahuaccpampa, donde también se produjeron saqueos, robos y maltratos a la población civil indefensa. En dichos lugares habrían asesinado a Seferino Baldeón Palacios, Pelayo Quispe Palacios y Cornelio Quispe Baldeón, para luego retirarse a Vilcashuamán.
El 13 de agosto, las patrullas del Ejército regresaron en tres helicópteros e ingresaron a las comunidades de Quinuas y Runcúa. Los militares, luego de saquear dichos poblados se dirigieron hacia Pitecc, donde se produjeron nuevos destrozos y ataques a la población indefensa. Allí se encontraron con otras patrullas que llegaron por tierra de Vilcashuamán y Huambalpa, con dirección hacia Accomarca, donde se quedaron a acampar hasta el día siguiente, fecha en que se produjo la matanza.
El 14 de agosto de 1985, a las 6 y 30 de la mañana, las patrullas del Ejército, una de ellas dirigida por el subteniente del Ejército Telmo Hurtado Hurtado, ingresaron a la localidad de Llocllapampa. Los pobladores, asustados por la presencia de los militares, huyeron despavoridos. Los militares les dispararon y mataron a 5 personas.
Según los testigos que se encontraban escondidos, al llegar sacaron a viva fuerza a todos los pobladores que estaban escondidos en sus casas, incluyendo mujeres y niños. Con el pretexto de realizar una asamblea, fueron llevados a la vivienda del comunero César Gamboa. Previamente, las mujeres fueron llevadas hacia una acequia, donde al parecer fueron violadas, pues los testigos que estaban escondidos en el monte escucharon sus gritos.
En la vivienda los militares acusaron a los pobladores de terroristas y hacia el mediodía los encerraron e incendiaron la casa con todos los detenidos vivos, mientras procedían a disparar a la casa. Finalmente, lanzaron granadas. Según los pobladores fueron ejecutados 39 adultos y 23 niños.
Según la versión del Ejército, los días 1, 5 y 7 de agosto de 1985 se produjeron enfrentamientos con Sendero Luminoso en Sarhua, Caracha y Putaccassa, donde se habría detenido a Enrique Gamboa, Alejandro Gamboa, Leoncio Chuchón y Marcelino Gómez Ticse, quienes habrían manifestado en los interrogatorios que tenían como destino Accomarca, "donde los esperaban sus compañeros con comida". Con esta información se dispuso un operativo conjunto de 4 patrullas militares en Accomarca, Accmay, Chincho, Cayara y Llocllapampa, en donde las patrullas al mando del subteniente David Castañeda y el teniente Guillermo Paz Bustamante habrían dado muerte a sospechosos, civiles y se "elimina a dos terroristas comunistas que huyen".
Durante las investigaciones se tuvo acceso a los partes de combate del subteniente EP Telmo Hurtado. Uno de ellos, el informe Nº 012/THH, del 17 de agosto de 1985, que estaba dirigido directamente al general de brigada Wilfredo Mori Orzo, tenía como referencia "Su orden verbal" de dicho general. Dio a entender que la matanza fue producto de una orden impartida.
Los generales del Ejército Wilfredo Mori y Sinesio Jarama declararon públicamente que las denuncias sobre la masacre constituyó una campaña de los subversivos para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, versión que pretendieron sustentar ante las comisiones del Congreso. Sin embargo, a mediados de setiembre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado oficial en la que tuvo que reconocer los hechos. Ambos generales tuvieron que ser destituidos de su cargo y el primero de ellos pasó a la situación de retiro.
El 11 de setiembre de 1985 el pleno del Senado nombró una Comisión Investigadora bajo la presidencia de Javier Valle Riestra, para investigar las matanzas de Pucayacu y Accomarca, a la que el Ejército impidió que pudiera entrevistar formalmente a Telmo Hurtado. Sin embargo, en una entrevista informal en el cuartel BIM 51 Los Cabitos, en Ayacucho, con relación a la subversión, el militar manifestó:
- "La mayoría es gente que actúa en contra de nosotros, por la ideología que lleva ya es muy difícil de volverlos a captar...
- ... como le dije, yo he tomado la determinación de eliminarlos.
- ...
- ..., ellos utilizan todos los medios..., utilizan niños, mujeres, ancianos, cualquier ardid que tengan ellos para salir a favor de ellos.
- Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño, en estos momentos que estamos viviendo, ...
- Los comienzan a adoctrinar desde los años, tres años, cuatro años, ..., los llevan por distintos sitios.
- Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes"
Aunque Telmo Hurtado pretendió con estas declaraciones exculpar a los altos mandos, quedó en evidencia que la matanza respondía a una política de guerra sucia establecida desde el Estado, tal como refirió el general Sinesio Jarama ante el Congreso:
"La población sirve a la subversión para sustentarla... para curar sus heridas... para darle protección y encubrirla... para renovar sus cuadros...
La contrasubversión debe impedir que la subversión gane a la población y debe encuadrarla dentro de sus planes; ... y como lo señala el Operativo Huanccayocc de eliminar las zonas rojas".
El 13 de setiembre de 1985 el congresista Fernando Olivera viajó a Accomarca constatando la presencia de militares en lugar. Allí recibió la denuncia de los pobladores del lugar, quienes le informaron que los soldados habían llegado unas horas antes y seguían ejecutando personas. Una hora después encontró cinco cadáveres, entre ellos un niño, que habían sido asesinados ese día. Según los pobladores los militares también atacaron el lugar el 8 de setiembre.
El 18 de setiembre de 1985, el presidente de la Comisión Investigadora, senador Javier Valle Riestra, viajó a Ayacucho para entrevistar a testigos y señaló a los medios de comunicación que "aquí lo que hay es una doctrina castrense, que señala que todo fin justifica los medios, una doctrina que quiso ir a una guerra ilegítima". Sin embargo, dos días después el presidente Alan García se presentó en el balcón del Palacio de Gobierno con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para declarar que "por hechos individuales no se puede abrir un capítulo de escarnio en contra de las instituciones tutelares". Agregó que iba a convertir su balcón en trinchera para defender a las Fuerzas Armadas contra la demagogia de los traficantes de cadáveres.
El 12 de octubre de 1985 la Comisión Investigadora emitió sus informes finales. La mayoría concluyó que "los hechos de Pucayaccu y Accomarca, se inscriben dentro de la política contrainsurgente que tiene su origen en el régimen anterior, muchas veces violadora de los derechos humanos" y que "los autores materiales de los hechos son solamente la pieza de engranaje y es necesario estudiar si actuaron en virtud de órdenes verbales o sí actuaron así porque así se les ha formado".
Los senadores Andrés Quintana-Gurt Sara y Felipe Osterling Parodi suscribieron un informe en minoría, de 4 páginas, en el que concluían que se había cometido homicidio calificado múltiple, pero que "aún cuando la naturaleza del delito cometido determinaría la competencia del Fuero Común, no corresponde a la Comisión pronunciarse al respecto [como si lo hizo la mayoría], porque siendo la resolución de la competencia un acto jurisdiccional, ella pertenece exclusivamente al Poder Judicial".
En marzo de 1986 la Primera Sala Penal de la Corte Suprema entregó la competencia del caso a la Justicia Militar. El proceso seguido ante la Segunda Zona Judicial del Ejército fue sólo por abuso de autoridad y negligencia y no se incluyó a ningún autor intelectual. En 1989, pese a seguir en calidad de procesado y haber reconocido ser el autor material de la matanza, el teniente Telmo Hurtado continuó prestando servicios y fue ascendido al grado capitán.
El 28 de febrero de 1992, la Sala de Guerra del Ejército sentenció a Telmo Hurtado a 6 años de prisión por delito de abuso de autoridad, con agravante de falsedad. Así lo absolvía del delito de homicidio calificado, negligencia y desobediencia. También se absolvió a todos los integrantes de su patrulla y se concedió para los familiares de las más de 60 víctimas una reparación de 500 nuevos soles. Entre sus fundamentos, la sentencia señala lo siguiente:
"...luego de detener a los presuntos subversivos que pretendían escapar inmotivadamente y del interrogatorio preliminar y del interrogatorio preliminar..., estableció que se trataban de elementos subversivos..., circunstancia ésta que lo hizo presumir fundadamente que su vida corría peligro...
..., la conducta de dicho acusado tiene que ser apreciada de manera distinta a los que se puedan realizar en una situación de vida normal y de acuerdo a la doctrina jurídico-penal-militar, la violencia y daños que se causen en acciones militares de guerra, con el orden público subvertido y en peligro la seguridad de la República no pueden reputarse como delito de HOMICIDIO ..."
El 24 de febrero de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar, en vía de revisión confirmó la condena impuesta y la reparación de 500 soles.
Estas sentencias no fueron de conocimiento público sino hasta mayo de 1999, en que a través de los medios de comunicación la opinión pública se enteró que el señor Telmo Hurtado Hurtado seguía laborando normalmente en la Sexta Región Militar del Ejército y que incluso ya había ascendido a mayor.
Comunidades de UMARU y BELLAVISTA
El 26 de setiembre de 1985 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas publicó el Comunicado Oficial Nº 012-CCFFAA/RRPP, informando de un supuesto enfrentamiento entre una patrulla de la Base Contrasubversiva de Cangallo con subversivos a un kilómetro de la localidad de Bellavista - Pompin, así como la incursión en la localidad de Inca Raccay y la posterior persecusión de subversivos en las localidades de Bellavista y Umaru, en la provincia de Cangallo, Ayacucho, dentro del marco del plan operativo denominado "Pulpo". Según la versión militar habrían fallecido 29 supuestos subversivos no identificados y se halló una bibliografía sediciosa.
Sin embargo, el 4 de octubre de 1985 empezaron a aparecer las primeras denuncias que contradecían la versión oficial. No hubo ningún enfrentamiento el 2 de setiembre sino una masacre el 27 de agosto. Ese día patrullas militares incursionaron en ambas comunidades campesinas y reunieron violentamente a la población y, luego de torturar y golpear a muchos de ellos, mataron a 63 comuneros, entre ellos 35 menores de edad que incluía niños desde un año de edad. También asesinaron a una mujer, Clotilde Janampa, con 8 meses de embarazo, y sus cadáveres fueron enterrados en 10 fosas clandestinas.
Al día siguiente de las denuncias públicas, el entonces fiscal de la Nación, César Elejalde, salió en defensa de los militares y manifestó a la opinión pública que "son falsas las acusaciones que atribuyen la muerte de 63 campesinos a una patrulla del Ejército en la localidad de Umaru" y que "con esta campaña tratan de invertir la situación exculpando a SL y pretendiendo se desconozca los crímenes que cometen contra sus propios hermanos".
El 11 de octubre, el entonces diputado Jorge Tincopa viajó al lugar de los hechos y logró ubicar a los sobrevivientes de la matanza y con ellos también ubicó las fosas donde estaban las víctimas. Ese mismo día, en sesión de la Cámara de Diputados, se dispuso que su Comisión de Derechos Humanos recabe la información necesaria para sustentar los hechos denunciados.
Luego de intensas gestiones ante las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Ejército, que en todo momento puso obstáculos para el viaje, la Comisión del Congreso, con un juez y un fiscal, llegaron a las comunidades afectadas.
El 19 de noviembre llegaron a Umaru, pero al ver las fosas comprobaron que la tierra estaba removida. Al día siguiente, a las 10 y 30 de la mañana, llegaron a Bellavista y se escarbó en los lugares que señalaban los testigos, pero sólo encontraron ollas y otros enseres, algunos quemados. Sin embargo, al llegar a Pallca hallaron una fosa común que contenía 14 personas. Estaba debajo de un armazón de madera cubierto con ichu. Luego de cavar más de un metro en una dimensión de 3 metros de largo por 1.5 metros de ancho hallaron los restos semicalcinados de niños y adultos envueltos en frazadas.
PARCCO Y POMATAMBO
Donato Ramírez Rivera (84)
Hilda Buitrón Gutiérrez (84)
Manuel Remón Zea
Teodoro Castillo García
Antonio Najarro Soto
José Fernández Bellido
Eusebio Najarro Alarcón
Jacinto Gutiérrez Gómez
Reynaldo Ramírez Buitrón
Timoteo Bautista Bellido
Eugenia Ramírez Castillo (12)
Mario Ramírez Castillo (8)
Nicanor García Buitrón (con retardo mental)
El 22 de octubre de 1986, a las 7 de la noche, una patrulla militar de unos 50 soldados ingresó en el pueblo de Pomatambo, Vilcashuamán, Ayacucho, haciendo disparos con sus metralletas. Ingresó a la vivienda de Crisanto Pizarro, donde estaban reunidos Antonio Najarro Soto, José Fernández Bellido, Teodoro Castillo García, Eusebio Najarro Alarcón, Timoteo Bautista Bellido y Jacinto Gutierrez Gómez, quienes preparaban la comida y bebida para el campeonato deportivo entre los anexos de la comunidad con el fin de obtener fondos para la construcción del local del Consejo. Luego ingresaron a la casa de Manuel Remón Zea, quien también fue detenido.
Ellos fueron llevados a la plaza principal del pueblo, donde fueron atados y golpeados brutalmente. A las 10 de la noche los militares se llevaron a los detenidos a Huaccaña - Parco. A las 6 y 30 de la mañana ingresaron a Parco. Allí obligaron a los detenidos a permanecer desnudos en la plaza principal, mientras eran maltratados.
En Parco detuvieron a Reynaldo Ramírez Buitrón y sus menores hijos Eugenia Ramírez Castillo y Mario Ramírez Castillo de 12 y 8 años e ingresaron al domicilio de Donato Ramírez Rivera, a quien asesinaron a mansalva junto a su esposa Hilda Buitrón Gutiérrez y Nicanor García Buitrón, quien sufría de retardo mental. Luego de robar las joyas de la iglesia y tomar dinero en efectivo asesinaron a todos los detenidos en la plaza y sus restos son llevados a Capillapampa, a dos cuadras de la plaza principal.
A las dos de la tarde llega un helicóptero del Ejército y se lleva uno de los cadáveres envuelto en una frazada y de inmediato la patrulla militar procedió a quemar los demás restos, los cuales fueron llevados por los militares, dejándolos abandonados en Mungaspuncco, antes de dirigirse a Vilcashuamán.
El 22 de octubre de 1986, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emite un comunicado oficial informaron de supuestos enfrentamientos en Parcco y Pomatambo habían muerto 13 subversivos, entre ellos Claudio Bellido Haytalla (a) Camarada Cazely. Sin embargo, el Diputado Gustavo Espinoza dio a conocer que "Cazely" había muerto en Lima dos años antes y que la Policía había entregado su cuerpo a la familia para su entierro en octubre de 1984.
El Senado de la República encargó a la Comisión de Derechos Humanos para que, en calidad de comisión investigadora, se avocara los sucesos. Sin embargo, las autoridades militares no permitió el acceso al lugar. Ante la Comisión de Derechos Humanos el Comando Conjunto de las Fuerzas tuvo que aceptar que hubo la matanza.
Según informó el Ejército, el operativo fue realizado por dos patrullas al mando de los tenientes "Bayer" y Búfalo" -que luego se sabría que respondían a los nombres de Dante Retama Guerra y Becerra Urbina, éste compañero de promoción de Telmo Hurtado- y que, supuestamente, al intervenir la casa donde se detuvo a las primeras personas un individuo trató de huir en un caballo, pero fue alcanzado por los disparos efectuados por el teniente "Búfalo". Dicha persona sería el camarada "Cazely" a quien se le habría hallado armas, municiones y propaganda subversiva. Asimismo señaló que el teniente "Bayer" y su patrulla ingresó en forma violenta en una de las viviendas de Parcco, utilizando sus armas. Fallecieron tres civiles y luego dos más. Además se afirmó que el teniente "Bayer" fue quien ordenó dar muerte a los siete detenidos de Pomatambo e incinerar los cadáveres, pero que al no ser consumidos por el fuego fueron llevados por los militares en ponchos y bolsas y arrojados a un barranco cerca de Huaccaña. Finalmente se reconoció que "los hechos producidos..., violan normas internas referentes al tratamiento que se debe dar a los detenidos como consecuencia de la aplicación de los Planes de Operación de las Bases contra guerrillas".
El 6 de agosto de 1987, la mayoría aprista de la Comisión emitió su dictamen en mayoría en la que se señalaba que llegaban "a la conclusión que evidentemente [los hechos] se produjeron los mismos en la forma que se relatan en la denuncia; pero que de todo ello ya tiene conocimiento el Fuero Militar, que está juzgando a los responsables a quienes se le aplicará la sanción correspondiente". El dictamen no fue suscrito por la oposición, entre ellos el senador Javier Diez Canseco, quien lo devolvió sin suscribirlo "por encontrarlo insuficiente y no concordar con sus conclusiones".
El Fuero Militar, que durante todo el proceso no permitió el acceso al expediente a los familiares de las víctimas ni a los organismos de derechos humanos que los defendían y a quienes ni siquiera se les informó el número de expedientes, sobreselló la causa el 22 de junio de 1988, decisión que fue confirmada por la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar en febrero de 1989.
CAYARA
En horas de la noche del 13 de mayo de 1988, luego de pasar por el pueblo de Cayara, como a 2 kilómetros, en el paraje denominado Erusco, un convoy de dos camiones UNIMOG del Ejército fue emboscado por una columna de Sendero Luminoso. Los senderistas hicieron explotar varias cargas explosivas enterradas en el camino, volando uno de los camiones e inmediatamente después se produjo un enfrentamiento en el que fallecieron 4 militares y 15 quedaron heridos.
Según el testimonio de pobladores de Cayara, al momento de producirse los hechos se realizaba una fiesta patronal, pero al oír las detonaciones y la balacera, mucha gente huyó del lugar hacia otros poblados o a la puna por temor a las represalias, tal como ya había ocurrido en abril de 1986, cuando luego de un enfrentamiento se produjeron violaciones, asesinatos e incendios.
El 14 de mayo, en horas de la mañana, 10 patrullas del Ejército provenientes de Ayacucho, Pampa Cangallo y Huancapi llegaron en helicópteros, camiones y caballos a Cayara, asesinando al primer poblador que se cruzó en su camino. Inmediatamente ingresaron a la Iglesia, donde asesinaron a 5 personas que se encontraban desarmando un tabladillo. Luego reunieron a toda la población y asesinaron con armas blancas entre 28 y 31 hombres en presencia de las mujeres y niños, para luego enterrarlos en un lugar cercano.
El 18 de mayo de 1988, el Ejército instaló una base militar en Cayara. Ese día el general de brigada del Ejército, José Valdivia Dueñas, jefe político militar de Ayacucho y jefe de la Subzona de Seguridad del Centro del Ejército, leyó ante la población una lista de nombres de pobladores de Cayara, acusándolos como supuestos subversivos. Ese día se detuvo a 7 personas, de las cuales 3 permanecieron detenidas: Jovita García Suárez con siete meses de embarazo, Samuel García Palomino y Alejandro Echaccaya (ó Ichihuaya).
El 10 de agosto de 1988 fueron hallados los cadáveres de estos ciudadanos en el paraje de Pucutuccasa, a cuatro horas de Cayara. Por falta de apoyo de los militares, sólo se pudo exhumar el cadáver de Jovita García. Según la autopsia, presentaba ausencia de un ojo y de la nariz, fractura a nivel del tabique, maxilar inferior fracturado, herida en el pectoral izquierdo, fractura de las costillas izquierdas, brazo izquierdo con fracturas, cabeza destrozada con ausencia del cráneo y masa encefálica y en el corazón la aurícula y el ventrículo reventados. Los cuerpos de los otros dos fallecidos fueron sustraídos por el Ejército.
El 29 de junio de 1988 una patrulla del Ejército secuestró en Cayara a Guzmán Bautista, Gregorio Ipurre Ramos, Humberto Ipurre, Benigna Palomino de Ipurre y Catalina Ramos Palomino. Los dos primeros fueron testigos de la masacre del 14 de mayo y los tres últimos sus familiares. Desde entonces no se sabe de sus paraderos. Pobladores del lugar han manifestado haber visto cómo estas personas fueron subidas a camiones militares y llevadas con rumbo a Huancapi.
El 14 de diciembre de 1988, a las 5 de la tarde, fueron asesinados el alcalde y la secretaria de Cayara, Justiniano Tinco García y Fernandina Palomino Quispe, cuando viajaban en un camión. Los asesinos, encapuchados, ordenaron detener el vehículo y a los pasajeros a identificarse. Según los testigos, luego de torturar a los dos pobladores, les cortaron el cuerpo y dispararon. También asesinaron al chofer del vehículo atándolo a la parte baja del camión y haciéndole estallar una granada. Los demás pasajeros fueron obligados a irse a pie, bajo amenaza de muerte.
El 8 de setiembre de 1989, a las 3 de la madrugada, asesinaron a uno de los últimos testigos de la matanza de Cayara, la enfermera Martha Crisóstomo García. Ocho hombres uniformados y encapuchados allanaron su domicilio en el Barrio San Juan Bautista, en Ayacucho, a donde se había trasladado por temor a represalias y le dieron muerte con varios disparos.
Entre el 17 y 19 de mayo de 1988 se presentaron las primeras denuncias al fiscal superior comisionado, doctor Carlos Escobar Pineda, dando cuenta de la muerte de unas 50 personas en Cayara. El mismo 19 de mayo, la Fiscalía de la Nación, mediante télex, ordenó al fiscal comisionado que se encargue de la investigación de los hechos.
El fiscal Escobar tomó la declaración de 40 pobladores, realizó una inspección ocular en el pueblo el 21 de mayo para constatar los destrozos y saqueos en las viviendas. Además de otras diligencias, se exhumaron cadáveres entre el 21 y 30 de mayo sin hallar ningún cuerpo, pero sí fosas con huellas de sangre y olor fétido a cadáveres, presumiéndose que los cuerpos fueron retirados previamente.
Finalmente, el 10 de agosto se hallaron los cuerpos de Jovita García, identificada por sus familiares, de Samuel García Palomino, también identificado por sus familiares, y de Alejandro Echeccaya. Pero debido a la falta de apoyo, sólo se retiró el cuerpo de la primera, así como dos manos, la planta de un pie y diversos objetos con huellas de sangre. El 19 de agosto el fiscal retornó para exhumar los otros cadáveres, constatando que habían sido retirados. Se tomaron restos de cabellos humanos así como de un pedazo de piel humana. Los exámenes médicos demostraron que los restos hallados y la sangre correspondían a seres humanos.
El 13 de octubre de 1988, el fiscal Carlos Escobar emitió su informe final por orden del fiscal de la Nación, el cual concluyó que:
"... existen elementos suficientes para poder formalizar una denuncia... por la comisión de los delitos de: homicidio con gran crueldad..., en detrimento de Jovita García Suárez; de homicidio, ...; contra la libertad individual, ..., en detrimento de todos y cada uno de los que se indican como muertos en calidad de desaparecidos, incluyéndose los que se indican como muertos en Cayara y Ccechua, hasta que aparezcan sus cadáveres y se pueda ampliar la denuncia por delito de homicidio; de robo, ...; de daños, ...; contra la administración de justicia, ..., y, presumiéndose la responsabilidad del jefe del Comando Político Militar de la SZSNC-5 de Ayacucho, general E.P. José Valdivia Dueñas, ellos al amparo de lo dispuesto por el artículo 100 del Código Penal, ..., toda vez que los hechos dejan entrever la comisión de un delito continuado que se iniciaría el día 14 de mayo de 1988 y concluiría entre el 20 y 21 del acotado mes y año con la muerte de los tres comuneros en Pucutuccasa, delito en el cual han intervenido autores materiales que han ejecutado una orden y autores intelectuales que intencionalmente han inducido a otros a cometerlos; este Ministerio concluye además que existen elementos suficientes para denunciar al acotado General como presunto responsable; general que en el curso de la correspondiente instrucción a abrirse deberá sindicar e identificar a quienes ejecutaron sus órdenes en la comisión de los delitos citados"
Luego de emitir su informe, el fiscal Escobar fue cesado del cargo de fiscal superior comisionado para casos de desaparecidos en Ayacucho y Apurímac y en abril de 1989 fue trasladado a Iquitos como fiscal superior provisional. El 31 de julio dieron por concluidos sus servicios. Abandonó el país porque fue amenazado de muerte.
El fiscal de la Nación ordenó una investigación ampliatoria y designó al fiscal provincial Jesús Granda, quien el 24 de noviembre de 1988 concluyó con una resolución que disponía archivar provisionalmente la denuncia. El fiscal había llamado a declarar a los pobladores de Cayara en cuarteles militares y logró que se retractaran de sus denuncias.
Sin embargo, no estando conforme con el archivamiento, el fiscal de la Nación anuló tal decisión y ordenó una segunda ampliación que se encargó al fiscal provincial Rubén Vergara, quien el 24 de enero de 1990 resolvió no formalizar denuncia y archivar definitivamente el proceso, es decir, no encontró delito ni culpables.
Siete días después, el 31 de enero, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó el sobreseimiento definitivo dictaminado por la Segunda Zona Judicial del Ejército en favor de los militares implicados. En mayo de 1988, el entonces comandante general accidental de la Segunda Región Militar del Ejército, general de brigada Jaime Salinas Sedó, suscribió el Informe de Investigación Nº 07K1/SRM/20.04, según el cual concluyó, entre otras cosas que "está probado que el Personal Militar del Ejército no ha consumado una matanza indiscriminada de campesinos en la localidad de CAYARA; ..." y que "está probado que algunos medios de comunicación y personas interesadas en desprestigiar al Ejército e interferir las Operaciones Contrasubversivas, vienen utilizando como fundamento de su propaganda las versiones de algunos pobladores de CAYARA que manifiestan la desaparición de sus familiares".
Una vez más, el Senado nombró una Comisión Investigadora de los hechos, presidida por el senador Enrique Melgar, quien encubrió a los militares y desprestigió al fiscal Escobar. En su informe concluyó señalando que las acusaciones al Ejército son "falsos hechos delictuosos imputados a efectivos militares ... montándose una campaña manipuladora" y que el fiscal comisionado había "incurrido en responsabilidad penal y disciplinaria ... con motivo de la ilegal investigación que practicó".
La minoría, representada por los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Llona, emitió sus respectivos dictámenes, concluyendo en la responsabilidad del jefe político militar.
La Comisión Interamericana también emitió un informe, en el que se señaló que"todas estas conclusiones se reafirman por la existencia de varias denuncias ante esta Comisión de masacres de aldeas atribuidas a las Fuerzas Armadas en que el Gobierno no ha cooperado con la Comisión en su tratamiento y eludición o solución, así como decenas de casos individuales o múltiples que siguen la misma pauta, casos en los que la Comisión ha declarado que encontraba que agentes del Estado peruano habían violado derechos humanos y en especial el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad".
El entonces Presidente de la República, Alan García Pérez, también protegió a los militares. En declaraciones públicas señaló que "no podemos colocarlos permanentemente en el foco del escándalo o desalentarlos con insultos". El fiscal Escobar recientemente ha declarado que Alan García se reunió con él, a quien le informó de todo lo sucedido y que luego un coronel del Ejército le manifestó que fue él quien ordenó que se borraran las huellas del delito.
SANTA ANA Y PAMPAMARCA
13 de junio de 1989 en Santa Ana.
Domingo Quispe Condori (95)
26 de junio de 1989 en Santa Ana.
Natividad Quispe
Crisóstomo Condori Quispe
Alejandro Quispe Condori
27 de junio de 1989.
Estanislao Polanco Rojas
Andrés Huamaní
Maura Bautista
Clemente Champión
Francisco Ramírez
Virgilio Barrientos Ramos
Virginio Barrientos Polanco
Esteban Barrientos Vega
Ignacio Tito
Francisco Ramos
Entre febrero de 1986 y enero de 1989 varios poblados del distrito de Aucará, Lucanas, Ayacucho, entre ellos Cabana, Huaycahuacno, San Francisco de Pampamarca, Santa Ana y Mayo de Luren fueron objeto de incursiones de Sendero Luminoso, por lo cual los pobladores solicitaron al Ejército que estableciera una base militar en San Francisco de Pampamarca. El pedido no recibió respuesta.
El 9 de junio de 1989, en horas de la tarde, una patrulla del Ejército conformada por unos 20 soldados de la Base Militar de Huancasancos incursionó en la comunidad de Santa Ana. Rubén Condori y Oseas Sánchez, quien sufre de retardo mental, regresaban de pastar vacas cuando se percataron que los militares habían allanado y saqueado la vivienda del primero. Los militares se los llevaron detenidos a la base de Huancasancos, fueron encerrados en un pozo y torturados en horas de la noche acusados de terroristas. Permanecieron hasta el 13 de junio.
Ese día, a las 8 de la mañana, los militares en número de 35, al mando de un mayor de apelativo "Cóndor", volvieron a incursionar en el pueblo. Luego de reducir a los pobladores en la plaza, los militares se dedicaron a allanar y saquear las viviendas. Una de éstas fue la de Domingo Quispe Condori, de 95 años, a quien luego de golpear le dispararon en la cabeza. Los militares se retiraron a las 3 de la tarde, después de incendiar los archivos de la comunidad que estaban en su local comunal.
El 26 de junio, a las 4 y 30 de la madrugada, los militares volvieron a incursionar en Santa Ana. Reunieron a viva fuerza a los pobladores en la plaza principal torturando a mujeres, niños y ancianos. Las mujeres y niñas fueron violadas en los confesionarios de iglesia. Antes de irse asesinaron a tres personas, hirieron de bala a otro y con arma blanca a una menor de 13 años. Los militares se retiraron el 27 de junio.
Ese mismo día, a las 5 y 30 de la mañana, los militares incursionaron en San Francisco de Pampamarca, donde saquearon, violaron y asesinaron a 10 pobladores. Los militares se retiraron en la madrugada del 29 de junio.
CHUMBIVILCAS
Entre el 20 de abril y 1 de Mayo de 1990, una patrulla EP de 24 soldados procedentes de Antabamba, efectuó una "caravana de la muerte" en Chumbivilcas (Cusco) y algunas comunidades campesinas de Apurímac. La patrulla llegó a la comunidad de Huachullo (Oropesa, Apurímac) con 5 detenidos entre quienes figuraban Pedro Gómez, presunto senderista, y una niña NN de unos 8 años que fue detenida en lugar de su padre que no se encontraba en casa. Gómez indicó que los comuneros se habían reunido con los senderistas después de las elecciones por lo que los soldados al llegar a la estancia de Ccochapata detuvieron a Antonia Huachacaru Gómez en su domicilio y a sus dos hijos: Víctor y Francisco Huachaca Gómez llevándolos a la escuela de la comunidad en donde detuvieron a 4 más. Los encerraron en esa escuela y torturaron a todos los detenidos. Víctor Huachaca murió a consecuencia de las torturas y su cadáver fue escondido.
El teniente "Negro" con 10 soldados partió con un comerciante foráneo a la casa de Nicolás Apfata, en el pueblo de Fuchunga (Chumbivilcas, Cusco). El 21 llegaron y detuvieron a 7 miembros de la familia Apfata (4 hombres y 3 mujeres). Torturaron a los 7 campesinos y violaron a las mujeres. El 22 de abril la patrulla liberó a los 4 detenidos torturados en el colegio y autorizaron a Francisco Huachaca buscar y enterrar el cadáver de su hermano. Detuvieron y torturaron también a Jesús Jauja Sullo y Hermenegildo Jauja Salazar, quienes se dirigían a Fuchungo a una faena comunal. El último murió a consecuencia de las torturas.
El 23 de Abril la patrulla recorrió la comunidad campesina de Yurencca - Ccollana (Chumbivilcas) y detuvo a Nicolás Huamaní Llamocca, a su hijo Julio Huamaní Huisa y a José Eusebio Huamaní Charcahuana. En otro lugar a Isabel Leoccalla. De allí la patrulla se dirigió a Tirani y dejó libres a 4, uno se había dado a la fuga antes. De Tirana se llevaron a Julio Huamaní Charcahuanca, José Eusebio Huamani, Jesús Jauja Sullo, Gregorio Huisa Alccahuamn y otros 3. Al medio día detuvieron a Eustaqui Apfata Tanire.
El 24 de abril se dirigieron al pueblo de Naurapata de donde se llevaron a por lo menos 12 personas detenidas, incluyendo una niña. En el camino a la comunidad campesina de Ccasahui detuvieron a Alvino Huamaní Medina y otras 6 personas que buscaban un burro extraviado. Así como a Ochoa Lacado, que se acercó a saludar a la patrulla. Todos los detenidos fueron llevados a la laguna de Suracocha, en donde fueron torturados los comuneros que buscaban el burro. Tres esposas de algunos comuneros lograron alcanzarles ropa y comida, pero no se les permitió acercarse a sus familiares. Ellas fueron violadas.
En Ccasahui salió a recibirlos Concepción Huisa, dirigente de la comunidad que fue detenido y torturado, exigiéndole que entregue su arma. Mamerto Challa, quien llegó a la casa del anterior, también fue golpeado al igual que su esposa e hijos. Les robaron 15 mil intis. Allí dejaron a dos detenidos que estaban muy mal heridos. Prosiguiendo su camino se encontraron con el comerciante Marcos Torres Sallhua que también fue detenido y llevado desnudo junto con los demás al sector de Raurapata-Accacco (Santo Tomás, Chumbivilcas).
El 26 de abril la patrulla se encontraba en Raurapata donde hicieron formar a los 15 detenidos, les entregaron sus ropas y separaron de la fila a Quintín Alférez Kiuro, Telésforo Alférez Achinquipa, Máximo Huamanga y Pedro Gómez, el presunto senderista. Los demás fueron llevados al cerro. Se presume que allí les tomaron fotos con las armas que los campesinos usan para defenderse de los abigeos y luego los mataron. Partieron llevándose a los 4 mencionados hacia la comunidad de Pallcca. En el camino detuvieron a Efraín Álvarez y se dirigieron a la casa de Demetrio Huaycani, a quien no encontraron; entonces violaron y torturaron a su nuera y su vecina.
El 27 de abril mientras los soldados torturaban a las dos mujeres, Álvarez se escapó. El 28 regresaron a Paccopampa y liberaron a dos de los detenidos. El 29 cuando se dirigían hacia Tirani detuvieron a Grimaldo Huisa, quien llevaba tres caballos cargados de algodón. Llegando a Fuchungo detuvieron a Toribio Achinquipa Pacco y Damacio Chacahuana Huisa, quien estaba alojado en una tienda. El 30 de abril retornaron hacia Antabamba y detuvieron a 3 personas más. El 1 de mayo llegaron a Antabamba con sólo 4 detenidos.
La patrulla mantenía comunicación radial entre el Ejército y la PNP informándole de sus desplazamientos. Hecha la denuncia se inició un proceso y el Congreso formó una comisión investigadora que reconstruyó las acciones mencionadas. Los responsables no fueron sancionados. APRODEH denunció el caso a la CIDH.
CASERÍO DE CALABAZA
Ejecutados:
Eva Ricse Bohorquez (14)
Soledad Granados Martínez (16)
Hildo Jaime Huancauqui Portillo (17)
Alberto Alanya Paitampoma (22)
Pascual Rojas Taipe (28)
Jesús Apolinario Zárate (30)
Samuel Paitampoma Llanco
Uriel Laureano
Sixto Torres Peña
Desaparecidos:
Félix Arteaga Moya (60)
Irma Juscamayta Arteaga
Lalo Arteaga Camargo
Hernán Artica Ames
Raimundo Roque
Adalberto Alanya
Torturados:
Segundino de la O. Espinoza
Jesús Enrique Paulete Solorzano
Hilario Arca Portocarrero
Elmer Jáuregui Arteaga
Gerónimo Bocanegra Herrera
El 17 de mayo de 1989, alrededor de las 6 de la tarde, un contingente de más de 100 soldados del Batallón del Ejército Ollantaytambo Nº. 3 ingresó al Caserío de Calabaza, distrito de Mariposa, provincia de Satipo, departamento de Junín. Los militares, luego de rodear el pueblo, efectuaron disparos y exigieron a los campesinos que salieran de sus casas. Atemorizados, los pobladores no salieron por lo que los militares ingresaron a viva fuerza a las viviendas, rompiendo puertas y ventanas, y saqueando las tiendas.
Una vez que reunieron a la población, los militares seleccionaron a 20 pobladores. Esta fue dirigida por dos militares que respondían a los seudónimos "Chito" y "Blanco", al parecer jefes de la patrulla. Los detenidos fueron llevados con rumbo al río Calabaza en donde torturaron y asesinaron a varios de ellos.
Varios de los detenidos lograron escapar o fueron puestos en libertad por los militares, retornando a Calabaza con visibles huellas de tortura para dar cuenta de las ejecuciones extrajudiciales. Al día siguiente hallaron los cuerpos de los victimados (entre ellos tres menores de edad) en una fosa clandestina cerca del río Calabaza.
Como en ocasiones anteriores, el ataque militar se produjo como represalia contra la población civil indefensa ante actos de Terrorismo de Sendero Luminoso. En esta ocasión se produjo tres días después de que SL decretó un "Paro Armado" y dinamitó un puente cercano al pueblo.

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Detenidos - Desaparecidos

Teófilo Rímac Capcha.
El 23 de junio de 1986, a la una de la madrugada aproximadamente, miembros del Ejército del cuartel de Carmen Chico, allanaron el domicilio de Teófilo Rímac Capcha, dirigente político de izquierda y catedrático de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en Pasco. Mientras mantenían reducidos boca abajo a los dueños de casa, registraron la vivienda y requisaron sus documentos personales.
Fue llevado al cuartel de Carmen Chico donde fue encerrado en un ambiente improvisado junto con otras 7 a 10 personas detenidas ese día. Allí, Teófilo Rímac Capcha y los demás fueron torturados para que se declararan responsables de los atentados producidos en los alrededores.
Al anochecer del 26 de junio, fue separado de sus compañeros de celda para ser interrogado. Cerca de las 22 horas fue regresado a su celda. Los demás detenidos, a pesar de estar vendados, se percataron del mal estado en que había regresado Rímac por sus gritos de dolor y respiración irregular. A las 6 o 7 de la mañana ingresó a la celda un suboficial enfermero para tratar al detenido Saturnino Rojas por una fractura en el brazo, producida por las torturas, pero al apreciar el estado de Rímac ordenó a un soldado que le aplique respiración artificial boca a boca, pero falleció al poco rato y su cuerpo fue llevado con rumbo desconocido.
A raíz de los hechos en el Congreso se formó una Comisión Investigadora del Senado que en minoría concluyó que el señor Rímac Capcha fue detenido sin cumplir con las formalidades legales y que durante su cautiverio fue sometido a diversas torturas que provocaron su muerte en la madrugada del 27 de junio de 1986, mientras estuvo en poder del Ejército, y sin que hasta la fecha se conozca el paradero de sus restos. La mayoría aprista emitió otro dictamen en el cual "concluye sosteniendo que no hay evidencias suficientes para establecer la muerte del ciudadano Teófilo Rímac Capcha".
La Comisión Investigadora fue creada con la férrea oposición del Gobierno Aprista, pues durante la sesión en que se discutió su conformación, la congresista Judith de la Mata manifestó que "el asunto estaba aclarado, y, por consiguiente, no cabía nombrar una Comisión Investigadora, y anunció que la Célula Parlamentaria Aprista no votaría a favor de la moción". Finalmente tuvo que ser la Comisión de Derechos Humanos del Senado la que asumiera la investigación a pedido de la congresista
Ante las evidencias, el Ejército no tuvo más remedio que reconocer la detención de Teófilo Rímac Capcha, sin embargo manifestó que él se fugó del cuartel cuando era llevado al baño. Esta versión es inverosímil ya que el establecimiento militar se encontraba rigurosamente custodiado, rodeado de alambradas y los prisioneros eran conducidos a las letrinas por un grupo de soldados, lo que fue comprobado por la Comisión Investigadora.
Los principales testigos del caso fueron amenazados por el Ejército, entre ellos su esposa Doris Caqui Calixto, quien se vio obligada a salir de Pasco junto a sus cuatro hijos.
En 1993 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe final (informe Nº 10/93, caso Nº 10.433-Perú), declarando la responsabilidad del Estado peruano por violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad personal y protección judicial, como consecuencia de la privación ilegítima de la libertad de Teófilo Rímac Capcha, para luego proceder a torturarlo hasta provocar su muerte y luego desaparecieron su cadáver. Recomendó una exhaustiva investigación de los hechos y la identificación de los responsables para someterlos a la justicia a fin de que "reciban las sanciones que tan grave conducta merece" y solicitaron medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de los testigos y familiares de la víctima.
Juan Pedro Jorge Navarro
El 17 de noviembre de 1985 en Huanta, Juan Pedro Jorge Navarro, estudiante de secundaria, observaba el desfile escolar militar en la Plaza de Armas como todos los domingos cuando fue detenido por 3 policías GC Sinchis que lo llevaron a la comandancia CG de Huanta. Posteriormente fue trasladado al cuartel EP de Castro Pampa en donde fue visto por un detenido que fue liberado el 18 de noviembre. Desde entonces se desconoce su paradero.
Walter López Loyola y Eleodoro López Ballardo.
El 1 de marzo de 1986 en la comunidad campesina de San Pedro (Yanahuanca, Pasco), Walter López Loyola estaba en su domicilio junto a sus familiares cuando llegaron un policía GRP, el teniente gobernador de Chinche y el señor César Rodríguez Soto (quien lo había denunciado), que lo detuvieron junto a su padre Eleodoro López Ballardo. Ellos fueron llevados al puesto policial GRP de Yanahuanca. Al día siguiente la madre y esposa se apersonaron al puesto policial. El capitán Santibáñez Marín les indicó que ambos habían sido puestos en libertad a las 9 de la noche del día anterior. El 5 de marzo un comunicado del Comando Conjunto informó de un enfrentamiento con subversivos en donde mataron a un supuesto senderista y capturaron a dos "terroristas comunistas" mencionando a Walter López Loyola, con lo que quedó demostrado la falsedad de las declaraciones del capitán Santibáñez.
José Guerra Montes.
El 7 de abril de 1986 en el distrito de Pomabamba (Huancavelica), José Guerra Montes fue detenido en su domicilio por soldados y conducido al cuartel del Ejército de Milpo, donde se negó su detención. Permanece en calidad de desaparecido.
Mamerto Huamani Chillcce.
El 26 abril de 1986 en Huancapi (Ayacucho) Mamerto Huamaní CHillcce, empleado del Consejo Provincial, fue detenido por soldados EP. Al día siguiente fue llevado por los mismos soldados a su domicilio donde lo torturaron hasta que se desmayó y se lo llevaron nuevamente. El 28 de ese mismo mes murió en medio de una balacera realizada por los soldados.
Rina Zoila Mamani Checuari y Gregoria Yucra Checahuari.
El 21 de junio de 1986, en el pueblo de Accllamayo (Orurillo, Puno) Rina Zoila Mamani Checuari, escolar de secundaria, regresaba a su casa después de haber estado en la feria sabatina del pueblo junto con su prima Gregoria Yucra Checahuari cuando fueron detenidas por efectivos del EP y GC Sinchis, quienes sin mayor explicación las llevaron con rumbo desconocido. Desde esa fecha se encuentran desaparecidas.
Ignacio Pizarro Najarro, Andrés Gutiérrez, Julio Najarro Palomino y Tito Ramírez Remond.
El 26 de junio de 1986 en el anexo de Pomatambo (Vilcashuamán, Ayacucho), Ignacio Pizarro Najarro realizaba sus tareas cotidianas de cuidado de la tierra cuando incursionaron 16 soldados EP al mando del capitán EP (a) "Ronco", obligando a todos los pobladores a reunirse en la plaza de Armas. Allí les preguntaron sobre la presencia de personas desconocidas y al finalizar la reunión detuvieron arbitrariamente a Pizarro, Andrés Gutiérrez (presidente de la comunidad), Julio Najarro Palomino (teniente gobernador) y a Tito Ramírez Remond (agente municipal). Presuntamente fueron llevados al cuartel EP de Vilcashuamán pero no pudo ser confirmado. Sus familiares demandaron su inmediato traslado a las autoridades competentes. Con fecha 2 de julio de ese mismo año habrían sido liberados Pizarro y Gutiérrez, los demás permanecen desaparecidos.
Benito Rojas Ccorahua.
El 20 de Agosto de 1986 Benito Rojas Ccorahua se dirigía junto con su familia hacia la iglesia Presbiteriana ubicada en el distrito de Tambo, La Mar, Ayacucho. En el parque principal fue detenido y por efectivos militares que se encontraban acantonados en el consejo. Allí fue visto hasta el 28 de julio por su esposa, quien le llevaba sus alimentos. Según referencias de un detenido que salió libre habría sido trasladado al cuartel BIM Los Cabitos. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.
Lucas Estrada Ninaja.
El 13 de setiembre de 1986 Lucas Estrada Ninaja, profesor de un colegio de primaria, fue detenido en el pueblo joven Alfonso Ugarte (Ayacucho) por 6 personas encapuchadas que ingresaron a su domicilio por el techo. El y su cónyuge fueron golpeados, a esta última la amarraron junto con sus 2 hijos en un cuarto aparte. Luego de registrar su domicilio y de robarse dinero en efectivo y enseres, se lo llevaron con destino desconocido presuntamente al cuartel EP Los Cabitos. Desde esa fecha permanece desaparecido. Posteriormente una testigo señaló haberlo visto vivo en el mencionado cuartel.
Teresa García Bautista y Rubén Nana Luján.
El 20 de setiembre de 1986 en Manyay (Huanta) se realizaba la fiesta patronal del Señor de Manyay, en la que el primo de Teresa García Bautista era mayordomo. Un grupo conformado por 6 soldados EP con pasamontañas, ingresó a la fuerza a la casa del mayordomo después de un forcejeo y se retiraron llevándosela detenida. A las 3:30 de la madrugada del día siguiente volvieron fuertemente armados al mencionado domicilio para detener a Rubén Nana Luján, yerno de la señora García. Fueron llevados con dirección a Huanta. Su paradero permaneció desconocido por espacio de tres meses. Cuando fueron liberados indicaron haber sufrido torturas y amenazas para no realizar denuncias.
Herminio Mina Jorge; Prudencio Sánchez y Amancio Delgadillo
El 23 de setiembre de 1986 en la localidad de Canagari (Huanta), Herminio Mina Jorge fue detenido en su domicilio a las 2 de la madrugada por miembros del Servicio de Inteligencia fuertemente armados, uno de ellos encapuchado. Sus familiares los siguieron varias cuadras y ellos indicaron que lo llevaban a declarar a Huanta. A esa misma hora fueron detenidos también Prudencio Sanchez y Amancio Delgadillo, ambos vecinos del primero. Cuando los familiares indagaron en el cuartel EP Castropampa les indicaron que habían sido trasladados a Huamanga. Desde esa fecha se encuentran desaparecidos.
Benigno Contreras Carrasco
El 24 de setiembre de 1986, en Ayacucho, Benigno Contreras Carrasco se encontraba descansando en su domicilio cuando ingresaron violentamente a su casa 6 efectivos EP encapuchados, con chompas negras y fuertemente armados. Sin dar explicaciones se lo llevaron a golpes. Dejaron encerrada a su esposa en otra habitación, la que menciona que se escuchaba que en la calle esperaban más personas. Se presume habría sido llevado al cuartel Los Cabitos, pero allí negaron su detención.
Víctor de la Cruz Ccente y Segundo Ccoripure Ramos
El 9 de octubre de 1986 Víctor de la Cruz Ccente, de 18 años, fue detenido en Quiurapata (Huanta) por efectivos militares y trasladado presumiblemente al cuartel EP de Castropampa en Huanta. Luego de unos días (16 de Octubre) fue detenido y desaparecido Segundo Ccoripure Ramos de esa misma comunidad.
Víctor Antonio Janampa Huamantico y Tomás Janampa Huamantico.
El 23 de octubre de 1986 Víctor Antonio Janampa Huamantico se trasladaba de su centro de trabajo a su casa (en la localidad de Tahuacocha, Payacaycasa, Huanta) en compañía de su hermano Tomás Janampa Huamantico, quien era menor de edad. Fueron interceptados por soldados EP que vigilaban el cruce de la pista de Huanta - Huamanga. Al no tener documentos de identidad el menor de los hermanos, ambos fueron detenidos y conducidos al cuartel EP Los Cabitos. Desde esa fecha ambos hermanos permanecen desaparecidos.
José Vasquez Huayca
El 28 de octubre de 1986 el abogado ayacuchano José Vasquez Huayca, miembro de la Asociación de Abogados Democráticos, se encontraba realizando sus labores profesionales en el Palacio de Justicia de Lima. Fue secuestrado en las inmediaciones de este por personas armadas quienes lo subieron a la fuerza a un vehículo. Desde ese entonces se desconoce su paradero.
Juan Rivera Alarcón, Moisés Echaccaya Gamboa, Víctor Mendívil Rojas, Benigno Mendívil Rojas, Irenio Rojas Ochoa y Ercilio Rojas Ochoa.
El 9 de noviembre de 1986 en Vilcashuamán el Ejército detuvo a Juan Rivera Alarcón, Moisés Echaccaya Gamboa, Víctor Mendívil Rojas, Benigno Mendívil Rojas, Irenio Rojas Ochoa y Ercilio Rojas Ochoa luego de haber votado en las elecciones municipales. Fueron trasladados a la base militar de Vilcashuamán. La única persona liberada fue Irenio Rojas, previo pago de un carnero, el 15 de noviembre. El resto permanece desaparecido.
Florentino Soto Paucar.
El 25 de noviembre de 1986 el escolar Florentino Soto Páucar se encontraba retornando de Lima a Pichanaki (Chanchamayo) en su viaje de promoción. En el puesto de control policial de Corcona fue detenido, pues le informaron que se encontraba requisitoriado en Huancavelica. Habría sido trasladado a la carceleta del Poder Judicial y de allí a DIRCOTE, el 17 de diciembre. Desde esa fecha se encuentra en calidad de desaparecido.
Mario Oré Quispe, Severino Quispe Rimachi, Francisco Ramos Chavez y Paulino Talavera Páucar.
El 3 de diciembre de 1986 en lugar denominado Triboline (Huanta) fueron detenidos por soldados del Ejército, Mario Ore Quispe, Severino Quispe Rimachi, Francisco Ramos Chávez y Paulino Talavera Páucar, habrían sido llevados al cuartel EP de Triboline. La Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA) denunció su desaparición.
Víctor Pariona Palomino, Alejandro Echaccaya, Demetrio Quispe y Tomás Quispe Urquizo.
También en 1986 se conocen los casos de Víctor Pariona Palomino y Alejandro Echaccaya; Demetrio Quispe y Tomás Quispe Urquizo, la esposa e hijos de éste último.
Angel Pérez Alí
En Lima el 27 de Febrero de 1987 el estudiante, Ángel Pérez Alí se dirigía de la U.N.M.S.M. rumbo a su casa, fue detenido por la policía que realizaba una gigantesca batida en las universidades de Lima (ver sección de Detenciones Arbitrarias). Pérez habría sido conducido a las dependencias policiales junto con gran cantidad de otros detenidos. Cuando sus familiares indagaron por su paradero, la GC-DIRCOTE negó que lo tuvieran detenido. Cuando sus familiares realizaron las denuncias respectivas fueron víctimas de amedrentamiento. Se conoce que muchos de los detenidos fueron torturados y 9 encausados, pero posteriormente liberados. Ángel Pérez permanece desaparecido hasta la fecha.
Javier Tineo de la Cruz.
El 1 de mayo de 1987 Javier Tineo de la Cruz, un profesor de la comunidad de Chopata (Ayacucho), fue detenido violentamente en su domicilio y trasladado a la base del destacamento de Pampacangallo. A pesar de todas las gestiones realizadas por los comuneros y autoridades comunales, negaron su paradero y permanece desaparecido.
Santiago Castillo Cavero.
El 7 de mayo de 1987 Santiago Castillo Cavero, presunto senderista, fue internado en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre (Lima). De allí fue secuestrado y llevado a DIRCOTE, donde desapareció. Según informes periodísticos, Castillo Cavero había sido detenido previamente por la DIRCOTE, hecho que fue negado por esa dependencia policial.
Alejandro Poma Retamozo.
El 7 de Agosto de 1987 Alejandro Poma Retamozo transitaba con su madre en la ciudad de Huanta, cuando fue interceptado por soldados que realizaban una batida. Al identificarse como estudiante universitario fue detenido y subido a un camión del EP con dirección del Cuartel EP de Castropampa. Inicialmente recibieron los alimentos que sus familiares le llevaban, pero posteriormente negaron que estuviera detenido. Algunos detenidos liberados informaron a sus familiares que había sido duramente torturado y que no podía hablar a consecuencia de los golpes recibidos. Continúa desaparecido.
Juan Chaupi Malca.
El 23 de agosto de 1987 Juan Chaupi Malca fue detenido en la comunidad campesina de Gloriapata (distrito Ayna, La Mar) por soldados EP de la Compañía Antisubversiva Los Linces quienes lo llevaron al pueblo de Santa Rosa en donde, luego de interrogarlo, lo dejaron en libertad. Posteriormente lo volvieron a detener y lo trasladaron al cuartel EP de Potoccocha. Al indagar allí sus familiares su paradero, se negó su detención.
Simón Gonzáles Linares.
El 28 de octubre de 1987 en la comunidad campesina de Umasi (Colca, Ayacucho) Simón Gonzáles Linares, campesino, fue detenido cuando se encontraba pastando sus animales. Fue llevado al pueblo de Umasi donde fue visto por muchos testigos, de allí al cuartel de Ccocha donde también fue visto por varias personas. Desde ese momento se encuentra desaparecido, se presume que habría sido trasladado al Cuartel EP de Minas Canarias.
Carmen Rosa Rodríguez.
En 1987 Carmen Rosa Rodríguez, del Comité de Familiares de Prisioneros de Guerra, desapareció luego de realizar una visita a su familiar en el Penal Miguel Castro Castro, en Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Lima.
COMUNIDADES DE CHECCASA, SALLALLI Y SOCCO
Basilio Carbajal Chirhuana
Bethy Bazán Huamaní
Pedro Carbajal Roldán
Rosa Velásquez Marca
Matilde Niño de Guzmán Ayvar
Rosa Niño de Guzmán Ayvar
Celio Carbajal Ayvar
José Ayvar Cavero
Fermín Gonzáles
Jorge Ayvar Huamán
Julián Salinas
Entre el 7 y el 11 de enero de 1988 patrullas del Ejército provenientes de la base militar de Santa Rosa realizaron incursiones en las comunidades campesinas de Checcasa, Sallalli y Socco, en los distritos de Justo Apu y Tapayrihua, en la provincia de Aymaraes, Apurímac. Según algunos testigos las patrullas estaban formadas por aproximadamente 40 soldados.
Los militares llegaron a pie y se dedicaron al saqueo de las pocas cosas de valor, alimentos y víveres de los pobladores (carneros, cabras, caballos, sacos de arroz y de azúcar, varios kilos de queso, vestimentas y dinero). Además obligaron a los pobladores a cocinarles durante su permanencia en las comunidades. Los militares presionaron a la señora Bethy Bazán y a su esposo a que los llevaran a las diferentes casas.
Según testimonio de la familia, los militares ingresaron en las viviendas de la familia Niño de Guzmán, le sacaron el dinero que llevaba el anciano padre de las víctimas y luego los tiraron al piso para seguir rebuscándole mientras le ponían un cuchillo en el cuello. Luego lo trasladaron al interior de la casa y lo encerraron, mientras ataban a las víctimas las manos a la espalda. Luego quemaron una de las casas, rociando querosene a la puerta y al techo.
En el caso de la señora Rosa Velásquez Marca, los militares se la llevaron amarrada, así como varios de sus animales. Inicialmente también intentaron llevarse a su hija de tres meses, pero en la tarde la devolvieron al pueblo. Antes de irse, los militares hicieron una pinta en la pared que decía "Así mueren los chismosos, los soplones . Así morirán. Qué viva el Presidente Gonzalo" y dibujaron una hoz y un martillo, para aparentar un ataque senderista.
También ingresaron a la casa de un poblador, quien fue agredido por el jefe de la patrulla con la bayoneta en diversas partes del cuerpo, mientras era pateado en el suelo por los soldados. Le acusaron de que en su propiedad los terroristas habían cargado armamento y le decían que lo iban a matar.
Serapio Izquierdo Dasmián, Damino Damián, Jesús Chocclo Ferro y Francisco Estrada.
En 30 de julio de 1988 un grupo de 30 soldados ingresaron a la comunidad de Cruzpata (Apurímac), reunieron a la población en la plaza y luego hicieron ingresar en una casa a muchos de ellos. Los torturaron uno por uno colgándolos y semiasfixiándolos.
Posteriormente, se llevaron a Serapio Izquierdo Dasmián y Damino Damián (ambos de 17 años) y a Jesús Chocclo Ferro. En la comunidad vecina de Taype, también detuvieron a _____ ______ y Francisco Estrada. Durante 2 semanas, al menos 10 personas más fueron detenidas, aunque las autoridades militares negaron ser responsables de los hechos. Se conoce que 5 de ellos fueron liberados.
Miriam Huaches de García.
El 14 de diciembre de 1988 un contingente de 25 efectivos del Ejército que se encontraban en el caserío La Unión (Campanilla, Mariscal Cáceres) ingresaron al prostíbulo del lugar. Al salir se dirigieron a la casa de Miriam Huaches de García junto con algunas prostitutas e irrumpieron violentamente. Allí la golpearon duramente, pese a que se encontraba con 6 meses de gestación. La llevaron con rumbo desconocido y hasta el momento no se conoce su paradero. Días antes, la señora Huaches, líderesa de varias organizaciones campesinas, había reclamado, junto con un grupo de madres de una organización de mujeres, por los escándalos que armaban en la plaza de armas de la ciudad. Ya en oportunidades anteriores los soldados habían amenazado a los dirigentes locales que los acusarían por terrorismo. Se presume que el motivo de la detención haya sido por venganza de las mencionadas prostitutas.
Cipriano Agama Anaya.
El 16 de abril de 1989 Cipriano Agama Anaya, chofer de una camioneta, se encontraba en su trabajo habitual de traslado de pasajeros en la ruta entre los pueblos Paraíso y Culebra, cuando se le bajó una llanta y detuvo su carro en la pista para arreglarla. Efectivos militares del cuartel del EP de esa ciudad llegaron en un helicóptero, solicitaron documentos a los pasajeros y preguntaron por el chofer. Al identificarse, lo golpearon y detuvieron llevándoselo en el helicóptero. Los militares reconocieron haberlo detenido pero informaron que se había fugado. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.
Eladio Mansilla Calle.
El 6 de julio de 1989el domicilio de Eladio Mansilla Calle, ubicado en el Barrio de San Sebastián (Ayacucho), fue allanado por 15 individuos con características de militares. Luego de revisarlo, lo llevaron a la calle y después de golpearlo lo subieron a un camión azul. Fue trasladado al cuartel Los Cabitos, donde posteriormente negaron haberlo detenido. Pero su esposa recibió información de otros detenidos que lo habían visto en el mencionado cuartel. Ya en 1983 y 1987 había sido detenido y torturado (en el 1987 en dos oportunidades) presuntamente por su papel de dirigente barrial.
Julián Martínez Gosmi.
El 1 de agosto de 1989 en Ayacucho, Julián Martínez Gosmi, de 17 años de edad, fue detenido por soldados debido a que no contaba con documentos. Posteriormente fue llevado a la casa de una familiar quien, presa de pánico, negó conocerlo. Desde entonces está desaparecido.
Juan Quispe Huamán, Lino Andrés Quispe Huamán, Lorenzo Curi Yupanqui.
El 22 de agosto 1989, en Ayacucho, los hermanos Juan y Lino Andrés Quispe Huamán fueron secuestrados por militares y llevados a Los Cabitos, donde desaparecieron. Cuatro días después, 10 soldados ingresaron violentamente en la casa de Lorenzo Curi Yupanqui y se lo llevaron a Los Cabitos, donde también desapareció.
William León Laurente.
El 21 de diciembre de 1989 un grupo de 6 individuos armados con pistolas de 9 mm, encapuchados y vestidos de civil, ingresaron y revisaron la casa de William León Laurente, de 17 años, ubicada en el barrio Alameda (Huanta). Obligaron al hermano menor de esta a indicarles donde guardaban dinero bajo amenaza con las pistolas. Los efectivos se apoderaron de un millón 350 intis en efectivo que tenían guardados en un ropero. También robaron 50 mil que tenía el padre de los menores y se llevaron una copia de su libreta electoral. Detuvieron a William León amarrado y con la cabeza cubierta con un trapo. Se confirmó su presencia a través de otros detenidos liberados en el cuartel militar de Castropampa (Huanta) hasta el 27 de diciembre de 1989. Estos también informaron que había sido objeto de crueles torturas. A pesar de todas las diligencias realizadas permanece desaparecido.
Alfonso Aguirre Escalante.
El 8 de febrero de 1990 Alfonso Aguirre Escalante, ingeniero supervisor de obras, fue detenido violentamente por efectivos militares que irrumpieron en su domicilio ubicado en el barrio Santa Rosa en Ayacucho. Lo sacaron semidesnudo y subieron a un carro militar y lo llevaron al cuartel BIM 51 Los Cabitos. Algunos días después fue trasladado al Cuartel de Quicapata y de allí al cuartel de Cangallo. Desde el momento de su detención se desconoce su paradero.
Modesto Huamaní Cosinga.
El 17 de marzo de 1990 Modesto Huamaní Cosinga fue detenido por una patrulla de la Base Militar de Julcamarca que irrumpió en su domicilio en Julcamarca (Angaraes, Huancavelica). El motivo de la detención sería una denuncia interpuesta por una comunera del lugar, Brígida Salas, porque unos subversivos le habían robado sus reses. Una de estas se encontraba en las inmediaciones del fundo donde trabajaba Modesto Huamaní. Su detención no fue reconocida.
Romeer Morales Zegarra, Richard Morales Zegarra y Carmen Teresa Rojas García (3 meses de embarazo).
El 28 de marzo de 1990 Romer Morales Zegarra, Richard Morales y su esposa Carmen Teresa Rojas García, con 3 meses de embarazo, fueron detenidos por fuerzas combinadas del Ejército y la Policía, en su domicilio en el asentamiento humano Eduardo del Aguila Tello en Pucallpa. Fueron llevados al cuartel de la Infantería de Marina y luego trasladados al cuartel militar del Ejército. Las autoridades negaron su detención, no obstante Richard (que a la fecha tenía 16 años) fue visto dos veces el 23 de mayo a bordo de un camión vistiendo uniforme militar.
Américo Zavala Martínez.
El 31 de marzo de 1990 en Morococha (Yauli) Américo Zavala Martínez, delegado sindical de la empresa contratista Benavides - Gutiérrez, fue detenido por efectivos del Ejército de la 31 División de Infantería y conducido presuntamente al cuartel de Morococha, en donde se negó su detención.
Renán Jesús Simbrón Chávez.
El 2 de abril de 1990 el profesor Renán Jesús Simbrón Chávez se encontraba en un restaurante en Concepción (Junín), ciudad en la que residía en compañía de dos personas. Fue detenido por miembros del Ejército vestidos de civil fuertemente armados, junto con sus dos acompañantes. Fueron llevados en un automóvil que los esperaba en la calle hacia la base militar de Concepción. Sus acompañantes fueron liberados en el camino. Las autoridades negaron haberlo detenido.
Juan de la Cruz Núñez Santana y Reynaldo Palomino Hayta.
El 11 de abril de 1990 Juan de la Cruz Núñez Santana, comerciante de llantas, regresaba de Uchiza hacia Huancayo, donde residía con su familia en compañía de Reynaldo Palomino Hayta, también comerciante. La camioneta en que viajaba se malogró por lo que tomó, junto con otros pasajeros, un deslizador rumbo a Ramal de Aspuza. Siendo aproximadamente las 7 y 30 de la noche fueron detenidos por miembros del Ejército de la base de Ramal (Leoncio Prado) y llevados a esa base. Esa misma noche fueron liberadas dos hermanas que viajaban con en el mismo deslizador, no así ambos comerciantes. Cabe mencionar que los dos viajaban con altas sumas de dinero, producto de sus ventas. A solicitud del fiscal, el destacamento militar informó que ambos habían sido liberados el mismo día de su detención a las 8 y 30 de la noche
Dora Gómez, Juan Carlos Gámez Gómez (13), Nilton Gámez Gómez (15), David Palomino Morales (teniente gobernador), Mario Perez Cailahua (agente municipal), Juan Pareja Ayala, Teodoro Ayala Escriba, Valerio Zevallos y Julián García Palomino.
El sábado 28 de abril de 1990, en horas de la mañana, un grupo de 30 campesinos del anexo de Alto Río Chari, distrito de Río Negro, provincia de Satipo, Junín, se dirigía hacia las chacras para la cosecha del café. A las 9 de la mañana, fueron interceptados por una patrulla del Ejército, de unos 50 hombres, a la altura de la localidad de Chilcamayo.
Los soldados, con groserías y golpes obligaron a los hombres a tirarse al suelo y a las mujeres a permanecer de pie. Luego de acusarlos por no participar en las rondas de autodefensa a cargo del Ejército, sacaron una lista de nombre y comenzaron a llamar a las víctimas y se las llevaron detenidas. Con los detenidos, los militares ingresaron al anexo de Alto Río Chari, donde permanecieron hasta las 3 de la tarde y después se llevaron a los detenidos hacia la Carretera Marginal.
Los familiares se dirigieron hacia el campamento militar ubicado en un ex-local de ECASA, a cargo del Capitán del Ejército Víctor Valdéz Estrada. Allí reconocieron a varios de los militares que habían participado de la detención. Sin embargo negaron la detención. Luego se dirigieron a todas las dependencias militares y policiales, recibiendo la misma respuesta.
Eudalio Lorenzo Manrique.
El 5 de mayo de 1990 en el asentamiento humano Buena Vista (Chancay) Eudalio Lorenzo Manrique, miembro del Sindicato de Trabajadores del Mercado de Barranca, fue detenido por desconocidos presuntamente integrantes de la DOES. Después de hacer un registro domiciliario se lo llevaron sin indicar a donde ni identificarse. La comisaría de Barranca y la Policía Técnica negaron a la familia su detención.

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Torturas

El 15 de abril de 1986 Erasmo Germán Javier Rodríguez fue arrestado por la PIP en Pueblo Libre junto con otras 3 personas bajo sospecha de robo y conducidos a la estación PIP de Pueblo Libre (Lima) en donde fue torturado con shocks eléctricos y golpes hasta su muerte. Otro de los detenidos también registró signos de tortura.
El 21 de setiembre de 1986 Lino Guevara Justo, de 17 años de edad, sufrió torturas y mutilaciones luego de ser detenido por la GC en Azángaro - Puno.
En noviembre de 1986 Alejandra Huamán y otras 9 personas fueron detenidas por la GC en Sicuani, Cusco. En 1987 denunciaron que habían sido "salvaje e inmisericordemente torturados hasta confesar un crimen que no habían cometido". Al cabo de 4 meses fueron liberadas. El 4 de noviembre de 1986 en San Sebastián y Viva (Cusco) luego de un ataque senderista para impedir las elecciones, diez conocidos dirigentes de IU fueron detenidos y el gobierno anunció que habían confesado su participación. Posteriormente se descubrió que todos contaban con coartadas legítimas y que habían sido incriminados bajo torturas: se utilizó choques eléctricos, golpes y semiasfixia. Los policías violaron a todas las mujeres. A pesar de salir en libertad, todos perdieron sus trabajos. Fueron llevados a juicio miembros de la policía, el prefecto y un fiscal que participaron de la tortura. Se ordenó el arresto del comandante GC Edgar Sánchez, el capitán Oscar Collantes y 7 policías.
El 29 de enero de 1987 Juan Mendoza Lozano fue detenido por la PIP en Pacasmayo por robo, murió a consecuencia de las torturas inflingidas.
El 5 de abril de 1987 Elizabeth González Otoya fue arrestada por DIRCOTE luego de ingresar violentamente en su domicilio. Durante 3 días estuvo privada de agua y comida, fue torturada durante 4 noches seguidas: colgada, sufrió abusos sexuales, semiasfixiada e incomunicada durante veinte días. Posteriormente fue liberada.
El 2 de julio de 1987 las fuerzas armadas arrestaron a 4 hombres que se oponían a la formación de patrullas de defensa civil en Quinua, Ayacucho. Luego de ser torturados fueron liberados desnudos.
El 19 y el 20 de julio de 1987 dos dirigentes del asentamiento humano Cruz de Motupe (Lima) Wilfredo Echaccaya Guillén y Víctor Vivanco Pedroza, fueron detenidos en sus domicilios y llevados a DIRCOTE y torturados brutalmente. La detención de ambos se produjo sin ninguna justificación ni prueba de cargo, sino por el sólo hecho provenir de Ayacucho y Huancavelica. Permanecieron detenidos hasta el 3 de agosto período durante el cual fueron torturados con el propósito de que se autoinculpen por el delito de terrorismo. Permanecieron presos por ocho meses en el penal Castro Castro. Fueron liberados por carecer de responsabilidad penal.
El 13 de agosto de 1987 Alberto Escobar Chahuayco se encontraba en su domicilio, en la comunidad campesina de Sacsamarca, cuando ingresaron violentamente varios efectivos policiales y militares quienes lo golpearon brutalmente deteniéndolo sin dar explicaciones. Escobar es un comunero más de los detenidos arbitrariamente y torturados en su comunidad, ese mismo día también fueron detenidos: Sulverio Valencia Escobar, Reynaldo Vargas Romani e Isaac Félix Valencia. Las autoridades locales refieren también los asesinatos de Justiniano Cayetano Escobar, Pastor Escobar, Ponciano Escobar, Rudecindo Jurado, Inés Villa Riveros, Félix Aparcco Pineda y Valerio Gutiérrez Curi en fechas anteriores. Arcadio Villa Félix, miembro de esa comunidad, se presentó voluntariamente a la delegación de la DIRCOTE de Huancavelica al enterarse que estaba requisitoriado en donde fue también golpeado.
El 16 de setiembre de 1987 Narciso Gozme Acevedo, José Gómez Figueroa y Juan Zamora Huarancca fueron detenidos en Ccarhuapampa (distrito de Tambo, La Mar) acusados falsamente de pertenecer a Sendero Luminoso. Los detenidos fueron duramente torturados y golpeados en todo el cuerpo, fueron privados de alimentos y agua, obligados a presenciar torturas de otros detenidos y de maltratos a sus esposas. Sus familiares también fueron obligados a oír las torturas que les ocasionaban. Fueron torturados durante 27 días. Al ser liberados les amenazaron para que no denuncien los hechos.
El 16 de setiembre de 1987 Luzmila Miranda Vargas, oficinista, fue detenida a la altura del poblado Progreso (entre Tingo María y Tocache) por policías que realizaban un operativo debido a que portaba una caja vacía para cartuchos que utilizaba como costurero. Por este motivo los policías la acusaron de terrorismo. Fue trasladada en un helicóptero a otra localidad. Cuando fue detenida se encontraba embarazada. Fue golpeada constantemente, torturada y violada. A consecuencias de las torturas abortó. Fue procesada por terrorismo. La tortura quedó impune.
El 5 de junio de 1988 Víctor Valdeiglesias Aragón, un ambulante de 30 años, fue detenido por la PIP en Lima y torturado brutalmente. Al día siguiente fue liberado luego de que la familia pagara un soborno de 10 mil intis, pero no sobrevivió a las torturas.
El 7 de junio de 1988, César Mena Pérez, obrero del Servicio Industrial de la Marina, fue detenido al salir de su trabajo por la Guardia de Seguridad, por supuestas vinculaciones con una huelga que se desarrollaba en la mencionada industria. Durante su detención fue torturado en el Centro de Inteligencia Militar, donde permaneció incomunicado. Fue amenazado de muerte por sus torturadores y captores si es que los denunciaba. No obstante, denunció el caso a la policía, la que no investigó el delito ni encontró a los culpables.
El 8 de junio de 1988 Agustín Julcarima, director de la organización no gubernamental CETAP de Chiclayo, fue detenido por la PIP, y tanto las oficinas como su casa fueron allanadas en busca de material incriminatorio. Julcarima fue torturado y liberado luego de tres meses y medio de prisión. Pocos días después, el 10 de julio, Carmen Sarzosa Pulido y María Rodríguez Atilano fueron arrestadas y torturadas. Ambas eran trabajadoras sociales de La Casa de la Mujer en Chiclayo.
El 16 de setiembre de 1989 Carlos Reaño Carrasco, médico anastesista, fue detenido por la policía en Cajamarca, ciudad a la que había ido como dirigente de la Federación Médica para cumplir con actividades gremiales. Fue sometido a torturas y golpes, a causa de los cuales quedó con daños permanentes. Estuvo desaparecido temporalmente y fue trasladado a sedes policiales no autorizadas. Fue puesto en libertad al no encontrársele ninguna responsabilidad. A pesar de las denuncias realizadas, los torturadores nunca fueron sancionados.
El 8 de mayo de 1989 Filomena Flores García natural de Vilcashuamán fue detenida en las oficinas de una empresa de transportes por efectivos de la PNP y PT quienes la llevaron a su local en Huamanga. Allí fue torturada durante 8 días para que se autoinculpe como senderista, cuando le dieron libertad el 16 de mayo la amenazaron para que no denunciara su detención y torturas. A pesar de ello, solicitó garantías pues en febrero de 1988 soldados allanaron su vivienda en la comunidad campesina de Pomatambo y se llevaron dinero y una máquina de coser, rompieron sus muebles y la amenazaron de muerte. En 1985 soldados EP mataron a sus hermanos. En marzo de 1984 desconocidos asesinaron a su esposo que en ese entonces era juez de paz letrado.
El 5 de octubre de 1989 el campesino Alberto López Bautista fue detenido por efectivos del EP en Huamanga y trasladado al cuartel Los Cabitos. (Ayacucho). A los dos días logró escapar aprovechando la embriaguez de sus custodios. Señaló que fue brutalmente torturado, ni el fiscal ni el juez conocían de su detención. Al denunciar las torturas ante el fiscal público de Ayacucho, se ordenó a la policía que le brinde protección. Inicialmente la policía se negó y sólo cuando el caso tuvo repercusión internacional accedieron a protegerlo.
Entre el 4 y 5 de noviembre de 1989 en varias ciudades de Junín, fueron detenidos 10 trabajadores mineros, de los cuales 6 fueron objeto de tortura. Ellos fueron: Juan Ancasi Damián (La Oroya), Braulio Zegarra García (La Oroya), Edgar Buijaico Arroyo (Morococha), Félix Quispe Balbín (La Oroya), Abdón Acuña Asto (Morococha), y Óscar Pariona Clemente (Morococha). La detención de los mineros habría sido efectuada en dos operativos en las fechas mencionadas realizadas por el Ejército. Los detenidos fueron trasladados a la Base Militar de Morococha y La Oroya. Posteriormente todos fueron llevados al cuartel EP de Huancayo, donde fueron severamente torturados acusándoles por delito de terrorismo. Luego de numerosas acciones, en las que también participaron la Federación Nacional Molinera y dirigentes de CENTROMIN, los detenidos fueron liberados el 19 de noviembre. Los torturadores quedaron impunes.

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Detenciones Arbitrarias y Presos Políticos

Detenciones Arbitrarias.
Con frecuencia, la realización de operativos de rastrillaje y detención fue en forma indiscriminada. Ello explica que en los primeros 3 meses de la declaración de emergencia en Lima en 1986 fueron detenidas 38 mil 111 personas. El 27 de setiembre de 1987 la policía detuvo a 180 personas, incluyendo a 7 menores, en una fiesta autorizada de la Asociación de Abogados Democráticos. En otra oportunidad, el 6 de junio de 1988, tres buses de San Marcos que participaban en una protesta fueron detenidos y los 300 pasajeros arrestados.
En otros casos, aparentemente tenían una motivación política. Por ejemplo, en febrero de 1987 la policía detuvo a 40 personas en una fiesta autorizada de IU en Huaraz. Del mismo modo, en octubre de 1988, durante una huelga nacional, fueron detenidos varios conocidos dirigentes sindicales y acusados de terrorismo. La policía atacó el local de la CGTP y del Sindicato de la Compañía Eléctrica con bombas lacrimógenas. Algo similar ocurrió en la huelga de mineros de octubre, luego de tres meses de espera para una reunión entre los dirigentes mineros y el gobierno, se convocó a una huelga. El 21 de octubre las oficinas del sindicato minero fueron allanadas, arrestaron a 21 dirigentes sindicales y todo el sector minero fue declarado en estado de emergencia. Al año siguiente, 3 días antes de una huelga minera en agosto, 34 dirigentes fueron detenidos y acusados de terrorismo. Una semana después, 10 más fueron detenidos. Sin embargo, en setiembre todos estaban libres y no habían sido procesados.
MACARI
En marzo de 1986 en Macari - Puno, un grupo de campesinos realizaron una protesta en demanda tierras de la empresa Kunurana que se encontraban en litigio y que concluyó con la toma de tierras por los campesinos conducidos por la Federación Unitaria de Campesinos de Melgar (FUCAN). Días después, Sendero Luminoso realizó un operativo interviniendo la central de la empresa y luego de un "juicio popular" torturó y asesinó a 3 trabajadores de la empresa y a 4 pobladores entre los cuales había un aprista. Desvirtuando así la justa lucha de los campesinos. Unos días después, el Ejército ocupó Macari y realizó operativos en toda la zona norte del departamento y detuvo a gran cantidad de campesinos, principalmente dirigentes.
Días después, un grupo de miembros de la Federación de Campesinos acompañados por el congresista de IU, Alberto Quintanilla, llegaron a Macarí (Puno) para indagar acerca de la situación de los campesinos detenidos. El Ejército los recibió en medio de una balacera; detuvo y desconoció la condición del congresista rompiéndole su credencial y los llevó a la plaza principal en donde los golpearon, y mantuvieron detenidos apuntándoles con sus armas. Simultáneamente el Ejército realizó el operativo destruyendo la mayor parte de las casas. Cuando el Ejército se retiró pudieron comprobar todos los daños realizados. Los detenidos fueron liberados en los meses siguientes.
Presos Inocentes y Presos Políticos.
El 17 de julio de 1987 en Sicuani (Cusco) Mario Flores Mayta fue detenido por la PIP de Sicuani acusado por delito de terrorismo por un campesino con quién había sostenido un litigio por unas tierras en el que el denunciante había perdido. Posteriormente fue trasladado a la DIRCOTE de Cusco en donde se le abrió instrucción quedando detenido.
El 27 noviembre de 1988 Abraham Guizado Pino, dirigente del Sindicato de Obreros de Papelera UNICEL, fue detenido por la PNP-DIRCOTE cuando se encontraba yendo a su centro de labores. Fue acusado de terrorismo, procesado e internado en el penal de Lurigancho, pero fue absuelto en diciembre de 1987. A pesar de ello perdió su trabajo.
En 1989 Carmela Ferro Estrada, considerara por Amnistía Internacional como presa de conciencia, continuaba encarcelada por haber viajado para recabar información sobre la suerte de Anacleto Llulli, su marido desaparecido por el Ejército en julio de 1988 en Huayrapampa.
Redada en las Universidades.
El 13 de febrero de 1987 una redada de las 3 fuerzas policiales ocupó 3 universidades: UNMSM, UNI y La Cantuta. El ingreso violento destruyó equipo y laboratorios, en el interior de los edificios hubo tiroteos indiscriminados, un guardián en San Marcos fue asesinado, dos estudiantes heridos, una estudiante violada y arrestaron a 800 estudiantes. El ministro Abel Salinas intentó mostrar este operativo como un éxito de la lucha antisubversiva al mostrar 4 pistolas, 120 libros y material propagandístico del MRTA y SL. 9 estudiantes fueron enviados a Canto Grande y el resto liberado. Algunos meses después, en agosto y setiembre, sus nombres fueron incluidos en los listados de prisioneros candidatos a una amnistía por no estar relacionados con los movimientos subversivos. Un estudiante permaneció desaparecido: Ángel Francisco Pérez Alí. Cuando sus familiares informaron a los congresistas que había sido visto vivo en DIRCOTE, sufrieron el allanamiento de su casa y la Policía intentó detener a su hermano. APRODEH presentó denuncia ante la CIDH.
Represión excesiva a movilizaciones.
Represión en Haycan.
El 17 de febrero de 1988 en las inmediaciones de la Plaza de Armas se realizaba una manifestación organizada por pobladores del asentamiento humano Huaycán exigiendo a las autoridades estatales no postergar más la solución de sus problemas de servicios básicos. Los efectivos GC arremetieron contra los pobladores y el camión rompemanifestaciones embistió a los pobladores atropellando y matando a Rafael Flores Echevarría e hiriendo en las piernas a Enrique Povis y a Clímaco Condori, todos ellos pobladores de dicho asentamiento. Los hechos fueron filmados por varios canales de TV.
Muertes de universitarios en movilizaciones.
El 12 de octubre de 1988 el estudiante universitario Hernán Pozo Barrientos, de 21 años de edad, fue asesinado por la Policía cuando ingresaba a San Marcos para apoyar una protesta.
En octubre de 1988 Yupanqui Ataucusi, de 26 años de edad, estudiante de San Cristóbal de Huamanga, fue asesinado por la Policía cuando protestaba por mayores rentas en las universidades.
Masacre de Pucallpa.
En febrero de 1989 una huelga campesina en Ucayali, San Martín y Loreto motivada por la protesta por las deudas impagas por el gobierno y la desatención a los créditos agrarios. Luego de tres semanas de paralización la huelga llegó a su fin cuando un representante del Estado reconoció una deuda que mantenía ECASA y ENCI por ventas de maíz y arroz.
En las semanas previas, los campesinos habían sufrido diversas formas de represión: incursiones en comunidades, arrestos y destrucción de propiedades. Con la autorización de la prefectura departamental, los dirigentes convocaron una marcha de celebración en la que participaron 8 mil campesinos.
De acuerdo a un informe de APRODEH, el 9 de febrero los campesinos convocan a una movilización pacífica para festejar los acuerdos. La movilización debía terminar con el izamiento de la bandera nacional en la Plaza de Armas de Pucallpa. Las autoridades locales estaban al tanto de la movilización, la que contaba con los permisos correspondientes. Encontrándose los manifestantes en las inmediaciones de la Plaza, un policía tuvo un altercado con uno de los dirigentes de la movilización al intentar arrebatar una bandera nacional a un campesino. Ello ocasionó una pelea por lo que la Policía atacó a la multitud con bombas lacrimógenas. La multitud logró alcanzar la Plaza de Armas, donde elevaron la bandera nacional y cantaron el himno nacional.
La PIP desde el techo de las casas vecinas abrió nuevamente fuego contra la multitud con fusiles AK-47. 23 campesinos murieron, 28 desaparecieron, decenas fueron heridas y 300 detenidas, entre ellas el Secretario de la Federación Campesina Hugo Blanco, y luego liberadas. Según algunas denuncias, los heridos fueron asesinados en la carretera y enterrados en una fosa común. Un policía fue herido con una bayoneta.
El fiscal provincial denunció a la policía por homicidio calificado, pero no se efectuaron arrestos. Posteriormente, un juez dictó una resolución inhibiéndose del proceso y declinando a favor del Fuero Privativo Militar. La resolución no fue notificada a los familiares de los agraviados. Se desconoce el resultado del proceso.
Represión a congresistas y líderes políticos.
Durante una huelga en 1986 se produjo un enfrentamiento entre policías y mineros que dejó como saldo entre 30 y 50 heridos. Entre ellos el congresista Manuel Cortéz Fernández.
En 1988 la diputada de izquierda Cristala Constantinides fue herida con perdigones, al igual que otros 9 mineros que marchaban hacia Arequipa para unirse a una huelga.
En febrero de 1989 el entonces ministro Villanueva prohibió el uso de perdigones por parte de la Policía. Pero un año después, en febrero de 1990, el candidato presidencial de IU Henry Pease fue herido con perdigones por un oficial de la Policía cuando ingresaba con sus simpatizantes a la Plaza de Armas. El ministro Mantilla presentó su renuncia, pero Alan García no la aceptó, pidió disculpas a Pease y mantuvo a Mantilla hasta el fin del gobierno.
Represión a pobladores.
Durante una protesta en noviembre de 1987, pobladores que habían recibido lotes para vivienda del gobierno fueron duramente golpeados en la Plaza de Armas mientras exigían el reconocimiento de su propiedad.
Atentados contra Defensores de DD.HH.
Durante 1988, las FF.AA. empezaron a detener a las personas que investigaban casos relativos a la defensa de los derechos humanos: en julio fueron arrestados 4 asistentes sociales de una agencia social católica durante 28 horas, y otros 5 miembros de una parroquia por 48 horas. En Lima un sacerdote fue detenido y cuestionado en sus actividades con trabajadores.
El 8 de agosto de 1988 la oficina de COFADER, organización de familiares de desaparecidos de Lima, fue asaltada. Luego de la denuncia, la PIP no investigó el robo, sino la estructura organizacional, actividades y financiamiento de COFADER. Por otra parte, su presidenta, Zenaida Fernández, fue amenazada e intimidada por personal de DIRCOTE antes de viajar a una reunión internacional.
El 9 de julio de 1988 Ayacucho recibió la visita de una comisión de defensores de DD.HH. entre los que se encontraban el sacerdote Carlos Gallagher; Pilar Coll, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Susana Gonzáles y Elsa Ballón, representantes de la Comisión Episcopal de Acción Social; el ciudadano alemán Reiner Huhle de SERPAJ y Guadalupe Collaccunto, vicepresidenta de ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Ejecutados del Perú). Cuando se encontraban reunios en su hotel fueron detenidos efectivos de la PIP acusándolos de pertenecer a movimientos subversivos. Fueron liberados 30 horas después a excepción Huhle quién recién fue liberado el 12 de julio.
El 4 de agosto un agente de inteligencia amenazó de muerte a los miembros de ANFASEP y la casa de su presidenta Angélica Ascarza fue allanada por 5 miembros de la PIP.
En 1989 fueron denunciados por terrorismo 3 abogados especialistas extranjeros y 5 residentes locales mientras se encontraban organizando un seminario sobre derechos constitucionales en San Marcos, Cajamarca.
En febrero de 1990 dinamitaron las oficinas de la Comisión Andina de Juristas, y en marzo la Sección Peruana de Amnistía Internacional. Además, 4 activistas de derechos humanos recibieron amenazas telefónicas.
El 27 de febrero de 1990 5 miembros del ejército vestidos de civil con porte militar detuvieron a Ángel Escobar Jurado, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de Huancavelica y colaborador de APRODEH. Escobar, luego de haber salido de las oficinas del CODDEH, se encontraba transitando por el puente San Cristóbal cuando fue metido en una camioneta que se dirigió al centro de la ciudad, presumiblemente al Cuartel EP de Huancavelica. En el trayecto fue visto por un conocido a quién le gritó que lo estaban deteniendo. Una testigo indicó que vio a quienes lo detuvieron al día siguiente, vestidos con uniforme militar. Dependencias militares y policiales negaron su detención. A partir de la fecha se desconoce su paradero. En marzo de ese mismo año el juez declaró improcedente la demanda de habeas corpus. El caso se encuentra en la CIDH presentado por APRODEH.
El 25 de Abril de 1990 Pastor Juscamita Laura fue detenido cuando llegó a Ayacucho en busca de trabajo. Fue llevado por soldados uniformados a la base militar de Huanta. Según testimonian los familiares, de allí habría sido trasladado al cuartel Los Cabitos (Huamanga). Los militares de la base de Huanta negaron su detención. Su caso fue presentado por APRODEH a la CIDH.
El 10 de junio de 1990 un grupo de 15 encapuchados armados, llevando botas del ejército, secuestró a Guadalupe Ccallocunto, activa miembro de SERPAJ y miembro de ANFASEP, de su domicilio. Todas las diligencias realizadas para establecer su paradero fueron en vano. Guadalupe Ccallocunto también tenía a su cargo un taller de artesanías en beneficio de las víctimas de la violencia en Ayacucho. El caso, presentado por APRODEH, se encuentra en la CIDH.

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Procesos Judiciales por violaciones cometidas en años anteriores.

Proceso contra Álvaro Artaza Adrianzén (A) "Camión".
Los casos de la desaparición del periodista Jaime Ayala (1984), la matanza de Callqui (6 integrantes de una comunidad evangélica, 1984) y las fosas de Pucayacu I (49 cadáveres de detenidos-desaparecidos, agosto de 1984) fueron acumulados en un solo proceso contra el Capitán de Corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén.
Inicialmente los procesos se llevaron ante el fuero civil, al plantearse una contienda de competencia en abril de 1985, la Suprema dirimió a favor del Fuero Militar en lo relativo a la masacre de Pucayacu no así en el caso de los evangelistas.
Pero cuando el fiscal había determinado la responsabilidad de varios oficiales de la Marina y demostrado que las víctimas no tenían ninguna vinculación con SL, nuevamente esa institución planteó una contienda de competencia. En octubre de 1995, la Corte Suprema dispuso que el expediente retorne al Fuero Privativo.
Con la complicidad de la Marina, el 2 de febrero de 1986, Artaza fingió un secuestro para evitar el juicio en la Corte Suprema. El gobierno no investigó el secuestro y se sospechaba que había sido enviado al exterior
El 13 de febrero de 1986 el Consejo de Guerra absolvió a Artaza y levantó la orden de captura.
Abuso de autoridad.
Pabellón Británico (Penal San Pedro- Lurigancho)
En diciembre de 1988 los internos procesados o sentenciados por delitos comunes del Pabellón Británico del Penal San Pedro (en Lurigacho) presentaron sus quejas ante el encargado de la seguridad debido a la falta de alimentación mínimamente adecuada. El pedido fue respondido por las autoridades del penal con una fuerte represión que continuó en la madrugada del día siguiente cuando se sacó a todos los internos al patio en donde se les dio una golpiza brutal. Se produjo luego una requisa en la que se produjeron múltiples robos a los reclusos. A consecuencia de los golpes quedaron herido gravemente 78 internos, uno de ellos fallece unos días después a consecuencia de los golpes.
La Iglesia Católica formuló una denuncia ante la 7ma. Fiscalía Provincial de Lima, pero la denuncia no recibió mayor trámite.
Comunidad Campesina de Lloccllacsa.
En Ayacucho un representante de la comunidad campesina de Lloccllacsa denunció el 14 de julio de 1986 ante una delegación de DDHH que durante 1986 los soldados del cuartel EP Totos-Paras cometieron una serie de abusos contra los comuneros de los distritos de Totos, Paras, Vilcanchos (Cangallo) amenazándolos de muerte; violando a las mujeres, robándoles sus pertenencias, etc. Indicó que en julio de 1986 les exigieron que mensualmente les proporcionaran 15 carneros y leña, así como también trabajar en forma gratuita cuando se lo soliciten. La comunidad de Lloccllacsa como no tenía suficiente ganado ovino se veía en la obligación de comprar los carneros para entregárselos y evitar represalias.
Pueblo de Manta.
El 27 de noviembre de 1987 en el pueblo de Manta (Manta, Huancavelica) comunero de las 12 comunidades campesinas y pueblos del distrito fueron convocado a la plaza de armas por el jefe político militar de Manta para celebrar el Día de la Infantería del Ejército. Encontrándose este en estado de ebriedad al igual que muchos de sus subordinados, ordenó, al finalizar la celebración, detonar una granada. Alrededor de 200 campesinos quedaron heridos, 3 de ellos de gravedad, y 2 soldados. Los soldados fueron llevados en helicópteros a Huancavelica y los campesinos a Huancayo (80 heridos) y Huancavelica (63). Los demás heridos se atendieron por su cuenta. Los militares justificaron su acción indicando que hubo un enfrentamiento con SL, ello les permitió no costear los gastos de medicinas y alimentos que les reclamaban los heridos.

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Principales hechos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de Sendero Luminoso y el MRTA.

Masacres de Sendero Luminoso.
En 1987 SL masacró a 24 campesinos en Rumirumi - La Mar, Ayacucho. En abril de ese mismo año en Huancavelica una emboscada a un bus produjo 10 soldados y 4 civiles muertos. En setiembre asesinó a 14 campesinos en Ayacucho. Ese mismo año en San Martín luego de un simulacro de juicio mató a 7 narcotraficantes y en Ayacucho 'sentenció' a 10 campesinos a ser enterrados vivos.
En enero de 1988 un grupo de SL disfrazados de soldados ingresó a un pueblo en la provincia de La Mar. Allí reunió a toda la comunidad en la Plaza de Armas y decapitó a 24 personas. En junio, SL obligó a una comunidad en Huanta a observar el asesinato de 14 personas.
El 29 de enero de 1989 en Colca - Ayacucho SL torturó, mutiló y asesinó a Lidia Castro Morales, por negarse a participar en una asamblea. En febrero de 1989 fueron asesinadas 35 personas en Canaire - Ayacucho. El 2 de marzo degolló a 3 profesores y un estudiante acusado de traidor en un colegio de Chumbivilcus. El 1 de mayo interrumpió un partido de fútbol en Cullpa, Junín y asesinaron a 3 jugadores que se negaron a escuchar un discurso. El 9 de junio asesinó a 45 campesinos de tres pueblos en Huancavelica por no acatar un paro. Luego de un simulacro de juicio fueron abaleados, acuchillados o se les destrozó el cráneo frente a sus amigos y familiares. El 3 de noviembre se produjo un enfrentamiento entre SL y las FFAA en el centro de Lima que duró una hora y fue atestiguada por los medios de comunicación.
Masacres de Macachacra.
En Macachacra, SL mató entre 1980 y 1986 a 12 personas. En 1986 degolló al presidente de la Patrulla de Defensa Civil, Teófilo Corichagua, al igual que Pastor Huamán Infante, gobernador de Corpacancha de 22 años, y Adrián Retamozo Barron, de 18 años. En marzo de 1987 dinamitó la casa del alcalde Andrés Porras Mallqui hiriendo a su hija. Al mes siguiente, el alcalde fue interceptado y asesinado.
Masacre de Río Apurímac.
El 12 de junio de 1987 cerca de 40 senderistas interceptaron una flota de 35 botes en el río Apurímac a la altura de Rinconada. Allí degollaron públicamente a 10 hombres identificados por un niño y un joven como miembros de las patrullas civiles. Otros 8 fueron asesinados por niños de 9 a 15 años en el monte. A continuación robaron los víveres que habían adquirido y fugaron. Luego, las patrullas civiles se dirigieron a Pan de Azúcar e interrogaron a los vecinos, la armada impidió que se vengaran los asesinatos contra civiles. Durante las reuniones se criticó fuertemente la inseguridad en la que se encontraban y exigieron el retorno del ejército a la zona.
Asesinatos Selectivos.
En 1986 SL atentó contra Alberto Kitasono, secretario de organización del APRA. Aunque fracasó, el 10 de octubre de 1987 asesinaron a su asistente, Nelson Pozo Calva. El 23 de junio de ese mismo año el grupo subversivo atacó el tren de Macchu Picchu y provocó la muerte de 8 turistas y 14 heridos como represalia a la masacre de los Penales.
El 30 de enero de 1987 fue asesinado César López Silva, ex presidente del Colegio Médico y prominente dirigente aprista. El 29 de agosto fue asesinado Rodrigo Franco Montes, presidente de ENCI. Poco antes había asesinado al Prefecto de Apurímac junto a su hijo de 12 años. En Lima, el 9 de abril de 1987, un grupo de SL atacó indiscriminadamente la cebichería El Piano, donde almorzaban algunos policías uniformados. Dos de ellos murieron, al igual que 4 civiles.
En 1988 un prisionero acusado de informante fue ejecutado por reos acusados de terrorismo. El 3 de julio de 1988 SL hizo estallar una granada causando más de 30 heridos en un baile en Huamanga para protestar por la presencia en la ciudad de un conjunto de música popular Los Shapis, quien era acusado de enriquecerse manipulando y desvirtuando la cultura andina.
El 31 de mayo de 1989 SL asesinó a tiros al jefe de un proyecto de crianza de camélidos, Esteban Bohorquez y a la periodista Barbara D'Achille fue pisoteada hasta morir en Huancavelica. En agosto, SL ordenó que todas las ONGD abandonen el Perú. El 5 de diciembre 4 trabajadores del CICDA, entre ellos dos francesas, fueron secuestrados, torturados y decapitados.
Atentados contra funcionarios del Estado
En 1985 SL asesinó al director de una cárcel. Al año siguiente, inició el secuestro y ejecución de colaboradores de programas de desarrollo del gobierno con los agrónomos en Macarí - Puno. En enero de 1987 las víctimas fueron tres campesinos que participaron en programas gubernamentales en Ayacucho.
En enero de 1988 fue asesinado Luciano Valderrama, teniente gobernador aprista de Moyobamba. En febrero de 1988 fueron asesinados 5 trabajadores gubernamentales del sector de telecomunicaciones en San Martín. El 13 de junio de 1988 SL asesina 2 alcaldes, 2 jueces de paz, 3 dirigentes campesinos Progreso, Antabamba y Mollebamba en Apurímac. Al día siguiente mueren los investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agraria Gustavo Rojas y el ciudadano americano Constantine Gregory en Junín. Ese mismo mes 6 autoridades civiles fueron asesinadas por senderistas en pueblos del departamento de Lima. En julio fueron asesinados un juez y el gobernador de Ica. El 21 de julio Hugo Tello Mata, regidor de Huanta por IU, fue asesinado. En agosto, un teniente gobernador, un ingeniero y otro empleado del gobierno en Junín también fueron ejecutados. En setiembre un teniente gobernador y su esposa fueron abaleados, sus dos hijos desaparecieron.
En 1989 fueron asesinados 46 alcaldes y las amenazas provocaron la renuncia de 263. El alcalde de Huamanga por IU, conocido defensor de derechos humanos y crítico del SL y de las FFAA, Fermín Azparrent, fue asesinado el 19 de setiembre. Había sufrido 5 amenazas de muerte de SL y 4 del CRF.
Atentados contra autoridades militares.
El 11 de mayo de 1986 asesinó al oficial de marina Carlos Ponce y el 14 de octubre al Vicealmirante Gerónimo Cafferata Marazzi. En abril del año siguiente en Lima SL atacó con armas automáticas un restaurante en el que murieron 3 oficiales del ejército y 5 civiles.
En marzo de 1988 una emboscada senderista en Huánuco mató 8 policías y 7 civiles.
Abigeato.
El 3 de febrero de 1987 un grupo de 15 miembros de SL obligó a los campesinos de Alto Qollano a robar ovejas de una cooperativa vecina. 4 días después, 11 campesinos fueron acusados de abigeato y pertenecer a la guerrilla. Varios de ellos fueron golpeados en prisión antes de ser liberados.
Acciones Propagandísticas.
SL cambió su estrategia de secreto al distribuir documentos internos sobre su evaluación del periodo 80-86 y los efectos de la masacre de los penales. En mayo de 1987 secuestraron a Abilio Arroyo, corresponsal de Caretas en Huanta, a fin de proporcionarle una entrevista exclusiva.
MRTA.
Luego de una tregua posterior a la inauguración del gobierno de García, en 1986 el MRTA reinició sus acciones.
En noviembre de 1987 el MRTA ocupó varios pueblos, entre ellos Juanjuí, donde capturaron el arsenal de la Policía, y San José de Sisa. También secuestró el 7 de julio al general FAP (r) Héctor Jerí. El mismo fue liberado el 23 de octubre luego de que la familia distribuyera alimentos en barrios. En agosto, dos miembros que negociaban el rescate fueron detenidos por la DIRCOTE: Miguel Pasache Vidal y Sócrates Porta Secano. Sus cadáveres con huellas de tortura aparecieron en setiembre en Cañete. El 20 de ese mes el CRF se adjudicó la responsabilidad.
El 11 de febrero de 1989 el MRTA llevó a cabo una serie de ataques con bomba en Lima. El 14 de setiembre de 1989 tres miembros del MRTA robaron un camión con media tonelada de pescado congelado y lo distribuyeron en zonas rurales de Ventanilla y El Callao. EL 4 de octubre el MRTA secuestró a Héctor Delgado Párker, ex asesor principal de Alan García y empresario televisivo. Uno de los objetivos era canjearlo por Víctor Polay Campos, máximo líder del MRTA arrestado en Huancayo. Como consecuencia, 60 mil personas fueron detenidas, pero no se pudo hallar al empresario. En setiembre de ese año asesinó a un sargento de policía luego de un ataque contra la residencia del ministro de Economía y Finanzas César Vásquez Bazán.

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Actuación del Comando Rodrigo Franco.

Cronología de los Principales Hechos
1986
- El 7 de agosto de 1986 paramilitares ligados al PAP dinamitaron la radio Onda Azul de Puno. Esta emisora pertenecía a la Iglesia Católica. Los responsables estaban ligados al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Por otra parte, en Azángaro, la casa parroquial fue también dinamitada.
- El 9 de agosto un grupo de oficiales de los cuerpos de la Policía viajan a Miami a seguir un curso de desactivación de explosivos. Sin embargo, posteriormente se confirma que fueron a seguir un curso dictado por una empresa particular.
- En octubre, un informe de la revista Oiga revela que un grupo de oficiales de las FFAA y de la Policía estaría siendo adiestrados en un Curso Avanzado de entrenamiento de Oficiales de Seguridad en el cual participaron 2 integrantes del PAP, Jorge Domínguez Banda y Carlos Oliva Guerrero.
- El 30 de octubre, el diputado Javier Diez Canseco denunció la existencia de un "comando antiterrorista anticomunista puneño" que estaba realizando una campaña intimidatoria contra integrantes de la Iglesia y contra Izquierda Unida (IU).
1987
- El 2 de febrero se encontró en Puno un importante arsenal en la casa del secretario general del PAP en esa ciudad, Baltazar Ramírez de los Santos. Numerosas pistolas ametralladoras norteamericanas, pistolas de diferentes calibres, carabinas de cañón corto y alto calibre, 150 metros de mechas con efecto retardado y 14 cartuchos de dinamita.
- El 5 de febrero, Ramírez es detenido en las inmediaciones del local del Ministerio de Agricultura en Tacna. Se le incautaron folletos con precios de armas.
- El 26 de marzo la naviera Santa Sofía ingresa armas a nombre del Ministerio del Interior y otras a nombre del viceministro del sector, Máximo Agustín Mantilla. Las armas no fueron recogidas por sus propietarios y fueron entregadas a la DICAMET, entidad que remató el armamento y las entregó a una persona desconocida.
- En abril, aparece en el Cusco el Comando Anti Senderista (CAS) haciendo pintas y poniendo bombas.
- El 2 de octubre un atentado fallido contra el local de El Diario mató a dos militantes apristas con nexos con la policía, Adolfo Humberto Urquiano Barbandiaran y Richard Briceño Vásquez. Un tercero, Jesús Ríos Sáenz, fue herido. Este hecho extendió la preocupación de que miembros del APRA ejercieran violencia contra terroristas y opositores.
- El 1 de octubre se dictó un curso de táctica contra-subversiva en el Ministerio del Interior. El curso estaba a cargo de un grupo Delta estadounidense. El instructor constató que entre los concurrentes habían civiles por lo que se retiró con todo su equipo.
1988
- En enero de 1998, el Banco Central de Reserva importó 102 pistolas, chalecos antibalas, sensores láser, entre otros armamentos como parte de un programa de seguridad, lo cual atentaba contra la ley de Presupuestos de la República, que exigía que la adquisición de armas se haga a empresas públicas. Sin embargo, el Ministerio de Economía autorizó la importación y exoneró al BCR de realizar estudios para la elaboración de su plan de seguridad.
- El 28 de ese mes, apareció el Pelotón Punitivo Peruano que envió amenazas a la Asociación de Abogados Democráticos, a periodistas, parlamentarios y a jueces.
- En abril 14 jóvenes apristas fueron capturados por la Guardia Civil en las inmediaciones de la ciudad universitaria de San Marcos. Los jóvenes estaban armados con revólveres y explosivos pero fueron puestos en libertad.
- El 22 de abril apareció el grupo Llapan Atic-Llapan (todo lo puede y todo lo sabe) el cual incursionó en el poblado de Tinyacc, anexo del distrito de Miguai Macachacra, a 14 kilómetros de Huanta, Ayacucho. Incendió las viviendas de 14 dirigentes de la comunidad y unos 14 hombres repartieron volantes a favor del gobierno y amenazaron a los que apoyen a SL.
- En julio aparece el Comando Rodrigo Franco en Lima. Su primera acción fue el 28 de julio con el asesinato de Manuel Febres Flores, abogado de Osmán Morote y miembro prominente de la Asociación de Abogados Democráticos.
- En agosto del mismo año, el CRF entrega volantes en Ayacucho y en Cangallo contra el paro armado convocado por SL en ese departamento. Además en esta ultima localidad cuelga perros muertos como amenaza contra el grupo subversivo.
- El 1 de agosto aparece el Movimiento ¡Haya Vive! Realizando pintas en la ciudad de Trujillo.
- El 2 de agosto, el comando Manuel Santana Chiri aparece en Ica. En esta ciudad pinta los muros y amenaza al diputado de IU, Renán Raffo, al alcalde Aquiles Cavero, al vicerrector de la Universidad de esa ciudad, Oswaldo Aspilcueta, y a varios miembros de IU.
- El 8 de agosto, el CRF dinamitó en Ayacucho la tumba de la senderista Edith Lagos, que falleció en 1982.
- El 13 de agosto, el mismo grupo provoca un apagón en el hotel de Cusco donde Mario Vargas LLosa sostenía una conferencia de prensa.
- Ese mismo día Miguel Pasache, miembro del MRTA, fue detenido en su domicilio por 5 efectivos vestidos de civil que dijeron ser de la PIP y que lo llevarían a SUBDIRCOTE. El mismo 13, su hermano se apersonó a las mencionadas oficinas pero le negaron que estuviera allí detenido por varios días. Sin embargo, aquel día se encontró dos cadáveres con huellas de torturas y heridas de bala en San Antonio, Cañete. Posteriormente se confirmó que los cuerpos eran de Pasache y de Sócrates Porta Solano. El 23 de setiembre sus familiares en Lima recibieron una llamada del CRF Franco, que se adjudicó el hecho pues consideraban que era responsable de la muerte del dirigente aprista Rodrigo Franco asesinado en mayo del 87. Los familiares recibieron amenazas. Ese mismo día esta información salió en la prensa indicando que ambos estaban a cargo de las negociaciones por el MRTA para el pago del rescate del empresario secuestrado Héctor Jerí.
- El 14 de agosto, el fiscal Carlos Escobar, quien investigaba el caso Cayara fue amenazado por el CRF. El 21, el fiscal denunció la falta de protección contra su persona.
- El 20 de agosto, el alcalde de Huamanga, Fermín Azparrent acusó al PAP de haber montado el CRF. Señaló que en 1986 aparecieron los primeros grupos paramilitares armados en Ayacucho y que ahora han adoptado el nombre del CRF. La denuncia fue hecha con motivo de la aparición en los locales del Banco de la Nación y del Instituto Peruano de Seguridad Social de carteles del CRF amenazando de muerte a los militantes de SL.
- Ese mismo día hubo un atentado contra el vocal de la Corte Superior de Justicia, Víctor Roca, el cual fue atribuido al CRF.
- El 26 de ese mes una carga explosiva causó daños en la vivienda del presidente de Defensa de los Intereses de San Martín, Lucas Cachay. En el lugar se encontraron notas en las que el CRF se atribuía el hecho.
- El 27 llegó al Callao el barco polaco Wladislaw Jagiello el cual traía fusiles de asalto y precisión y silenciadores. Sin embargo, la nave traía el cargamento de otra, el Kusnica, que había sido transbordado en Maracaibo, Venezuela, por no contar "con la documentación satisfactoria".
- El 29, el diputado IU, Hernán Raffo, fue amenazado de muerte en Ica. Los sujetos dijeron pertenecer al Comando Manuel Santana Chiri.
- Ese mismo día aparece el Comando Regional de Aniquilamiento Cipriano Gil en la ciudad de Trujillo.
- En setiembre, el CRF distribuye volantes y detona explosivos en Churcampa, Huancavelica.
- El 3 el dirigente de Acción Popular, Leoncio Amaya Tuma, es asesinado por el coronel Pedro Chunga, testigo del hecho, reconoció al regidor del PAP, Manuel Chipilliguen, entre los atacantes. Amaya era presidente del Frente de Defensa de La Unión, Bajo Piura y opositor de la gestión edil.
- El 6 de setiembre de 1988 la casa del corresponsal de El Diario en Tingo María, Guillermo López sufrió un atentado dinamitero.
- El 10 de ese mes se produjo un enfrentamiento entre columnas de SL y del CRF, en Lincha, provincia de Yauyos, Lima, provocando la baja de 2 subversivos y una veintena de heridos.
- El 24 bombardeó la casa de Mario Cavalcanti Gamboa, presidente de un organismo de derechos humanos en Ayacucho y ex decano del Colegio de Abogados de Ayacucho. También sufrió amenazas de muerte.
- El 3 de octubre de 1988, el CRF asesina al profesor de la Universidad Los Andes de Huancayo, Herminio Parra. Su esposa trató de impedir el asesinato, pero los atacantes le dijeron "deja maldita, o si no tu morirás como el perro de tu esposo, así es como mueren los que atacan al APRA".
- Ese mismo día un acusado de pertenecer a SL, Luis Morón, fue asesinado luego de ser liberado por la Corte Superior de Ica. Su cadáver presentaba un orificio de bala ala altura de la axila izquierda con orificio de salida a la altura del corazón. Estaba atado de manos a la espalda con 2 correas.
- El 9 de ese mes, el CRF atentó contra la empresa Servicio de Artes Gráficos, ubicado en Lince, donde se imprimía El Diario.
- El 21 de ese mismo mes, apareció en Ayacucho el Comando Braulio Zaga Pariona.
- El 10 de noviembre el CRF amenazó de muerte al senador Javier Silva Ruete, y los periodistas César Hildebrandt y Roxana Canedo por haberse pronunciado en torno a la renuncia presidencial.
- Ese mismo día, detona explosivos en la casa del director del semanario Oiga, Francisco Igartua.
- El 17 de noviembre, el dirigente minero Saúl Cantoral denunció una amenaza de muerte por parte del CRF.
- Ese mismo día el grupo paramilitar dinamitó 5 torres de alta tensión y amenazó de muerte a 14 personas entre periodistas, profesores y dirigentes políticos de Huacho.
- Durante el paro armado convocado por SL entre el 21 y 27 de noviembre, el CRF dinamitó 2 establecimientos comerciales e instó a la ciudadanía a no plegarse al paro.
- En diciembre de aquel año, el expediente del caso Cayara desapareció luego del incendio en la fiscalía de Cangallo a manos del CRF.
- El 2 de ese mes el domicilio del juez César Amado, que tenía a cargo el caso, sufrió un atentado dinamitero por parte del mismo grupo.
- El 21 el CRF asesinó al militante del PPC, Sergio Artida.
- El 30 el CRF atentó por segunda vez contra la tumba de Edith Lagos.
1989
- El 17 de enero de 1989, el CRF asesinó al estudiante Luis Guerrero a quien atribuyeron el asesinato del policía, Walter Dulce. Sobre su cadáver colocaron un aviso que decía "Este es por el republicano....el CRF cumple".
- El 30 de enero 1989 el periodista ayacuchano Juvenal Farfán fue asesinado por CRF en compañía de su esposa y dos hijos.
- El 13 de febrero de 1989, en horas de la noche, se encontró en la playa de estacionamiento exterior del Parque Zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho) el cadáver del dirigente minero Saúl Cantoral con 7 balazos y huellas de torturas. A 12 metros, se encontró el cuerpo de Consuelo García Santa Cruz con dos impactos de bala y el cráneo aplastado por llantas. A las 7 y 30 de la noche de ese mismo día, Cantoral y su acompañante se habían encontrado cerca del parque Universitario, lugar donde quedaba el local de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú en donde había tenido una reunión con los dirigentes. Se habrían ido a Breña para hacer gestiones para obtener pasaporte. Desde ese momento se presume que habría y llevado a otro lugar donde fue torturado y posteriormente al Parque Zonal donde fue asesinado. Un patrullero que se encontraba cerca, vio pasar a una combi amarilla con 5 personas en las inmediaciones del parque, al escuchar disparos registraron la zona y encontraron los cadáveres. El 18 de Agosto del año anterior, Cantoral fue secuestrado por el CRF y liberado luego de haber sido golpeado y amenazado de muerte exigiéndole que detenga la Huelga Nacional Minera que se desarrollaba en ese momento.
- El 19 de marzo fue asesinado el periodista radial Guillermo López Salazar en Tingo María.
- El 2 de abril fue asesinó el diputado Edilberto Arroyo.
- El 26 de abril fue asesinado el secretario general de IU en Cangallo, Benigno Ayala y su esposa por el CRF.
- El 6 de mayo, es asesinado el diputado Pablo Li Ormeño.
- El 26 de julio, los estudiantes de la Universidad Católica Abel Malpartida Páez y Luis Álvarez Aguilar, de 21 y 22 años de edad respectivamente, fueron secuestrados, se les colocaron explosivos plásticos y los detonaron. Ambos cadáveres fueron encontrados en el balneario de Santa Beatriz, San Bartolo, y según las investigaciones policiales se les habría amarrado los explosivos en el tórax.
- El 23 de agosto de ese año, el abogado de la Comisión de DDHH de Pasco, Samuel Coqui Huamalí Sánchez, fue secuestrado, torturado y luego ejecutado por 4 hombres no identificados quienes le dispararon 4 veces. Se descartó que los responsables sean miembros del MRTA y de SL ya que primero fue secuestrado y que ocurrió durante las horas del toque de queda.
- El 6 de setiembre de 1989 sujetos no identificados asesinan a la última testigo del caso Cayara, Martha Crisóstomo, quien se desempeñaba como enfermera en el hospital Santa Elena. Ocho sujetos con el rostro cubierto, la acribillaron junto con Olga Farfán, estudiante de secundaria. La enfermera ya había recibido amenazas de muerte, por lo cual había sido trasladada a ese nosocomio.
- El 14 de ese mes. La revista Oiga publica el texto completo de un documento sobre el CRF y las actividades de uno de sus miembros, Jesús Miguel Ríos Sáenz.
Relación entre el CRF y el APRA
En 1989 fueron asesinados los diputados Eriberto Arroyo Mío, el 17 de abril, y Pablo Li Ormeño el 6 de mayo. Por ese motivo el Congreso formó una Comisión Investigadora multipartidaria con el encargo de investigar los grupos paramilitares. A lo largo de la investigación se presentaron muchas dificultades: el gobierno no proporcionó apoyo material, testigos claves se negaron a testificar, el presidente renunció cuando fue acusado de estar relacionado con el CRF, la hija del congresista de IU Manuel Piqueras fue secuestrada y amenazada antes de ser liberada, y la oficina del congresista de IU Gustavo Espinoza fue registrada. A pesar de todo, la comisión logró relacionar al CRF con altos miembros del gobierno, entre ellos el ministro Agustín Mantilla, y la policía. En octubre 3 miembros de la comisión denunciaron 220 acciones de grupos paramilitares, de los cuales 82 fueron asumidos por CRF. Otros grupos que actuaron principalmente en provincias eran: Comando Antisenderista (CAS), Pelotón Punitivo Peruano (PPP), Movimiento Haya Vive, Comando Manuel Santana Chiri y Comando de Aniquilamiento Cipriano Gil. Los nombres de estos últimos son de líderes apristas de provincias.
A lo largo de 1988 se descubrieron nexos con las fuerzas armadas, DIRCOTE y el APRA. Por ejemplo, cuando en agosto fueron detenidos 14 jóvenes apristas armados con explosivos y revólveres cerca de la Universidad San Marcos. Al año siguiente proliferaron denuncias de la actividad del Comando Rodrigo Franco. Los indicios apuntaban a que era una cubierta de los comandos políticos militares de Ayacucho y San Martín, así como de unidades militares y policiales, y pistoleros del partido de gobierno que actuaban con la aprobación de altas autoridades. Cuando ocurrieron detenciones, salieron rápidamente en libertad sin cargos.

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Política antisubversiva y otros sucesos relevantes respecto a los Derechos Humanos.

Comisión de Paz.
El 28 de julio de 1985, durante el primer mensaje a la nación de Alan García, se propuso la conformación de una Comisión de Paz que asesore al presidente en el tema de derechos humanos y revise los casos de presos políticos. Con esa finalidad, el 14 de setiembre de 1985 se nombró a Mario Suárez Castaneyra, monseñor Augusto Beuzeville Ferro, Diego García Sayán, César Rodríguez Rabanal, Alberto Giesecke Matto y Fernando Cabieses Molina. Luego de un inicio auspicioso, el 31 de octubre presentó propuestas y recomendaciones relacionadas con los desaparecidos, los presos políticos y la legislación antiterrorista. Sin embargo, pronto la Comisión empezó a criticar la insuficiencia de recursos asignados, la marginación que sufría de los espacios de poder y el reiterado bloqueo a su intervención a favor de los derechos humanos por parte de organismos estatales. Este malestar continuó agravándose, al extremo de que el 21 de enero de 1986 cinco de los seis miembros renunciaron.
Ante esta situación, el gobierno respondió en febrero de 1986 creando una segunda Comisión de Paz. Esta vez estaba formada por Fernando Cabieses Molina, Mario Samamé Boggio y César Rodríguez Rabanal, lo que constituía una notable reducción en su representatividad. Esta segunda comisión, ante la escasez de recursos se limitó a la elaboración de reflexiones teóricas. Su actuación más relevante fue durante el motín en los penales durante junio de 1986, cuando intentaron interceder para evitar la intervención de las fuerzas armadas. Cuando se desencadenó la masacre, se reveló la naturaleza ficticia de la Comisión y todos sus miembros renunciaron.
Finalmente, en diciembre de 1986, el gobierno anunció la creación de una burocratizada Comisión Nacional de Derechos Humanos con un mandato aún más ambiguo que sus antecesoras compuesta por 5 ministros y 4 representantes de la sociedad civil. Al año siguiente el representante de las organizaciones de derechos humanos renunció en protesta por la inacción de esta instancia.
Poder Judicial.
A lo largo del conflicto interno, una de las principales exigencias de las Fuerzas Armadas fue que sus miembros acusado de violaciones de derechos humanos debían ser juzgados en el fuero militar. Esta exigencia enmascaraba una voluntad de garantizar la impunidad de estos hechos. Las críticas de los especialistas señalaban que los tribunales militares deben juzgar únicamente delitos de función, y no delitos comunes o de motivación política.
El debate fue finalmente zanjado en detrimento del fuero civil cuando una sentencia de la Corte Suprema en 1986 determinó que todos los militares acusados de violaciones de derechos humanos debían ser juzgados por tribunales militares. Esta renuncia a la independencia del Poder Judicial fue severamente criticada. Una de las primeras y más graves consecuencias inmediatas fue bloquear las investigaciones que fiscales civiles habían iniciado en Ayacucho contra miembros de las Fuerzas Armadas por desaparición forzada.
Luego de un acuerdo político con relación a los delitos de función, en diciembre de 1986, el Senado modificó por unanimidad la Ley 24150, promulgada por el gobierno de Fernando Belaúnde, según la cual todos los delitos de las fuerzas armadas y policiales en zonas declaradas en estado de emergencia eran calificados como "delitos de función". De acuerdo a la modificación, los delitos de violación, secuestro, homicidio y tortura serían juzgados por tribunales civiles y considerados delitos comunes. Sin embargo, la Cámara de Diputados dirigida por el partido de gobierno pospuso la discusión e incomprensiblemente lo calificó de "asunto sensible".
Si bien una proporción insignificante de violaciones de derechos humanos llegó a los tribunales, el fuero civil tuvo a su cargo algunas causas en las que estaban involucradas las fuerzas policiales. Los resultados fueron diversos: se condenó a los responsables de la matanza de presos en el hospital de Ayacucho en 1982, la muerte de Francisco Ñufflo en una comisaría en 1983 y la Masacre de Hoscos, también en 1983. Sin embargo, quedó impune la muerte del líder campesino Jesús Oropeza en julio de 1984 y el comandante Artaza fue absuelto por el asesinato de 11 misioneros protestantes en 1984.
En 1987 para evitar las amenazas de los acusados de terrorismo contra los jueces a cargo de sus casos, el Congreso creó un Tribunal Especial para casos de Terrorismo. Esa medida provocó un grave retraso en los juicios, al punto que un grupo de derechos humanos calculó que sólo podrían resolver menos de 100 casos al año. En efecto, entre octubre y diciembre de 1987 no se emitió ninguna sentencia y en abril de 1988 fueron abolidos. El fracaso se debió a dificultades en el reclutamiento de jueces, falta de garantías para su seguridad y el grave retraso en la administración de justicia. La ineficacia del Poder Judicial llegó a su punto más escandaloso en 1988 con la absolución en dos cargos contra Osmán Morote, el número 2 de SL. Algunos observadores afirmaron que esta decisión estuvo influenciada por la intimidación de la que fueron objeto los jueces del caso, pero otros apuntaron a la falta de profesionalismo y la incapacidad de la policía para obtener pruebas válidas y suficientes en un juicio.
A nivel internacional, una decisión paradójica llevó al Estado peruano a ratificar los dos protocolos adicionales de los Convenios de Ginebra en 1989, a pesar de las evidentes y comprobadas violaciones al derecho humanitario cometidas por las fuerzas armadas durante la lucha antisubversiva.
Por otra parte, la falta de independencia del Poder Judicial fue puesta en evidencia en 1987 cuando el presidente de la Corte Suprema acusó al Poder Ejecutivo de interferencia en el proceso judicial del Luis Bertello Masperi, acusado de la quiebra de un banco y liberado bajo fianza con la complicidad del fiscal y del juez a cargo del caso.
Reconocimiento de la Guerra Sucia.
En marzo de 1986 el ministro de Marina, vicealmirante Julio Pacheco Concha, afirmó que "la única forma de defender la democracia es eliminar la subversión, cualquiera que sea el costo". En enero de 1988 una encuesta mostró que el 86% de la población creía que los militares matan gente inocente en su lucha contra Sendero Luminoso.
Presos Políticos.
La oposición afirmó en 1987 que aún existían 100 presos políticos ligados a la izquierda legal. Sin embargo, el gobierno se negó reiteradamente a conceder amnistía y, con la clara intención de prolongar el problema de estos presos inocentes, exhortó al Poder Judicial a "acelerar los juicios".
En 1988 se puso en práctica una nueva práctica represiva contra la oposición y los defensores de derechos humanos: un gran número de sindicalistas, dirigentes comunitarios, afiliados a partidos de oposición legal, activistas de derechos humanos, sacerdotes y trabajadores ligados a la iglesia fueron detenidos por breves periodos de tiempo, intimidados y finalmente liberados.
Libertad de Prensa.
Durante 1986 la presión de las fuerzas armadas sobre los medios de comunicación televisivos dio lugar a varios casos de censura. En marzo, César Hildebrandt fue obligado a posponer la presentación de un especial sobre el caso Ayala en su programa Encuentro. Sin embargo, más grave fue lo ocurrido en junio: tras la masacre de los penales el programa 1+1 fue sacado del aire y cancelado mientras se presentaba un especial sobre ese tema. Ese mismo día, el Nuevo Diario fue requisado en los puestos de venta.
Durante 1987 la libertad de prensa continuó sufriendo restricciones. En Ayacucho, luego de una revelación periodística sobre ejecuciones sumarias en Ayacucho, el Comando Conjunto restringió bruscamente el acceso de periodistas a las zonas en conflicto, con lo que se redujo la capacidad de observadores independientes de vigilar los abusos. En Lima los medios de prensa denunciaron el intento del gobierno aprista de influir en la información que publicaban mediante el suministro de papel de imprenta, préstamos de la banca estatal y el acceso a la red nacional de telecomunicaciones. En Tarapoto tres estaciones de radio fueron cerradas en represalia por transmitir información sobre la actividad subversiva local.
En 1988 disminuyeron las denuncias de manipulación en el aprovisionamiento de papel y moneda extranjera, pero subsistieron las quejas de presiones sobre medios de comunicación y restricciones sobre los periodistas en el viaje a zona de emergencia, donde la confiscación de videos y material fotográfico fue una práctica frecuente.
En 1989 César Hildebrandt fue denunciado por apología de terrorismo en una maniobra que, según el periodista, fue originada en Palacio de Gobierno
Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos.
En setiembre de 1987 APRODEH denunció el cambio en la política de desapariciones en las zonas de emergencia en los siguientes términos: "Si bien desde mediados de 1985 se notó una disminución del número de desaparecidos, este año el fenómeno pareciera estar recrudeciendo nuevamente, aunque con una nueva modalidad. Ahora un grupo de los desaparecidos, la mitad aproximadamente, reaparecen al cabo de un tiempo. Sus testimonios son concluyentes: fueron secuestrados por efectivos militares o policiales, estuvieron recluidos durante días o semanas en instalaciones militares (lo que está prohibido por la ley) donde los torturaron, para después entregarlos a los organismos competentes (policía y Poder Judicial). Del resto, al igual que antes, no se sabe nada, excepto de unos pocos cuyos cadáveres aparecen luego en alguna fosa común o botadero de cadáveres.".
APRODEH publicó un estudio sobre las desapariciones en 1988 de acuerdo al cual, casi la mitad de víctimas, en su mayoría campesinos de 18 a 30 años, continuaban desaparecidas. Los principales responsables de este delito fueron las fuerzas armadas, quienes estaban involucradas en el 80% de casos. Los departamentos con mayor número de desaparecidos fueron Ayacucho, San Martín, Apurímac y Huancavelica; lo que demostraba que la práctica de la desaparición forzada se generalizaba en las zonas declaradas bajo Estado de Emergencia.
Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos.
En enero de 1987 las fuerzas armadas retiraron provisionalmente a la Cruz Roja el permiso necesario para cumplir con su obligación de visitar las prisiones en las zonas de emergencia y llevar asistencia humanitaria. En abril, la prohibición se amplió para impedir el ingreso al centro de detención de DIRCOTE. En ambos casos se trataba de lugares en los que existían pruebas de una práctica de forma sistemática la tortura. El 20 de junio de 1988 el general José Valdivia, jefe del Comando Político Militar de Ayacucho y responsable de la masacre de Cayara, suspendió indefinidamente el permiso para que la Cruz Roja trabajara en Ayacucho, y el 23 amplió la prohibición a Medecins du Monde y a la Comisión Episcopal de Acción Social. Esta decisión fue revocada recién en 1989.
En 1988 el relator especial sobre tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dirigió una misión de indagación en el Perú y concluyó que la práctica de la tortura no puede ser combatida porque los pedidos de hábeas corpus no son admitidos por las autoridades militares o son inútiles debido a que niegan las detenciones realizadas, porque no se cumple la obligación de contar con un fiscal en el arresto y en todas las etapas de la investigación, y porque las investigaciones que realiza el ministerio público sobre tortura fracasan por la inseguridad de los testigos y el ambiente de terror vigente.
Condiciones de vida.
Las condiciones de vida de la población peruana empeoraron debido a la crisis económica a niveles desconocidos. En 1987 el Ministro de Salud reconoció que los enormes avances en la lucha contra la tuberculosis de los últimos años se habían perdido, y que 12 nuevos casos de tuberculosis se presentaban cada día. La tasa de mortalidad entre los enfermos alcanzaba un incalificable 20%. En 1989 el consumo calórico promedio de los peruanos fue equivalente a apenas el 72% del recomendado por la FAO. Se supo que 170 niños menores de un año morían diariamente y que la deshidratación mataba a una persona cada 20 minutos. La pérdida de oportunidades también llegó a niveles insostenibles, pues se preveía que únicamente el 20% de los niños que iniciaron sus estudios los terminarían, que el 65% de hogares carecían de agua potable y el 90% de desagüe.
Desplazados y huérfanos de la guerra.
En 1987 se calculaba que el número de desplazados internos reubicados sólo en Lima e Ica era de 80 mil personas. Muchos de ellos habían migrado a las ciudades y vivían en condiciones de extrema pobreza. También se calculó que había entre 8 y 10 mil huérfanos de guerra, muchos de ellos testigos de la muerte o desaparición de uno o ambos padres y con secuelas psicológicas imposibles de borrar.

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DDHH en Peru

Este documento ha sido publicado el 21sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights