Informe sobre los Derechos Humanos en Paraguay - Año 1996
Ruth Irala de Kurtz
1. Situación general, marco legal e institucional.
2. Compromisos internaiconales.
3. Iniciativas legislativas durante el año 1996.
4. Condiciones que se presentan en el área de la discapacidad.
4.6 Salud, rehabilitación y Seguridad Social.
4.8 Mujer y personas con sufrimientos psíquicos.
En 1992, la Convención Nacional Constituyente recogió los reclamos de las Asociaciones y personas comprometidas con el sector, y es así que en el artículo 58 de la Constitución Nacional establece que "se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, de su recreación y de su formación profesional para una plena integración social. El Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requieran. Se les reconocerá el disfrute de los derechos que ésta Constitución otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, a fin de compensar sus desventajas".
La ley 122/90 de derechos y privilegios para los impedidos establece:
a. Prohibición de todo trato discriminatorio contra los impedidos y les otorga el procedimiento sumario del Amparo Constitucional (artículo 6).
b. La inserción de las necesidades de los impedidos en toda planificación social y económica.
c. Proveer gratuitamente atención médica, psicológica y funcional, incluídos los aparatos de prótesis y ortopedia (artículo1).
d. Proveer gratuitamente la readaptación social y educación diferencial en todos los niveles para la formación profesional (artículo 1, 5).
e. Proveer gratuitamente las ayudas y consejos para asegurar el máximo aprovechamiento de sus facultades y aptitudes (artículo 1, c).
f. Proveer gratuitamente de servicios de colocación. (artículo 1, c).
g. Dar preferencia a los impedidos en todas las actividades que puedan desempeñar en la Administración Pública, Entes Descentralizados y empleadores privados (artículo 4).
h. Atender inmediatamente a los impedidos en los lugares de concurrencia de personas (oficinas, administración, bancos, espectáculos) (artículo 5).
El Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO), creada por Ley N 780/79, tiene el objetivo fundamental de "proteger en forma integral a las personas excepcionales de tal modo a neutralizar las desventajas que su condición les provoca, y les den oportunidad, mediante su propio esfuerzo, de desempeñar un rol equivalente al que ejercen las personas normales" (artículo 5). Establece entre otras muchas, las funciones de:
a. Protección jurídica (contra toda forma de discriminación, abandono, explotación y trato cruel o degradante), y para que puedan ejercer los derechos y tener las garantías consagradas en la Constitución Nacional.
b. Prestación de servicios de rehabilitación, diagnóstico, de educación, de trabajo, de residencia u Hogar.
c. Gestión para la incorporación de la protección integral de las personas excepcionales a los planes nacionales de educación, salud, trabajo y legislación.
d. Promoción y realización de investigaciones.
e. Coordinación de acciones gubernamentales y del sector privado.
f. Apoyo a toda iniciativa tendiente a la prevención.
g. Promoción y realización de formación de personal especializado.
h. Difusión de material educativo e informativo.
Esta institución depende del Ministerio de Educación y Culto, por lo que su autoridad máxima es el Ministro, Dr. Nicanor Duarte Frutos. Su director es el Dr. Rodolfo Romero, oncólogo de profesión.
Asimismo, está el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación y Culto, elevado a la categoría de Departamento por Resolución N 1.421 del Ministerio de Educación y Culto el 30 de junio de 1981. La actual directora de este importante Departamento es la Lic. Lidia Amarilla. El Departamento tiene las siguientes funciones:
a. "La dirección, orientación y control de las unidades académicas, así como la elaboración de normas que regulen el sistema de Educación Especial". El sistema constituye un conjunto de servicios especializados y diferenciados "que abarca desde la formación pedagógica precoz, la formación pre-escolar, la formación escolar y la formación profesional del sujeto de la misma, hasta la incorporación en el mundo del trabajo".
b. "Formular un Plan Nacional de desarrollo de la Educación Especial que contemple el mejoramiento de las infraestructuras físicas y curriculares del sistema, así como la especialización, formación, capacitación y profesionalización de los respectivos recursos humanos".
c. "Incrementa una fluida cooperación e intercambio recíprocos con organismos e instituciones nacionales e internacionales dedicados al quehacer de la excepcionalidad, muy especialmente con el Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales - INPRO".
e. Una acción sistemática educativa que contribuya al mejoramiento de la población afectada por la discapacidad.
La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) "tiene por objeto principal satisfacer las necesidades humanas de los sectores de la población carentes de medios económicos suficientes, a cuyo efecto queda facultada a obtener, y administrar los bienes y servicios de conformidad con esta ley" (Ley 19/89 que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley N 10/89).
Tiene entre sus facultades, la de "prestar asistencia a la niñez, a la vejez y a las personas excepcionales" (artículo 3). Preside el consejo directivo el Lic. Luis Mario Ramirez.
El Comité Nacional de Apoyo - Area Discapacidad, del Despacho de la Primera Dama, propicia una "Campaña de Concientización sobre la Discapacidad" con el objeto de llegar a todas las comunidades, aún las más lejanas, con acciones concretas, y una red de apoyo regional (instalada en las diferentes gobernaciones) para generar conciencia en la población sobre la discapacidad física o mental (sordera, ceguera, impedimentos motores y retardo mental).
Los comités departamentales integrados por diferentes sectores públicos y privados quiere estimular la participación ciudadana de manera a asumir un real compromiso con el programa y con el único propósito de establecer un lazo de solidaridad basado en la necesidad de una mayor y efectiva integración de las personas con discapacidad al quehacer cotidiano. Este comité está conformado por las esposas de los Ministros del Poder Ejecutivo y presidido actualmente por la Sra. Marina de Scavone.
Los acuerdos internacionales sobre atención a las personas con discapacidad son:
Las asociaciones autogestionadas de personas con discapacidad han promovido la presentación ante el Congreso Nacional de un proyecto de Ley que crea el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADI), dependiente del Poder Ejecutivo, y cuyo objetivo sería el de "elaborar una política nacional para la prevención, rehabilitación, integración y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad". Tendrá rango y jerarquía de Secretaría de Estado. Una propuesta muy similar ya había sido hecha al Congreso en mayo de 1994.
La dirección y el consejo consultivo del INPRO (Ley 780/79) han promovido la presentación, ante la Cámara de Diputados, de un proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Prevención de la Discapacidad y de Rehabilitación e Integración de las Personas con Discapacidad. Esta propuesta conserva los delineamientos esenciales de la Ley 780/79 pero hace depender a la institución proyectada de la Presidencia de la República, transformando el consejo consultivo actual en consejo directivo (con participación de las personas con discapacidad), amplia y profundiza los objetivos de dicho ente
Las preocupaciones de estos dos proyectos de Ley son la autonomía del Ministerio de Educación y Culto, la coordinación de planes y acciones, la descentralización y la cobertura de servicios, los derechos humanos y el fortalecimiento de las asociaciones no gubernamentales.
El Paraguay tiene en 1996, según estimaciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, una población de 4.955.238 habitantes y aproximadamente 495.523 personas con discapacidad.
"La cifra obtenida, de casi medio millón de personas discapacitadas, posiblemente sea inferior a la existente en la realidad, si atendemos a las conclusiones de los estudios internacionales que consideran que en algunos países en desarrollo, la población discapacitada alcanza el 20%. La discapacidad acciona en todos los órdenes (salud, economía, educación, laboral, etc.) afectando a toda la familia, y por ello, la discapacidad afectaría a unos dos millones y medio de personas, es decir, a más de la mitad de la población del país" (PNUD:1992).
De acuerdo a los datos proporcionados por el Censo Nacional de Población y Vviendas, la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran en la Región Oriental, que concentra a 14 de los 17 departamentos con que cuenta el país y donde habita el 97,5% de la población.
En el área urbana habitan 2.089.688 personas, en el área rural 2.062.900 personas, según datos del Censo de Población de 1.992; estimamos, sin embargo, que la mayor cantidad de personas con discapacidad vive en pueblos y compañías del área rural.
En localidades rurales de 2.000 habitantes con cierto grado de aislamiento, se han encontrado síntomas y señales de discapacidad en un 25,60% de la población estudiada (IIN:1991).
Existe un predominio de gente joven con discapacidad, ya que el 70% de la población general está por debajo de los 30 años.
En áreas rurales, la presencia de mayores porcentajes de población con síntomas o señales de deficiencias se da entre las edades de 6 a 17 años, los que nos induce a concluir que la discapacidad recién es detectada cuando el niño accede a la escuela (IIN:1991).
En el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 apenas se encontraron a 39.726 personas con distintos tipos de impedimentos, lo que equivaldría el 0,96% de la población total de ese año (la población total del Paraguay en 1992 fue de 4.152.588 habitantes). De este número, 21.879 impedidos eran hombres y 17.847 eran mujeres; en el área urbana se detectaron a 20.523 personas con discapacidad de ambos sexos y en el área rural a 19.203.
De acuerdo al tipo de impedimento, había 7.759 personas con parálisis; 5.237 con retardo mental; 4.653 con sordera; 4.381 con ceguera; y 9.782 con otros impedimentos (no ve bien, no oye bien, no especificado).
La valoración global de estos datos no responde a la realidad, ya que se hizo difícil la comprensión del vocablo "impedimento", al ser traducido al guaraní y por falta de capacitación de los encuestadores en esta área en concreto.
Las principales causas directas de discapacidad son: carenciales (anemia, desnutrición, bocio, etc.); enfermedades infecciosas (bronquitis, neumonía, meningitis, varicela); las complicaciones del embarazo y el parto; los accidentes y enfermedades crónicas.
Las causas globales de la discapacidad son la extrema pobreza, las carencias en la atención de la salud y la corrupción político-administrativa de los organismos del Gobierno.
En el campo político-jurídico, el Paraguay ha formulado leyes y creado instituciones para apoyar cualquier acción destinada a lograr la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas con impedimentos (Irala:1994).
Sin embargo, en materia legislativa existe una gran dispersión en la distribución de responsabilidades, no existe coordinación interinstitucional y las instancias legales se refieren tácitamente a la persona rehabilitada.
No hay credibilidad hacia la capacidad y la honestidad en el cumplimiento de los objetivos de muchos funcionarios involucrados en los niveles de decisión. No existen instancias confiables de denuncias de maltratos, corrupción administrativa y violaciones en la institución que debe proteger integralmente a la persona con discapacidad. En el INPRO se han realizado denuncias de acoso sexual e intento de violación que involucran a dos funcionarios de la institución: un empeado de la sección transportes que fue transladado a otra repartición del Ministerio de Educación y Culto, y un médico del servicio de diagnóstico y tratamiento que sigue trabajando con más privilegios en relación a sus colegas.
Hemos solicitado informes más detallados a la jefatura de Personal y, por su intermedio, a otras instancias de la institución, sin que hayamos obtenido respuestas de ningún tipo.
Numerosas familias que acuden al servicio de diagnóstico y tratamiento del INPRO han recibido un trato degradante: el pedido de adhesión (afiliación o voto) al Partido de Colorado a cambio de recibir sillas de ruedas, prótesis, órtesis u otros aparatos auxiliares de rehabilitación. Se sigue necesitando un padrino o presidente de seccional colorada que pida trato preferencial o solicite que se haga efectiva la entrega de pedidos de sillas de ruedas u otros elementos. Las familias no se sienten con fuerzas para realizar denuncias, ya que seguirán acudiendo a la institución en busca de distintos tratamientos, y dependiendo de ella.
La Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Mentales y Físicos (APADEM-TELETON) que realiza un programa televisivo anual de solidaridad de la ciudadanía con las personas con discapacidad no se propone profundizar en la responsabilidad del estado y el control de las instituciones.
La ARIFA (Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico de Asunción), una organización que lideraba la defensa de los derechos humanos de las personas con impedimentos durante la Dictadura, no ha vuelto a realizar denuncias en la actual democracia.
Los líderes de las décadas de los '70 y '80 han retornado otras luchas, y no se ha logrado constituir otra generación que articule los reclamos de miles de personas desprotegidas. Varios dirigentes de las asociaciones autogestionadas de personas con discapacidad hoy trabajan en el INPRO.
En relación al aparato técnico, existen pocas personas con capacitación y especialización trabajando en el sector. Los cargos de decisión en los principales organismos de gobierno (Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales, Departamento de Educación Especial y otros) son ocupados por personas adheridas al Partido Colorado, sin tener en cuenta idoneidad, experiencia y compromiso.
No se ha formulado una política de formación y capacitación permanente de recursos humanos requeridos en el sector. El Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO) viene contratando en su servicio Diagnóstico y Tratamiento a personas no diplomadas, con conocimientos prácticos y profesionales extranjeros en forma transitoria. Las becas a profesionales son negados sistemáticamente en esta institución. Los profesionales que desean actualizarse deben conseguir préstamos o becas del exterior, o pagar los estudios mediante sus escasos ahorros. No existen en el Paraguay las carreras de fisioterapia, estimulación temprana, fonoaudiología, terapia ocupacional, técnico ortopédico, etc. En la Facultad de Medicina no está incluída la formación en medicina física y rehabilitación (fisiatria).
Teniendo en cuenta la concentración de los servicios en la Capital y área metropolitana, la descentralización de la atención a las personas con discapacidad tendrá en su momento un obstáculo principal: los escasos recursos humanos capacitados y especializados.
La situación laboral de las personas con discapacidad es la desocupación.
La Municipalidad de Asunción ha implementado a partir de 1993 el "Programa de Inserción Laboral", mediante el cual numerosos jóvenes han podido acceder a un trabajo remunerado. Fueron incorporados a la Municipalidad 20 jóvenes con discapacidad mental como funcionarios.
La Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Asunción ha desarrollado programas de prevención de la discapacidad en los barrios ubicados en zonas de riesgo. Se han eliminado barreras arquitectónicas y equipado plazas para niños con impedimentos.
El Departamento de Educación Especial y el Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO) tienen talleres protegidos y de formación para el trabajo para escasas personas, y su enfoque en general es poco productivo.
Numerosos jóvenes con discapacidad son utilizados para la mendicidad en las calles de Asunción, sin que se tomen medidas para controlar esta situación.
No se ha implementado un sistema de detección y atención tempranas a nivel nacional, regional y municipal. Sobre todo en la población infantil de zonas rurales, que van dereriorándose cada vez más, hasta ser excluídos del sistema escolar regular.
El Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación y Culto ha venido realizando un esfuerzo sostenido hacia la integración posible de los niños y jóvenes con necesidades especiales al sistema regular de educación.
Sin embargo, numerosos niños encuentran todo tipo de obstáculos para sus estudios en escuelas comunes, desde la discriminación ("no puede") hasta el miedo de los maestros para enseñarles ("no sé como ayudarle").
El nivel de cobertura educativa de los niños y jóvenes con discapacidad es muy bajo. Estimamos que en el año 1992 habían 200.000 niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en sus diversas modalidades. Sin embargo, la matrícula en educación especial es de 3.232 inscriptos. Estimando en base a datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos y del Departamento de Educación Especialm, vemos que el índice de cobertura es de apenas 2%. En este año la matrícula en educación especial es de 5.211 inscriptos. Los niños con discapacidad, en su mayoría, están confinados en sus hogares y excluídos del sistema educativo regular y especial.
La planificación y los organismos de servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no contemplan la veretiente socio-sanitaria de la discapacidad.
La mayoría de los niños con discapacidad no obtienen atención en los Centros y Hospitales de su comunidad. Son rechazados y "derivados" al INPRO.
A la mayoría de las madres de niños pequeños que acuden al INPRO se les ha tenido que convencer de que sus niños no necesitan de un "pediatra especial". Llegados al servicio de diagnóstico y tratamiento del INPRO , el niño es "fichado" como "paciente" y continúa su camino hacia la segregación del sistema regular de salud.
La formación y las prácticas de rehabilitación están ligadas a la "enfermedad" y la "incapacidad", al modelo asistencial segregado, concentrado en los Centros de Rehabilitación, que funcionan en su mayoría en el área metropolitana y la Capital del país. No se ha cumplido con el artículo 9, inc. b de la Ley 780/79 que habla del alcance nacional de la rehabilitación y protección. Estimamos que la cobertura en atención de diagnóstico y rehabilitación es de 1,3%.
Asimismo la cobertura de seguridad social es muy baja, y concentrada en Asunción y zonas urbanas. La población de personas con discapacidad que carece, en su mayoría, de trabajo, está fuera del Sistema de Previsión Social.
No existe una política integral e integrada de promoción de deportes, ocio y tiempo libre. Los deportes en las escuelas y grados especiales están incentivados por la realización de un gran evento anual, las Olimpiadas Especiales, que tienen gran participación de personas con discapacidad mental.
La situación de la mujer con discapacidad y de las personas con sufrimientos psíquicos es de mayor precariedad en todos los ámbitos analizados (salud, educación, trabajo, recreación). Asimismo, numerosas violaciones a jóvenes mujeres con discapacidad han sucedido durante los años 1995 y 1996 sin que se tengan registros.
Los sufrientes psíquicos, excluídos de ciudadanía, deambulan por las calles de las ciudades, sin la atención que necesitan, son internados en el Hospital Neuropsiquiátrico o recluídos en sus hogares. En el Hospital Neuripsiqu
La formación y las prácticas en psiquiatría están ligadas a la "enfermedad", al modelo asistencial custodialista, concentrado en el Hospital Psiquiátrico monovalente y centralizado. En este Hospital, las condiciones de desarraigo y aislamiento de los sufrientes psíquicos empeoran cada vez más su situación.
La sociedad no está suficientemente informada sobre la situación de las personas con sufrimiento psíquico. El Estado no asegura recursos suficientes ni se preocupa por su calidad de vida, por lo que los sufrientes siguen el camino de la cronificación y estigmatización.
a. Crear una instancia jurídica que articule los esfuerzos de las diversas instituciones, intrasectoriales e intersectriales.
b. Formular una política integral e integrada de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.
c. Desencadenar procesos de descentralización política, técnica y administrativa en este campo.
d. Incluir en la reformulación de las instituciones, la participación directa de las personas con discapacidad en los niveles de decisión.
e. Insistir al Poder Legislativo, sobre el estudio de los proyectos de Ley CONADI e INPRO.
f. Iniciar urgentemente acciones coordinadas de formación y capacitación de peresonas (maestros, técnicos, administradores,etc.)requeridas en este sector.
g. Generar procesos de intercambio de conocimientos y experiencias regionales, municipales y a nivel del Mercosur.
h. Reformular los modos de capacitación de los recursos humanos, teniendo en cuenta la crisis e inutilidad del modelo de atención asistencil, custodialista y centralizado.
i. Propiciar la redistribución de recursos administrativos a instituciones y grupos locales y departamentales en base a proyectos concretos.
j. Denunciar a las instancias del gobierno que correspondan, las condiciones de discriminación y exclusiçon en que viven las personas con discapacidad en nuestros país.
k. Difundir a nivel nacional los derechos y las condiciones de vida de las personas con discapacidad.