Por Quintín Riquelme
Centro de Documentación y Estudios
1.1 Situación económico social.
1.3 Las primeras asociaciones.
2. Régimen legal e institucional.
4. Recursos establecidos para las organizaciones campesinas.
5. Resumen de violaciones entre diciembre de 1995 a noviembre de 1996.
a. Persecuciones y atropellos.
La población rural paraguaya hasta fines de la década del '80 era mayoritaria. En los '90 baja a 49% en relación a la urbana. El rápido descenso relativo de la población rural es signo inequívoco de la crisis económico social que afecta a la misma y que la está impulsando a abandonar su lugar de origen.
Las causas de este abandono podrían ser varias, pero las dos principales son:
a. La mala distribución de la tierra; y
b. La crisis de la producción de renta.
a. La cantidad de campesinos que demanda una parcela propia ha crecido enormemente en los últimos años. En 1989, un censo realizado por el Ministerio del Interior arrojó la cantidad de 130.000 campesinos sin tierra, siendo los departamentos de San Pedro y Caaguazú los más afectados. Las organizaciones campesinas manejan una cantidad cercana a los 300.000 campesinos.
Si bien no existen datos precisos sobre los sintierras, los cálculos extraoficiales que se manejan, así como la cantidad de conflictos que ocurrieron en los últimos años, indican la gravedad del problema. El censo agropecuario realizado en 1991, encontró cerca de 115.000 explotaciones agrícolas menores a 5 hectáreas y 66.000 entre 5 y 10 hectáreas. Las explotaciones con más de 1.000 hectáreas son apenas el 1% y controlan 24.000.000 has., el 77% de las tierras censadas.
b. A la distribución desigual e injusta de la tierra se agrega la crisis de la producción agrícola en general, más la de la renta. El algodón, el cultivo por excelencia del pequeño productor desde la década del '70, entró en un bajón irreversible desde finales de la década del '80. La última vez que tuvo un precio razonable fue en el período 88/89 que motivó a los productores a ampliar el área de siembra a 533.000 hectáreas por única vez en toda la historia. Desde ese período agrícola, la producción algodonera comenzó a tener un descenso importante en el área de siembra, del cual no se ha recuperado, a pesar de la propaganda y de la insistencia de los agroexportadores y el Gobierno. Actualmente el algodón ya no constituye alternativa para el pequeño productor y el Gobierno no ha implementado nada para sustituirlo. La diversificación productiva, tantas veces promocionada, al parecer seguirá esperando tiempos mejores. Este problema afecta a aproximadamente 250.000 productores.
Si bien no existen informaciones que señalen claramente la fecha de nacimiento de las primeras asociaciones u organizaciones de los campesinos, se comenta que ya durante el gobierno del Dr. Francia, algunos campesinos reclamaban parcelas propias aunque aisladamente, sin organización alguna.
A pocos años de finalizada la guerra de la Triple Alianza y con la venta masiva de las tierras públicas, aparecen los primeros reclamos por la tierra por grupos organizados de campesinos, que de pronto se enfrentan a juicios de desalojo ejecutados por los nuevos dueños.
Contra esta realidad, se levantaron innumerables voces de protesta. El descontento de los agricultores a partir de 1887 comenzó a acentuarse. Los pedidos de expropiación de las fracciones de terrenos que ocupaban los campesinos o las protestas contra el pago de los arrendamientos a los nuevos dueños de las tierras eran noticias cotidianas.
Las protestas eran las consecuencias de una nueva política agraria iniciada en el año 1883. Estas protestas pacíficas contra los despojos que sufrían los campesinos iban subiendo de tono y a fines de 1900 asumieron formas más violentas.
Entre los años 1910 y 1920 fueron promovidas las primeras organizaciones de agricultores en los distritos de Limpio, Luque, Itá, etc. La promoción de las mismas corría por cuenta de los anarcosindicalistas, quienes en ese período comandaban la mayoría de las organizaciones de los trabajadores. Sin embargo, todas estas organizaciones de los agricultores no pudieron subsistir largo tiempo por las siguientes razones:
a. El preminente carácter de subsistencia de la agricultura paraguaya;
b. La falta de mercado para la comercialización de los productos agrícolas; y
c. La despiadada persecución de que fueron objeto por parte de las autoridades locales.
Aparentemente, un largo período de quietud caracteriza al Paraguay durante las décadas del '30, '40 y '50 en lo que respecta a la organización de los trabajadores del campo. No hay que olvidar que el presidente de la República, José P. Guggiari había decretado la disolución de toda asociación y organización en el año 1931.
Las organizaciones campesinas recién reaparecen con fuerza a partir de 1960, con la creación de las primeras Ligas Agrarias Cristianas (LAC), las Juventudes Agrarias Cristianas (JAC) y las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) que se extendieron rápidamente en todos los departamentos del país. Las mismas fueron disueltas en el año 1976 con grandes represiones, desapariciones y asesinatos de sus principales dirigentes. La fecha es recordada como la Pascua Dolorosa, porque ocurrió entre los meses de abril y mayo de 1976.
En el mismo período, existían otros núcleos organizacionales en los departamentos del Guairá, Caazapá y Central en forma de cooperatativas, grupos precooperativos o comités de agricultores.
Los campesinos de las disueltas Ligas Agrarias iniciaron un lento proceso de reagrupamiento en los inicios de los años '80, bajo la modalidad organizativa de comités de agricultores. Esta nueva modalidad rápidamente se extendió con apoyo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), y, hacia mediados de la década del '80, ya se podía apreciar una importante cantidad de organizaciones.
Paralelamente, iban surgiendo otras organizaciones de carácter más autónomo y reivindicativo que reclamaban fundamentalmente el derecho a la tierra, créditos y asistencia técnica al Estado, libertad de asociación y cese de las represiones.
Todas estas organizaciones iban consolidándose a base de mucho sacrificio por la falta de libertad de asociación y por el terrible miedo que generaba la dictadura.
Recién en febrero de 1989, con la caída de la dictadura, se puede hablar de libertad de organización en Paraguay. La sociedad civil tuvo, después de décadas de opresión, la posibilidad de manifestarse y asociarse libremente. La cantidad de organizaciones y asociaciones que se formaron a partir de esa fecha no tiene precedentes. Lastimosamente, esta recuperación de la libertad no estuvo acompañada por la recuperación de los bienes malhabidos, ni por la recuperación de la credibilidad hacia el Poder Judicial y otras autoridades nacionales e instituciones públicas.
Por otro lado, tampoco significó un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, siendo ésta una de las grandes deudas que todavía queda pendiente hasta ahora.
El papel que cumplen las organizaciones campesinas en este proceso es de suma importancia, porque además de contrapesar la acción unilateral del gobierno y de las asociaciones de los empresarios, actúa igualmente para unificar las distintas posiciones que surgen en el seno de las organizaciones campesinas. Este importante papel está siendo cumplida por la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) que nuclea actualmente a todas las organizaciones campesinas importantes del país.
La libertad de asociación, de reunión y manifestación fueron garantizadas plenamente por la Constitución de 1992, en los artículos 32 y 42.
El artículo 32 expresa: "Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La Ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando el derecho de terceros y el orden público establecido en la ley".
En tanto que el artículo 42 expresa: "Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación...Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter parapolicial".
Las instituciones responsables de ejecutar las políticas del Estado para el sector rural son el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y sus dependencias: el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) y el Instituto Nacional de Cooperativismo.
En lo que respecta a la reforma agraria, la institución creada para el efecto es el Instituto de Bienestar Rural (IBR) que es un ente autárquico, pero también dependiente del MAG. Otras instituciones de apoyo al sector son, el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC).
Para los casos judiciales, existen el fuero penal y civil. El país aún no cuenta con un Fuero Agrario.
El MAG es el principal responsable de diseñar las políticas agrarias. En época de la dictadura, era el brazo derecho de la misma, al igual que todas las demás instituciones. Actualmente sigue pesando sobre él esa herencia, por lo que no puede abandonar su pesada y vieja estructura. Desde hace cuatro años se habla de la modernización del MAG, pero hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. En estas condiciones, donde el aspecto político partidario prima sobre los intereses del país, es poco lo que se ha podido avanzar. De los 250.000 productores agrícolas -pequeños y medianos- alrededor de 150.000 no tienen créditos ni asistencia técnica, lo que explica en gran me dida la desprotección en la que se encuentran los productores primarios.
El IBR es otra de las instituciones que no ha sufrido mayores cambios en relación a administraciones anteriores. Todo intento por modernizar también choca con las pretensiones político-partidarias. El prebendarismo, el clientelismo y la excesiva burocracia son problemas que no han podido ser extirpados.
Los campesinos que recurren ante esta instancia, generalmente pasan años sin que encuentren solución a sus pedidos. Esta es una de las principales razones que conducen a la ocupación de tierras. De aproximadamente 132 nuevos asentamientos que hay en todo el país desde 1989, ninguno ha sido programado por el IBR por su propia iniciativa, todos los asentamientos son productos de la lucha de los campesinos. El IBR busca la solución una vez ocupadas las tierras.
El Poder Legislativo, al igual que las otras instituciones, actúa por la presión que recibe de los campesinos y en muy pocos casos los parlamentarios se han preocupado para adelantarse a los hechos.
En los casos de conflictos por la tierra, el Congreso se moviliza una vez consumados los hechos; no hay iniciativas ni investigación sobre los latifundios existentes ni sobre las tierras malhabidas. En un país en el que los bienes públicos, y especialmente la tierra han sufrido los más descarados despojos por parte del grupo dominante, muy pocos parlamentarios, para no decir ninguno, se han puesto a investigar estos hechos.
Quizás la iniciativa más interesante que ha surgido en el seno del Congreso, específicamente dentro de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, es la elaboración del borrador de un nuevo Código Agrario, con el cual se busca adecuar tanto la legislación como el rol del Estado y de los actores sociales sobre este acuciante problema.
La institución ante la que campesinos denuncian los casos de violación a sus derechos humanos es, generalmente, el Parlamento Nacional, específicamente la Comisión de Derechos Humanos y la Bicameral de Investigación (CBI). También recurren a los fueros penales en caso de asesinatos y amedrentamientos, pero con chances muy escasas. Varios casos de asesinatos de dirigentes campesinos quedaron impunes. La única excepción es el de Esteban Balbuena, que fuera presidente de la Coordinación Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI), asesinado en abril de 1994, cuyo autor material fue procesado y condenado a 25 años de prisión en primera instancia, pena reducida por la Cámara de Apelación a tan sólo 9 años en setiembre de 1996. Los autores morales siguen sin ser molestados. Todos los otros casos como los de Sebastián Larroza, Pedro Giménez, Isidro Gómez y Angel Coronel entre otros, quedaron impunes. En el caso de Sebastián Larroza fueron procesados un policía y el médico que practicó la autopsia, aunque ambos salieron sobreseídos.
En los casos más recientes como el de Sergio Vásquez y Mariano Días, asesinados en la localidad de Santa Carmen, J. E. Estigarribia (Caaguazú), por civiles al servicio de Alfa Inmobiliaria, la Federación Nacional Campesina (FNC) presentó una querella criminal contra el Gral. (SR) Roberto Knofhelmacher dueño de las tierras donde se produjo el asesinato de ambos, pero las diligencias son muy lentas. Los autores materiales ni los autores morales han sido arrestados.
Los problemas más frecuentes que enfrentan las organizaciones campesinas son los grupos paramilitares o pistoleros contratados por los terratenientes, para amedrentar, atentar y asesinar a los dirigentes campesinos. El gobierno y la justicia han hecho muy poco para perseguir a estos grupos.
Este capítulo lo dividimos en cuatro secciones que son:
En cifras generales, se registraron al menos 8 asesinatos de contra miembros de organizaciones campesinas, 5 atentados frustrados contra la vida de dirigentes campesinos, 2 casos de envenenamiento colectivo doloso en perjuicio de comunidades campesinas, 2 denuncias por torturas contra policías, 387 detenciones de campesinos, muchas de ellas sin orden escrita de juez competente, y en muchos casos con órdenes judiciales ilegales de captura genérica, y 15 desalojos, la mayoría de ellos violentos, con quema de ranchos, destrucción de cultivos y robo de utensilios de labranza y animales.
Varios hechos de violencia salpican el transcurrir de la crisis campesina en todo el país.
Una denuncia radicada por la Federación Nacional Campesina (FNC) ante el Fiscal General del Estado, Aníbal Cabrera Verón, pone de manifiesto el procedimiento fuera de toda regla jurídica, de las autoridades policiales y judiciales. En este sentido, la denuncia indica que dichas autoridades apresan sin órdenes judiciales y mantienen en cárceles a dirigentes de las comisiones vecinales, sin conocer las causas de sus detenciones.
Otras denuncias tienen que ver con la presencia de civiles armados que actúan con la protección policial y de los jueces. La Organización Nacional Campesina (ONAC), denunció ante el Ministerio del Interior la existencia de estos grupos que están creando zozobra en los asentamientos rurales, sin que los efectivos de la Policía Nacional tomen cartas en el asunto.
En localidades como Pedro Juan Caballero y Capitán Bado (Amambay) se dan persecuciones en contra de los dirigentes campesinos por parte de civiles armados. En otras localidades como Piray (Amambay) y RI 3 Corrales (Alto Paraná), civiles armados han procedido a desalojar a campesinos y la Policía Nacional los encubre. En RI 3 Corrales, 35 campesinos fueron detenidos, y sufrieron maltratos físicos de parte de los efectivos de seguridad sin motivo alguno, ya que no hubo resistencia. La denuncia fue hecha en febrero de 1996.
La puesta en marcha de una nueva maniobra represiva fue denunciada por campesinos de la colonia Tava Guaraní (San Pedro). Los agricultores denuncian al juez Silvio Flores Mendoza de la circunscripción de Caaguazú y San Pedro, quien en enero firmó una orden de allanamiento masiva y de arresto de sus principales dirigentes, Elvio Benítez, Mariano Martínez, Eustaquio Martínez, Osvaldo Ruíz y José Montanía. Según los campesinos, el juez utilizó una denuncia contra ellos que carece de total seriedad y responsabilidad jurídica.
Dirigentes de la Comisión Vecinal de San Juan, del asentamiento ex Acepar (Canindeyú) denunciaron el 24 de febrero, el secuestro de Fermín Mochet, miembro de la organización. Acusaron al capitán Reinaldo Servín, jefe del destacamento de la zona, como el presunto responsable del hecho. Mochet fue encontrado posteriormente en el penal de Tacumbú. La excusa de Servín es que Mochet soportaba un proceso judicial por supuestos actos delictuosos. No hubo más información sobre este caso.
Campesinos, ocupantes de un terreno en el km 32 del distrito de Minga Guazú, denunciaron ante el IBR, que en el mes de marzo, fueron objeto de tiroteo por parte de un grupo de civiles armados, apoyados por efectivos policiales. El amedrentamiento fue debido a una nueva ocupación.
La Coordinadora Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI) denunció la intención de la Policía Departamental de desmantelar la organización mediante la detención de sus principales dirigentes Manuel Medina e Isidro González. Igualmente denunciaron, mediante un comunicado, la detención de cuatro campesinos de la localidad de San Miguel, distrito de Mayor Otaño (Itapúa). Los mismos fueron detenidos el 17 de mayo, mediante una orden de detención ilegal y fraguada por los defensores y apoderados de los propietarios de tierras.
De acuerdo a declaraciones del Presidente de la FNC, Alberto Areco, el 1 de enero, el dirigente campesino José Benítez fue objeto de un ataque de parte de tres desconocidos quienes lo apuñalaron en el rostro y en el abdomen. Benítez habría sido atacado por error ya que el que debía ser asesinado era el presidente de la comisión vecinal de San Antonio (San Pedro), Diego Acosta.
Policías de la localidad de Tuna, distrito de Abaí (Caazapá), hirieron al dirigente campesino Francisco Ayala, al resistir éste a su detención sin orden judicial alguna. Al no lograr su objetivo, los policías dispararon con escopeta contra Ayala, hiriéndolo en ambas piernas. Ayala es presidente de una comisión vecinal cuyos miembros ocupan un terreno supuestamente perteneciente a un político oficialista del lugar.
Damián Flores, campesino de Itanará, asentamiento ubicado entre los Dptos. De Caaguazú y Cordillera, recibió tres disparos en el estómago. Los autores son presuntamente civiles armados de la propiedad de Cóndor S.A., cercana al asentamiento. No se ha investigado el hecho.
La Coordinación regional de Agricultores de Itapúa (CRAI), presentó en diciembre de 1995 ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento una denuncia por el asesinato del campesino Isidro Gómez, ocurrido en el asentamiento San Miguel del distrito de Mayor Otaño (Itapúa). Osvando Benítes de la CRAI aseguró que la muerte de Gómez ocurrió en circunstancias parecidas a la de Esteban Balbuena. Fue herido mortalmente por pistoleros brasileños que custodian la propiedad de una brasileña. En la ocasión también fue herido su compañero Luis Ibañez. No tenemos información que la policía y el Poder Judicial hayan investigado este crimen. No hay detenidos ni procesados en relación al caso.
El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), denunció el asesinato de un menor de edad, Richar Ramón Sosa de 14 años, ocurrido el 11 de enero en el asentamiento campesino de Araujo Cué (Canindeyú). El hecho lo protagonizaron capangas de la estancia Joaquín 7 Hermanos, perteneciente al brasileño Joaquín Fernández Martini. No hubo noticias de que se haya investigado el caso.
Dos niños, Germán Cuenca Giménez de 13 años y su hermano José Gabriel de 11 años, hijos de un dirigente campesino de la compañía Naranjito, Gral. Resquín (San Pedro), fueron asesinados con varios disparos de armas de fuego el 14 de febrero, cuando estaban arrancando mandioca de su chacra. No se sabe el motivo, pero probablemente haya sido una venganza contra el padre de los menores, porque es un dirigente campesino. No hubo procesados ni detenidos.
El 28 de abril, en la ocupación del km 32 del distrito Minga Guazú (Alto Paraná), fue asesinado el campesino Damiano Martínez Paredes, de 35 años de edad. Los sindicados como presuntos responsables son Teresio Aguero y Rafael Maidana, civiles. Los dirigentes del MCP aseguran que el asesinato fue por encargo del dueño del terreno Julio César Nadel. Se hizo la denuncia correspondiente pero los autores materiales o morales no fueron detenidos. Los campesinos habían denunciado ante el Ministerio del Interior -en varias ocasiones- que eran amenazados de muerte por parte de empleados civiles de Nadel. En otra ocasión, habían sido fumigados desde una avioneta, presuntamente con alguna substancia venenosa; como consecuencia de esto, dos mujeres embarazadas tuvieron abortos espontáneos y varios niños del asentamiento quedaron afectados de la vista.
En el mes de julio, en la Colonia Santa Carmen (Caaguazú), inmueble perteneciente a la empresa Alfa Inmobiliaria del Gral. (SR) Roberto Knopfelmacher, civiles armados al servicio de la misma, dispararon contra dos campesinos, matando a Arsenio Vázquez e hiriendo mortalmente a Mariano Díaz (murió después de 11 días de agonía). Pese a este grave hecho, la Policía Ecológica y Rural desalojó a las 98 familias ocupantes del terreno y detuvo a 43 varones integrantes del grupo. La Federación Nacional Campesina (FNC) presentó una querella criminal contra Knopfelmacher en el tribunal de Coronel Ovierdo. Hasta la fecha no hubo detenidos. Cabe señalar que el inmueble tiene una Ley de expropiación vetada por el Poder Ejecutivo.
La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) denunció el asesinato de José Martínez, miembro de dicha organización, ocurrido el 20 de noviembre en el asentamiento Guido Almada I, distrito de Juan de Mena (Dpto. de la Cordillera). Según la denuncia, los asesinos serían civiles armados al servicio de la empresa Unión Paraguaya S.A. Los campesinos afirman que en la zona existen civiles armados que circulan libremente por las calles, efectúan constantes allanamientos, barreras policiales, requisas de documentos y amenazas de muerte a los dirigentes campesinos, ante la inacción de la Policía. No se informó de detenciones.
El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) denunció la represión ocurrida el 6 de diciembre en el asentamiento Ybypytá, distrito de Yhú (Caaguazú). Durante la misma fueron detenidas tres personas: Santiago Martínez, Epifanio Armoa y Segundo Alcaraz. Los mismos fueron detenidos sin orden judicial por el Alcalde del lugar.
El martes 16 de abril, campesinos sin tierra de Misiones que ocupaban un terreno perteneciente al ganadero Victor Chiriani fueron desalojados y 7 de ellos detenidos. Ramón Benítez, coordinador de los campesinos, manifestó que la acción policial se llevó a cabo sin orden judicial y calificó de ilegal y prepotente el procedimiento. Los detenidos son: Clementino González, Jorge Talavera, Sergio Pereira, Gil Meza Avalos, Andrés Chamorro, Alberto Aranda y Mario Meza. Posteriormente fue detenido Ramón Benítez al visitar a sus compañeros en la Cárcel de Abraham Kué de San Juan Bautista.
El miércoles 12 de junio, fueron detenidos por orden judicial el presidente de la Organización Campesina de Misiones (OCM) Maximino Llano y el vicepresidente de la misma organización, Ramón Benítez. La detención ocurrió luego del procedimiento de desalojo realizado por la policía en la estancia de Víctor Chiriani de Santa Rosa Misiones. Llano salió en libertad un día después, mientras que fue confirmada la detención de Benítez.
El viernes 19 de abril, otro grupo de 13 ocupantes de un terreno en la localidad de Chacoré distrito de Repatriación (Caaguazú) fue detenido por la Policía Ecológica y Rural que actuó con orden judicial. Las 35 familias que ocupaban una propiedad de 1.000 hectáreas solicitaban la expropiación de 350 hectáreas perteneciente a Julio Leiva. Los detenidos son: Braulio Iriarte, Isodoro Gaona, Pablo Rodríguez, Francisco Ojeda Caballero, Ramón Ortigoza, Teodolfo Alvarenga, Mariano Prieto, Baldomero Alcaraz, Crisanto Florentín Gómez, Mariano Iriarte Martínez, Crispín Romero, Ramón Chavez y Eusebio Núñez. No hubo información si la orden de detención fue contra algunos ocupantes o de la totalidad.
Durante el desalojo del que fue objeto un grupo de ocupantes en el lugar conocido como Cerro Azul distrito de Troncal Cuatro (Canindeyú), 5 labriegos fueron detenidos y más de 70 familias acampadas en la interperie.
100 familias que ocupaban parte de la Estancia San Vicente de 6.200 hectáreas en el distrito de Abaí (Caazapá) fueron desalojadas por orden judicial. 34 ocupantes fueron detenidos y derivados a la Cárcel Regional de Villarrica.
Un violento desalojo y detención de campesinos tuvo lugar el martes 31 de abril en la ocupación de Julio Talavera distrito de Mauricio José Troche (Guairá) por parte de efectivos policiales del Departamento. Los detenidos son: Asunción Chamorro, José del Rosario Giménez, Severiano Taboada, Gerardo Duarte, Elvio Aguirre, Serafín Taboada y Francisco Duarte.
Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a 64 campesinos acusados de ocupar una propiedad de la estancia Santa Teresa de la Ganadera Caacupemí S.A. en la compañía Fleitas Cué, de San Pedro del Paraná (Itapúa). Durante el operativo uno de los sintierra resultó herido. Fueron liberados el 16 de mayo.
La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), denunció el apresamiento de 12 campesinos de la ocupación de Edelira 70 (Itapúa) y 5 de otra ocupación del lugar conocido como Taguató. Los campesinos de Edelira reclaman una propiedad perteneciente a las Fuerzas Armadas de 1.600 hectáreas.
Once campesinos de Simón Bolívar (Caaguazú), dos de los cuales menores de edad, fueron detenidos por la Policía departamental por los delitos de usurpación de propiedad privada, daño intencional y desacato a una orden judicial. Los detenidos estaban ocupando un inmueble perteneciente a la señora Delia Plate vda. de Centurión.
De la ocupación de Kururuo distrito de San Estanislao (San Pedro) fueron detenidos 14 campesinos por reiteración de ocupación del inmueble de Juan José Barrail.
En el lugar denominado Ybypytá, distrito de Vaquería (Caaguazú) la Policía desalojó a 100 familias que venían ocupando un terreno de 1.000 hectáreas desde 3 años atrás. En la ocasión fueron privados de su libertad 30 campesinos.
El 18 de julio, en la localidad de Y-ambué, distrito de Pedro Juan Caballero (Amambay) fueron desalojadas 200 familias de la propiedad del norteamericano Anthony Ben Aicook, con más de 20 años de ocupación. Varias hectáreas de cultivos fueron destruidas.
Campesinos sin tierra que venían ocupando una parte del terreno perteneciente al Centro Forestal Capiibary, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería fueron desalojados después de varios intentos. 64 ocupantes fueron detenidos y remitidos a la cárcel de Coronel Oviedo. Los campesinos fueron desalojados por orden del MAG. Después de un mes de reclusión, la totalidad de los campesinos fueron liberados.
En el lugar conocido como Toro Pirú, del distrito de Guayaibí, fueron detenidos 26 campesinos, ocupantes de un inmueble perteneciente al empresario Blas N. Riquelme. La detención fue por orden judicial emanado por el Tribunal de Coronel Oviedo. Los campesinos fueron recluidos en la Cárcel Regional de Cnel. Oviedo.
Cuarenta campesinos, ocupantes de la estancia Caacupemí S.A. de la compañía Fleitas Cué, de San Pedro del Paraná (Itapúa) fueron detenidos y remitidos a la Cárcel Regional de Encarnación. No existe información si el desalojo y las detenciones fueron por orden de juez competente.
Tres campesinos fueron detenidos y remitidos a la Cárcel Regional de Villarrica como sospechosos del asesinato del ciudadano alemán Dietter Müller, ocurrido en la colonia 3 de Noviembre, distrito de Paso Yobai (Guairá) por orden del Juez de Paz de la Colonia Independencia. Los mismos negaron la autoría del crimen y denunciaron que fueron sometidos a terribles torturas por los policías para que se declaren culpables. Los detenidos son: Isidoro Paredes, Roque Sánchez y Benigno Cristaldo. Paredes recuperó su libertad unos dias después. Los campesinos acusaron al suboficial Juan de la Cruz Martínez, al Jefe de Investigaciones de la Policía Departamental, Hermes Darío Quintana y al comisario Francisco Antúnez. Los detenidos dijeron que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y la ataron al cuello y que con la bolsa puesta les patearon y golpearon en los oídos, además de ser abofeteados y obligados a sentarse en el sol. Una comisión parlamentaria visitó a los detenidos y comprobó rastros de violencia en los cuerpos de los campesinos. Sin embargo, una junta médica que los examinó no encontró signos de tortura.
Un violente desalojo, quema de ranchos y destrucción de cultivos se produjo en la propiedad de Hernán Sosa en el asentamiento conocido como Zapatini Kué, en el distrito de Vaquería (Caaguazú). Las tierras estaban ocupadas desde hace varios años por 120 familias. No se informó si el desalojo fue por orden judicial.
La Policía departamental de Itapúa detuvo a 20 campesinos que ocupaban una propiedad de Piero Ortolani en el distrito de María Auxiliadora a 130 kms. de Encarnación. Los mismos fueron detenidos por orden del juez Luis Alberto García de la circunscripción de Encarnación. La detención se produjo el 4 de setiembre. Los detenidos recuperaron su libertad en el mismo mes.
En un operativo policial realizado en el asentamiento Pedro Giménez del distrito de Nueva Germania (San Pedro), 17 campesinos fueron detenidos y derivados a la Cárcel Regional de Concepción. El informe policial señala que los campesinos tenían planeado dejar como rehén al Gobernador de San Pedro, Erico Ibañez, durante una visita que tenía previsto realizar en el asentamiento Tava Guaraní. Sin embargo, los campesinos desmintieron esta acusación y expresaron que la incursión policial era a los efectos de perseguir a los dirigentes campesinos y amedrentar a los demás asentados. Otra denuncia proporcionada por dirigentes del Movimiento Campesino Paraguayo señala que los policías crearon zozobra en varios asentamientos de San Pedro con el pretexto de una supuesta radicalización de los campesinos.
Campesinos del asentamiento Curupay del distrito de Capitán Bado (Amambay) recuperaron su libertad después de 5 días de arresto en la comisaría del lugar, por supuesta ocupación de una propiedad privada. La detención fue por orden del Juez de Paz del distrito. La detención y posterior libertad se produjo en el mes de setiembre.
En el asentamiento conocido como 7 de agosto, distrito de Carlos Antonio López (Itapúa), se produjo un duro enfrentamiento entre ocupantes y efectivos policiales durante un operativo de desalojo. En el enfrentamiento quedaron heridos y contusos alrededor de 60 de los 100 campesinos ocupantes. El desalojo fue en el mes de setiembre y el supuesto propietario es de nacionalidad brasileña. No se conoce si la acción policial fue por orden judicial.
Diez campesinos ocupantes de un inmueble perteneciente a un señor de apellido Flores, en el distrito de Yhú fueron detenidos y recluidos en la comisaría local.
En la ocupación conocida como Zapatini Cué, fueron desalojadas 60 familias y quemados sus ranchos. Los ocupantes denunciaron que el propietario del inmueble, Federico Bueno, contaminó los pozos de agua con venenos poniendo en peligro la vida de decenas de pobladores. Este hecho fue constatado por la encargada del centro de salud local en compañía del Juez de Paz del lugar. Una señora fue baleada por civiles armados y en el trayecto a un centro asistencial se constató su fallecimiento. Esto ocurrió en el mes de octubre.
Otro caso de desalojo ocurrió en la localidad conocida como Republicano, distrito de San Estanislao (San Pedro) en la propiedad del empresario Castagnino. Las mujeres que estaban bajo carpas a un costado del terreno fueron desalojadas y dos de ellas salvajemente golpeadas. El hecho ocurrió en el mes de octubre.
En octubre, la Policía Ecológica y Rural desalojó a 56 campesinos de un inmueble en Nueva Germania (San Pedro), con una orden de captura genérica e ilegal, que no especificaba nombres. Entre los detenidos había 15 menores de edad. Los apresados denunciaron haber sido torturados por policías, con golpes de cachiporra en la planta de los pies; los policías obligaron a los campesinos a acostarse boca abajo, golpeándolos y caminando encima de ellos. La Organización Nacional Campesina (ONAC) denunció que la Policía busca involucrar a los campesinos en delitos más graves, y por ello llevaron en el momento del desalojo dos paquetes de marihuana prensada, armas y arrojó animales muertos supuestamente cuatrereados en el lugar. Los campesinos ocupantes llevan 14 años de infructuosas gestiones ante el IBR para la obtención del inmueble.
El sector rural paraguayo, específicamente el campesinado (pequeño productor, sintierras, asalariado agrícola), está siendo acorralado por varios factores que profundizan el deterioro de sus condiciones de vida.
El gobierno no da respuestas a las demandas perentorias de los mismos: tierra para cultivar, créditos y asistencia técnica para producir mejor y todo lo que hace a la salud, educación, etc. En todos estos aspectos, se observa un déficit cada vez más acentuado.
Los sintierras, sufren los embates de los pistoleros a sueldos o grupos paramilitares, quienes se movilizan impúnemente en los lugares más conflictivos, amenazando, amedrentanto y atentando contra los campesinos y muy especialmente contra los dirigentes. A esto debe agregarse, la acción de los Policías que ante cualquier pedido de desalojo, de cualquiera de los jueces arrasan con los ranchos y los cultivos. Varios hechos lamentables de esta naturaleza ocurrieron este año. La mayoría de los jueces, ante la inminente pérdida de su empleo, por la reestructuración del Poder Judicial, dictaminaban llamativamente a favor de los supuestos dueños de tierras, sin tener en cuenta, años de ocupación, legalidad del documento ni mejoras introducidas. Estos hechos llamativos eran frecuentes en las circunscripciones judiciales de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. Se realizaron inclusive detenciones ilegales, con órdenes de captura genérica que no especificaban nombres de las personas a ser detenidas.
Todos los actos atentatorios contra los derechos humanos cometidos de un tiempo a esta parte contra los campesinos son consecuencias directas de la apropiación indebida de las tierras por parte de una minoría de latifundistas que se resisten a la modificación de la estructura de la tenencia de la tierra, amparados supuestamente en la sagrada propiedad privada y por la corrupción imperante en el ámbito de las instituciones públicas.
No se visualizan cambios importantes ni a corto ni a mediano plazo sobre el problema que afecta al sector rural, y específicamente los relacionados a los conflictos de tierra, porque quienes tienen la potestad y el poder de realizar los cambios son los que los han propiciado tal situación y no tienen interés en modificarlo.
Por ello resulta un tanto complicado, proponer o recomendar políticas, porque cualquiera de ellas tendrán en frente una muralla difícil de sortear. El reciente borrador del Código Agrario empieza a ser bombardeado desde distintos sectores conservadores que tratarán de impedir por todos los medios a su alcance que haya una modificación en la estructura de la tenencia de la tierra y que se implemente una reforma agraria que permita una vida más digna a los campesinos.
Es importante reconocer, sin embargo, que en los últimos años, han habido propuestas de solución a estos problemas, provenientes de los sectores campesinos, organismos internacionales, intelectuales independientes y del mismo Gobierno.
Una de esas propuestas es la Modernización de las instituciones públicas encargadas de la atención al sector (MAG, IBR). El empobrecimiento campesino y la falta de perspectivas para el sector tiene mucho que ver con la forma como están estructuradas estas instituciones. Informes recientes indican que alrededor del 80% de los técnicos, en su mayoría ingenieros agrónomos, trabajan en oficinas de Asunción; situación ésta, inconcebible en un país que depende de la producción agropecuaria. Los dirigentes campesinos también en varias oportunidades han denunciado que los técnicos extensionistas que cubren el interior del país no son más que promotores de ventas de plaguicidas al servicio de empresas dedicadas a este menester. El repunte de la economía campesina no será posible sin un fuerte componente de capacitación técnico-administrativa y de planificación de la producción. Además del control de la corrupción interna.
Mayor equidad en la distribución de las tierras aptas para las labores agrícolas. Esta propuesta debe ser implementada en la mayor brevedad posible, de lo contrario la migración interna y externa se acentuará. Ya se ha repetido hasta el cansancio que el Paraguay es un país de tierras sin habitantes y de habitantes sin
tierras. Existen innumerables denuncias sobre dilapidación de tierras públicas, de tierras malhabidas y excedentes fiscales en poder de personas que se aprovecharon de la situación política que vivía el país antes de 1989. Con la recuperación de las mismas y la expropiación de los latifundios improductivos se podrá resolver gran parte del problema actual.
Otra propuesta necesaria y urgente tiene que ver con el uso racional de las fincas agrícolas: Esta necesidad es perentoria y su implementación es posible. El monocultivo del algodón ha roto con la forma tradicional de producción agropecuaria: la combinación de la producción de renta con la del consumo, la rotación y la asociación de cultivos. También produjo la destrucción de la biodiversidad, lo que hace que hoy sea impensable una planificación de la producción que desconozca los componentes ecológicos y de recuperación del ecosistema. Para que esto sea posible, el Estado y concretamente el MAG debe destinar gran parte de sus recursos económicos y humanos a la implementación de esta propuesta.
Los créditos y las asistencias técnicas no sólo deben ser dirigidos a la producción de renta sino a la totalidad de la producción agropecuaria -renta, consumo, animales domésticos, etc.-
Por último, la actualización de la legislación agraria es también urgente. La legislación actual es un obstáculo para el desarrollo de la agricultura. La gran dificultad en este orden reside en compatibilizar los intereses de los pequeños productores agrícolas, campesinos sin tierra con los de la oligarquía terrateniente representada por la Asociación Rural del Paraguay, con gran poder político y económico.
Estos son algunos de los problemas y desafíos que el Paraguay actual debe enfrentar para que la población en su totalidad y la rural en particular, pueda tener una vida más digna y pensar un mejor futuro.