Por María Molinas y Manuelita Escobar
de ALTER VIDA
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, no se menciona aún en forma específica, en ninguno sus 30 artículos, el derecho a un ambiente sano.
Paradójicamente, el ambiente como tal, no estaba en las preocupaciones de las Naciones que salían de una guerra sangrienta y desvastadora, provocadora ella misma de daños irreparables en el ambiente y que contribuyó en gran medida a su degradación. En el período postguerra toda la energía y la demanda de los pueblos se centraba en el proceso de reconstrucción física y socioeconómica de los países. Además, los más poderosos estaban en el camino de una gran industrialización. (la era atómica, la era del petróleo, etc), donde el slogan era el consumo masivo ante la gran producción, también masiva.
Pero en la realidad, primero se dan los hechos y luego aparece el derecho. Hubo que pasar por muchas catástrofes ecológicas para que los Estados, los movimientos sociales y la gente corriente, empezaran a tomar conciencia de la importancia del entorno en todos los ámbitos de la vida de las comunidades. Y debemos señalar que, a pesar de que la realidad rebasa la fantasía en términos de agresión del ambiente, todavía hay lugares en que esos hechos no están instituídos como violación a los derechos plenos del ser humano, y en algunos países en que existen legislaciones y códigos, no son suficientemente cumplidas como para que se transformen en acciones efectivas.
En el mundo occidental es relativamente nuevo el concepto de problemática ambiental. Aunque no podemos hacer una cronología exhaustiva porque escapa al objetivo del documento , sí podemos nombrar algunos hechos que contribuyeron a convertir ideas y situaciones que se creían "naturales" en problemas que afectan a la humanidad toda.
En 1962, Rachel Carlson fue una de las primeras que inició una cruda denuncia de las condiciones ecológicas a través de su libro "La Primavera Silenciosa". A partir de ello, otros se sintieron motivados para seguir investigando en esa línea y abundar detalles .
En 1970, el Club de Roma, publicó su libro "Los límites del crecimiento"
En la primera mitad de la década de los años setenta, se forma en Estados Unidos y Europa, el Movimiento Ecologista, alentado por la iniciativas ciudadanas en pro de la protección ambiental.
En 1972, se realizó en Estocolomo, convocada por las NNUU la primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano.
En 1973, fue establecido al interior del sistema de las Naciones Unidas el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En la década de los 80, en Paraguay se crean algunos grupos ecologistas de preocupados por el ambiente, que inician tareas de investigación sobre la realidad socioambiental del paìs.
En 1985 la Secretaría Técnica de Planificación (STP) de Paraguay, conjuntamente con el Instituto Internacional para el Desarrollo y el Medio Ambiente y la Agencia de Desarrollo AID, publicaron "Perfil ambiental del Paraguay", documento que, aunque incompleto, resultó muy util para empezar a hacer una lectura de los problemas ambientales del país.
En 1987 apareció el Informe "Nuestro Futuro Común" producido por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, dirigida por la Primera Ministra Noruega, Gro Harlem Brundland. En este documento se introdujo el concepto sobre desarrollo sustentable.
En los años 90, el tema central de debate fue el de desarrollo sostenible o sustentable, concepto que articula las necesidades de la gente con los límites ecológicos del planeta.
Desde la sociedad civil, se van consolidando los movimientos ecologistas o ambientalistas, con diferentes lineamientos y reivindicaciones pero haciendo visible el problema de lo ecológico con actitudes pacifistas como parte de sus luchas y reclamos.
En 1992, se realizó en Río de Janeiro la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCED), la que tuvo el mérito de introducir en la agenda mundial el tema del desarrollo sostenible como un problema insoslayable para el futuro de la humanidad. También se realizó en forma paralela el Foro de las ONGs. donde acudieron centenares de organizaciones ambientalistas, las cuales hacían lobby para que los representantes de los gobiernos y de Agencias de Cooperación Internacional, presentes en la Conferencia oficial, escucharan sus reivindicaciones y propuestas.
Sin embargo, la "conciencia" adquirida por los países participantes estaba retrasada en comparación con los daños que ya había sufrido el ecosistema mundial, y en especial los países del tercer mundo.
Aún así, muchos documentos importantes nacieron a partir de la UNCED, uno de ellos es la Agenda 21, donde aparecen lineamientos generales de cómo hacer para que el desarrollo contemple lo social, lo económico y lo ambiental sostenido. En ese sentido, este documento articula el desarrollo sostenible, con la erradicación de la pobreza y la equidad de géneros. De esta forma, se va avanzando hacia una visión holìstica de lo que es la problemática ambiental, sus causas y sus consecuencias.
Aunque se hace mayor énfasis en las consecuencias, ya que las causas apuntan directamente a ese modelo de desarrollo que los países industrializados se empeñan en expandir y en defender, aunque sea el principal depredador ecológico y social de los países más pobres. Por esta razón, en Latinoamérica, se plantea el concepto de sociedad sostenible que coloca como referente de la sostenibilidad a las sociedades con su diversidad y no al concepto de desarrollo, que es fuertemente asociado a los países del Norte.
De esta breve reseña, podemos observar que el ambiente no se refiere sólo a lo natural, a los ecosistemas acuáticos, terrestres, a las plantas y animales, sino que incluye el ser humano y su entorno, como partes inseparables e interactivas, y donde el juego de lo político - económico está tan presente como un componente más de la gran variedad de sistemas.
Por eso, después que los hechos demostraron y hablaron hasta el cansancio, se crean los derechos humanos de tercera generación en el que se encuentran los derechos ambientales.
Así, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, se reafirmó el derecho al desarrollo como una parte integral y fundamental de los derechos humanos. Entendiéndose al desarrollo como sostenible, y que incluye el derecho a la alimentación, a la vivienda, al vestido, a la salud, a la educación, en síntesis, a la calidad de vida, y a otros recursos ambientales que tradicionalmente fueron definidos como necesidades más que como derechos.
Cuando hablamos de ambiente, nos referimos a la interacción existente entre el mundo natural y el mundo construído, con sus especificidades sociales, culturales, económicas, ideológicas, sus modos de producción, sus patrones de consumo, de distribución etc. El ser humano es parte integrante del ecosistema natural y su principal transformador, aunque dialécticamente se ve también él mismo en constante transformación por el ambiente.
A lo largo de la historia de la humanidad, las poblaciones han intervenido en su ambiente. La caza, la pesca, la construcción de viviendas, la vestimenta, la preparación de alimentos, el almacenamiento de agua, son formas de intervención humanas indispensables para su reproducción.
Sin embargo, cuanto más crece la humanidad, más crece la demanda de satisfactores para cubrir sus necesidades, y por tanto la intervención en los ecosistemas o su antropización se hace más agresiva, no respeta la capacidad de carga de los ecosistemas y por ende, no dan el tiempo necesario para su regeneración y sostenibilidad.
De ahí surge la llamada problemática ambiental que parte del análisis de sus causas estructurales, a través del efecto de ciertos patrones productivos que han cristalizado las condiciones del poder económico y político a nivel mundial, nacional, regional y local.
Pero lo interesante es que más allá de la concepción del ambiente como un problema irresoluble, se configura una percepción del ambiente como un potencial productivo fundado en una articulación de procesos ecológicos (oferta natural y manejo integrado de recursos), culturales (diversidad étnica en el reconocimiento y en las prácticas de aprovechamiento de recursos), tecnológicos (innovación de tecnologías apropiadas, recirculación de desechos, integración de procesos productivos) y políticos (movilización social para la liberación política, la independencia económica y la autodeterminación tecnológica). (Leff:1986). Esta conceptualización constituye un enfoque prospectivo y estrátegico para la construcción de un estilo alternativo de desarrollo.
El acceso se refiere a la posibilidad de usar el recurso. El control de los recursos se inscribe en un estadío superior de poder de la ciudadanía, ya que incluye la decisión de qué hacer con ellos. Hay muchas maneras de apropiarse y utilizar un recurso, y la propiedad privada no debería otorgar potestad para intervenir negativamente en los ecosistemas. Por ejemplo, la deforestación y la contaminación, por más privado que sea el lugar, porque la sostenibilidad del ambiente es un patrimonio de todos los habitantes. Los recursos pertencen a todos y a ninguno, son de la humanidad presente y futura.
Es interesante la acotación que hace Brañes Ballesteros de que no siempre los recursos naturales han sido susceptibles de apropiación. Por el contrario, en los sistemas sociales más antiguos la apropiación de los recursos naturales constituía una excepción antes que una regla general. "El derecho que comenzó a generarse para regular las relaciones entre los individuos y los bienes,quedó establecido que -siguiendo la terminología del Derecho Romano- habían 'cosas comunes a todos los hombres', las que por tanto no eran susceptibles de ninguna especie de expropiación." y continúa diciendo, "el derecho del capitalismo, sin embargo, le dió otro origen a las cosas comunes, pues estableció que eran tales 'las que la naturaleza había hecho comunes a todos los hombres', esto transformó la función social que estaba en la base de la determinación del carácter 'común' de las cosas en un fenómeno natural, y por ende, en un fenómeno susceptible de ser modificado por los avances tecnológicos"(Brañes:1986).
Por otro lado, los países industrializados, que están tan "concientes" del problema ambiental y que poseen legislaciones modelo para su cuidado, representan sólo el 20% de la población mundial pero consumen el 80% de los recursos ambientales del mundo. Habría que preguntarse si el derecho a un ambiente sano sólo lo usufructan los países "desarrollados" o ricos . Los países "subdesarrollados" o pobres, además de "brindar" su biodiversidad por falta de políticas claras y como forma de paliar sus vacíos económicos, son señalados como victimarios y principales destructores de la naturaleza por ignorancia y por tener las más altas tasas de natalidad.
Por añadidura, el ser muchos y pobres constituye una brecha para la tarea de preservar el ambiente. Salta rápidamente la ecuación entre el crecimiento demográfico, el hambre en el mundo y el acceso a los recursos; es cierto que el crecimiento demográfico es un problema, pero sucede que los recursos están mal distribuídos. Por este motivo, el derecho a un ambiente sano tiene que ver también con la distribución de los recursos socioambientales.
Como señalamos en párrafos anteriores, es muy gráfica la comparación de cómo se da el consumo en el mundo industrializado, en detrimento de otras regiones de menor desarrollo relativo. Pero quién decide sobre los patrones de consumo, quién pone los límites?
Es dable pensar que los límites en estos casos son más político-económicos que ecológicos. Siguiendo al economista Huber, podemos decir que lo que se desata no es el agotamiento de las materias primas, sino una lucha por la repartición -llevada hasta el agotamiento- entre consorcios, naciones y regiones en bloque, entre ricos y pobres. "El problema real es el acceso a las materias primas y la dependencia política relacionada con ellas, así como la presión y la extorsión económica que de ella se derivan" (Huber:1986). Obviamente quienes pierden son los marginados del planeta, para los cuales, el derecho a un ambiente sano puede ser una utopía.
Al analizar la situación de los derechos ambientales en Paraguay, consideramos dos ejes, 1) referido a las condiciones socioambientales de acceso a bienes y servicios para la satisfacción de necesidades individuales y colectivas; y 2) que puntualiza la participación de la ciudadanía en el control de los recursos y la toma de decisiones relativas al ambiente. Es importante señalar que ambos ejes están relacionados en el ejercicio de los derechos ambientales y la separación es fundamentalmente de carácter metodológico.
En nuestra óptica, es preciso ubicar los distintos componentes de la situación ambiental aqui descripta, como unidades de un sistema, cuyos contenidos y procesos son recursivos, y se basan en la relación de la naturaleza con las estrategias adaptativas de las comunidades.
Visto lo ambiental como un campo donde se dan relaciones vitales entre la sociedad y el la naturaleza, que constituye el espacio del ejercicio de los derechos sociales y políticos , resulta bastante complejo referirnos a todas las variables socioambientales condicionantes de una calidad de vida sostenible.
Algunos de los puntos más críticos de la situación ambiental en el Paraguay son la deforestación, la pérdida de fertilidad de los suelos, la colmatación de los cauces hídricos y contaminación de las aguas, que está aparejado con problemas de carácter social.
El empobrecimiento ininterrumpido de la calidad de vida, especialmente en las zonas rurales, está relacionado con movimientos migratorios en la búsqueda de medios necesarios para satisfacer sus necesidades. La distribución inequitativa de la tierra y el predominio de latifundios tiene que ver con formas insostenibles de explotación de la tierra y de los recursos forestales.
La carencia de seguridad alimentaria impide el ejercicio de cualquier tipo de derechos, y es una barrera para la participación de las comunidades en la vida política y social. Todos estos aspectos y otros más afectan la calidad socioambiental e impactan el ejercicio de los derechos ambientales.
La FAO define a la seguridad alimentaria de la siguiente manera "que se disponga de alimentos en todo momento, que todas las personas tengan acceso a ellos, que esos alimentos sean nutricionalmente adecuados en términos de cantidad, calidad y variedad, y que sean culturalmente aceptables para la población". La seguridad alimentaria es un componente de los derechos ambientales, y por tanto deber del Estado, que implica la exigencia de la distribución equitativa de recursos alimentarios y patrones de producción y consumo sostenibles en la gestión del ambiente, ya que la inseguridad alimentaria se vincula al modelo de desarrollo y las políticas que se implementan en un país.
En Paraguay, en el año 1992, el 62% de la población vivía con ingresos que la situaban por debajo de la línea de la pobreza. En áreas rurales, este nivel alcanzó al 75%, en donde los niveles de indigencia -quienes no alcanzaban a satisfacer sus necesidades alimentarias- superaba el 35%.
Del 30 de junio al 1 de julio de 1996, se realizó en Asunción la reunión regional preparatoria para la Cumbre Mundial de la Alimentación, auspiciada por la FAO. El documento preparado por Paraguay para esta cumbre realiza un diagnóstico de la situación alimentaria y la pobreza. Además plantea recomendaciones al Estado y otros sectores de la sociedad, donde se señala la urgencia de atender "el creciente deterioro social y económico que afecta a las condiciones de vida de la mayoría de la población del país".
En el diagnóstico se señala que el problema alimentario no fue de importancia en Paraguay hasta hace 25 años, cuando existía abundancia de recursos como la diversidad biológica, la vigencia de los conocimientos y prácticas productivas agropecuarias y forestales tradicionales, riqueza cultural propia y una distribución de la población rural relativamente desconcentrada. Sin embargo, a partir de 1970, década en que empieza el gobierno a estimular la producción del algodón y otros cultivos de renta, se desmotiva el cultivo de productos de consumo. Antes de la década del 70 había pobreza, pero no se traducía necesariamente en la falta de alimentos.
En el documento se señala que "el gobierno deberá mejorar, mantener y cuando sea necesario rehabilitar, el potencial de producción de alimentos de los recursos naturales y detener su degradación y agotamiento". También señala que los sistemas de producción y autoconsumo sostenibles deben ser promovidos a través de políticas en las que prevalezcan la eficacia y el reparto equitativo de los costos y beneficios".
La Declaración en Defensa de la Seguridad Alimentaria en la Región de América Latina y el Caribe (Asunción, 1996) afirma que la seguridad alimentaria sostenible y el bienestar nutricional deben ser reconocidos como un derecho humano básico, estatuido en una Convención garantizada por el Tribunal Internacional de Justicia. La declaración afirma que "no habrá seguridad alimentaria sin la participación de la sociedad civil, esencialmente de los pequeños productores y pobladores urbanos y populares, y sin que los gobiernos asuman su responsabilidad con ella".
El alto índice de desigualdad y concentración en la distribución de la tierra en el Paraguay se relaciona con un proceso de crecimiento demográfico, migraciones y pobreza, según datos de una investigación realizada por el IBR y la FAO (citado en El Día, 28-oct-96). La alta concentración de la tierra está relacionada significativamente con altos índices de pobreza, y condiciona el proceso de desarrollo económico y la distribución de ingresos.
El grado de concentración y de desigualdad de la tenencia de la tierra se incrementó entre 1981 y 1991, según la misma fuente, y los procesos de concentración se produjeron en los estratos más altos, los inmuebles con más de 1.000 has. aurmentaron en un 41,8 % y la superficie en un 89,3 %.
Según datos del Censo Agropecuario Nacional (1991), el 77% de las tierras agropecuarias se encuentra en manos del 1% de los productores que poseen más de 1.000 has., y el 84% de los productores cuenta con fincas menores de 20 ha.
La Constitución Nacional establece que la reforma agraria debe realizarse sobre la base de la racionalización y la regularización del uso de la tierra y de las prácticas de cultivo, para impedir su degradación. Sin embargo, en la práctica el monocultivo, la depredación de los recursos, el deficiente apoyo crediticio y la desigual distribución de la tierra son algunos de los principales problemas.
Las ocupaciones de tierra tienen su origen en la injusta distribución de los recursos y en la falta de soluciones eficaces y de fondo. Las acciones represivas violentas a las ocupaciones de tierras tampoco son solución, sino parte agravante y factor agudizador del problema.
Es necesaria una reforma profunda del acceso y a la tenencia de la tierra, tendiente a la eliminación de los latifundios, y con énfasis en los aspectos sociales y productivos. Una reforma agraria sostenible implica una visión sistémica de la situación y de la relación entre los distintos factores que influyen en las estrategias adaptativas, como ser: las características del territorio, las condiciones socioculturales de arraigo, servicios y asistencia técnica para hacer viables los asentamientos.
También es necesario un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que fije líneas generales de ordenamiento para el país, y sirva de marco de referencia a los entes locales y a los organismos del Estado.
Actualmente se encuentra en discusión en el Senado un proyecto de Código Agrario, que debe incorporar la protección, conservación y recuperación de los recursos naturales, ya que las necesidades alimentarias de Paraguay se ven comprometidas con la creciente degradación de sus recursos naturales, bosques, suelos y agua.
Según el Censo de 1992, la cantidad de viviendas censadas llegaba a 855.547, lo que para una población de 4.152.588 personas significa la proporción de 5 personas por unidad habitacional. "El déficit habitacional alcanza las 340.000 viviendas, que sin el aporte del CONAVI en sus seis años de existencia hubiera alcanzado 370.000, la diferencia es sólo de 30.000, lo que demuestra la escasa eficacia de la política habitacional, siendo Paraguay el país que destina el menor porcentaje de presupuesto al la construcción de viviendas de interés social, en relación a las demás del continente" (en Análisis del mes, diciembre de 1995).
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25%----- carecía de paredes
aceptables | 42%----- carecía de pisos aceptables | 37%-----carecía de techos aceptables | Fuente: Heikel:1996 | |
En términos de calidad de la vivienda, en el período 1982-1992, se registra un empeoramiento de todos los indicadores para Asunción, lo que es atribuída al crecimiento de la población de escasos recursos asentada por lo general en zonas inundables (DGEEyC:1994).
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67%-----------piezas de baño, | 62%-----------carecía de excretas | 41%-----------carecía de energía
eléctrica | 58%............ carecía de abastecimiento
agua potable | |
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4%............Asunción | 37%..........resto urbano | 89%..........áreas rurales | |
El acceso a servicios sanitarios, excretas y agua potable está relacionada con cierto tipo de enfermedades, a las que se puede denominar "enfermedades sociales", por el carácter de ser generadas por condiciones socioaambientales desfavorables. La utilización de aguas contaminadas propician enfermedades como la diarrea y otras gastrointestinales relacionadas con la carencia de agua potable, y que constituyen causas principales de la mortalidad infantil, también las enfermedades parasitarias son otro tipo de afecciones relacionadas.
Paraguay está en segundo lugar en la deficiencia de cobertura de agua potable, después de Haití (en Ultima Hora, 21/oct/96); y Corposana sólo brinda un abastecimiento del orden del 52% en lo que respecta a su área de responsabilidad, que son las comunidades de más de cuatro mil habitantes. Esta cobertura solo alcanza al 26,6% de la población total del país y por cada cuatro hogares rurales hay uno sólo con conexión domiciliaria de agua.
En cuanto al saneamiento ambiental, sólo el 21% de la población urbana cuenta con servicios de alcantarillado sanitario, y en el interior sólo dos localidades cuentan con servicio. La cobertura de este servicio está concentrada en Asunción, donde el 50% tiene acceso, mientras que en 12 de los Departamentos del país la cobertura es inexistente y en los siete restantes es inferior al 10% (PNUD:1996).
El déficit en los sistemas de recolección de basuras y disposición final lleva prácticas como la quema de resíduos que deterioran el ambiente. Las basuras y todo tipo de resíduos, desde domiciliares hasta hospitalarios son arrojados a los cursos de agua, en patios baldíos y hasta son abandonados a la vera de los caminos. Constituyendo así otra fuente de transmisión de enfermedades. Existen iniciativas de sensibilización en separación de resíduos y reciclaje de la comuna de Asunción y de organizaciones no gubernamentales que precisan ser profundizadas y ampliadas.
Otro punto relacionado a la contaminación del hábitat y el saneamiento ambiental constituye, especialmente en las zonas urbanizadas, la emisión de gases producido por automóviles en mal estado y por el sistema de transporte que no cumple con las reglas mínimas de salubridad ambiental. Son muchos y complejos los problemas de las ciudades, por lo que es preciso incorporar la planificación urbana como instrumento organizador de las intervenciones enfocadas a los distintos problemas, considerando la ciudad como una unidad de relaciones integradas y espacio de identidad sociocultural.
Los movimientos migratorios fuera y al interior del país están relacionados con el empobrecimiento de las comunidades, con la extrema inequidad en la distribución de la tierra, con la carencia de infraestructura y servicios, y con la falta de fuentes de ingreso. Todos estos aspectos que tienen que ver con el control de la calidad ambiental y el acceso a recursos ambientales.
Este fenómeno también está vinculado con la ruralización de la pobreza, donde se observan los mayores índices de deterioro de la calidad socioambiental [Conjunto de procesos económicos y relaciones socioculturales, donde se desarrollan formas de producción, apropiación, distribución, y consumo de los recursos ambientales]. Como ya mencionamos, más del 35% de la población rural, en 1992, sobrevivía en condiciones de indigencia, lo que significa que no podía asegurar sus necesidades alimentarias básicas, y un 75% se encontraba por debajo de la línea de pobreza.
La gente migra en busca de mejores condiciones de vida, ya que sus lugares de origen no les ofrece los medios necesarios para desarrollarse. Sin embargo, como resultado de estos desplazamientos también se deteriora la calidad de vida en las ciudades, con la formación de zonas marginales de pobreza en los centros urbanos, y el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida y la calidad ambiental: hacinamiento, falta de servicios, contaminación, inseguridad y otras.
Entre 1984 y 1991 la superficie de los bosques se ha reducido en un 38% , equivalentes a 2.019.858 ha., lo que significa una deforestación de 290.000 ha/año aproximadamente (UNA:1994) , fenómeno que ha ocasionado importantes impactos en el ambiente. De seguirse con este ritmo, en muy pocos años no quedará ningún bosque y el Paraguay deberá importar madera. Se calcula que en un plazo no mayor de 7 años ya no habrá más bosques productivos en la Región Oriental.
Hoy se pierden más de 20.000.00 de has. anuales de bosques (780 has.diarias) debido a la agricultura, la tala y la urbanización. En efecto, Paraguay constituye el país con mayor índice de deforestación del mundo (según The Economist de Londres y El Mundo de Madrid, citado en ABC color, 27/oct/1996), y hasta ahora la ineficiencia y la corrupción caracterizan a las instancias responsables del control del problema, constituyendo uno de los factores de su agravamiento.
El robo indiscriminado de rollos, incluso de reservas forestales, la venta ilegal de madera, y la destrucción anual del área arbórea en una dimensión equivalente al 1,44% del territorio nacional, son los indicadores de la alarmante situación ambiental. Actualmente ante el escándalo público de la venta de guías forestales por funcionarios del Servicio Forestal Nacional, la entidad se encuentra sometida a auditoría por la Dirección de General del Medio Ambiente de la Contraloría.
En el aspecto legal hay vacíos importantes y fallas al nivel de las instancias de aplicación. No existe una ley de ordenamiento territorial que planifique el uso de la tierra, estableciendo qué zonas son forestales, cuáles agrícolas y cuáles pecuarias. Tampoco hay sanciones por desmontes no autorizados, falta la redefinición de tierras incultas o improductivas, y se ha tomado al bosque como tierra improductiva.
Se plantea una contradicción seria entre el Estatuto Agrario y la Ley Forestal 422/73, no obstante ser posterior. La Ley Forestal dispone la prohibición de la devastación de bosques, pero en la práctica se sigue considerando el artículo 79 del Estatuto Agrario, que dispone que para tener preferencia en la adjudicación de los lotes, los ocupantes deberán tener "méritos por sus actividades agropecuarias", y como los desmontes son considerados mejoras, en las colonizaciones se incentiva de hecho el talado de árboles (Ortiz:1995). Además de la falta de calificación de las tierras forestales, tampoco se controla, fiscaliza ni supervisa el uso de la tierra y de los bosques.
La reducción de los bosques ha significado una pérdida incalculable de especies vegetales aún desconocidas y cambios en el hábitat de la fauna, un factor que impacta en la sobrevivencia de las especies. Otro aspecto relacionado a la pérdida de la fauna constituye el tráfico de animales y de pieles silvestres, muy difícil de contener, ya que aún cuando exista la institución competente para su regulación (CITES) no hay normas ni mecanismos de control eficientes, además de la gran corrupción imperante.
Según una investigación realizada, la deforestación también tiene impacto también a nivel cultural y de género, puesto que los conocimientos que la mujeres tienen sobre el tratamiento de ciertas enfermedades a partir de hierbas naturales, pueden extinguirse en la misma medida que se va perdiendo la flora autóctona (Masulli:1992).
Según un documento de la OPS (citado en La Nación, 21/oct/96) la calidad y cantidad del agua está condicionada por las características hidrográficas y ambientales de las cuencas de los ríos. Por lo tanto, el elemento central en el planeamiento y administración de los recursos de agua debe ser siempre la cuenca hidrográfica, incluídas las aguas subterráneas. También señala que la contaminación de ríos, lagos y acuíferos presenta problemas de salud pública para las futuras generaciones.
Sin embargo en el país no existe una ley de suelos ni código o autoridad de aguas. A pesar de las constantes denuncias siguen ininterrumpidamente los procesos de contaminación de los cursos hídricos por falta de tratamiento de desechos industriales, que contaminan incluso con metales pesados, afectan a los peces y a todo el sistema hídrico. También la erosión de los suelos y la deforestación impactan negativamente en las descargas de sedimentación de las cuencas hidrícas; y el uso intensivo de abonos químicos y agrotóxicos constituyen un peligro para la calidad del agua.
El tema de la corrupción en Itaipú -y también en Yacyretá- es una expresión de la violación a los derechos humanos ambientales, pues constituye un ejemplo del manejo insostenible de los recursos hídricos, de la falta de transparencia, de control y de participación ciudadanas en las decisiones relativas al ambiente. El brazo Aña Cuá se encuentra al borde del desastre ecológico (citado ABC Color, 13/oct/96), siendo uno más de los fuertes costos ecológicos del proyecto. En estos momentos se sigue debatiendo la concesión de la Yacyretá al sector privado, en medio de polémicas entre los poderes ejecutivos y legislativos de Argentina y Paraguay, y aún no se ha resuelto la indemnización a sectores afectados por la obra.
Franja Costera: El proyecto para el Barrio San Estanislao es uno de los proyectos con que se plantea iniciar los trabajos de aplicación del Plan Maestro para el mejoramiento de la Franja Costera de Asunción. Tiene como uno de sus componentes la relocalización de los pobladores que ocupan el cauce en tierras recuperadas mediante la utilización de relleno hidráulico y la participación activa del sector privado.
El Plan ha sido concebido desde una perspectiva técnica-experta, en el sentido de que no ha incorporado la participación en el proceso de planificación, sino que se dió a conocer una vez finalizado éste. Lo que puede ser considerado como uno de los elementos que se relaciona con las resistencias de las comunidades afectadas y con las dificultades para la transferencia y apropiación de información referida al mismo. Esto tiene que ver con la visibilidad de las diferentes estrategias sociales y culturales de adaptación existentes en estas comunidades, que no deben ser homogeneizadas bajo la categoría de ocupantes de zonas inundables, y que de no ser planteadas como componentes sustantivos de la planificación, pueden influir en la sostenibilidad del Plan y convertirlo en algo muy frágil.
Otro elemento que ha sido señalado es la situación de presión económica hacia los sectores de menores recursos que podría llevar a un "autodesalojo", en la medida que las tierras adquieran mayor valor en el mercado. Estos y otros elementos señalan la importancia de un proceso participativo que incluya las visiones y realidades diferenciadas de las comunidades involucradas. Por eso, resulta clave para el pleno ejercicio de los derechos ambientales, que el Plan amplíe y fortalezca la participación de las comunidades en todos los niveles del mismo, de manera a garantizar una toma de decisiones informada, motivada y activa.
Hay que destacar que un resultado exitoso, con todos sus límites, constituye el que la Administración Municipal haya tomado la planificación como un instrumento institucional, lo que deja un precedente muy importante.
Relacionado al tema Franja Costera y a partir del plan de desarrollo urbano ambiental para el área metropolitana surge "Asunción 2000", planteamiento de la Corporación para el Desarrollo de Asunción, entidad civil sin fines de lucro recientemente constituida. Integra instituciones y personas del sector público y privado, que tiene por objetivo la elaboración de un plan estratégico para la ciudad. Esta entidad ha realizado foros con distintos sectores de la sociedad, y cabe señalar que es la primera vez que se plantea un plan global para el área metropolitana de Asunción.
Cuenca del Lago Ypacarai: Debido a los efectos agresivos del turismo y el mal manejo de la cuenca, el lago se ha contaminado gravemente y amenaza su desaparición. La reacción ante este hecho recién ocurrió en la fase extrema de deterioro, cuando los daños causados son casi irreversibles. A pesar de su condición de "área protegida" ningún programa de manejo de la cuenca había sido puesto en práctica.
Cuenca del Lago Ypoa: En 1992 fue declarada por Decreto 13.681 área de reserva para parque nacional, pero transcurrido cuatro años no se habían definido los límites y consecuentemente no se realizó el plan de manejo; lo que refleja la incongruencia de la política ambiental. La Contraloría General de la Nación intervino a través de la Dirección Ambiental ante las denuncias de la prensa y de un recurso de amparo por la deforestación en las tierras de una estancia privada.
Sequía en el Chaco: Por el mal manejo de las aguas y del suelo avanza cada vez más la desertificación y salinización del Chaco. En enero, en el Bajo Chaco se dió la peor sequía de los últimos años, la que fue visibilizada en forma dramática por un programa de televisión local. A la falta de lluvias por cerca de 10 meses se sumó, como factor agravante, la construcción de represas por ganaderos de la región sin ningún tipo de regulación. Es otro ejemplo de la ineficiencia de la política ambiental.
Erosión y contaminación del Pilcomayo: Es fundamental el estudio de la erosión que se produce en la alta cuenca del Pilcomayo, en territorio boliviano, trabajo que fue iniciado por técnicos de la Unión Europea. Estos estudios son importantes para elaborar un plan de manejo integral de la cuenca y la llanura de inundación en el Chaco paraguayo. En los últimos años el río ha venido retrocediendo 15 Kms. por año (citado en Análisis del mes, marzo 1996), sin que las autoridades paraguayas realizaran medidas eficaces y oportunas. El desvío de las aguas realizado en 1990 unilateralmente por el gobierno argentino empeoró el problema y los conflictos, sin que tampoco haya existido en su momento una respuesta eficaz del gobierno. Actualmente a partir de las propuestas conjuntas de los gobiernos de Paraguay y Argentina se está diseñando un dique para distribución de las aguas y contención de los sedimentos. Es importante señalar la participación de las ONGs en la Comisión de Aprovechamiento Múltiple del Pilcomayo.
El pasado 29 de agosto se registró el escape de 330 mil toneladas de desechos tóxicos de la mina Porco, en Bolivia, calificado por expertos bolivianos como "la mayor catástrofe ecológica de América Latina" (citado en ABC Color, 20/oct/96). Estero Patiño, la llanura de inundación, sufriría las consecuencias del accidente, los sólidos serían depositados en los esteros y lagunas estacionales de la cuenca baja del Pilcomayo, contaminando incluso aguas subterráneas, afectando la fauna ictícola, e impactando en la economía de miles de personas que viven de la pesca, y a la vida de los pueblos indígenas que habitan la ribera del Pilcomayo.
La respuesta del gobierno paraguayo fue lenta y muy "tibia" ante la magnitud del problema, aunque finalmente se conformó una comisión interinstitucional creada a instancias del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de organizaciones no gubernamentales y de la OPS/OMS, además de organismos estatales.
Proyecto Intergubernamental Hidrovía Paraguay-Paraná: comprende la construcción de una vía industrial navegable en un tramo fluvial de aproximadamente 3.400 Kms. desde Cáceres, Brasil, hasta Nueva Palmira en Uruguay. Este tramo atravieza Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, y se comunica con Bolivia.
Este proyecto es cuestionado por parte de organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales y pueblos indígenas, pues implica una grave amenaza para la región. Además no hay información exacta sobre el proyecto y los impactos ambientales del mismo que permita la participación eficaz de las comunidades y organizaciones en el proceso de toma de decisiones. En julio de este año el Comité Intergubernamental Hidrovía realizó en Asunción una Audiencia Pública, que sin embargo no contó con un proceso de información y convocatoria previo, que involucre a todos los actores afectados.
"Cabe señalar la ausencia en el debate de los gobiernos de los municipios directamente afectados por el proyecto. Es otra señal de la falta de visión estratégica de los mismos, muy ocupados en las cuestiones domésticas en un tiempo que exige capacidad de articular lo particular con lo general" (Análisis del Mes, Base Ecta, julio 1996).
La participación que se plantea debe ser garantizada con el acceso oportuno a información veraz y completa, en un lenguaje accesible para las comunidades, respetando la diversidad de culturas. El Proyecto H.P.P. está dirigido a pequeños grupos de grandes empresarios, quiénes se beneficiarán económicamente con la exportación y transporte de granos y minerales, lo que será asumido económicamente por la población de cinco países y causará perjuicios irreversibles al ambiente y a las poblaciones tradicionales.
El Programa 21, aprobado el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -la Cumbre de la Tierra-, sienta las bases para transformar las acciones que afectan al medio ambiente, en su dimensión social y económica, en lo referente a la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, contemplando acciones para el fortalecimiento de los grupos y actores sociales más vulnerables y su incorporación como sujetos de decisión.
En Paraguay constituye un logro que a partir de la reforma educativa se haya incorporado la perspectiva ambiental como componente del currículum, ya que la educación es uno de los requisitos fundamentales para el ejercicio de la participación y de la toma de decisiones. El desafío actual es lograr la apropiación de esa perspectiva en forma integral por parte de la comunidad educativa . Igualmente es necesario estimular y fortalecer las prácticas desarrolladas en el ámbito de la educación no formal con la comunidad y actores sociales específicos, y en la sensibilización de toda la ciudadanía en los procesos de comunicación social.
Como lo resalta el Programa 21, la participación social y la oportunidad de acceso a la información pertinente son requisitos centrales para lograr un desarrollo sostenible; para lo cual es fundamental vincular a los principales grupos sociales en las políticas y actividades de todas las esferas.
El derecho a vivir en un ambiente saludable es parte integrante de los derechos del consumidor, e incluye la garantía de acceso a bienes y servicios esenciales para la supervivencia que deben ser atendidos y proveídos como derecho de los/as ciudadanos/as; la seguridad de consumo y a la protección de sustancias peligrosas; la libre elección de los productos y servicios; la información oportuna y clara sobre los bienes y servicios, y a ser protegido contra la publicidad engañosa; y también el derecho a recibir indemnización o reparación adecuada por daños ocasionados por productos de mala calidad o por informaciones falsas.
El tema de los derechos del consumidor es relativamente nuevo en Paraguay; actualmente existen iniciativas importantes de distintos grupos y organizaciones no gubernamentales en el tema. A nivel municipal sólo la Municipalidad de Asunción cuenta con una Oficina de Defensa del Consumidor, que desarrolla acciones y campañas de sensibilización y denuncias, conjuntamente con otras organizaciones. A nivel nacional, en el Ministerio de Industria y Comercio se creó el Dpto. de Defensa del Consumidor, pero su funcionamiento aún no es visible.
A nivel nacional hay todavía mucho desconocimiento de los derechos del consumidor/a, y es regla casi general la desinformación en cuanto al uso de aditivos alimenticios; seguridad de los productos de limpieza; impactos ambientales de las intervenciones en el ambiente, acceso a servicios entre otros.
En el aspecto legal, existen normas básicas dispersas, pero no hay una compilación ni una ley marco sobre el tema; aunque ya se han elaborado algunos proyectos de leyes desde distintos sectores. En el marco de una fuerte polémica sobre la regulación de la publicidad del alcohol y el tabaco, sigue en estudio un proyecto de ley elaborado en el Congreso. Recientemente, también fue elevado a la Cámara Baja un proyecto de Ley de Defensa del Consumidor en el que se plantean varios componentes: la protección contra la "publicidad engañosa y abusiva"; la prevención y reparación de los perjuicios ocasionados a los consumidores; la adecuada educación y divulgación sobre los productos y servicios ofertados, asegurando al consumidor la libertad de decidir; garantizando, además, la asociación y constitución de agrupaciones de consumidores con el objeto de defensa y representación de los mismos.
De contar con una ley que proteja los derechos de los consumidores y consumidoras se fortalecerá la participación y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
En Paraguay, los mecanismos de control de la distribución, venta y uso de agrotóxicos no son suficientemente eficaces, incluso circulan sustancias calificadas de extrema peligrosidad que ingresan de contrabando, sin que los usuarios tengan acceso a información calificada y certera que les permita tomar una decisión conciente. No obstante, en este año el Dpto. de Defensa Vegetal ha iniciado tareas de control, que deben ser fortalecidas y ampliadas.
En el estudio sobre el sector agrícola (MAG-GTZ:1995) se registra la aplicación de 4.556.000 litros de productos fitosanitarios para el control de plagas, dando un consumo por finca de 24 kg./litros/año. El 57% de los insecticidas utilizados son productos fosforados y los cultivos que exigen una mayor intensidad de protección fitosanitaria son el algodón y la soja. Las cifras indican, además, que la importación de plaguicidas para uso agrícola aumentó en un 65% entre 1977 y 1987 (OPS/OMS), entre ellos se siguen comercializando algunos que ya fueron prohibidos en su país de origen como el DDT y otros, por su nivel de toxicidad.
Además la manipulación de plaguicidas se realiza en la mayoría de los casos sin los conocimientos suficientes, para poder medir las consencuencias de su aplicación y sin la protección necesaria.
El uso de este tipo de sustancias constituye un problema, en primer lugar por ser un riesgo para la salud en sí mismo, y por el deterioro que causa al ambiente, como el desgaste del suelo, que disminuye disponibilidad de alimentos además de ocasionar daños a la población agropecuaria.
La Ley de Agrotóxicos no está reglamentada y tampoco la Ley N 42/90 de Resíduos Industriales Peligrosos que prohíbe la importación, depósito y utilización de basuras o resíduos tóxicos. Tampoco existe reglamentaciión de medidas sanitarias necesarias para cuidar la salud de las personas y de otras especies, así como evitar la contaminación de las aguas y los suelos.
Es fundamental reglamentar y controlar las formas de aplicación y las medidas protectoras, como las aspersiones con aeronaves. Recientemente, en respuesta a los reclamos que hicieron organizaciones campesinas al Parlamento, la Comisión de Salud del Senado dictaminó en contra del proyecto de ley que propone eliminar las aspersiones de los cultivos con agrotóxicos, por considerar que la medida acarreará más perjuicios que beneficios a la agricultura; puesto que, según un informe de los técnicos del MAG, no tienen que haber perjuicios para los cultivos ni para la salud de las personas y animales con un control adecuado, que sin embargo no es hasta el momento eficaz.
En lo referente a la exposición a sustancias tóxicas, manipulación, servicios de higiene y seguridad, el Código Laboral, Ley 486/95, contiene medidas de protección a mujeres embarazadas y en período de lactancia, pero no existen reglamentaciones específicas (Heikel:1996).
Además falta normativa legal sobre actividades peligrosas, su definición, estándares de equipamiento de unidades de producción, de unidades de transporte, de su prevención y seguridad. (Ortiz:1995).
En los últimos 40 años Paraguay triplicó su tamaño poblacional, manteniendo uno de los índices más elevados en la región, muy próximo al 3% anual [Censo Nacional de Población y Viviendas, 1992. Secretaría Técnica de Planificación,Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Asunción, 1994.], se estima que si se mantiene esta tasa el Paraguay estará duplicando su población en menos de 22 años. Si bien, el país se encuentra entre los de baja densidad en la región -unos 11 habitantes por km.cuadrado- es importante considerar estos datos teniendo en cuenta sus características geográficas y el acceso a los recursos ambientales.
El crecimiento demográfico está acompañado de problemas como: pobreza, desempleo, déficit de viviendas, falta de servicios, contaminación y degradación del hábitat. No obstante el crecimiento poblacional está asociado con el deterioro ambiental y la pobreza, no constituyen "la causa" de estos problemas, sino las salidas de un sistema estructurado en base a la inequidad.
En efecto, la variable demográfica está estrechamente vinculada a las condiciones de vida de la población, fundamentalmente a los temas de salud y derechos reproductivos; y éstos se vinculan con las especificidades de los diversos grupos y actores sociales, como las diferencias económicas, las necesidades de género, etarias y étnicas, y con aspectos socioculturales que tienen que ver con el comportamiento sexual y reproductivo de las personas (Heikel:1996).
En Paraguay no existe una política de población explícita, pero si un conjunto medidas relacionadas con el tema. Es indispensable incorporar la necesidad de equidad y la igualdad de oportunidades como principio básico en la relación con el ambiente, y la plena participación de los distintos grupos de interés en el proceso de adopción de las decisiones, como lo recomienda la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra, en lo referente a dinámica demográfica y sostenibilidad. Formas centrales para potenciar la participación de los distintos actores y sectores de la sociedad constituyen la educación y la comunicación en la sensibilización para el ejercicio de los derechos reproductivos.
Aunque está garantizado en la Constitución Nacional, en la práctica no existe el reconocimiento de los pueblos indígenas como Nación, además de la precariedad en que viven a causa de la destrucción de sus hábitats y la invasión y expulsión de sus territorios tradicionales.
Falta una investigación sobre el derecho consuetudinario indígena, en particular en cuanto al uso del suelo, del bosque, de las aguas, la fauna y la flora. La Ley 352/94 de Areas Silvestres debería incluir los territorios tradicionales indígenas.
Entre el INDI y el IBR existe superposición de funciones en la compra de tierra a indígenas. En este aspecto hay necesidad de coordinación entre estas dos entidades. Otra barrera central para el cumplimiento de sus objetivos es la baja asignación presupuestaria (mayor información, ver capítulo "Derechos de los Pueblos Indígenas").
En este caso veremos si la idea del ambiente sano como derecho humano, ha sido recogido por los sistemas jurídicos y de qué manera ha tenido lugar en Paraguay, vinculados con algunos convenios y protocolos internacionales.
La Constitución Nacional es una de las más avanzadas en el continente, ya que plantea la idea de sostenibilidad como derecho de las personas y obligación del Estado, y también el derecho al ambiente y desarrollo humano integral con igualdad de oportunidades.
En la Constitución Nacional se reivindica el derecho de toda persona a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Se señala además que "constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental" (artículo 7).
Existen previamente a esa norma constitucional, leyes y decretos numerosos referentes al ambiente; aunque hay vacíos que cubrir, precisiones necesarias y tipificaciones pendientes.
Este año se promulgó La Ley de Delito Ecológico, posterior al veto parcial del Ejecutivo. Si bien, la legislación puede ser un instrumento válido, no es suficiente para disminuir el deterioro ambiental. "En este caso la formulación y la falta de reglamentación hará que la misma se torne inaplicable, como la mayor parte de las leyes de protección ambiental, por falta de recursos institucionales" (Análisis del mes, Base Ecta, abril 1996).
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Artículo | Materia prescripta |
| 6 | De la calidad de vida |
| 7 | Del ambiente |
| 8 | De la protección ambiental |
| 38 | Del derecho a la defensa de los intereses difusos |
| 47 | De la igualdad de oportunidades de los beneficios de de la naturaleza |
| 64 | De la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas |
| 66 | De la educación y asistencia de los pueblos indígenas |
| 81 | Del patrimonio cultural |
| 112 | Del dominio del Estado |
| 115 | De las bases de laa reforma agraria y del desarrollo rural |
| 116 | De los latifundios improductivos |
| 176 | De la política económica y de la promoción del desarrollo |
| 268 | De los deberes y atribuciones del Ministerio Público |
| 276 | Del defensor del pueblo |
También puede considerarse un adelanto relativo la promulgación de numerosas leyes en los últimos 5 años, que supera cuantitativamente a la producida en las últimas 5 décadas, aunque siguen habiendo vacíos. Sin embargo, en la práctica constituyen letra muerta, por su inaplicabilidad e incumplimiento, y debido a una política ambiental implícita incongruente con las leyes promulgadas en el país.
El criterio que se maneja en cuanto a recursos naturales es predominantemente economicista, con carácter extractivista y patrimonialista: el modelo desarrollista que caracteriza a la política del gobierno colisiona con el carácter preservacionista de las recientes normas ambientales, sin tener en cuenta la sostenibilidad en los proyectos económicos (Ortiz: 1995).
Dificultades de aplicación de las leyes
falta derogar leyes anteriores, disposiciones
contrapuestas en un mismo tema | falta reglamentar leyes que están en vigencia instituciones con superposiciones de funciones y falta de delimitación de las instituciones de aplicación de cada norma contradicciones y vacíos dificultades de interpretación en la aplicación de las leyes falta de control y falta de sanciones
Fuente: Ortiz:1995 | |
| LEY N | TITULO | FECHA | DECRETO QUE
REGLAMENTA
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| 422 | Del Régimen Forestal | 16/nov/1973 | 11.681
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| 42 | Que prohibe la importación, depósito,
utilización de productos calificados como
resíduos peligrosos o basuras tóxicas y
establece las penas por su incumplimiento . | 18/set/1990 | Falta reglamentación |
| 96 | De la Vida Silvestre | 24/dic/1992 | Falta
reglamentación
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| 294 | De la Evaluación del Impacto Ambiental | 31/dic/1993 | Falta
reglamentación
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| 93 | De minas | 24/ago/1914 |
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| 698 | Que modifica la Ley N 93, de fecha
24/ago/1914
| 31/oct/1924 | |
| 123 | Que adopta Nuevas Normas de Protección
Fitosanitaria
| 9/dic/1994 | Falta reglamentación |
| 515 | Que prohibe la exportación y tráfico de rollos,
trozos y vigas de madera
| 9/dic/1994 | Falta reglamentación |
| 536
| De Fomento a la Forestación y Reforestación | 9/ene/1994 | 9425
|
| 352
| De Areas Silvestres Protegidas | 21/jun/1994 | Falta
reglamentación
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| 799 | De pesca | 7/ene/1996 | Falta
reglamentación
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| 716 | Que sanciona y castiga Delitos contra el Medio Ambiente | 2/may/1996 | Falta
reglamentación
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| 816
| Que adopta Medidas de Defensa de los Recursos Naturales | 20/ago/1996 | Falta
reglamentación
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No hay institución con rango ministerial, y el órgano de gobierno institucionalmente responsable por la gestión ambiental es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Otros ministerios tienen también unidades ambientales o comisiones. Además existen otros organismos gubernamentales de carácter ambiental vinculados al Poder Legislativo y a gobiernos locales.
En octubre de 1995, se lanzó oficialmente el proyecto ENAPRENA, promovido por el MAG y la cooperación técnica alemana, el mismo apunta a la definición de una estrategia nacional que sustente la política de tutela ambiental, los proyectos, programas y planes sectoriales, articulando el trabajo de las instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas. Generó una discusión más amplia a través de foros con la participación de diferentes actores sociales, y produjo lineamientos consensuados que pueden ser tenidos en cuenta para una futura estrategia ambiental.
Las funciones institucionales se encuentran muchas veces superpuestas y sin coordinación, y se carece de una política ambiental integradora que se articule las normativas legales con las medidas y acciones de las diversas instancias institucionales. En un estudio sobre la legislación ambiental y las instituciones de carácter ambiental, señalan que estos organismos tienen criterios diferentes, tienen proyectos superpuestos y además no cuentan por lo general con los recursos necesarios para ejecutar sus acciones (Ortiz: 1995).
En estos momentos se discute la propuesta de sacar al MAG las funciones que actualmente tiene en gestión ambiental a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y crear una entidad, que algunos proponen sea un Ministerio, y otros que sea una Secretaría de Medio Ambiente con rango ministerial, con atribuciones para orientar la política ambiental transectorial, al estar en otra posición dentro del organigrama del aparato estatal, ya que tendría que permear la política de los distintos Ministerios.
Ministerio Salud Pública y Bienestar Social: desarrolla programas de saneamiento ambiental y contiene: Subsecretaría de Estado de Salud Ambiental y la Dirección General del Servicio de Saneamiento- SENASA.
Ministerio Industria y Comercio: la Unidad Técnica Ambiental, dependiente de este ministerio, tiene a su cargo asesorar a los solicitantes de préstamos de inversión en los aspectos ambientales.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: se compone entre otras de la : 1. Subsecretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, de la cual depende una unidad ambiental, para control de impacto de obras viales; y 2. Subsecretaría de Minas y Energía
Ministerio de Defensa Nacional: se compone de las siguientes dependencias entre otras:
1. Dirección de Metereología e Hidrología
2. Dirección del Servicio Geográfico Militar
3. Departamento de Parques Nacionales y Monumentos históricos.
INDI, Instituto Paraguayo del Indígena, entidad autárquica descentralizada, se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa.
STP, Secretaría Técnica de Planificación: tiene un Departamento de Programas y Proyectos intersectoriales en donde opera el Area de Medio Ambiente, dependiente de la Dirección de Políticas Económicas y Sociales.
Policía Nacional: la Agrupación de Protección Ecológica, depende de la Dirección General de Apoyo Táctico, organismo encargado de ayudar en las operaciones policiales, y que en la práctica ha tenido acciones de represión.
CORPOSANA: entidad autárquica descentralizada, proveedora de agua potable y alcantarillado sanitario. La institución tiene un Departamento Ambiental, encargado de la coordinación y fiscalización de estudios de impacto ambiental.
IBR, Instituto de Bienestar Rural: entidad descentralizada autónoma y autárquica encargada de la aplicación de la Reforma Agraria.
Municipalidades: existen 218 municipios de diversas categorías clasificados según el número de habitantes, y el funcionamiento está regido por la Ley orgánica municipal 1294/87. Recientemente fue rechazado otro proyecto de ley, aunque se plantea la modificación de la ley del 87. De acuerdo con esta ley, los municipios están encargados de servicios como recolección y disposición final de resíduos sólidos, desinfección de lugares públicos y control de la calidd de los alimentos.
Congreso Nacional: Cuentan con una Comisión de Población y Medio Ambiente, Senadores; y de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Diputados.
Contraloría General de la República: recientemente se ha creado la Dirección General del Medio Ambiente.
Observación: este año desapareció del presupuesto la Fiscalía del Medio Ambiente, dependiente del Ministerio Público, que estaba encargada de vigilar el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes de protección al ambiente.
Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales, dependiente del Congreso, creada en el 90, integrada por representantes del Congreso, del Poder Ejecutivo y de ONGs.
Comisión Nacional de Estudios Conjuntos de la Cuenca del Río Pilcomayo, dependiendo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Comisión Interinstitucional para la Coordinación y Estudio del Impacto Ambiental para las Obras Viales Públicas; coordinada por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del MAG.
Entidad Binacional Itaipú, Brasil-Paraguay
Entidad Binacional Yacyreta, Argentina-Paraguay, ambas entidades tienen previsto entre sus funciones preservar el ambiente en el área de influencia de la represas que administran.
Comisión Nacional de Energía Atómica, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
Comité de Emergencia Nacional, presidido por un representante del Ministerio del Interior e integrado por otros 8 representantes.
Comisión Mixta del Río Paraná, Proyecto Corpus, que realizó estudios de impacto ambiental en la calidad del agua.