Por Tomás Palau
de Base - Investigaciones Sociales
| Contexto general. | Concepto de seguridad alimentaria. | El caso paraguayo. |
| Causas de la inseguridad alimentaria. | Conclusiones y recomendaciones. |
Quizás no existe otro derecho humano más elemental que el derecho a la alimentación. Sólo el derecho a la respiración y al descanso pueden considerarse tan elementales como éste. Sin embargo, algo más de mitad de los seres humanos se ven sometidos a la violación del mismo. En el Paraguay, 29% de la población no tiene acceso a una alimentación mínima acorde a su condición de persona humana y cerca del 60% presenta déficit importantes en este sentido.
Se entiende por seguridad alimentaria la "disponibilidad de alimentos en todo momento, que todas las personas tengan acceso a ellos, que esos alimentos sean nutricionalmente adecuados en términos de cantidad, calidad y variedad, y que sean culturalmente aceptables para la población" (FAO).
En las comunidades locales, el concepto de seguridad de la alimentación familiar es muy importante. Se considera que un núcleo familiar goza de seguridad de la alimentación si todos sus miembros disponen de acceso físico y económico a una alimentación adecuada, y si no existen grandes riesgos de perder este acceso de un día para otro.
Con relación a los aspectos culturales, debe destacarse que en el caso paraguayo, esta dimensión asume un gran importancia. En el país existen al menos dos culturas (la paraguaya y la del legado guaraní), en una de las cuales -la rural- abarca un sentido más integral, más amplio, en el que se incluyen elementos de solidaridad vecinal y de parentescos, y por ello mismo, cumple otras funciones además de las propiamente nutricionales. El acto y la ceremonia de la ingestión de alimentos forma parte de procedimientos culturales ampliamente aceptados por la comunidad rural y lingüística guaraní: se insertan en una forma de vida, de comunicación y de reproducción de pautas culturales. Transformar los patrones alimentarios, signfica así transformar una parte importante de la cultura rural y nacional.
Existe consenso en afirmar que la causa de la inseguridad alimentaria es la pobreza. La gente carece de medios para cultivar o comprar suficientes alimentos. Pero esto no significa que todos los pobres padezcan inseguridad alimentaria, ni significa que la inseguridad alimentaria pueda remediarse siempre aumentando el poder adquisitivo. El estímulo para comprar alimentos en lugar de producirlos puede contribuir a debilitar más los sistemas rurales de producción. Cuanto menos se trabaja en la tierra y menos alimentos se producen, más poder adquisitivo se necesita, porque los consumidores urbanos tienen que pagar no sólo los alimentos, sino también su transporte, elaboración y conservación. Ampliar el acceso de los hambrientos a los recursos productivos puede contribuir más a su seguridad alimentaria que aumentar su poder adquisitivo.
La seguridad alimentaria requiere no sólo un contexto macroeconómico de políticas concebidas para combatir la pobreza, sino también una atención específica, en el plano de la microeconomía doméstica, a los derechos que dan a las familias hambrientas la posibilidad de cultivar o adquirir alimentos suficientes. La razón de que se tomen medidas adecuadas para promover la producción agrícola sostenible de los pequeños agricultores en los países en desarrollo no es simplemente el aumento de los suministros de alimentos, sino el mantenimiento de su seguridad. La misma intervención puede facilitar tanto el suministro de alimentos como el acceso a ellos por parte de los grupos más pobres. La orientación del apoyo hacia las estrategias alimentarias y las necesidades de los pobres de las zonas rurales es esencialmente una política de distribución: mantener los recursos al alcance de los pobres y en las zonas rurales. Hay que reconocer, no obstante, que los pobres pueden ser también los productores más caros, ya que para ellos esta política implica una transferencia de servicios de bienestar social, y es preciso considerar la manera de financiar esta transferencia.
Propiciar el acceso de los campesinos pobres a la tierra -ya sea mediante la distribución de ésta, el reasentamiento, o cambios en la naturaleza de los derechos y deberes inherentes al régimen de tenencia- sigue siendo en el Paraguay un elemento decisivo de los esfuerzos encaminados a eliminar la pobreza y el hambre. Por diversas razones, sin embargo, la experiencia de la reforma agraria en los últimos treinta años en nuestro país, ha sido altamente negativa. La posesión de la tierra está profundamente arraigada en otros procesos sociales -el parentesco, la política, la religión, la historia y a menudo, sutiles formas de simbolismo- por lo que no puede considerarse la tierra únicamente como un recurso a distribuir. Los intereses creados de los políticos, los burócratas y las élites locales han dificultado la aplicación de las políticas de reforma agraria, incluso cuando estaban respaldadas por leyes escritas. De hecho el proceso de colonización emprendido en el país desde comienzos de los 60 ha tenido efectos no deseados, incluso un empeoramiento, en vez de un mejoramiento, en la distribución de la tierra.
Otra cuestión decisiva hace referencia a la facilitación del acceso de la mujer a la tierra y a los recursos productivos. Como consecuencia de factores tan diversos como la presión demográfica, el desarrollo económico, la privatización, impedimentos jurídicos o la separación de sus compañeros, muchas mujeres han perdido el acceso que pudieran haber tenido a la tierra. A menudo son cabezas de familia: la pérdida de la tierra las hunde a ellas y a sus hijos en una pobreza extrema. Teniendo en cuenta el carácter patriarcal de la sociedad paraguaya , del gobierno, de los organismos de ayuda, de las iglesias y de las ONGs mismas, muy probablemente esta situación sólo cambiará como resultado de la presión organizada de las propias mujeres.
Las organizaciones sociales y no gubernamentales del país estiman que no es posible hallar una solución al problema del hambre y la pobreza, rural y urbana, sin proporcionar empleo seguro y remunerado, bien sea en el campo, fuera del predio (artesanía, comercio, pesca, microagroindustrias) o en la ciudad. Aunque en el caso paraguayo es obvio conceder una atención prioritaria a las zonas rurales, donde se concentra la mayor parte de la pobreza y el hambre (aunque la pobreza urbana esté aumentando aceleradamente en nuestro país), es evidente la existencia de muchos nexos decisivos entre las zonas urbanas y rurales, principalmente en materia de empleo, comercio y migración. A este respecto, es importante no pasar por alto las estrategias de las personas que se han visto obligadas a integrarse en el sector informal. El empleo en éste es una respuesta a las dificultades que afrontan los pobres, especialmente, pero no sólo en zonas urbanas. La economía informal está siempre al filo de la legalidad: las actividades de los ocupantes sin título o los vendedores ambulantes sin licencia representan estrategias de supervivencia en entornos limitados por la pobreza extrema y las reglamentaciones estatales.
La falta de infraestructura pública, particularmente carreteras y mercados, limita las posibilidades de generación de ingresos. Por lo tanto, aunque se promuevan actividades potencialmente rentables o existan servicios de crédito, la población puede seguir sin beneficiarse de ellos. El costo de tales infraestructuras suele superar ampliamente las capacidades de las comunidades pobres y las organizaciones locales, y requiere la intervención del Estado y los donantes. En lo que respecta a su mantenimiento, parece que las comunidades pueden estar en condiciones de hacerse cargo de algunas, y dispuestas a ello, si reportan beneficios reales y si la población ha participado desde un principio en la adopción de decisiones.
En resumen, la facilitación del acceso de los pobres a los recursos productivos, desde la tierra hasta la infraestructura, no es algo que se consiga de una sola vez, sino un proceso institucional que requiere una adaptación permanente a la evolución de las circunstancias en lo que respecta al poder, la economía y la cultura. Si los campesinos pobres no participan en la ejecución de los programas y no se establecen organizaciones eficaces que actúen como fuerzas de contrapeso de los intereses creados, es poco probable que se consiga facilitar de manera significativa el acceso de los pobres a los recursos productivos.
La función del Estado sigue siendo decisiva. Sólo el gobierno posee el mandato y los recursos para proporcionar crédito, infraestructura comercial y otros recursos a todos los pobres del país. Sólo el gobierno puede crear marcos jurídicos, administrativos y normativos que sean positivos, seguros y duraderos. Además, las políticas financieras, fiscales y de precios son esenciales para el éxito de cualquier programa de este tipo. La cuestión consiste, por lo tanto, en asegurarse de que la voz de los pobres y los que padecen hambre sea oída por el Estado.
a. Tal como fue definida en el apartado anterior, la seguridad alimentaria nunca fue un problema de importancia en el país hasta hace dos décadas y media. La pobreza económica se expresaba en pobreza dineraria que era largamente compensada por la abundancia de otros recursos tales como tierra, diversidad biológica, vigencia de los conocimientos y prácticas productivas agropecuarias y forestales autóctonas, riqueza cultural propia y una distribución espacial de la población -si bien eminentemente rural- relativamente desconcentrada. Desde comienzos de la década de los '70s esta situación empezó a cambiar para peor, principalmente para la población campesina.
b. Diferentes factores fueron la causa que a partir de entonces se produjera un incremento del cultivo de rubros exportables (algodón y soja) en las pequeñas fincas campesinas en detrimento de la producción de rubros de autoconsumo: una creciente emigración de la población rural a núcleos urbanos o al exterior, un rápido proceso de minifundización de los predios ocupados por los ya pequeños productores rurales, una cada vez mayor oferta de productos comestibles (de la canasta básica y suntuarios) de origen extranjero en el mercado alimentario nacional, una rápida sustitución de los patrones alimentarios tradicionales con incorporación de aquellos productos importados, una pérdida increíblemente rápida de los recursos forestales, así como la pérdida de fertilidad de los suelos por prácticas agrícolas intensivas e inadecuadas y, una contaminación extensiva de la gran mayoría de las fuentes y cursos de agua de la región Oriental del país.
c. Todos estos procesos propiciaron un crecimiento sin precedentes de la pobreza en el país. En 1992, el 62% de la población paraguaya vivía con ingresos que la situaban por debajo de la línea de pobreza. Este porcentaje ascendía a 76% en áreas rurales, en donde los niveles de indigencia, o sea, de población que no alcanzaba a satisfacer sus necesidades alimentarias superaba el 35%. En el país, la población que vivía con ingresos inferiores a la línea de pobreza absoluta era, ese año, del 27%: 1.120.000 personas. Cuatro años más tarde de deterioro económico podría elevar esta cifra a un millón y medio de personas.
d. Esta situación no tiene visos de poder ser superada. Hacen falta crear entre 60 y 70 mil nuevos puestos de trabajo anualmente sólo para satisfacer el incremento vegetativo de la demanda por trabajo de jóvenes que aspiran a conseguirlo (o sea, sin tomar en cuenta la actual cantidad de desocupados que buscan trabajo). Estimaciones oficiales recientes hablan de que en los últimos dos años sólo se crearon 10 mil por año. Esto significa una ampliación creciente y preocupante del número de jóvenes (en edad de constituir pareja) desocupados. Para el sector rural, las perspectivas son aún peores, ya que no existe un Plan Nacional de Desarrollo Rural y menos aún un programa de reforma agraria que puedan atenuar el rápido deterioro de las condiciones de vida de la sociedad campesina, acosada por la falta de tierra, la imposibilidad de acceso al crédito y a canales adecuados de comercialización y, carente de los servicios y la infraestructura básica para llevar una vida digna.
e. La política económica adoptada por el actual y el anterior gobierno acentuaron muy rápidamente la gravedad de la situación. Se aplicaron medidas de ajuste monetario de la economía, se abrieron indiscriminadamente las fronteras comerciales del país, se adscribió a un proyecto de integración subregional sin ninguna participación de los sectores productivos que serían afectados, mientras se toleraba y toleran episodios de corrupción (principalmente evasión impositiva, contrabando, sobrefacturaciones, adjudicaciones dolosas, y otros) que drenan los escasos recursos a disposición del fisco. Mientras tanto, la producción y el tráfico de sustancias narcóticas, el lavado de dinero, la piratería comercial se enseñorean de los mercados productivos, distorsionando aún más el funcionamiento y los indicadores de la economía. La primacía de los intereses del capital comercial y del capital financiero actúan en directo detrimento de los sectores productivos primario y secundario del país.
f. A su vez, el funcionamiento de los partidos políticos y de sus personeros, tanto en el Parlamento, como en las reparticiones públicas (gobierno central, entes descentralizados, empresas del Estado) y en el Poder Judicial, ignoran la creciente demanda social en vez de actuar como sus correas de transmisión. La profunda deslegitimación de la sociedad política a los ojos del pueblo es un factor que acentúa la distancia entre representantes y representados, reduciendo al mínimo la participación de campesinos, obreros, moradores de la periferia urbana, mujeres, jóvenes e indígenas en la gestión de programas y proyectos vinculados al desarrollo nacional, regional y local.
g. La alimentación popular es percibida por el sistema económico y político nacional como un espacio de mercado. Sin miramiento alguno hacia la función social que cumple y sin consideración acerca del derecho humano que se está violando. Por otro lado, no son pocos los hechos que muestran que el acceso a la alimentación es manejado como una herramienta de control político, ya sea por la vía de la desmovilización que acarreara la búsqueda incesante de medios cotidianos de supervivencia, como por las restricciones que se imponen a la libre comercialización de la producción alimentaria entre productores y consumidores finales.
a. Como se mencionaba más arriba, hasta hace veinte años puede considerarse que el país era alimentariamente autosuficiente. No sólo la población rural producía diversificadamente para atender sus necesidades alimentarias de manera adecuada, sino que el excedente de esa producción era comercializado en los pueblos y ciudades a un precio accesible para la gran mayoría de la población. Hasta ese entonces, el Paraguay era exportador neto de alimentos, además de sus exportaciones tradicionales consistentes básicamente de carnes y maderas.
b. Motivos de orden externo e internos conspiraron contra esta situación. La favorable coyuntura del mercado internacional para el algodón, por la crisis del petróleo de 1973, y para la soja, por el cierre de las importaciones europeas a las importaciones de proteína animal (carne vacuna), elevaron substancialmente el precio de estos dos rubros. En el orden interno, la ausencia de una política de largo plazo en materia agraria, propició que el gobierno atendiera a estos estímulos descuidando las consecuencias sociales, dada la alta rentabilidad que pasó a tener el negocio de la agroexportación, que se consolidó íntimamente vinculado al capital financiero.
c. De la misma manera, el inicio de la construcción de las obras civiles de la represa de Itaipú y la abundancia de capital en el mercado financiero internacional proveyeron los estímulos para el ingreso de capitales, tanto privados como públicos, estos últimos bajo la forma de endeudamiento de organismos multilaterales y de la banca privada internacional. Esta abundancia de divisas tuvo dos efectos: i. fortaleció el valor de la moneda local con respecto al dólar y otras monedas fuertes y, ii. se orientó -una parte de ella- a la inversión principalmente en el rubro de la construcción. A raíz de lo primero, el Guaraní ganó valor frente a las monedas de los países vecinos que vivían en la época agudos procesos inflacionarios, lo cual a su vez, estimuló el contrabando a gran escala. A raíz de lo segundo, los núcleos urbanos del país se convirtieron -por un tiempo- en polos de atracción para mano de obra no calificada en el sector de la construcción, que fue reclutada masivamente del sector campesino minifundiario y empobrecido.
d. Un fuerte flujo inmigratorio de agricultores brasileños expulsados de los Estados del sur de ese país, por efecto de la intensificación del capitalismo en el agro, se registraba también en esa época en los Departamentos fronterizos (Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa norte y Caaguazú principalmente). Estos agricultores capitalizados se encargaron muy pronto de ser los principales abastecedores de soja, pero mientras tanto se posesionaron de las últimas tierras que quedaban en reserva como frontera agrícola para los pequeños productores rurales paraguayos. Estos mismos agricultores brasileños, así como las medianas y grandes empresas que se instalaron en estas zonas de selva tropical húmeda, propiciaron un proceso sin precedentes de deforestación, intensificación del uso del suelo, uso de sustancias agrotóxicas, con el consiguiente rápido agotamiento y contaminación de los recursos disponibles en ese ecosistema.
e. Los buenos precios pagados en finca por el algodón y la soja durante los primeros años del auge (1972-1978) estimularon el cultivo masivo de estos rubros en fincas pequeñas (normalmente con una superficie cultivable no superior a 3 has.). Así, a fines de esa década, el tamaño promedio del cultivo de algodón era de 2,2 has. lo que demuestra el escaso remanente del predio campesino destinado al cultivo de otros rubros, entre ellos, los de autoabastecimiento. Si a esto se agrega la estacionalidad que pasó a regir el ciclo de las actividades prediales, y la expulsión de mano de obra familiar hacia los núcleos urbanos, se completa un cuadro de creciente dependencia de estas fincas de pequeños algodoneros al mercado, ya sea para la compra de insumos, para la venta de la producción, para la adquisición de bienes comestibles de subsistencia y para la obtención de trabajo en los períodos agrícolamente muertos.
f. Paralelamente a estos acontecimientos, el rápido proceso de urbanización que se desata en ese período tiene entre otros muchos efectos, el aumento en la demanda de alimentación en las ciudades, estimulando la venta de productos de importación o contrabando (más baratos, aunque no necesariamente de mejor calidad) dada la escasa oferta proveniente de los pequeños productores rurales empobrecidos, así como el aumento de la influencia de los medios masivos de comunicación, principalmente la TV, que instala crecientemente nuevos hábitos de consumo, y entre ellos nuevos patrones de consumo alimentario. A esto contribuyen las paupérrimas condiciones de moradía urbana entre cuyos pobladores marginales la obtención de combustible se dificulta (se da también un proceso de sustitución de la leña por gas licuado de petróleo) y encarece, razón por la cual ciertos productos de cocción lenta (como la mandioca, el poroto, el maíz y otros, ricos en fibras y proteínas) deben ser sustituidos por harináceos (fideos y otros, de escaso valor nutritivo) de cocción rápida.
g. La ausencia de un proceso de industrialización que absorbiera la mano de obra migrante a las ciudades, deterioró rápidamente las condiciones del hábitat urbano, ya que se agudizó el desempleo, pero sobre todo el subempleo y las tareas informales. El gobierno de la época y los actuales, posteriores al golpe de 1989, no han enfrentado esta situación con ningún tipo de políticas sino que más bien, dejaron librada la evolución de la economía a los intereses del gran capital, instalado como se dijo en el sector financiero. No existen hasta hoy en el país, ni un Plan de Desarrollo Industrial, ni uno de Desarrollo Rural, ni de Reforma Agraria, y aunque existieran, muy probablemente no habrían recursos presupuestarios para implementarlos.
h. Los factores políticos han ayudado en gran manera al empeoramiento de la situación alimentaria de la población. Las élites políticas, lejos de interesarse por la demanda social de sus representados, entre las cuales la alimentación, la salud, la tierra, la vivienda y la educación figuran en primer plano, han preferido orientar sus agendas a luchas internas de poder y a una ineficiente reforma del Estado y sus aparatos, que hasta el momento no ha dado resultado significativo alguno en términos de mejoramiento de las condiciones de vida.
a. La seguridad alimentaria debe ser una de las principales prioridades políticas, por lo que deben ser eliminados todos los obstáculos que impidan su realización. Esta exhortación, además de al gobierno, se extiende a los partidos políticos, al Parlamento y al Poder Judicial.
Para esto, es necesario fundamentalmente, la adecuación de políticas que garanticen la seguridad alimentaria. Los sistemas de producción y autoconsumo sostenibles deben ser promovidos a través de políticas en las que prevalezcan la eficacia y el reparto equitativo de los costos y beneficios; deben ser eliminadas aquellas políticas que producen distorsiones (vinculadas principalmente al contrabando), los controles y restricciones del mercado que deprimen la agricultura, la producción de alimentos y el desarrollo rural y, finalmente, se deben promulgar políticas macroeconómicas y agrícolas que permitan a los productores de alimentos y productos agrícolas obtener un beneficio justo.
b. El gobierno, así como el ejército, el poder legislativo y el judicial deben garantizar una situación política estable basado en un marco jurídico actualizado y coherente y de obligada aplicación, así como una participación efectiva de la población.
Para ello, los 3 poderes del Estado deben establecer, apoyar e imponer leyes y normas institucionales para definir y proteger explícitamente los derechos y obligaciones de los productores de alimentos y productores agrícolas, trabajadores y otros productores, consumidores y sus organizaciones. Así como también regular el comercio minorista de alimentos.
c. Debe ser garantizada la igualdad de oportunidades en la vida social, económica y política, fundamentalmente referente a las mujeres y a los grupos de menores recursos, particularmente campesinos, pobladores marginales, indígenas, niños y ancianos.
Para ello, el gobierno debe reorientar las políticas agrícolas y de otro tipo para que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres y los demás grupos de menores recursos mencionados. En concreto, debe existir un Plan Nacional de Desarrollo Rural que contemple, además de un Programa de Reforma Agraria, propuestas planificadas.
d. El Estado, a través de su cuerpo normativo, debiera garantizar a los hogares y a las personas que no estén en condiciones de satisfacer sus necesidades de alimentación la provisión de la misma. Para ello, el gobierno, en cooperación con las organizaciones internacionales y las ONGs. Debiera crear y asegurarar la existencia de redes de seguridad de bienestar social y nutrición para satisfacer las necesidades de la población con inseguridad alimentaria. Asimismo, el gobierno debiera organizar programas de ayuda alimentaria y alimentación suplementaria para los niños (en las escuelas o fuera de ellas), los enfermos y los hogares indigentes. Del mismo modo, debiera llevar a cabo programas de obras públicas rentables (utilizando pago en alimentos, en efectivo o en especie) para las personas discapacitadas desempleadas o subempleadas.
e. El Estado fomentará las oportunidades de un empleo seguro y remunerativo para aliviar la pobreza de la población rural y urbana pobre, y contener la emigración campo-ciudad, así como la internacional, que afecta masiva y negativamente a la sociedad paraguaya. Para esto, el gobierno debe cumplir los compromisos contenidos en la Declaración de Copenhage para erradicar la pobreza y promover el objetivo de pleno empleo, en pos de lo cual deberá fomentar actividades para el mejoramiento de los conocimientos prácticos humanos mediante la educación básica y la capacitación antes del empleo y en él, de manera a que la capacidad de la mano de obra se ajuste a las oportunidades de empleo. Asimismo, el gobierno debe adoptar normas sobre los salarios, de forma que compensen satisfactoriamente a los trabajadores, y prestar asistencia a aquellos que se encuentren temporalmente desempleados. El Estado debe realizar una reforma agraria integral, de manera a garantizar el acceso a la tierra, así como a otros recursos naturales, y promover la utilización eficaz de los recursos agrícolas y el reasentamiento en nuevas tierras cuando sea posible.
f. En consonancia con los compromisos adquiridos en la Conferencia Internacional de Nutrición (CIN) para el año 2000, se deben establecer, con organizaciones civiles y con la comunidad internacional, mecanismos de prevención -incluida la vigilancia y la alerta- en casos de sequía, inundaciones, plagas y enfermedades. En el caso de Paraguay, se debe prestar especial atención a las periódicas inundaciones del río Paraguay que afectan a un porcentaje importante de la población, así como las sequías que acarrean importantes pérdidas fundamentalmente ecológicas, flora y fauna silvestres.
g. Para conseguir un incremento estable y sostenible de la producción de alimentos, el gobierno deberá mejorar, mantener y cuando sea necesario rehabilitar, el potencial de producción de alimentos de los recursos naturales y detener su degradación y agotamiento. Para ello, deberá determinar antes del año 2000 el potencial de los recursos nacionales de tierras y aguas para incrementar la producción o alimentos, e identificar lugares donde podría intensificarse y aumentar la producción, así como también los lugares y las zonas donde donde estos recursos se utilizan de forma no sostenible.
Así también, el gobierno deberá formular y poner en práctica políticas para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de producción, de manera a alentar e inducir a la utilización de tecnologías y de pautas de producción de acuerdo con las ventajas económicas y ecológicas que ofrezcan, y con la necesidad de proteger al productor, consumidor y al medio ambiente.
El gobierno deberá implementar las medidas necesarias, urgentes en el caso paraguayo, para reducir el índice de deforestación, mantener y mejorar la variada contribución de los bosques, los árboles y el sector forestal a la seguridad alimentaria, como fuentes de alimentos, medicinas y nutrientes con el fin de conservar los recursos de tierras y aguas.
Promover la pronta ratificación y aplicación de la Convención Internacional de lucha contra la Desertificación de las Naciones Unidas.
Las organizaciones sociales y no gubernamentales consideran que los organismos internacionales deberán prestar asistencia al Paraguay como Estado Miembro de prácticamente todas ellas, en la aplicación de las convenciones y los acuerdos internacionales que contribuyan a garantizar la producción sostenible de alimentos, y elaborar programas cooperativos a tal efecto.
h. El gobierno deberá intensificar y diversificar la producción de alimentos, conseguir mejoras duraderas en lo que respecta a la productividad, la eficacia y la inocuidad, así como reducir los desperdicios y las pérdidas y proteger el medio ambiente. Para ello deberá establecer políticas y poner en práctica programas para incrementar la producción de los principales alimentos básicos.
Asimismo, se deberán priorizar los sistema de educación, capacitación y extensión agrícolas, especialmente para pequeños agricultores, a fin de perfeccionar y transferir tecnologías de producción de alimentos. Por otro lado, el gobierno deberá fortalecer los sistemas nacionales de investigación y la cooperación internacional al efecto de incrementar los rendimientos de los cultivos y la producción animal, mejorando el aprovechamiento de los recursos naturales y reduciendo pérdidas.
El gobierno también deberá promover los sistemas de producción, elaboración y comercialización de alimentos que incrementen las oportunidades equitativas de empleo estable y remunerado. Al mismo tiempo, se deberán establecer los derechos de tenencia y usufructo de propiedades privadas y comunales para la producción de alimentos, con el fin de que el aprovechamiento de la capacidad de producción se haga de forma sostenible.
Finalmente, también se debe facilitar el crédito rural para todos los productores, incluidos los más pobres.
i. Medidas que favorezcan la liberación del mercado manifestado en el comercio, propiciada por la Ronda Uruguay del GATT, que posee dos disposiciones que tienen un efecto directo sobre la seguridad alimentaria: el Acuerdo sobre la Agricultura (AOA) y la Decisión sobre las medidas relativas a los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo, importadores netos de productos alimenticios.
Para que ésto se de, el Paraguay debe examinar las opciones compatibles con la OMC y adoptar medidas para mitigar los posibles efectos negativos de la inestabilidad de los precios mundiales, recurriendo entre otras medidas al mantenimiento de reservas de alimentos económicos, y debieran conceder incentivos adecuados a los productores y salvarguardar el nivel de consumo de alimentos de los grupos vulnerables.
j. Debe modificarse la Ley de Inversiones actualmente vigente, de manera que estas inversiones sean realizadas efectivamente en actividades agrícolas, forestales y pesqueras, y no en actividades especulativas, como resultan ser las actuales de inversiones privadas directas extranjeras en el sector rural. Para este efecto, el gobierno debería pedir apoyo a los organismos internacionales de financiación y cooperación técnica quienes supervisarán y comprobarán los efectos de las políticas y de las leyes sobre la rentabilidad de las inversiones agrícolas que afecten a la seguridad alimentaria.
El Gobierno debe dar reconocimiento legal a las organizaciones sociales, así como la participación de las mismas en la elaboración de planes y proyectos de inversión que lleven a un aumento de su seguridad alimentaria. Asimismo, propiciarán y apoyarán la participación activa de los grupos de productores organizados en la implementación , evaluación y modificación de los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, provenientes de la Cooperación Internacional. Se recomienda una coordinación planificada de las acciones, particularmente las dirigidas a los pequeños productores rurales, en donde las instituciones públicas deberán reforzarse para intensificar su labor de apoyo y coordinación de las inversiones en seguridad alimentaria; las organizaciones civiles y no gubernamentales deberán interactuar creando conciencia sobre el tema.
k. El gobierno deberá elevar la inversión anual en agricultura y actividades conexas, principalmente en las que hacen relación al abastecimiento del mercado interno. Para ello se exige un compromiso efectivo a una mayor financiación pública, complementada, según proceda, con recursos financieros externos en el volúmen, con la estabilidad y en los períodos necesarios para alcanzar y sostener los objetivos nacionales de seguridad alimentaria (que deberán ser explícitamente elaborados), dando prioridad al apoyo de iniciativas ya existentes en lugar de las nuevas inversiones, cuando ésto sea adecuado.
l. De la misma manera, es de la mayor importancia revisar las actuales prioridades cuando se contratan préstamos externos. Una buena parte de ellos, en efecto, debería apoyar el financiamiento de la investigación necesaria para sostener la creación, a nivel nacional, departamental y local, de tecnologías adaptadas, capaces de contribuir a la seguridad alimentaria, así como al desarrollo de planes coordinados para dotar de infraestructura y servicios básicos a los que producen alimentos, a los que los comercializan y a los que los distribuyen a los consumidores finales.
m. Se considera igualmente conveniente realizar investigaciones para la búsqueda de soluciones en relación a la seguridad alimentaria local y universal, como un problema cada vez más interdependiente de factores como: la oferta y la demanda, la tecnología y la investigación, las inversiones y la cooperación financiera, los desplazamientos transfronterizos de población, las amenazas de alcance mundial para la seguridad alimentaria sostenible, la estabilidad política y la paz, el tráfico internacional de drogas y la prevención de las crisis y catástrofes y la reacción ante ellas. Estos temas se encuentran enunciados en la sociedad paraguaya, pero no se encuentran debidamente tematizados en el contexto.
n. Examinar y revisar las políticas, programas y estrategias nacionales aportando a las mismas con las investigaciones locales y las comparativas a nivel regional, teniendo en cuenta el aporte de los beneficiarios.
o. Establecer mecanismos reales de participación para fijar prioridades, preparar, aplicar, monitorear y corregir la medidas encaminadas a la seguridad alimentaria con un calendario bien definido. El establecimiento de objetivos realistas y la vigilancia de los progresos hacia ellos exigen una información fidedigna que sería proporcionada por estudios y un trabajo de seguimiento.