Informe 199
Informe DDHH en Paraguay 1997

DERECHO A LA ASOCIACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REUNIÓN EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Quintín Riquelme

Centro de Documentación y Estudios (CDE)

1.1 Legislación vigente

a. Artículos 32 y 42 de la Constitución Nacional

El art. 32: "Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La Ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando el derecho de terceros y el orden público establecido en la ley".

Art. 42: "Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación... Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter parapolicial".

b. Instrumentos internacionales

CONVENIO 101, de la OIT firmado en Ginebra en el año 1952 sobre "Vacaciones pagadas en agricultura". En su artículo 1º, establece que "los trabajadores empleados en empresas agrícolas y en ocupaciones afines deberán disfrutar de vacaciones anuales pagadas después de un período de servicio contínuo con un mismo empleador".

c. Proyectos de Ley

  • Código Agrario: Este Código, elaborado por la Comisión de Reforma Agraria del Senado con el apoyo de un especialista internacional y de las organizaciones campesinas e instituciones privadas de desarrollo, sigue sin ser estudiado por el Congreso.
  • Proyecto INCORA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria): Elaborado y presentado por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) con el apoyo de la FAO, también sigue sin ser analizado por el Congreso.
  • PROMODAF (Proyecto de Modernización del Desarrollo Agropecuario y Forestal): Proyecto elaborado y presentado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tampoco ha sido estudiado por el Congreso.De los tres proyectos actualmente en el Parlamento, el primero de ellos es el que con mayor énfasis habla de la participación de las organizaciones campesinas en el diseño y ejecución de los programas de reforma agraria y desarrollo rural del país.

2. Régimen institucional

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con sus diversas dependencias, es el principal responsable del diseño y la ejecución de la política agraria del gobierno. Las organizaciones campesinas han tenido este año mayor oportunidad de participar y de peticionar sus necesidades directamente a este organismo.

Para los casos de atropello a los derechos humanos, las instancias que estuvieron más cerca de los campesinos son la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el Departamento de DDHH de la Fiscalía General del Estado.

3. Situación política en el cumplimiento de este derecho

Los artículos constitucionales son claros en cuanto a la libertad y al tipo de organización que deben constituirse. Esta libertad, sin embargo, se ha prostituído en los últimos años, y hoy por hoy, uno de los principales problemas que enfrentan las organizaciones campesinas son los grupos paramilitares o pistoleros contratados por los terratenientes, para amedrentar, atentar y asesinar a los dirigentes campesinos. En este sentido, los latifundistas, con la complicidad de algunos agentes del Estado se han atribuído prerrogativas que sólo corresponden a las autoridades legalmente constituídas como la Policía Nacional y el Poder Judicial. El gobierno y la justicia se han mostrado permisivos con estos grupos, quedando impunes la mayoría de los ilícitos cometidos por ellos.

4. Acciones y omisiones (Avances, permanencias, retrocesos)

La aprobación de una nueva ley respecto a la ocupación de las propiedades privadas en el marco de modificación del Código Penal, y la modificación de la Ley del Marchódromo, afectarán en adelante la actividad de las organizaciones campesinas. Con ambos proyectos de leyes se evidencia la intención del Gobierno y el Congreso de limitar la acción de los trabajadores del campo.

La ocupación y la movilización constituyen los recursos de presión más importantes con que cuentan los campesinos. Ahora que estas dos modalidades de lucha van a ser controladas, los campesinos tienen dos opciones: quedarse tranquilos en sus casas, o desentenderse de las dos leyes, lo que podría generar mayor violencia. En las condiciones actuales, es mucho mayor la probabilidad de que ocurra lo segundo.

El nuevo Código Penal, en su Art.Nº 142 expresa: "El que individualmente o en concierto con otras personas, ingresara a un inmueble ajeno, sin el consentimiento del titular, en violencia y clandestinidad y se instalara en él, será castigado con pena privativa de la libertad de hasta dos años o con multas". Esta Ley, como varias otras, castiga a los que sufren las consecuencias de una injusta distribución de la tierra, y no pena a los responsables de la misma.

Frente a la desidia de las autoridades gubernamentales que no cumplen con su deber constitucional de implementar medidas que conduzcan al bienestar de la población rural, tal como establece el Art. 114 de la Constitución Nacional, los campesinos utilizan el recurso de la ocupación para hacerse sentir. Los parlamentarios, en vez de buscar el castigo para los que usurpan realmente la tierra y obstaculizan actualmente la reforma agraria, castigan a los que quieren dicha reforma.

Otra Ley que fue modificada es la del Marchódromo. Esta establece que el derecho a la manifestación en el microcentro de la ciudad será permitido recién a partir de las 19:00 hasta las 24:00 horas en días laborales, y en días domingos y feriados, desde las 6:00 hasta la misma hora del día siguiente. Los lugares permanentes para reuniones públicas se establecen en sólo tres plazas: Uruguaya, Democracia y Armas. Las organizaciones campesinas manifestaron su desacuerdo en relación al horario: "¿Quién escuchará nuestros reclamos a las 19:00 horas?".

Además, parece ser que las soluciones están tan lejos que la única manera de soportar la presión social es imponiendo leyes más severas para asegurar la "convivencia armónica", y contar con el marco legal necesario para reprimir los "desbordes".

5. Resumen de casos y datos: Dic.96 - nov.97

a. Persecuciones y atropellos



  • La Federación Nacional Campesina (FNC), solicitó al presidente del Congreso Miguel Abdón Saguier su mediación para evitar un enfrentamiento entre familias campesinas, policías y civiles armados en la comunidad de Ypecuá (Caazapá). La persecución provendría de Julio Leiva, ex-funcionario del IBR, quien se apoderó de unas 500 hectáreas de tierras que actualmente están siendo ocupadas por los campesinos.
  • La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado un nuevo caso de persecución a los labriegos de la comisión vecinal "Paraguay Pyahú", del distrito de Guayaibí (San Pedro), donde los ocupantes de las tierras vienen sufriendo todo tipo de atropellos desde el mes de junio como quema de ranchos, apresamiento y amenazas de muerte. El supuesto propietario, Calixto Ramón Saguier, habría contratado a un ganadero de nombre Ismael Ramírez, quien acompañado de tres matones, estaría creando un ambiente de terror.
  • La FNC convocó a una movilización de protesta, en Villarrica (Guairá), y posteriormente un campamento ante el Tribunal de la zona, para protestar contra la complicidad existente -afirman- entre los jueces y los policías con los latifundistas y ganaderos en perjuicio del campesinado que lucha por la Reforma Agraria. El motivo de la ocupación es para exigir la libertad de los labriegos Benigno Cristaldo y Roque Sánchez, dirigentes de la comisión vecinal del asentamiento 8 de Diciembre de la colonia "3 de Diciembre" de Paso Yobái (Guairá), acusados por los supuestos delitos de homicidio contra el dueño del inmueble ocupado.
  • Una delegación de campesinos de Guayaibí (San Pedro), presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, porque fueron violentamente desalojados de una tierra que -según ellos- les pertenece, de acuerdo con los trámites realizados mucho tiempo atrás. Sin embargo, por una serie de concesiones perdieron el inmueble.
  • Atendiendo al reclamo, representantes de la oficina pública, en compañía de otras autoridades del Poder Judicial y un médico, se apersonaron al citado lugar para averiguar sobre los hechos denunciados. En la oportunidad, el profesor Luis Alfonso Resck, del Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, observó rastros de las torturas sufridas por los campesinos. Señaló que se solicitará el proceso de los responsables de los brutales golpes. La denuncia de los agricultores apunta al juez de paz de la localidad, José Ledesma y a un subcomisario, Ladislao Gamarra, de la comisaría de San Estanislao (San Pedro), como responsables de los golpes que sufrieron los agricultores Rubén Cáceres, Albino Silva y Gregorio Sosa.
  • En la localidad de Edelira 70 (Itapúa), campesinos sin tierra recientemente desalojados de un área de 1.700 has. de tierra en poder de la Fuerza Aérea, denunciaron el atropello cometido por los militares junto con civiles armados contra el campamento de los ocupantes. De acuerdo a la denuncia, una treintena de militares y civiles atacaron el campamento efectuando disparos de armas de guerra a baja altura por espacio de dos horas. Durante el atraco, quemaron 30 carpas, 50 colchones, frazadas, vestimentas, implementos de cocina y herramientas en general. Los militares que cometieron el ilícito no fueron castigados.

b. Atentados

El dirigente campesino Juan Bautista Marín denunció un atentado contra su vida. Según relató, el hecho ocurrió el 3 de marzo a las 19:30 horas, en un camino vecinal que utiliza todos los días para regresar a su casa del trabajo. Marín señaló que a la hora señalada y al cruzar por un lugar conocido como Cruce Itaporä escuchó dos disparos provenientes de un pequeño restaurante; tras arrojarse a una cuneta, oyó nuevamente un disparo y pudo divisar una camioneta con dos ocupantes. En la ocasión estaba acompañado por el presidente del asentamiento San Juan de Puente Kyha (Canindeyú). El caso no ha sido objeto de investigación.

c. Asesinatos

  • Pobladores de los asentamientos de Juan de Mena (Cordillera) y Cleto Romero (Caaguazú), exigieron a una comisión parlamentaria que visitó el lugar, el esclarecimiento del asesinato de José Martínez, de 40 años de edad y miembro de la Cooperativa Techa Pyrä, ocurrido el 20 de noviembre del 96. Los pobladores denunciaron la inacción policial e inclusive cierta complicidad con los responsables de estos atropellos. Martínez habría sido ejecutado por civiles armados presumiblemente al servicio de la empresa Unión Paraguaya S.A., de acuerdo a la denuncia de los campesinos.
  • Otros dos asesinatos que quedaron impunes en la misma localidad son los de Leoncio Medina, de 19 años, y Amalio Oviedo de 16, quienes fueron asesinados y luego degollados al parecer por los mismos civiles al servicio de la empresa mencionada, propiedad de Roberto Gunder Laratro. Estos asesinatos ocurrieron en el año 95 y hasta la fecha siguen impunes.
  • La Federación Nacional Campesina (FNC), elevó a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Permanente del Parlamento, la denuncia del asesinato de Gregorio González, dirigente campesino del asentamiento San Juan, distrito de Puente Kyha (Canindeyú). La denuncia revela que el 23 de diciembre de 1996, a las 22.00 horas, González fue asesinado con una escopeta por cuatro desconocidos contratados por Jaime Sarubbi, capataz de Herminio Ferreira Filho, brasileño y supuesto dueño de las tierras ocupadas, en complicidad con autoridades del lugar.
  • La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), denunció el asesinato de Pablo Felipe Benítez, vicepresidente de la comisión vecinal de Puente Cué, distrito de Yuty (Caazapá), a consecuencia de disparos recibidos en una emboscada cuando regresaba de su lugar de trabajo. De acuerdo a la denuncia, la emboscada fue por encargo y ejecutado por matones profesionales. Los sospechosos del crimen, Federico Venialgo y Miguel Fernández, fueron detenidos. Sus compañeros denunciaron que hacía varias semanas que había una amenaza de muerte contra Benítez de parte de civiles armados que custodiaban la propiedad de la empresa ganadera Caapucumí S.A.

d. Desalojos y detenciones

  • Cuatro campesinos del distrito de Mariscal López (Caaguazú), detenidos desde octubre del 96 en la Cárcel de Cnel Oviedo, comenzaron una huelga de hambre en reclamo de su libertad. Los mismos son ocupantes de una propiedad desde el año 1969 que es reclamada por un ciudadano griego de nombre Eutimio Loannidis.
  • Otros 56 campesinos sin tierras de dos ocupaciones, pasaron la Navidad encerrados en las cárceles de Concepción y Encarnación. En la cárcel de Concepción estaban recluidos 41 sin tierra, ocupantes de un inmueble reclamado por Cesáreo Cruz en el distrito de Nueva Germania (San Pedro). Estos recuperaron su libertad el 24 de marzo del 97, después de 6 meses de reclusión. Por primera vez, un juez convirtió en prisión la detención de los sin tierra, y correspondió a los de Nueva Germania. Anteriormente, los campesinos recuperaban su libertad con la sola indagatoria. Los otros 15 se encuentran en la cárcel de Encarnación y son ocupantes de una estancia de 15.000 hectáreas (Empresa Ganadera Caapucumí S.A.) localizada en el distrito de San Pedro del Paraná (Itapúa).
  • En el lugar conocido como Zapattini Cue, distrito de Yhú (Caaguazú), 120 ocupantes de una propiedad perteneciente supuestamente a Hernán Sosa Gaona, fueron desalojados en forma violenta, y actualmente se hallan acampados al costado de una calle cerca del lugar. El desalojo fue por orden judicial y ocurrió en diciembre del 96. Dos meses después, los campesinos que volvieron a ocupar el terreno, cansados de los atropellos cometidos por los policías que resguardan el inmueble, atropellaron el puesto policial armados con motosierras, foizas, machete, cuchillos y garrotes, destruyéndolo totalmente, de acuerdo a la denuncia presentada por los policías que estaban en el puesto. Comentarios diversos causaron esta reacción de los ocupantes y se temió que este hecho pudiera desencadenar otros peores.
  • 15 familias del lugar conocido como Misiones-í, distrito de San Pedro del Paraná (Itapúa), fueron desalojadas por orden de la jueza Carmen Susana Lial de Encarnación, de una propiedad expropiada por el IBR en abril del 84, pero que no cumplió con el pago por el terreno. Los dueños que iniciaron la gestión del desalojo son dos ciudadanos japoneses.
  • La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) denunció la detención de 8 agricultores de la localidad de Guayaibí (San Pedro). En Concepción, también fueron detenidos 9 campesinos pertenecientes al asentamiento creado en las tierras de Antebi. La MCNOC atribuye estos atropellos a una campaña de amedrentamiento impulsada por el Gobierno para debilitar las organizaciones campesinas.
  • La Organización Nacional Campesina (ONAC), denunció el grave estado de salud de Ramón Sanchez, campesino de Costa Nueva, distrito de 25 de Diciembre (San Pedro), a raíz de torturas recibidas en la comisaría de Concepción. Sanchez, tiene afectada la columna vertebral por los golpes recibidos. Cuestionaron también la actitud de los médicos del policlínico Rigoberto Caballero, de Asunción, quienes se negaron a darle atención médica.
  • La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado la tortura psicológica a la cual fue sometido Daniel Vera, miembro de la comisión vecinal de Puente Cué, Yuty (Caazapá), durante su detención en la comisaría local. De acuerdo a la denuncia, Vera fue sometido a un interrogatorio por espacio de 10 horas supuestamente por ser responsable del robo de armas de la Policía. Como la detención no pudo ser justificada, para liberarlo, el comisario Felipe Denis le pidió 50.000 Gs. hecho al que Vera se negó.
  • En un confuso incidente, efectivos de la Policía Ecológica y Rural, realizaron disparos de armas de fuego, en el momento en que el periodista del Diario Noticias Gualberto Areco, realizaba una cobertura fotográfica en el terreno en conflicto sobre la Ruta VII, municipio de Minga Guazú (Alto Paraná). Con orden judicial en mano, los uniformados destruyeron y quemaron las precarias viviendas levantadas en el terreno sobre el que existe un pedido de expropiación en la Cámara de Diputados. Cabe acotar que los ocupantes ya soportaron siete desalojos y detenciones de todos los jefes de familias.
  • En la compañía Cerrito de Yuty (Caazapá), 8 campesinos fueron detenidos durante un desalojo llevado a cado en una propiedad perteneciente a una ciudadana brasileña. Los ocupantes informaron que las tierras fueron expropiadas por el Parlamento pero vetada por el Poder Ejecutivo. No se menciona si el desalojo y la detención fue con orden judicial.
  • En la colonia Marangatú del departamento de Canindeyú, la policía desmanteló 13 viviendas y detuvo a 17 campesinos. La orden fue dada por la jueza Beatriz Venialgo de Ciudad del Este.
  • En un violento enfrentamiento derivó el desalojo sufrido por las 50 familias que ocupan una propiedad de 600 hectáreas en la localidad de Costa Nueva, distrito de 25 de Diciembre (Caaguazú). El saldo arrojó varios heridos, contusos y 20 detenidos, quienes fueron trasladados a la Cárcel de Cnel. Oviedo. El inmueble pertenece supuestamente a Federico Ramón Bueno, y es la sexta vez que se realiza un procedimiento policial en dicho lugar. En junio fueron liberados 6 ocupantes.
  • En Ñeembucú, el dirigente campesino Eladio Alarcón inició una huelga de hambre ante el inminente desalojo de las tierras que ocupan en la localidad de Itá Corá a 65 kms al sur de Pilar. Las tierras pertenecen a un ciudadano sueco que volvió a su país de origen. Cuando supo de la ocupación volvió y empezó a gestionar el juicio de desalojo.
  • En el lugar conocido como Kavaju Kangue, distrito de Yuty (Caazapá), fueron detenidos 41 sin tierras el 26 de agosto por orden del juez de Caazapá. Los campesinos, quienes están detenidos en la Cárcel de Villarica, fueron acusados por los supuestos delitos de atropello de domicilio y usurpación de propiedad privada. La acción fue promovida por la supuesta propietaria, Alive de Zarza.
  • Belarmino Balbuena, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), denunció el atropello de la colonia Yopoi -asentamiento ya legalizado en el departamento de Canindeyú- de parte de Atilano Arias, ex intendente de Curuguaty (Canindeyú), al frente de un grupo de civiles armados.

Señaló que en la oportunidad fueron detenidos 4 dirigentes campesinos. Acotó que no conocen el paradero de todos ellos. Balbuena puntualizó que Arias desde hacía tiempo venía persiguiendo a campesinos, especialmente en la época en que el general (SR) Lino Oviedo estaba en actividad, pues dijo que entre ambos había una estrecha relación. Entre tanto, la Federación Nacional Campesina (FNC) comenzó a movilizarse a fin de ubicar el paradero de los detenidos Rodolfo Céspedes, Catalino Martínez, José Martínez y Pablino Medina.

6. Conclusiones y recomendaciones

  • La lucha por la tierra sigue siendo la principal causa de movilización de los campesinos. Los gobiernos posteriores a la dictadura no reconocieron el problema agrario como de tipo estructural, por lo tanto, las estrategias que implementaron son meros paliativos y de corto alcance. Por ello, no debe extrañar la búsqueda de mecanismos legales e ilegales para frenarla.
  • Un reciente informe del Banco Mundial ubica a Paraguay entre los siete países en el mundo con la concentración de tierras más severa. Perú es el que comanda la tabla, seguido de Venezuela, Guatemala, Paraguay y Colombia. El informe concluye que "estos hechos sobre la desigualdad son cruciales, ya que la prevalencia de la misma en cada uno de los países de la región determina en gran medida la forma en que el crecimiento macroeconómico puede reducir la pobreza".
  • La participación de las organizaciones campesinas se ve seriamente afectada por las dificultades económicas consecuencia a su vez de una política agraria excluyente. La participación supone una mínima capacidad económica de los individuos y de los grupos sociales que en las actuales condiciones es uno de los mayores obstáculos. Los pobres deben recrear permanentemente su estrategia de sobrevivencia, quedándoles muy pocos espacios para participar.
  • Por lo tanto, crear las condiciones institucionales necesarias y adecuadas para la reforma agraria y el desarrollo nacional, debe ser tarea prioritaria, y la misma debe partir de una premisa básica que es la participación amplia de los sectores sociales, políticos, religiosos, etc. interesados en modificar la actual injusticia en la distribución de la tierra, de manera a generar el uso óptimo de los recursos para obtener un desarrollo sustentable con mayor equidad.

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