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DERECHO A LA INFORMACION Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Andrés Colmán
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
Entre amenazas de muerte y querellas judicialesEn el campo del derecho a la información y a la libertad de expresión en el Paraguay, 1997 fue un año en que se arreciaron las amenazas de muerte contra periodistas, principalmente por parte de grupos mafiosos y algunos sectores vinculados a movimientos políticos del oficialista Partido Colorado. Por fortuna, las amenazas no llegaron a concretarse. Y en uno de los casos más dramáticos, en que ya se había contratado a un asesino profesional para dar muerte al corresponsal de ABC en Ciudad del Este, Héctor Guerín, el oportuno arrepentimiento del sicario hizo posible que se pudiera desbaratar el complot e impedir el crimen.
Ha sido también un año en que llovieron las querellas impuestas recientemente en toda la región sudamericana, de utilizar el recurso judicial como una forma de intimidación para frenar las investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción. Esto es, la ley usada como un garrote.
Pero, principalmente, 1997 ha sido otro año más de impunidad para el más grave crimen cometido contra el ejercicio de la prensa en el Paraguay, el alevoso asesinato del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido en la frontera paraguayo-brasileña, en abril de 1991. Esto llevó a que el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) promoviera una campaña nacional durante todo este año, con el lema: "Santiago Leguizamón, seis años después. ¿Hasta cuándo la impunidad?
El verano de 1997 empezó con un sombrío panorama para los comunicadores. El 15 de febrero, el corresponsal del diario ABC Color en la ciudad de San Juan Nepomuceno, Antonio Caballero, recibió amenazas de muerte por teléfono, en su domicilio y lugar de trabajo. En la noche del día 16, dos personas desconocidas ingresaron al patio de su casa, pero se dieron a la fuga cuando algunos vecinos se percataron de su presencia.
El amedrentamiento se produjo luego de que el comunicador publicara una serie de denuncias sobre el "rollotráfico", la extracción ilegal de rollos de madera de los bosques ubicados en el Parque Nacional de Caaguazú, delito que constituía una verdadera depredación ecológica. La policía del lugar fue puesta al tanto de los sucesos.
Durante ese mismo mes, dos periodistas de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, ubicada en la frontera seca con el Brasil, también recibieron amenazas de muerte. Blanca Miño, corresponsal del diario Noticias, y Cándido Figueredo, corresponsal de ABC Color, habían informado sobre la localización de un avión que había caído accidentalmente en las selvas del Estado brasileño de Mato Grosso, con un cargamento de armas procedente del Paraguay, y que pertenecería a empresarios traficantes de Pedro Juan Caballero. Algunos de los fusiles encontrados llevaban el escudo del Ejército Paraguayo.
Figueredo recibió numerosas amenazas por teléfono, al igual que su colega Miño. La corresponsal de Noticias estuvo a punto de ser secuestrada por cuatro personas desconocidas, cuando se encontraba con su pequeña hija de tres años, en plena vía pública. Al informar a sus potenciales captores que estaba siendo seguida por una custodia policial, los mismos desistieron y se marcharon del lugar. La policía de Pedro Juan Caballero fue informada de los hechos y dispuso una vigilancia policial permanente para ambos trabajadores de prensa.
Roberto Sosa, conductor del programa periodístico "Siglo XX Cambalache", emitido por Radio Ñandutí, recibió amenazas de muerte por teléfono en el mes de abril, luego de algunos comentarios formulados en su espacio radial, con fuerte acento crítico contra el gobierno.
Mina Feliciángeli, conductora del programa "Francamente" emitido por Radio Cardinal y del espacio de debate televisivo "Como en la radio" de Canal 13, recibió diversas amenazas de muerte por teléfono durante el mes de noviembre, que ella atribuyó a sectores vinculados al general Lino César Oviedo, candidato presidencial del Partido Colorado, debido a las reiteradas críticas formuladas por la periodista en contra de las posturas políticas golpistas y mesiánicas del caudillo colorado. También hubo amenazas de que se habían colocado bombas en el local de Radio Cardinal, pero luego de una intervención policial, se comprobó que había sido una falsa alarma.
El caso más dramático registrado fue el de Héctor Guerín, corresponsal del diario ABC Color en Ciudad del Este, conocido por su publicaciones de denuncia acerca de diversos hechos de corrupción detectados en dicha zona fronteriza con el Brasil.
En el mes de junio, Guerín se enteró de que el ex intendente de Ciudad del Este, Aguileo Miño Giret, a quien él había implicado en sus publicaciones sobre malversación de fondos públicos, había contratado a un asesino a sueldo para que le diera muerte, conviniendo en pagarle al mismo la suma de 5.000 dólares.
Curiosamente, el sicario se arrepintió y advirtió al hombre de prensa del complot en contra suyo, quien puso al tanto a autoridades policiales y judiciales, con quienes convinieron continuar con el plan, para sorprender infraganti al autor moral del anunciado crimen. Luego de documentar la culpabilidad del ex intendente con grabaciones y fotografías, se procedió a su arresto y procesamiento.
Gualberto Areco, corresponsal del diario Noticias en Ciudad del Este, estuvo en marzo a punto de ser alcanzado por balas que fueron disparadas por efectivos de la Policía departamental. Fue durante la cobertura de un desalojo de campesinos en la localidad de Minga Guazú. El reportero dijo que se había identificado, y la información de la policía señala que los tiros fueron hechos al aire, de advertencia, y no dirigidos a Areco.
Efraín Avalos, corresponsal del diario Noticias en la localidad de Presidente Franco, fue expulsado en marzo del local de la Municipalidad por el intendente Gregorio Areco, quien también intentó arrebatarle la grabadora. Fue a raíz de publicaciones críticas acerca del caótico tránsito en la ciudad.
Estelvino Valdez, cronista del diario Noticias en el Alto Paraná, en abril fue maltratado con prepotencia por el comisario de la localidad de Minga Guazú, y expulsado de la comisaría del lugar, por haber requerido informaciones acerca de un accidente automovilístico. Tanto el SPP como el afectado pidieron al comandante de la Policía Nacional aclaraciones del caso.
Ricardo Canese, columnista del diario La Nación, fue objeto de una querella judicial por difamación e injurias, por los socios de la empresa constructora Conempa, que tiene como uno de sus principales directivos al actual Presidente de la República, ingeniero Juan Carlos Wasmosy.
La acción fue promovida a raíz de la publicación en el diario de una serie de fascículos, bajo el título " Corrupción en Itaipú: Delito impune", que denunciaba hechos ilícitos cometidos durante la construcción de la obra hidroeléctrica, que habría permitido el enriquecimiento ilegal del grupo empresarial ligado al entorno de Wasmosy.
Cándido Figueredo, corresponsal de ABC Color en Pedro Juan Caballero, fue querellado en febrero por supuestos delitos de difamación, calumnia e injuria grave, por parte de Marcelino Colmán, empresario de frontera involucrado por los informes policiales del tráfico ilegal.
Benjamín Fernández Bogado, director del Noticiero de Canal 9 - Sistema Nacional de Televisión, fue querellado por el abogado Adalberto Fox por presunta difamación en el noticiero 24 Horas, al imputársele al denunciante de impulsar una campaña de venganza contra el ex-presidente de la República, general Andrés Rodríguez.
Bajo el argumento de "razones de programación", en Radio Nacional del Paraguay, propiedad del Estado paraguayo, se suprimió el espacio radial del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, que se difundía desde hace más de dos años. La decisión de levantar el programa, que salía al aire una vez a la semana, habría sido ordenada por el propio Presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, a raíz de duras críticas emitidas contra el comandante de la Policía Nacional, por hechos de corrupción descubiertos en la institución.
Pablo Herken, comentarista de temas económicos del diario ABC Color denunció en abril que en tres ocasiones los responsables de dicho medio de comunicación no permitieron la publicación de sus trabajos, porque la dirección no compartía su análisis sobre la realidad económica del país. Posteriormente, el comentarista tuvo que renunciar a ese medio de prensa.
Un juez decidió procesar en mayo al director del diario Noticias por la publicación de una solicitada, un espacio reservado contratado. Fue como parte de una acción judicial promovida por una empresa industrializadora de tabaco, cuyo presidente es también director del diario La Nación. Este hecho fue calificado de insólito, y considerado una persecución a la prensa, ya que hay una empresa importadora de cigarrillos como responsable de la colocación del espacio reservado, en el que se acusa a la industria nacional de falsificar marcas.
El 8 de mayo, el diario Noticias da a conocer que durante varios días los móviles que reparten diarios en el interior del país fueron interceptados por efectivos de la Policía Nacional, para realizar verificaciones innecesarias. Se calificó el hecho como una persecución hacia la empresa por las denuncias de corrupción de miembros de la Policía descubiertas a través de investigaciones de ese medio.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay también ha expresado internacionalmente su preocupación por el peligro que significaría para el derecho a la información y la libertad de expresión, la eventual victoria electoral del candidato colorado Lino Oviedo, en los comicios generales de mayo próximo, teniendo en cuenta las actitudes hostiles y amenazantes demostradas por el caudillo y sus seguidores contra los medios y trabajadores de prensa.
En una ponencia oficial realizada por la representación paraguaya ante IV Congreso Iberoamericano de Periodistas realizado del 31 de octubre al 2 de noviembre en Venezuela, advirtió que la posibilidad de que Oviedo sea electo Presidente constituye "una seria amenaza al ejercicio de la labor profesional de los comunicadores sociales, y permite mantener serias dudas con respecto al futuro del respeto al derecho constitucional de la libertad de expresión".
El documento destacó que, a los pocos días de ganar las elecciones internas de su partido, Oviedo declaró públicamente que "alinearía como velas" a aquellos medios de comunicación que no comulgaran con sus ideas.
También recordó que "trabajadores de prensa de distintos medios de comunicación fueron agredidos físicamente por los subalternos militares de Oviedo cuando realizaban la cobertura periodística de los lamentables sucesos del 22 y 23 de abril de 1996, en los cuarteles del Primer Cuerpo de Ejército, donde el rebelde militar se atrincheró exigiendo la renuncia del Presidente de la República".
Más recientemente, el 7 de setiembre de este año, personeros de Oviedo violentaron la propiedad privada del periodista Víctor Benítez, como forma de amedrentamiento, y en noviembre amenazaron de muerte a la periodista Mina Feliciángeli, ambos de Radio Cardinal.
En una nota remitida por el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela y por la Federación Latinoamericana de Periodistas, dirigida a los jefes de Estado reunidos en la VII Cumbre Latinoamericana en Venezuela, en noviembre último se incluyó el siguiente párrafo : "Expresamos a Vuestras Excelencias nuestra preocupación por los recurrentes actos de autoritarismo contra el ejercicio profesional del periodismo que ha venido caracterizando al General (SR) Lino César Oviedo, en Paraguay. Ello nos indica que las acechanzas contra la libertad de expresión pueden provenir de los sectores gubernamentales, políticos, económicos o comunicacionales, cuando se irrespeta el compromiso democrático de la libertad de expresión e información".