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03nov16
CIDH condena asesinato de juez en México
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en México del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien se desempeñaba como juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios civiles federales con sede en Toluca, México. La CIDH urge al Estado mexicano a investigar este crimen y sancionar a los responsables.
De acuerdo a información de público conocimiento, el 17 de octubre de 2016, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías habría sido asesinado de un tiro en la cabeza en una zona próxima a su residencia en el municipio de Metepec, en el Estado de México. La información publicada en los medios de comunicación indica que el juez había tenido a su cargo varias causas relacionadas con personas acusadas y/o condenadas por narcotráfico. La CIDH ha recibido información sobre otros casos de asesinatos, agresiones y amenazas contra jueces y juezas en México.
La CIDH toma nota de las palabras del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien lamentó la muerte violenta del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso, realizar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades. Es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza, y en este asesinato se deben incluir entre las hipótesis de la investigación la posibilidad de que el crimen esté vinculado a las causas que el juez tuvo a su cargo.
Por su parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Luis María Aguilar Morales, señaló la importancia de garantizar la seguridad de jueces y juezas que les permita trabajar y decidir con imparcialidad. En efecto, es indispensable que México garantice la seguridad de sus operadores de justicia, porque de lo contrario el ejercicio de la función jurisdiccional puede verse gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia. En este sentido, la CIDH urge al Estado mexicano a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de juezas y jueces y de todos los operadores de justicia en el país.
[Fuente: CIDH, Comunicado de prensa 162/16, Washington D. C., 03nov16]
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