EQUIPO NIZKOR
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DERECHOS


Diciembre de 2005

El derecho a defender los derechos humanos en 2005.

Índice

Las entidades con mayor frecuencia de agresiones en contra de defensoras y defensores


Conclusiones

Definir y aplicar un programa de acción integral
en materia de las y los defensores de los derechos humanos
que comprenda la protección a su función
y el reconocimiento a su labor […].

-Recomendación de alcance general número 7,
Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México
promovido por la OACNUDH

En el marco del 9 de diciembre, día en que se celebra el aniversario de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, el Centro Prodh publica este informe anual que reporta diversas formas de agresión y obstaculización del trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos, registrados a través del monitoreo que el Centro Prodh realiza, con información directa de las organizaciones y de las denuncias públicas hechas en prensa.

Encontraremos en este informe que el Estado no ha sido capaz de garantizar ni propiciar un clima favorable para que las defensoras y los defensores de derechos humanos desarrollemos nuestro trabajo. El análisis de estas agresiones directas e indirectas a defensoras y defensores de derechos humanos, recogidas en este documento, implican una serie de graves infracciones que no han sido detenidas en el gobierno de la alternancia: desde el hostigamiento, robo de oficinas, amenazas de muerte, homicidios, creación de delitos contra las y los defensores, vigilancia, desalojos de manifestación, censura para difundir información relativa a derechos específicos, atentados, detenciones arbitrarias; hasta modificarse a un nivel de sofisticación como el robo cibernético de recursos económicos a través de la banca por Internet, e incluso la cancelación arbitraria de cuentas bancarias por parte de estas instituciones, al tiempo que desacreditan a las organizaciones. Así como la tendencia, cada vez mayor, al descrédito y descalificación irresponsable de parte de funcionarios, servidores públicos, que mediante sus declaraciones, discursos, escritos a los medios de comunicación, tratan de desprestigiar el trabajo de organizaciones y personas con trayectoria seria en el campo de la defensa de los derechos humanos. De particular relevancia, resulta también la constatación del incumplimiento o desacato de parte de instancias del gobierno mexicano ante órdenes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, signo de preocupación para la protección de las y los defensores de derechos humanos.

Las entidades con mayor frecuencia de agresiones en contra de defensoras y defensores

Hemos detectado un total de 62 situaciones de agresión directa o indirecta a defensores, a sus familias, a sus pertenencias o recursos que utilizan para su labor de defensa, los estados que reportan un mayor índice de casos son: Oaxaca con 14; Chiapas con 13, el Distrito Federal con nueve, y Guerrero, con siete situaciones registradas. Cada uno de los estados será analizado a continuación.

1 Oaxaca

Oaxaca registra 14 casos de agresiones contra defensores, con un total de siete detenciones contra defensores y/o población en defensa de sus derechos, cinco de los cuales se hicieron mediante reactivación de viejas órdenes de aprehensión y dos de manera arbitraria; una negativa de cumplimiento de medidas cautelares para proteger a defensor; agresión contra el vehículo de una defensora, en franco acto intimidatorio; el allanamiento y robo a una organización defensora; un desalojo violento de estudiantes organizados; la difamación contra un colectivo de organizaciones de derechos humanos y defensores por parte del titular de la comisión estatal de derechos humanos, golpes y agresiones contra dos mujeres indígenas por defender su fuente de trabajo; el desalojo forzoso contra 31 trabajadores del diario Noticias de Oaxaca, en franco ataque a la libertad de expresión y los posteriores ataques a un periodista y ex colaborador de ese rotativo, así como a un trabajador del mismo, este último ya en abierto desacato a las medidas cautelares concedidas por la CIDH en el mes de octubre, a 117 trabajadores y directivos de ese diario.

Detención de defensores y líderes mediante reactivación de viejas órdenes de aprehensión

Los siguientes cuatro casos develan la intencionalidad política represiva, en tanto que la detención de estos cinco defensores y defensora, se da en aparente cumplimiento de antiguas órdenes de aprehensión. Tres de estos casos se dan en la capital oaxaqueña y durante en el mismo día y/o con diferencia de un día en el caso de un indígena defensor de sus bosques. En el último caso, el uso político a las órdenes de aprehensión está vinculado con la lucha del pueblo yalalteco que defiende su proceso organizativo de gobierno por usos y costumbres.

    Detención de indígena defensor de bosques. Oaxaca, Oax., 02 febrero. Dos policías ministeriales y cuatro agentes de tránsito detuvieron a Juan Alavez Mendez, de 54 años, indígena defensor de los bosques de San Isidro Aloapam, sin presentar orden de aprehensión. Alavez se ha distinguido por la defensa de los bosques contra grupos armados de San Miguel Aloapam, integrantes de Antorcha Campesina. Está acusado de daños en propiedad ajena, porque en 2000 los comuneros de San Isidro impidieron que los talamontes sacaran en camiones la madera que habían cortado; los acusaron de daños en propiedad ajena porque bloquearon el camino.

    Detención de dirigente. Oaxaca, Oax., 03 de febrero. Alejandro Eleazar Cruz López, de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA) fue detenido en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, luego de que llegó de la Ciudad de México -donde participó en diversas movilizaciones con los pobladores de Santiago Xanica, de donde es originario-, en aparente cumplimiento de una orden de aprehensión antigua por hechos que ocurrieron el 15 de abril de 1998, cuando Cruz López participó en una movilización en Tuxtepec para exigir la liberación de Catarino Torres Pereda, quien estaba preso por el delito de despojo y daño en propiedad ajena por incendio".

    Detención de dos integrantes de organización social. Oaxaca, Oax., 03 de febrero. Jaqueline López Almazán y Samuel Hernández, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), fueron detenidos e internados en el penal de Santa María Ixcotel, por el delito de privación ilegal de la libertad de funcionarios de la Secretaría de Transporte del estado. Los hechos ocurrieron en febrero de 2001, cuando encabezaron la toma de las instalaciones de la dependencia para exigir 150 concesiones de taxis.

    Detención de líder comunitario y activista defensor del gobierno por usos y costumbres de Yalálag. Villa Hidalgo Yalálag, 02 de diciembre. A las 7:00 de la mañana la policía ministerial de la comunidad detuvo a Joel Aquino Maldonado, líder comunitario de Yalálag, Villa Alta Oaxaca. La detención tiene tientes políticos dado el movimiento de defensa de usos y costumbres de la comunidad, en el cual participa activamente Joel Aquino; la sindicatura municipal del municipio de Yalálag ha confrontado abiertamente a la comunidad inconforme con las imposiciones de la sindicatura, aliada con cacicazgos locales. Como contexto están los añejos conflictos entre el cacicazgo que se opone al gobierno por usos y costumbres. La detención se debe a una acusación sin sustento en contra de Joel Aquino por su supuesta participación en la muerte de Roberto Limeta Cisneros, el 7 de marzo del 2000, cuando parte de la población yalalteca, inconforme por la forma de administración del municipio, realizó la toma de palacio municipal. Fueron aprehendidos 34 personas que habían participado en la toma de Palacio, y tiempo después salieron libres porque las pruebas no fueron suficientes en esta investigación por parte del ministerio publico. Joel Aquino no estuvo presente en el lugar de los hechos.

Ataques contra el diario Noticias de Oaxaca

El caso del periódico Noticias de Oaxaca registró el 18 de julio, en el colmo de la impunidad, el desalojo forzoso de 31 trabajadores que permanecían “secuestrados” en sus propias instalaciones desde el 17 de junio; no obstante, la detección de dos sucesos posteriores contra un ex colaborador y periodista crítico y un trabajador de esa casa editorial, nos hacen advertir que la escalada de violencia y agresiones no se detendrá, particularmente porque uno de los sucesos se dio ya dictadas las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo, porque no existen indicios de voluntad política del gobierno represivo de Ulises Ruiz para frenar esta situación.

    Desalojo forzoso a trabajadores del periódico Noticias de Oaxaca, por grupos de choque de la CROC con aquiescencia de autoridades estatales. Oaxaca, Oax., 18 de julio. Alrededor de 60 miembros encapuchados de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina (CROC) irrumpieron en el edificio, donde 31 empleados del periódico Noticias de Oaxaca llevaban atrapados y trabajando en resistencia desde que una supuesta huelga fue iniciada por trabajadores de la CROC, el 17 de junio. Los miembros de la CROC iban armados con palos y amenazaron con golpear a los trabajadores, todos los cuales fueron obligados a abandonar las oficinas. Algunas computadoras y algunos muebles fueron, según informes, destruidos durante el desalojo. Iban acompañados de varios agentes de la policía estatal y de la municipal, vestidos de civil. El subprocurador de justicia del estado de Oaxaca, el director de Investigaciones Preliminares y dos agentes del Ministerio Público estaban presentes durante el desalojo, pero no hicieron nada por evitar los actos de violencia. La CROC está dirigida oficialmente por un diputado local del partido que gobierna en Oaxaca, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Un total de 31 trabajadores del periódico Noticias llevaban 31 días dentro del edificio después de que miembros de la CROC organizaron un paro ante la oficina de Noticias, en un aparente intento de cerrar el periódico, que apoya a la coalición de partidos de oposición locales. La acción sindical fue instigada por los dirigentes de la CROC en contra de los deseos expresos de los trabajadores de Noticias.

    Golpes y hostigamiento contra periodista y ex corresponsal del Diario Noticias. Oaxaca, Oax., 04 de octubre. El periodista radiofónico Agustín Chávez, ex corresponsal del periódico local Noticias y que ha sido crítico al gobierno estatal fue agredido por dos hermanos del ex presidente municipal, que le propinaron una paliza. Según los informes, le dijeron: “hijo de la chingada, a ti te andamos buscando”. Al parecer, lo amenazaron con matarlo porque sus reportajes perjudicaban a su hermano, y lo golpearon durante unos diez minutos, hasta que perdió la conciencia. También le robaron la cámara, un teléfono móvil y algo de dinero. Esta agresión estuvo precedida de una serie de intentos de intimidarlo. El 3 de junio, el periodista recibió en su teléfono móvil una llamada de un hombre que, según los informes, le dijo que “le bajara el tono” o no seguiría vivo para hablar con nadie. El 17 de septiembre un miembro del actual gobierno municipal de Tlaxiaco lo abordó en la calle y le pidió que se retractara de lo que había escrito en una entrevista con él. Según la información recabada, el periodista ha estado denunciando la presunta corrupción de las autoridades municipales de Tlaxiaco.

    Detención arbitraria contra trabajador del Diario Noticias por parte de la PGJE. Oaxaca, Oax., 23 de noviembre. Agentes de la Policía Ministerial privaron ilegalmente de su libertad al trabajador de Noticias de Oaxaca, Florentino Héctor Velasco Zárate, de 56 años de edad, testigo de la invasión armada cometida por sustitutos del ayuntamiento priísta de Santa Cruz Amilpas, del rancho “María del Carmen”, en el que se guardaban los insumos y materiales para la edición de este diario, el 28 de noviembre del año 2004 A pesar de que la víctima y 115 trabajadores más de este matutino gozan de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre pasado, Velasco Zárate fue interceptado sin explicación alguna, sobre el boulevard Eduardo Vasconcelos por más de ocho agentes al mando del subdirector de la corporación, Moisés Hernández Robles, mientras caminaba rumbo a su casa, ubicada en San Francisco Tutla. Después de esposarlo y lanzarlo boca abajo a la caja de una camioneta, fue remitido a un separo de la Ministerial, lugar en el que sin derecho a realizar llamadas telefónicas fue amenazado de muerte. Ahí, con el fin de incriminarlo en delitos federales y contra la salud, al detenido le fueron sembradas bolsitas de polvo blanco, además de una pistola calibre nueve milímetros, para tener elementos para su consignación ante el Ministerio Público Federal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de 116 trabajadores, apercibiendo al Estado Mexicano a cumplimentarlas a fin de que el régimen oaxaqueño otorgue las garantías necesarias para que a ninguno de los beneficiarios se le inventen delitos o se ejerza presión física o psicológica de ningún tipo.

Asimismo, con el siguiente caso, aunque de diferente índole, podemos ratificar la inclinación del gobierno estatal por el no acatamiento de las medidas dictadas por un organismo tan relevante para la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Gobierno del estado rechaza implementar medidas cautelares. Oaxaca, Oax., febrero. Raúl Gatica, dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) informó que el gobierno estatal rechazó poner en práctica las medidas cautelares que solicitó el pasado 27 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar su vida e integridad. En una reunión, el secretario de Gobierno estatal, Jorge Franco Vargas, argumentó que "no hay necesidad de aplicar nada, porque por ley en Oaxaca está suficientemente garantizada su seguridad y la de cualquier persona". Raúl Gatica, debió abandonar el país en fechas recientes, ante las agresiones y amenazas que ha estado recibiendo por parte del gobierno oaxaqueño.

En los siguientes seis casos, observamos las agresiones descritas párrafos arriba, cometidas por desconocidos en tres de los casos, por grupo de choque en uno de los casos; por elementos de seguridad pública en tres de ellos y por el propio titular de la Comisión estatal de derechos humanos en uno más. Particularmente grave resulta el caso del periódico Noticias, en tanto que la violencia con la que se ejecutó el desalojo forzoso se hizo ante las propias autoridades estatales, es decir con aquiescencia de ellas.

    Agresión a directora de Cencos por sujetos no identificados. Oaxaca, Oax., 15 de enero. La directora del Centro Nacional de Comunicación Social AC, Eréndira Cruzvillegas, fue agredida por un grupo de desconocidos, durante su estancia de tres días en la ciudad de Oaxaca, en la que se reunió con la Junta Coordinadora del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño "Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM). Los agresores, al descender de un automóvil no identificado y sin razón aparente, golpearon el parabrisas del vehículo propiedad de la licenciada Cruzvillegas con dos impactos de ladrillo, huyendo con alta velocidad, a escasos minutos de haber descendido de su automóvil.

    Allanamiento y robo contra organización. Salina Cruz, 15 de marzo. Las oficinas de la organización defensora "Tequio Jurídico" fueron allanadas y fueron robados varios recursos y documentos de trabajo, entre ellos el equipo de cómputo. En 2003, esta organización sufrió también de robo, sin que se esclareciera el acontecimiento.

    Desalojo violento contra estudiantes. Juchitán, 11 de abril. Alumnos de la Normal Urbana Federal del Istmo fueron desalojados por policías con gases lacrimógenos y pimienta del bloqueo que mantenían en la carretera federal 185 de Juchitán, Los normalistas reclamaban que se respetaran los acuerdos firmados con las empresas camioneras regionales, comprometidas con los estudiantes para apoyar su traslado a la ciudad de Oaxaca, y se manifestaban por los actos de las autoridades estatales que ellos consideran autoritarios.

    Presidente de CDH estatal difama a defensores de derechos humanos. Oaxaca, Oax., marzo. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sergio Segreste Ríos, denunció que “grupos radicales (como el Colectivo por la Democracia, CIPO-RFM, CODEP-COMPA, LIMEDH y la RODH) “están tejiendo una red siniestra para apoderarse de la comisión y convertirla en un organismo que responda a intereses de presión y chantaje muy particulares”. Es evidente, dijo, que “existen grupos encabezados por Raúl Gatica y Rolando Sánchez Espinosa, que han cimentado su actuación en acciones de presión y chantaje hacia las instituciones públicas”. Pertenecen al Colectivo por la Democracia: Mario Hernández (EDUCA), Juan Carlos Martínez y Francisco López Bárcenas (defensores de derechos indígenas) y Elsa Cruz Ruedas.

    Detención y golpes contra integrantes de UCIZONI por defender su fuente de trabajo. Matías Romero, 21 de junio. Alrededor de 40 agentes policíacos municipales detuvieron a Calixto MIguel Toribio y álvaro Pérrez Matías, representantes de la colonia Emiliano Zapata y golpearon a Margarita Toribio, Siria Martínez y Jovita Eleuterio, mujeres indígenas que pertenecen a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), quienes bloqueaban el acceso al basurero local en protesta porque el ayuntamiento contrató a dos personas como pepenadores. Un asentamiento de familias mixes alrededor del basurero, que data de 1995, recolecta los materiales reciclables como medio de subsistencia por la pobreza en que viven.

    Retención ilegal por parte de policías contra presidenta de Limeddh. San Juan Lalana, 30 de octubre. La presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Yésica Sánchez Maya, denunció que fue retenida ilegalmente por elementos de la policía preventiva de la patrulla 976-RS 43120, particularmente el comandante Juan Javier Ruiz Sánchez. Precisó que el abuso de autoridad y retención ilegal de que fue objeto se perpetró a la salida de la población de San Lorenzo Lalana, a la altura de la desviación a La Guadalupe, en la cuenca del Papaloapan.

Como se observa con estos casos, el gobierno de Ulises Ruiz ha perpetuado la represión de los gobiernos anteriores contra sectores movilizados por la defensa de sus derechos y a las organizaciones que explícitamente se dedican a la defensa de los derechos humanos. La pobreza y marginación históricas de su población (indígena en gran medida), ha motivado el surgimiento de movimientos y organizaciones sociales que reclaman la vigencia y el respeto de sus derechos. La respuesta constante a estos reclamos es la represión, la violencia, el uso de figuras delictivas como castigo y la represión a los medios de comunicación independientes.

No son pocos los defensores de derechos humanos y líderes sociales que han advertido que el gobierno estatal está abonando a un estallido social.

2 Chiapas

Las 13 situaciones violentas registradas en Chiapas nos hablan de un estado donde se miran los contrastes del tipo de agresiones para obstaculizar el trabajo de mujeres y hombres que defienden lo mismo los derechos de los pueblos indios, que el derecho a la salud, de libertad de prensa o de acceso a la justicia, con tácticas tan graves y añejas como asesinatos, amenazas o detenciones arbitrarias; y por otro lado la aparición de nuevas y sofisticadas modalidades de agresión y hostigamiento, que obstaculizan seriamente la labor de defensa de derechos humanos que realizan personas, colectivos, organizaciones civiles con trayectoria reconocida en la defensa de derechos o de periodistas que ejercen críticamente su profesión.

En los siguientes cuatro casos se sintetizan los casos del asesinato de un dirigente indígena; la detención arbitraria de tres campesinos por afectaciones al derecho a la salud de la comunidad; una amenaza contra periodista crítica e intimidaciones por parte de elementos de una Base de Operación Mixta contra defensoras del Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM).

    Asesinato de líder de la Casa del Pueblo, defensor de derechos indígenas. Venustiano Carranza, febrero. Manuel Hidalgo Espinoza, uno de los dirigentes de la organización Casa del Pueblo, el cual agrupa a indígenas tzotziles que desde hace 40 años han mantenido una constante lucha por la tierra, fue asesinado luego de haber sido objeto de persecución y amenazas por parte de caciques del lugar y paramilitares de la Alianza San Bartolomé. Durante décadas mantuvo una lucha activa en favor de los comuneros de su región, lo que le valió diversas amenazas de muerte. A finales de 2000, Manuel Hidalgo envió una carta a la CNDH para denunciar la persecución que e su contra mantenía Jesús Orantes Ruiz, quien meses después fue designado diputado local por el PRI. Manuel fue considerado por Amnistía Internacional como preso de conciencia en 1984. La población de Venustiano Carranza se declaró en alerta por los posibles actos de violencia que pudiera desatar este homicidio.

    Detención de campesinos defensores del derecho a la salud. Funcionario denuesta sus acciones. Ejido Zapata, abril. Al manifestarse campesinos y pobladores impidiendo el paso de vehículos recolectores de basura, tres pobladores del ejido Zapata fueron detenidos tras protestar contra el incumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno municipal. Señalaron el daño que está produciendo el tiradero de basura ubicado en ese asentamiento, perjudicando la salud de la población, principalmente de los niños. Denunciaron que se está agudizando la aparición de llagas en diversas partes del cuerpo de los infantes principalmente. Los ejidatarios tenían la encomienda de acudir a los medios de comunicación para denunciar la situación, no obstante fueron aprehendidos de manera violenta y arbitraria por agentes policíacos. José Luis Zebadúa, director de gobierno municipal, señaló a los detenidos como “agitadores” y dijo que incurrieron en “asociación delictuosa”.

    Amenazas de muerte contra periodista crítica por autoridades municipales. SCLC, octubre 22. Concepción Villafuerte, periodista crítica ha sido hostigada con amenazas de muerte y falsas acusaciones de narcomenudeo, las que al parecer han surgido de las autoridades de Vialidad de SCLC, encabezado por Sergio Lobato. Según testimonio de los propios agentes, sus comandantes les han solicitado agredir a la periodista, "como si pareciera un accidente". La conocida periodista fundó junto con su esposo, Amado Avendaño, el periódico El Tiempo, y hoy La Foja Coleta, que se ha mantenido en un alinea crítica e independiente, lo que ha molestado a autoridades municipales.

    Operativos ilegales en Chiapas retienen a defensores de derechos humanos. Zinacantán, Chis., 05 de diciembre. Cuatro colaboradores del Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM) denunciaron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, haber sido retenidos de manera ilegal durante aproximadamente 45 minutos, en la tijera Chamula Zinacantán por elementos de una Base de Operaciones Mixtas (BOM). Los detuvieron para revisar el vehículo en el que viajaban, en el lugar los iluminaron con reflectores; algunos de los elementos de la BOM estaban encapuchados. Los denunciantes quisieron indagar el porqué del operativo, nunca se les dio a conocer el motivo, alegando “que no eran quién para pedirlo” y, a partir de ese momento, fueron víctimas de un trato prepotente e intimidatorio. Los filmaron con una cámara de video.

Durante el año, los y la integrantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” sufrieron por lo menos cuatro casos en donde su trabajo se vio obstaculizado directamente por funcionarios estatales, o bien, por empresas bancarias, y en el último de los casos, precisamente en pleno ejercicio de la labor de defensa de otro defensor agredido, miembro de Alianza Cívica Chiapas.

    Funcionarios obstaculizan directamente la labor de defensores del Frayba. SCLC, 23 de febrero. Integrantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (CDHFBC / Frayba) fueron impedidos de realizar su labor al asistir a verificar la situación de detenidos por un operativo policiaco. Custodios de la AFI les negaron el acceso justificando su acción en que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Especial del estado, debía dar su autorización. A su vez, esta instancia, a cargo de Alejandro Guillermo Gutiérrez Villadroza y director de orientación y protección a instituciones de derechos humanos, les negó también el acceso porque debía "contar con autorización del ministerio público encargado de la investigación y de la Coordinación Metropolitana de la Fiscalía Especial del Estado”. Los colaboradores del Frayba tuvieron que esperar más de cinco horas sin que fueran atendidos por ningún funcionario y tampoco pudieron visitar a los detenidos e incomunicados.

    Espionaje electrónico al Frayba. SCLC, marzo. Tres crackers se introdujeron en los archivos electrónicos del Frayba y sustrajeron información, bloquearon varias computadoras y perdieron información importante para la preparación de su informe anual.

    Robo y espionaje electrónico al Frayba. SCLC, 04 de abril. El Frayba fue objeto del robo de todos sus fondos en moneda nacional de sus cuentas bancarias, a través de un portal electrónico del Banco Nacional de México (Banamex), en el contexto de las denuncias presentadas por el Frayba sobre los crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco del conflicto armado interno, aún no resuelto. Desde el año 2004, el Frayba ha sido objeto de acciones de espionaje electrónico. El 16 de junio de 2005, BANAMEX restituyó los fondos que fueron sustraídos ilegalmente vía Internet de las cuentas bancarias del Frayba. Sin embargo se desconoce aún quién es el responsable así como los motivos del robo, por lo que no se tiene certeza de que sea un simple incidente delictivo. En opinión del CDHFBC la Condusef no ha cumplido con su obligación de revisar los modelos de contrato de adhesión que las instituciones financieras establecen con sus clientes, para que las operaciones y servicios sean uniformes a los usuarios, y evitar así, que las entidades financieras abusen de sus privilegios haciendo posible que hechos como estos vuelvan a suceder. Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”

Agresiones contra integrantes de Alianza Cívica-Chiapas

    Intento de homicidio contra defensor por elementos entrenados, no identificados. SCLC, 20 de noviembre. Aproximadamente a las 21:30 horas, seis sujetos vestidos de negro, entre 20 y 25 años de edad, con el cabello corto, “bien vestidos“, atléticos, con aspecto indígena y con acento local de San Cristóbal, agredieron con armas punzo cortantes en su domicilio a Gustavo Jiménez Pérez, defensor de derechos humanos, miembro de Alianza Cívica Chiapas. De acuerdo al testimonio de Gustavo, fue empujado al interior de su domicilio y violentamente agredido por los sujetos, quienes portaban cuchillos y navajas que le causaron heridas en el rostro y cuello. Fue pateado y golpeado con estilo karate. Le decían “venimos a matarte; ¡apúrense a matarlo! Finalmente vencido en el suelo escuchó que decían “vámonos, éste ya está muerto”. Por la manera en que fueron propinados los golpes, hace suponer que estaban dirigidos a causarle la muerte, y por el modo de operar que se trata de un grupo entrenado y con estructura de mando. Gustavo Jiménez se encuentra bien de salud, gracias a su complexión física de deportista y que atinó a eludir los golpes, no obstante que las marcas de las agresiones indican que fueron hechas en puntos vitales.

    Intimidación en contra de defensores miembros de Alianza Cívica y del Frayba. SCLC, 22 de noviembre. Después de la conferencia de prensa en la que denunciaron públicamente las agresiones contra Gustavo Jiménez; éste, Gabriel Ramírez y un abogado del Frayba se dirigieron al domicilio de Gustavo y al momento de abrir la puerta, se encontraba en el interior de la casa un hombre de aproximadamente 30 años, con actitud amenazante. Salieron de la casa inmediatamente temiendo que este sujeto se encontrara armado y en compañía de otros desconocidos. Aprovechando la situación, el individuo se dio a la fuga mientras profería amenazas. Posteriormente, constataron que habían hurgado las pertenencias y ocasionado más destrozos a los bienes y a la propiedad, al parecer sin hurtar nada. El extraño, aparentemente drogado, entró por la puerta trasera destrozándola, lo cual implica que tuvo que saltar por los techos de las casas vecinas. Se presume que sea uno de los individuos que atacó violentamente a Gustavo Jiménez en la noche del 20 de noviembre.

Las agresiones al Frayba nos revelan la intervención de nuevos actores y medios para la obstrucción de la labor de defensa de derechos humanos, en una combinación de elementos que aparentemente están vinculados con la tecnología y sus modalidades para la comisión de delitos (como los crackers y el robo cibernético), pero que mientras no se resuelvan y continúen sin investigación que lleve a dar con los responsables y sea descartada la intencionalidad política, no se podrá dar crédito a un discurso oficial que minimice estas repercusiones, aún cuando hayan sido restituidos los fondos.

Por otra parte, en el caso de Enlace Civil, que se sintetiza a continuación, se hace presente la actuación de un tercero, que con omisión del Gobierno, obstruye y denuesta la labor de una organización con un activo papel en la defensa de derechos indígenas.

    Terceros (bancos) denuestan trabajo de defensoras. Retiran servicios a organización defensora. SCLC, 19 de mayo. El Banco BBVA-Bancomer de San Cristóbal de las Casas, notificó a la directora de Enlace Civil, AC, Paulina Fernández, que debía cancelar sus cuentas bancarias en un plazo de 31 días, bajo la justificación de que el banco debía "protegerse de lavado de dinero". Enlace Civil es una organización que apoya a comunidades zapatistas en proyectos productivos, educativos y de salud y que recibe donaciones de organizaciones de Italia, el gobierno vasco, la embajada de Finlandia, ayuntamientos catalanes, entre otros. Todas las cuentas de la organización son auditadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su denuncia, advirtieron también que la Organización por la Salud Indígena Maya del Estado de Chiapas (Osimech), que forma a promotores de salud en comunidades de los altos, también sufrió de la misma agresión por parte del BBVA-Bancomer.

Asimismo, el contexto de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y los preparativos de La Otra Campaña, están poniendo en relieve el inicio de lo que previsiblemente vendrá para los sectores diversos que decidan movilizarse en la entidad -y cualquier otro estado del país-, mientras las prácticas antidemocráticas y con rasgos autoritarios de los gobiernos estatales o federal sostengan o no actúen frente a este tipo de acciones. Este contexto es caldo de cultivo para que casos como los que a continuación se sintetizan, se repitan continuamente, y con diversas modalidades.

Estos tres casos tuvieron lugar en octubre, en San Cristóbal de las Casas, y fueron denunciados públicamente en una carta a un diario de circulación nacional. Este tipo de denuncias son recursos alternativos y complementarios, utilizados para alertar a la población y evidenciar a los gobiernos que por acción u omisión tienen responsabilidad en este tipo de casos.

    A partir de las reuniones de los grupos de trabajo de las comisiones de la "Sexta coletas" (apoyan la Sexta Declaración) para organizar los actos de la jornada "Nombremos a nuestros muertos", los activistas y estudiantes han sido objeto de vigilancia y hostigamiento. * El 24 de octubre desconocidos dejaron dos mensajes manuscritos en vehículos que decían: "piches mariguanos, a ver si ya dejan de estar chingando". * El 28 de octubre, mientras compañeros estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas preparaban los altares para el homenaje, se hicieron presentes sujetos en franca actitud de vigilancia, para identificar a las personas ahí reunidas. * El 30 de octubre, después de concluir un acto en la Plaza de San Ramón, tres activistas fueron seguidos por una camioneta cuando se dirigían a sus casas. Estas son acciones de la policía orientadas, al menos, a identificar a compañeros de la otra campaña.

3 Distrito federal

En la Ciudad de México se registraron nueve casos que implican obstrucción del trabajo de defensa de derechos humanos. En algunos son agredidos, de manera directa, defensores, en otros, observamos situaciones que repercuten a nivel nacional con otro tipo de acciones que impactan de manera desfavorable la defensa de los derechos humanos a nivel general en la labor de las y los defensores, como lo son las declaraciones públicas de autoridades y servidores públicos, que pereciera que pretenden desacreditar la labor ciudadana de defensa de los derechos humanos.

La obstrucción de la CNDH

De los nueve registros mencionados en el párrafo anterior, dos involucran a organismos públicos de derechos humanos, en este caso a la CNDH. Uno lo constituyó el nombramiento del Dr. Máximo Carvajal como titular de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, cuyo perfil no gozaba de legitimidad y tampoco era idóneo para el cargo, lo que provocaría que se percibiera más como un factor que obstaculizaría la labor de defensa de derechos indígenas, por el contrario, como un elemento que fortaleciera las funciones de la institución en este campo de la defensa de los derechos humanos. El otro caso se refiere a la campaña de certificación de ONG que lanzó la CNDH a través de algunas comisiones estatales, cuya sola existencia resultó en un atentado contra la labor independiente que realizan organizaciones defensoras de derechos humanos, además de un atentado contra la libre asociación.

    Designación de visitador de la CNDH obstaculiza la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indios. Enero. El perfil del Dr. Máximo Carvajal como titular de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, encargada de los asuntos Indígenas no cumple con la idoneidad requerida. Es especialista en Derecho Aduanero, no ha estado vinculado profesionalmente al campo de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los cargos que ha ocupado anteriormente son de director de la Facultad de Derecho de la UNAM, oficial mayor en la Secretaría de la Reforma Agraria y subprocurador Federal del Medio Ambiente. Se le ha vinculado con grupos de porros de la UNAM, dado que existen denuncias de que encabezó un grupo de porros durante el conflicto en la UNAM en agosto 1999, luego de dejar la dirección de la Facultad de Derecho de dicha institución. Ha estado vinculado orgánicamente al PRI, lo que no es conveniente para un puesto de alto nivel en una institución pública de derechos humanos. Fue vicepresidente de la Fundación Colosio y representante del PRI en diferentes espacios públicos durante la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa: El visitador respondió al Frayba que la recomendación de la CNDH sobre la masacre de Acteal estaba totalmente cumplida, contradiciendo incluso la versión del propio titular de la CNDH al señalar el incumplimiento de esta recomendación.

    La CNDH lanza una campaña para certificar ONG de defensa de derechos humanos. Mayo y junio. Durante mayo y junio, varias organizaciones independientes, pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (la Red), recibieron por parte de la CNDH y a través de las comisiones estatales, la información de que aquella estableció un "Registro Nacional de ONG con la finalidad de otorgar un Certificado Nacional de Registro para que las ONG puedan tener mayor facilidad en el desarrollo de sus acciones dentro del ámbito de la cultura de los derechos humanos". La CNDH y las comisiones estatales Instaron a las organizaciones a registrarse para hacerse acreedores a tal certificado, a través de las comisiones estatales respectivas. La Red estableció en su posicionamiento público el rechazo y condena a esta certificación, dado que obstaculizaría de facto el trabajo de las organizaciones independientes, y además objetamos el intento de certificar nuestro trabajo.

    Discurso promueve la certificación y denuesta al secretario ejecutivo de la Red TDT. Junio. La CNDH promueve en prensa, mediante inserciones pagadas, la campaña de certificación de las organizaciones como un asunto de “cooperación” y articulación con las ONG. En respuesta al posicionamiento público de la Red, Jesús Naime Libién, secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, aprovechó la supuesta intención de “precisar información” para lanzar una serie de comentarios hacia la persona del secretario Ejecutivo de la Red, Edgar Cortés Moralez, por ejemplo: “Debatir en los medios es necesario y enriquecedor a condición de que se trate temas sustantivos, no meras percepciones individuales”..

Impunidad en el caso Leonel Rivero

Un testimonio que se suma a los múltiples ejemplos de la impunidad en la que permanecen las agresiones a defensores, que a su vez posibilitan la comisión de nuevos ataques, lo constituye el caso del abogado Leonel Rivero, a quien le infringieron nuevas amenazas y contra su familia. Aunado a ello, aparecen nuevamente, tal como en Oaxaca, datos de incumplimiento del Estado mexicano, ahora a través del gobierno del Distrito Federal, de medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Nuevas amenazas de muerte. 16 de marzo. Al día siguiente de haber recibido una llamada telefónica donde lo amenazaban de muerte, en el plazo de ocho minutos, Leonel Rivero recibió cuatro mensajes de voz en su oficina. En los tres primeros mensajes le pedían que marcara a un número telefónico, en el último mensaje le amenazaban con matarlo si no marcaba el número.

    Gobierno mexicano retira unilateralmente medidas de protección. 22 de septiembre. El Gobierno mexicano decidió arbitrariamente retirarle a Leonel Rivero las medidas de protección y no implementar las que le fue ordenado realizar por la Corte IDH a favor de su familia. No obstante el riesgo latente que enfrenta Leonel Rivero, la falta de esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables sobre sus agresiones y la reciente reiteración de la orden de la Corte dirigida al Estado mexicano de mantener las medidas de protección, sin explicación ni justificación alguna, fueron retiradas las medidas implementadas, quedando en situación de absoluta vulnerabilidad y desprotección. Por lo que respecta a la situación del defensor Leonel Rivero, en tres ocasiones ha recibido amenazas de muerte, en una ocasión intentaron atropellar a su esposa, en otra agredieron a los agentes que lo custodiaban y hace unos meses fue víctima de persecución por diferentes calles de la ciudad cuando salía de una reunión de trabajo acompañado de los agentes encargados de resguardar su seguridad. Hasta la fecha, ninguno de estos hechos ha sido aclarado ni identificado y sancionado a los responsables. Incluso, temiendo por la seguridad de su familia, solicitó a la Corte extender las medidas de protección, lo cual fue resuelto favorablemente mediante la resolución antes mencionada, de fecha 29 de junio de 2005.

    Gobierno mexicano incumple acuerdo de la CIDH a favor de Leonel Rivero y su familia. 7 de octubre. La Corte IDH emitió un acuerdo que establece que solicita al Estado mexicano que continúe implementando las medidas de seguridad a favor de Leonel Rivero Rodríguez, en particular los servicios de escolta y vigilancia, de común acuerdo con ellos. En relación a las medidas ordenadas para la familia Rivero Espinosa, unilateralmente y sin acuerdo con los beneficiarios como estaba ordenado por la Corte, el Gobierno mexicano informó ante la CIDH, el haber implementado rondines de agentes de Seguridad Pública, los cuales por lo menos todo el mes de octubre no operaron, después de 25 días desde que la Corte ordenara el restablecimiento de las medidas de protección. Omitió cumplir con la resolución del 29 de junio de 2005 que ordenó la implementación de las medidas a favor de la familia Rivero Espinosa, que en octubre se encontraba sin protección alguna. La situación es de riesgo tanto para Leonel Rivero como su familia.

Por otra parte, los siguientes tres casos registran intimidaciones y agresiones contra la familiar de un desaparecido, defensoras de derechos reproductivos y un activista político, realizadas en uno de los casos por elementos del Estado Mayor Presidencial, y los otros dos por desconocidos. Nuevamente, el anonimato de los agresores, así como la impunidad en que quedan las mismas, eleva la situación de riesgo para la defensa de derechos.

    Agresión y desalojo en contra de hermana de joven desaparecido, en mitin del presidente. 2 de julio. Diana asistió el 2 de julio al Angel de la Independencia, donde el presidente Vicente Fox encabezó el "festejo por la democracia". En dicho “festejo”, Diana gritó al presidente “que miente, que no es cierto lo que dice, que no cumple sus promesas, porque él prometió ayudarme y no hizo nada". El testimonio de Diana afirma que “fui para exigir que me entreguen a mi hermano Alejandro, desaparecido desde hace más de cuatro años, y porque Fox prometió ayudarme a encontrarlo, y no hizo nada". Elementos del Estado Mayor Presidencial la jalonearon y en el forcejeo la golpearon, le quitaron una manta, le rompieron la foto de su hermano que llevaba colgada en el pecho. La empujaron y sacaron del lugar.

    Obstruyen labor de información sobre derechos reproductivos y atentan contra integridad de las defensoras. 27 de octubre. Católicas por el Derecho a Decidir denunció que fueron quemados seis locales que habían sido instalados en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se llevó a cabo la Feria por la Salud Sexual y Reproductiva, y en los cuales diversas organizaciones civiles proporcionarían información a los estudiantes sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como el uso del condón. Integrantes de la agrupación feminista señalaron que este tipo de ataques atentan contra la libertad de expresión y la autonomía universitaria. Por su parte, la UNAM informó que el mismo día en que se tuvo conocimiento de la agresión a los exhibidores de las organizaciones civiles, las autoridades de la Facultad de Medicina levantaron las actas correspondientes y presentaron una denuncia de hechos ante la agencia 22 del ministerio público.

    Intimidación contra activista político. 23 de noviembre. Al estar estacionada la camioneta de Edilberto Bautista, a las 2am, se impactó un balazo en la ventanilla del lado del chofer, con arma de alto calibre, a las puertas de su domicilio. Edilberto participa en la Red de la Sociedad Civil, defendiendo derechos humanos en la región de los Loxichas, Oaxaca, en Guerrero en la zona de la Costa Chica y Petatlán. Es un impulsor muy activo de La Otra Campaña y ha coordinado acciones en Chiapas en torno a la misma. Anteriormente ha denunciado vigilancia en su domicilio, y que han llegado a preguntar por él. En junio de 2003, al estar con amigos cercanos en El Café de la Red, recibieron un balazo, dirigido al suelo, poco después de las movilizaciones contra la guerra en Irak.

En mayo se registró un caso, en el que el titular de la Profepa, minimiza el atentado contra un campesino ecologista en Guerrero, haciendo sus declaraciones desde el Distrito Federal. Lo consideraremos dentro del siguiente apartado.

4 Guerrero

De los siete casos registrados en Guerrero, tres de ellos están directamente relacionados con la situación de represión y persecución contra los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán. Además de ser perseguidos, encarcelados, torturados y que estas violaciones contra ellos permanecen en la impunidad, este año se registró el atentado en contra de uno de ellos y su familia, que resultó en el asesinato de dos de sus hijos, frente a lo cual, la respuesta del gobernador Zeferino Torreblanca fue, por un lado, evasiva de su responsabilidad, y por otro, agresiva contra la ONG Tlachinollan, defensora de Albertano Peñaloza y Felipe Arreaga. Hasta José Luis Luege, titular de la Profepa, emitió declaraciones minimizando la agresión en contra de Albertano Peñaloza.

    Atentado contra campesino ecologista, asesinato de dos de sus hijos. Petatlán, 19 de mayo. Albertano Peñaloza Domínguez, uno de los líderes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán con orden de aprehensión, sufrió una emboscada al llegar a su casa en Banco Nuevo, en la que asesinaron a dos de sus hijos: Armando (20 años) y Adatuel (9 años). Sus otros dos hijos, Adali (15 años) e Isaac (19 años) fueron heridos de gravedad. Los campesinos han denunciado de manera reiterada la actividad ilícita del cacique maderero Bernardo Bautista Valle, por las cuales tienen varias órdenes de aprehensión. Esta agresión se da en el contexto de la defensa de Felipe Arreaga, otro de los líderes de la OCESP.

    Gobernador denuesta a organización defensora de derechos humanos. Chilpancingo, mayo. La respuesta del gobernador Zeferino Torreblanca frente a la emboscada de Albertano Peñaloza, acusa a organizaciones de derechos humanos como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, de no ser corresponsales en garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente y de buscar “salidas fáciles”, culpando al gobierno de todo. La actitud del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien para responder a las críticas por la falta de seguridad en la región ha descalificado el trabajo de organismos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aduciendo que sólo buscan “salidas fáciles” y culpan de todo a las autoridades. En respuesta, las organizaciones señalaron que el gobierno del estado debe asumir su responsabilidad y encontrar e implementar medidas que resuelvan el problema de fondo.

    Titular de la Profepa atribuye atentado a “ajuste de cuentas”. DF, 30 de mayo. José Luis Luege Tamargo, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dijo en conferencia de prensa, que de acuerdo con un informe sobre los aprovechamientos forestales en Guerrero, no existen registros de alguna denuncia por tala ilegal, y agregó que autoridades estatales han descartado que el atentado contra el líder ecologista haya sido por cuestiones relacionadas con su labor. Aseguró que la emboscada es materia de investigación para las autoridades estatales, porque ''son ajustes de cuentas entre familias por atentados anteriores donde ha habido muertes, y ésa es una muy lamentable costumbre en Guerrero''

Cuatro asesinatos fueron registrados; dos de ellos en contra de militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y dos más producto de la violencia desatada a raíz del proyecto de construcción de la presa La Parota. Estos asesinatos tienen que ver con el clima de conflictividad política y social que pervive en el estado.

Es imposible pasar inadvertido que la OCSS es la organización a la que pertenecieron los 17 campesinos ejecutados en 1995 por policías municipales, y cuyo esclarecimiento es un adeudo pendiente del Estado mexicano hacia la sociedad. Por otra parte, los dos asesinatos en la zona donde se pretende construir la presa hidroelétrica La Parota, son resultado de una espiral creciente de violencia en un proceso de los últimos dos años a causa de este proyecto. Baste recordar que en julio de 2004 fueron detenidos de manera arbitraria cinco de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades contra la Presa La Parota (Cecop) y participan activamente en la defensa de sus derechos humanos ante la probable construcción de la Presa hidroeléctrica La Parota.

    Asesinado de militante de la OCSS. Atoyac, 02 de julio. Alfonso García Rosas, de 51 años, y militante de la OCSS fue sacado por la fuerza de su vivienda y ejecutado por un comando armado vestidos de negro con rostro cubierto y portando armas de grueso calibre frente a su vivienda. Es la segunda ejecución en San Juan de las Flores, pues 15 días antes fue ejecutado otro campesino, Silvestre Zamora Fierro, cuando llegaba a su domicilio.

    Asesinato de militante de la OCSS y hermano de la dirigente. Atoyac, 18 de septiembre. Miguel Angel Mesino, de 34 años, ex preso político en 2002 y 2003 por haber sido vinculado con el EPR, integrante de la OCSS y hermano de su dirigente, Rocío Mesino, fue asesinado por la espalda con rifles de asalto A-K 47 en pleno centro de Atoyac, a la luz del día, a 100 metros de las instalaciones de la policía preventiva municipal. Durante la agresión fue herido su amigo Zohelio Jaimes, hermano del dirigente de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande. Diversos miembros de la familia Mesino asumieron la dirigencia de la organización; algunos fueron encarcelados, a otros se les persiguió y otros más han perdido la vida de forma violenta.

    Agresiones contra opositores a La Parota por la defensa de derechos Violencia desatada por la construcción de la presa. Acapulco, 18 de septiembre. Tomás Cruz Zamora, de 40 años, miembro del Cecop, fue asesinado por su primo Cirilo Cruz Helasio, en el contexto de los conflictos y violencia desatada por la inminente construcción de la Presa La Parota. Tomás fue herido cuando regresaba de una asamblea de la Cecop en la comunidad de Agua Caliente. "Esta es la división que ha traído la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con su proyecto, entre las familias comuneras; a Cirilo le habían prometido ser tesorero de bienes comunales", dijo su viuda, Eugenia Cruz Galeana. El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, dijo que "al parecer" el homicida fue enviado por el presidente de bienes comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, partidario de que la CFE concrete la construcción de La Parota. Cacahuatepec, 08 de noviembre. Crispino Cruz Hernández, Comunero de Bienes Comunales de Cacahuatepec, fue asesinado en el contexto de tensión social que se ha producido en la región donde se ha proyectado la construcción de la presa La Parota. Crispin fue encontrado muerto el martes 8 de noviembre en el paraje de los Hilamos en Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Estos sucesos hacen evidente que en Guerrero persisten las condiciones de vulnerabilidad de toda índole para quienes defienden derechos humanos, ya sea por la defensa de los bosques, la defensa de los derechos de otros, y la defensa de la propia vida. Es evidente también la perpetuidad de los poderes caciquiles de la zona, en contubernio con diversas instancias oficiales; el que también a los gobiernos distintos al PRI le son incómodos los defensores de derechos humanos; y por supuesto, los grandes rezagos en el sistema de procuración y administración de justicia en México.

5 Las demás entidades reportan la siguiente incidencia de casos

Las otras entidades que registraron agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos fueron: Jalisco con cuatro casos, tres en el Estado de México, Hidalgo, y Quintana Roo. Veracruz registra dos; Coahuila, Puebla, Querétaro, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas reportan un caso de esta naturaleza, sumando un total de 21 casos más durante el año.

Separando en dos bloques estos acontecimientos, ubicamos diez casos en los que las agresiones contra activistas y defensores tienen claros indicios de represión política por su labor directa e indirecta de defensa de derechos. Tres asesinatos, contra un activista gay en Querétaro, y los asesinatos de una luchadora social y su hija en Veracruz; la privación ilegal de la libertad de una activista política de la Coordinadora 28 de Mayo en Jalisco; amenazas y hostigamiento en contra de una defensora de derechos de las mujeres en Quintana Roo y contra cuatro miembros de El Barzón en Zacatecas; intimidación en contra de activistas del FZLN en el Estado de México; golpes y robo contra un periodista y activista en San Luis Potosí; y el espionaje telefónico contra el obispo de Saltillo, Raúl Vera y la dirigente de Alianza Cívica Nelly Herrera.

Aparece también el robo e incendio del local de una organización civil, desalojos violentos de plantones y manifestaciones de activistas, particularmente en Guadalajara y Cancún, con malos tratos y abuso de la fuerza pública.

Es de hacer notar nuevamente el discurso como elemento importante para desacreditar a grupos o sectores que se movilizan para exigir derechos, como se observa en el caso de los activistas desalojados y detenidos en Cancún, a quienes el subsecretario de Seguridad Pública descalificó, llamándolos “desestabilizadores”, sólo por exigir la liberación de una activista.

    Privación ilegal de la libertad contra activista de la Coordinadora 28 de Mayo. Guadalajara, Jal. , 31 de enero. Patricia Barragán Reyes, integrante de la Coordinadora 28 de Mayo, fue privada de su libertad por sujetos no identificados y sin orden de aprehensión. Fue subida por la fuerza a un automóvil particular donde le hicieron preguntas sobre su amistad con el profesor Eduardo Carvajal, uno de los presos a raíz de los actos represivos del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara que recientemente había sido liberado y quien promovió una demanda por las violaciones a sus derechos humanos a raíz de los hechos. La agresión contra Patricia incluyó amenazas de violación; la pasearon durante más de tres horas. Le mandaban decir al profesor que "ya le pare, que esto es el principio"

    Amenazas, hostigamiento contra defensora de derechos de las mujeres por ex agente judicial, existe omisión de autoridades. Cancún, Q. Roo, 5 de febrero. Lydia Cacho Ribero, presidenta del CIAM en Cancún, fue victima de amenazas y hostigamiento por parte José Ramón Hernández, ex agente del Cuerpo Especial Antisecuestros de Torreón, Coahuila, amenazó primero al personal del CIAM en Saltillo, Monterrey y San Luis Potosí, por brindar atención a su esposa e hijos. Luego de estas amenazas, la esposa fue trasladada al refugio de CIAM en Cancún, y desde entonces Lydia ha sido amenazada. Al solicitar protección del delegado de la PGJE, éste le pidió que no se metiera con José Ramón por estar "protegido por sus jefes". El CIAM ha venido sufriendo de amenazas desde 2003, cuando se solidarizó con las denuncias en contra del empresario Jean Succar Kuri, acusado de abuso sexual y prostitución infantil.

    Hostigamiento contra integrantes de El Barzón. Zacatecas, Zac., 05 de abril. Integrantes de El Barzón nacional y la ex diputada perredista Edith Ortega González fueron amedrentados en pleno centro histórico por cuatro sujetos, aparentemente armados con pistolas tipo escuadra, que viajaban a bordo de dos camionetas, después de una reunión "ríspida y acalorada" con Carlos Pinto Núñez, procurador de Justicia, y con Tomás Torres Mercado, secretario general de Gobierno, en la que no se logró acuerdo respecto a la designación de un fiscal especial para esclarecer la muerte de Manuel Ortega González, ex líder nacional de El Barzón. Después de la reunión, fueron agredidos por sujetos en una camioneta Suburban, conducida en sentido contrario y con exceso de velocidad por esa vialidad, la cual se les fue encima y frenó con brusquedad antes de impactarlos.

    Intimidación contra activistas del FZLN. Huixquilucan, EdoMex., mayo. Integrantes del FZLN denunciaron que han recibido amenazas por parte del gobierno de Arturo Montiel, con el pretexto de estar investigando una supuesta denuncia presentada por una habitante de Huixquilucan, que se "siente preocupada por las actividades zapatistas", y las autoridades les anuncian que espían y registran cada una de las actividades legales y legítimas que realiza el FZLN en la zona.

    Asesinato de activista defensor de derechos sexuales. Desprotección de la CEDH y de autoridades. Querétaro, Qro. 22 de junio. El psicólogo clínico y destacado activista por los derechos sexuales Octavio Acuña Rubio fue asesinado en las instalaciones de la tienda de condones, De Colores. El profesionista, de 28 años, fue hallado, desangrado en el suelo, por un grupo de estudiantes que entraron al local para pedir información sobre enfermedades de transmisión sexual, pues el establecimiento además fungía como espacio de información sobre temas de sexualidad. Las autoridades informaron que Acuña Rubio recibió seis puñaladas, cuatro asestadas en sus órganos vitales. Asimismo descartaron de forma extraoficial que el móvil haya sido el robo, pues los agresores no se llevaron ninguna pertenencia. Octavio y su pareja habían interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por discriminación y homofobia proveniente de policías locales, a la cual nunca se le dio seguimiento. El activista reprochó a la CEDHQ la falta de apoyo a las minorías sexuales, luego de que el organismo se negara a emitir una recomendación hacia la guardia municipal por discriminación, con el argumento de supuestas irregularidades en la entrega de pruebas por los quejosos.

    Robo, incendio de local de organización. Guadalajara, Jal. 10 de julio. Las instalaciones del Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente (CAMPO, AC) fueron incendiadas y además les fue robado el equipo de cómputo y comunicación, que contenía información de más de 15 años de trabajo.

    Asesinato de lideresa social y su hija por desconocidos. Playa Vicente, Ver., 08 de agosto. Edith Sosa Soler, ex dirigente local de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), quien recientemente encabezó a 26 comunidades indígenas que exigieron separarse del municipio de Santiago Sochiapan -creado hace menos de dos años-, fue asesinada a balazos junto con su hija Claudia Edith Ortiz Sosa. El gobernador Fidel Herrera Beltrán dijo en entrevista telefónica que el doble crimen se perpetró en el ayuntamiento de Playa Vicente, "donde sicarios se introdujeron en la casa de Edith, quemándola a ella y a su hija, quien era oficial mayor del Registro Civil" del municipio. El mandatario afirmó que estos asesinatos no fueron producto "de un acto de violencia agraria, sino de un atentado contra una líder social". Edith Sosa Soler fue una de las principales opositoras a que la congregación de Santiago Sochiapan se separara de Playa Vicente, y al erigirse esa comunidad en municipio libre encabezó a 26 comunidades indígenas que se negaron a estar bajo la jurisdicción de la nueva demarcación. La lideresa argumentó que no se cumplieron los requisitos de ley para crear el nuevo municipio, y que el Congreso local no consultó a todas las comunidades indígenas para conocer si querían o no separarse de Playa Vicente. Incluso, Sosa Soler promovió -sin éxito- un amparo contra el decreto por el cual el Congreso de Veracruz declaró municipio libre a Santiago Sochiapan.

    Detención, tratos inhumanos, tortura y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que exigían la liberación de defensora. Cancún, Quintana Roo, 21 de agosto. Tras la represión por parte de policías de Cancún contra activistas que exigían la liberación de Leydi Campos Vera, asesora legal de la casa hogar La Casita, que había señalado al gobernador Félix González Canto junto con otros importantes funcionarios del gobierno estatal, de estar involucrados en el delito de pederastia: algunos detenidos denunciaron haber recibido tratos inhumanos y tortura sicológica de las autoridades de seguridad municipales. El gobierno local consignó a 20 manifestantes de la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales (ALAS) ante el ministerio público del fuero común, por delitos políticos como motín y ataque a las vías generales de comunicación. Otras 565 personas fueron remitidas ante un juez calificador. Ante las quejas de los detenidos, el director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del gobierno municipal, Adrián Samos Medina, reconoció que algunos elementos de esa corporación se excedieron en el uso de la fuerza contra los manifestantes. Decenas de mujeres capturadas denunciaron ante este diario que fueron tratadas "como animales", que las hicieron dormir apiladas, en cuartos pequeños y sin ventilación. "Cada vez que pedíamos ir al baño o que nos mejoraran las condiciones de encierro, nos cerraban las ventanas y apagaban los ventiladores", comentó una de las aprehendidas, que prefirió no dar a conocer su nombre por temor a represalias. “el gobierno estatal no es ni será rehén de ningún grupo que pretenda desestabilizar a la sociedad y a las autoridades locales". [son] "gente con afanes protagonísticos", “los aprehendidos ya están plenamente identificados como "porros" que han participado en diversos enfrentamientos con policías de distintos estados” Salvador Rocha Vargas, subsecretario de Seguridad Pública

    Periodistas y activista opositor a la Minera San Xavier es agredido por policías. San Luis Potosí., 30 de septiembre. Martín Faz, activista del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y periodista de San Luis Potosí, fue agredido por los cuerpos de seguridad del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Marcelo De los Santos. Al término del Informe del gobernador, un grupo de integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO) se manifestaba en contra del apoyo que éste ha ofrecido a la trasnacional Minera San Xavier para iniciar sus operaciones, lo que pone en riesgo el patrimonio cultural de Cerro de San Pedro y el medio ambiente del Valle de San Luis. Luego que el gobernador había dejado el lugar, cuerpos policíacos vestidos de civil arremetieron en contra de algunos de los manifestantes, razón por la cual Martín Faz empezó a videograbar lo sucedido, ante lo cual los policías se concentraron alrededor de Martín, lo arrastraron y golpearon hasta quitarle la cámara. Es importante señalar que además de la participación de Martín Faz en la oposición a la Minera San Xavier está el hecho de que el mismo y su asistente, Pedro Manuel García, han denunciado públicamente al actual gobierno por hechos como gastos irregulares y excesivos en el certamen de Nuestra Belleza, la compra sin licitación de vehículos, el gasto irregular en el equipo de fútbol profesional club San Luis y varios más.

    Espionaje telefónico contra obispo y coordinadora de Alianza Cívica, en contexto electoral. Saltillo, Coahuila, octubre. Antes de los comicios estatales del 25 de septiembre para elegir gobernador, alcaldes y representantes en el congreso de Coahuila, alguien grabó una conversación telefónica que el obispo Raúl Vera sostuvo desde su teléfono celular con Nelly Herrera, coordinadora de Alianza Cívica. La plática fue difundida anónimamente mediante un CD con fotografías de ambos, a un periódico y un canal de televisión, locales y a don Raúl Vera. El 25 de octubre el obispo denunció los hechos ante Luis Alberto Sánchez, agente del Ministerio Público Federal, por los delitos señalados en los artículos 177, 210, 211 y 211 bis del Código Penal, referentes a la violación de correspondencia y revelación de secretos. Esta demanda hasta este momento no ha sido atendida con diligencia y eficiencia.

Los siguientes once casos en los distintos estados, denuncian la respuesta que el Estado da, a través de la fuerza pública, a los diversos sectores sociales movilizados por las afectaciones y en defensa de sus derechos propios y de sus comunidades, principalmente derechos sociales, económicos y ambientales, que se inscriben en un contexto económico del país muy difícil para la mayoría de la población.

La criminalización contra campesinos y agricultores opositores a las altas tarifas eléctricas, sobre todo ante el incumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, con un panorama de abandono total al agro mexicano develan la respuesta autoritaria de las autoridades locales y federales. Lo mismo sucede con la criminalización de las dos defensoras ambientalistas. Por otra parte, observamos los mismos rasgos de autoritarismo cuando las autoridades de Hidalgo levantan la fuerza represiva contra estudiantes movilizados para continuar con su educación. La Normal Rural de El Mexe está destinada a campesinos y estudiantes rurales, cuyo nivel de ingreso es mínimo. Ante la situación de pobreza, el Estado responde con agresiones hacia los estudiantes. Encontramos la agresión contra ecologistas defendiendo un parque de su comunidad es la respuesta que el ayuntamiento de Cholula da ante la exigencia de mantener uno de los espacios verdes y públicos. Por último, encontramos tres casos donde vecinos y colonos reciben la respuesta represiva al exigir sus derechos, dos casos en el Estado de México y uno más en Jalisco.

El empobrecimiento y la inequidad económica producen para las personas y colectivos que aspiran a un nivel de vida digno para sí y sus familias, vinculado con el derecho al trabajo, a la educación y a un medio ambiente sano. Observamos cómo estas reivindicaciones y movilizaciones por la búsqueda y defensa de derechos están relacionadas en su mayoría con servicios fundamentales para garantizar derechos.

    Reactivación de indagatorias contra campesinos dirigentes opositores a las altas tarifas eléctricas por parte de la PGR. Incumplimiento del ANC. Ciudad Juárez, Chihuahua, marzo. La delegación de la PGR reactivó indagatorias penales contra 18 dirigentes campesinos del noroeste de Chihuahua, quienes fueron acusados por diversos delitos derivados de las movilizaciones efectuadas desde 2001 contra las altas tarifas que cobra la CFE. El ministerio público federal envió citatorios a agricultores de 13 municipios. Entre los lideres citados se encuentran Armando Villarreal Marta, dirigente de la OAN (detenido durante 18 meses), Jorge Lozano, líder nacional de productores de chile; Dolores Simental, Carlos Humberto Durán, Manuel Márquez Campos, José Dolores Duarte, Manuel Monárrez y Carlos Chávez Quevedo. Quince días atrás, la CFE realizó cortes, lo que dejó sin luz a viviendas y sin bombeo a pozos de poblados enteros, lo que motivó a reactivar las movilizaciones para que reconectaran el servicio. El abogado de los campesinos, Sergio Conde Varela, denunció que estas acciones son represalias ya que los agricultores reiniciaron sus protestas ante la negativa de la CFE de negociar con ellos las tarifas y adeudos, lo que viola el acuerdo que aceptó la Segob en 2004 cuando aceptó negociar en la mesa 14 del diálogo para el Acuerdo Nacional para el Campo, se comprometió a gestionar el resto de las demandas que habían presentado autoridades federales en 2001 y 2002, cuando luchaban para que se aprobara la Ley de Energía.

    Detención arbitraria contra luchador social contra altas tarifas eléctricas. Meyacapan, Ver. 16 de junio. Demetrio Bautista Martínez, luchador social del movimiento de Resistencia Civil en Contra de los Altos Cobros de la CFE, fue detenido por agentes no identificados (dijeron ser de la AFI) y sin orden de aprehensión, acusado por el delito de ataques a las vías federales de comunicación y daños en propiedad ajena. Salió en libertad 4 días después por falta de pruebas y con fianza por el delito de ataques a las vías generales de comunicación. No obstante, el ministerio público federal apeló la decisión.

    Detención y difamación contra defensora ecologista. Cancún, Q. Roo, abril. Como resultado de que grupos ambientalistas denunciaron anomalías en la importación de 28 delfines y muerte de 2 de ellos por parte de Bernardo Zambrano, del grupo Propac Cancún, propietario y operador del Parque Nizuc, vinculado con el emporio Cemex, la presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, Araceli Domínguez Rodríguez fue detenida, acusada por difamación en perjuicio del empresario Zambrano

    Detención arbitraria de defensora ecologista. Cholula, Puebla, 30 de octubre. Margarita Tlapa fue detenida sin orden de arresto. Es maestra en ciencias ambientales, principal del barrio de Santiago Mixquitla, y por una petición "que venía de arriba" fue retenida por policías armados. Margarita está a cargo del jardín botánico de plantas prehispánicas que benefactores de Cholula y Pro Cholula, AC siembran en el volcán Tzapoteca. Ella sola ha sembrado más de mil árboles nativos del altiplano en su jardín botánico. Promovió la siembra de 1,500 cedros blancos en el volcán, que fueron quemados sin que las autoridades fincaran responsabilidades. Margarita es miembro de Pro Cholula AC y ha pedido públicamente la defensa de la reserva ecológica del volcán. Para crear el jardín botánico -es propiedad privada- ella sustituyó cuatro eucaliptos dañados por un centenar de árboles diversos y compatibles con el suelo volcánico. Sacó foto de los troncos dañados y procedió a reciclar la madera para crear un invernadero de cactos. Mientras, los gobiernos del estado de Puebla y el municipal acaban de talar indiscriminadamente mil 95 eucaliptos antiguos en la carretera federal Huejotzingo-Cholula. Por eso Margarita y Pro Cholula protestaron públicamente. El gobierno argumentó que los eucaliptos eran de nula utilidad ecológica porque además eran "viejos"; (los árboles maduros tienen utilidad ecológica). Vengándose de la defensa y denuncia pública, mandaron arrestar a Margarita a su domicilio por talar cuatro eucaliptos plagados en su jardín botánico.

    Desalojo violento, detención y lesiones a ambientalistas en contra de daños a Parque Público por concesión a empresa, a manos de la policía. Puerto Vallarta, Jal., 10 de marzo. Alrededor de 100 ambientalistas del Grupo Ecológico Puerto Vallarta fueron desalojados del parque Hidalgo en el que se mantenían en plantón desde diciembre de 2004, protestando en repudio a un estacionamiento subterráneo que se concesionaria 30 años a la empresa Discovery PV. Fueron desalojados por elementos antimotines y decenas de policías vestidos de civil que se mezclaron entre los manifestantes, quienes abrieron paso a la maquinaria pesada. En respuesta, los ambientalistas se acostaron sobre la calle principal del malecón; 350 agentes de seguridad pública y tránsito, apoyados por personal de reglamentos y Servicios Públicos Municipales llevaron a cabo el operativo, que dejó 6 detenidos, 3 lesionados leves y uno que debió ser hospitalizado. Después del desalojo, los policías entraron al parque con motosierras y derribaron más de 100 árboles y plantas de ornato, casetas telefónicas, puestos semi-fijos, postes de energía eléctrica y un monumento. El alcalde priísta Gustavo González imputó a los detenidos haber lesionado a policías. La administración local sostuvo que los manifestantes "se mostraron violentos".

    Retención de policías a estudiantes en solidaridad con movimiento estudiantil de la Normal Rural de El Mexe. Ocelotla, Hgo. , 22 de enero. 54 alumnos de la Universidad de Chapingo, quienes viajaban en autobuses para apoyar a alumnos de la Normal Rural del Mexe que demandaban la reapertura del internado, fueron retenidos por elementos de la policía estatal quienes les indicaron que "tenían prohibida la entrada al estado" y los escoltaron de regreso hasta la carretera federal. Al regresar los alumnos a pie, once patrullas de la policía estatal golpearon y obligaron a los alumnos a subir a las patrullas, los despojaron de sus pertenencias y los dejaron a 500 m del poblado llamado San Cristóbal, en un paraje desierto. La solidaridad de los estudiantes de Chapingo se debe al hostigamiento contra estudiantes del Mexe que exigen la reapertura del internado.

    Enfrentamiento entre movimiento estudiantil y policías. Actopan, Hgo. 14 de febrero. Estudiantes de la Normal Rural del Mexe que han estado en movilización por la demanda de reapertura del internado, se enfrentaron con granaderos que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. El saldo de la violencia fue de a menos 30 heridos, incluyendo 4 elementos de la seguridad pública. Seis estudiantes fueron detenidos a consecuencia del enfrentamiento, mientras los estudiantes realizaban un bloqueo en la carretera de Caxuxi, a 60 km de Pachuca, para apoyar la huelga de hambre que mantenían 8 de sus compañeros. El internado fue cerrado hace más de un año, el argumento de las autoridades es que fue debido a irregularidades en la administración de autogobierno que realizaban los normalistas. El subdelegado de Cuxaxi, Demetrio García, dijo que los uniformados (Fuerza de Tarea) se excedieron en su ataque contra los estudiantes e incluso se introdujeron a las casas e instalaciones de la secundaria donde se encontraban niños y jóvenes.

    Detención y golpes contra movimiento estudiantil por parte de policías. Pachuca, Hgo., 16 de marzo. Estudiantes de la Normal Rural de El Mexe y de Caña Honda, Aguascalientes, fueron detenidos y golpeados por agentes del grupo Fuerza de Tarea sobre la carretera Pachuca, Actopan, cuando se dirigían, en una procesión pacífica, a la capital de la entidad. Otro grupo fue interceptado cuando pretendía ingresar al Palacio de gobierno y al congreso local. Su intención era reiterar las demandas de liberación de 6 alumnos encarcelados en el penal del estado y que las autoridades educativas les dieran audiencia resolutiva para negociar la apertura del internado, suspendido en diciembre de 2003. […] los estudiantes pretendían llegar a la sede del Poder Legislativo y trataban de "romper la paz social" a 24 hrs. de que el gobernador, Manuel Angel Nuñez Soto, rindiera su último informe de gobierno. Erick Cruz Becerra, subsecretario de gobierno.

    Consignación de vecinos que luchan por la defensa del medio ambiente. Coacalco, EdoMex., 28 de marzo. José Antonio Ponce Lara, Carlos Gómez, José Rafael Alvarado Gónzalez, Jaime Díaz Campos, Guillermina Maura y Maria De Los Angeles ambas de apellido Fragoso Medina, todos vecinos de la Comunidad de Calpulli del Valle del Municipio de Coacalco de Berriozabal, Estado de México, quienes después de una larga serie de sucesos finalmente han sido consignados ante autoridades jurisdiccionales del Estado de México como consecuencia de las actividades que han venido realizando en favor del medio ambiente y de su comunidad

    Enfrentamiento entre vecinos y policía por servicios e incumplimiento de acuerdos con empresa y municipio. Chalco, EdoMex., 13 de abril. Pobladores de La Candelera Tlapala se enfrentaron a golpes con elementos policíacos cuando aquellos intentaban parar las obras de drenaje que llevan a cabo en el ejido Llano de Guadalupe la empresa Sadasi. El Grupo Fuerza de Acción y Reacción resguardaba las inmediaciones de los lugares por donde pretende pasar la tubería que conectaría al fraccionamiento de los álamos con el drenaje del Río de la Compañía. Esto violentó el acuerdo que los pobladores habían firmado con el representante legal de la empresa Sadasi, de que los trabajos serían suspendidos mientras no hubiera un acuerdo de la empresa con los campesinos. El enfrentamiento se dio con palos, piedras, gases por parte de la policía, y palos y piedras de los vecinos. Siete campesinos del poblado de Tlapala resultaron lesionados. Anteriormente se registraron dos enfrentamientos, el primero de ellos sucedido el 14 de abril entre los comuneros y pobladores de Tlapala y Cuazingo contra 300 presuntos miembros de la CROC quines traían palos, piedras y martillos. En el segundo acto sucedido a finales de marzo intervino la policía con un número mayor de elementos para resguardar la introducción del drenaje y replegó a los ejidatarios y pobladores opositores con toletes y gases lacrimógenos.

    Desalojo de plantón a colonos que exigen pago por afectación a su fuente de trabajo ocasionada por servicios públicos. Guadalajara, Jal., 13 de noviembre. Al menos 30 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Jalisco y 10 elementos de la Dirección de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento de Guadalajara desalojaron el plantón de vecinos de la colonia La Huizachera, del municipio conurbado de El Salto. Los pobladores exigen indemnización global de 9 millones de pesos por los daños que sufrieron en julio 2004, cuando se desbordaron las aguas negras del canal a cielo abierto que cruzan su comunidad, y ocasionaron pérdidas a 236 productores de ladrillo. Los elementos policiacos se llevaron además una televisión, una bicicleta, cobijas y una cafetera para uso personal, pero sobre todo cajas con documentos que esa misma noche les habían encargado los integrantes de las redes ciudadanas que desde hace tres semanas mantenían una mesa de información diurna sobre el proyecto alternativo de nación que promueve Andrés Manuel López Obrador, precandidato perredista a la Presidencia de la República. Los vecinos de La Huizachera también fueron despojados de una caja con documentos que no pudieron llevarse los altermundistas que este sábado retiraron su campamento y se las habían dejado encargada.

Conclusiones

En estos acontecimientos registrados, las infracciones contra defensores, defensoras, activistas, grupos sociales o colectivos organizados para la defensa de sus derechos, combinaron agresiones directas hacia la persona de las y los defensores, como con transgresiones que obstaculizaron su labor.

En el primer rubro, hablamos de agresiones como homicidios, atentados, hostigamientos y amenazas, criminalización de la defensa de derechos a través del levantamiento o reactivación de órdenes de aprehensión; las detenciones con tintes políticos; los atentados contra la integridad física; los desalojos violentos; el espionaje telefónico, las agresiones contra locales y el robo de recursos materiales para la realización de la labor de defensa.

En el segundo rubro, hablamos de obstáculos que cada vez más se van haciendo sofisticados, tales como la utilización del discurso mediante la difamación directa que aparece como un simple “desmentido público”, o como simple declaración pública de los funcionarios y servidores públicos en una absurda política “preventiva” que identifica a los activistas y defensores con “agitadores, desestabilizadores, terroristas o traficantes de droga”; o bien la imposición discrecional de supuestas condiciones para permitirles el ejercicio de su labor, y hasta intención de colocar en cargos importantes de responsabilidad sobre la protección de derechos humanos a personas inadecuadas para el desempeño de esa responsabilidad.

Resalta la claridad con la que aparecen nuevos indicios de la sofisticación de estos obstáculos, al registrar eventos donde la tecnología permite a entes como los “crackers” entorpecer la labor de defensores; o bien, aparece en escena el robo cibernético, aprovechando la desprotección de ciudadanos y ciudadanas frente al marco que protege a los bancos; asimismo, es lamentablemente notable los casos registrados donde diversas entidades del Estado mexicano desacataron las medidas de protección que la Comisión Interamericana dictó en defensa de los defensores de derechos humanos.

Los agresores directos, en 24 de los casos, se ocultan en el anonimato. Las autoridades de seguridad pública, a nivel estatal y a nivel federal, y de procuración de justicia, siguen ocupando un papel activo también en estos embates, de forma particular cuando hay detenciones, desalojos, bloqueos, hostigamiento, e incluso se han visto señalados en robo. Una actuación inconveniente y dañina para el sistema no jurisdiccional, son los eventos que involucran tanto a la CNDH y a la Comisión Estatal de Oaxaca, y las comisiones públicas que secundaron la intención de establecer un registro para certificar a ONG. Asimismo, gobiernos estatales como el de Guerrero, Oaxaca y el propio gobierno federal confrontan discrecionalmente la labor de los defensores y al propio sistema de protección regional, debilitando y agraviando así, el trabajo de defensores y defensoras.

Las defensoras y los defensores de los derechos humanos, pertenezcan a ONG generales, sectoriales, o sean periodistas críticos, campesinos ecologistas, ambientalistas, activistas, estudiantes, abogados defensores, dirigentes y luchadores sociales, indígenas, campesinos, etcétera, en la mayoría de los casos en donde han sido violentados, han tenido un contexto de lucha por la defensa de derechos fundamentales en situaciones donde el empobrecimiento, la inequidad social y económica.

La falta de conocimiento que las autoridades en los distintos niveles de gobierno, y en los tres poderes, tienen sobre la importante labor de las y los defensores de derechos humanos, aunado a los rasgos autoritarios que se mantienen vigentes en las mismas autoridades, son factores determinantes para que en nuestro país el ejercicio del derecho a defender derechos sea violentado de distintas maneras.

Es de vital importancia que las autoridades mexicanas competentes frenen la impunidad en las agresiones cometidas contra los y las defensoras de derechos humanos; que los funcionarios y servidores públicos de todos los niveles y poderes se capaciten para que sepan reconocer y facilitar el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos, y que se fortalezca la coordinación intersecretarial; que la Declaración de defensores sea difundida y utilizada ampliamente; que haya mayor participación ciudadana en la defensa de derechos y en el reconocimiento de la labor de quienes se dedican a defenderlos.

De acuerdo con el informe elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), sobre la aplicación de la Declaración de defensores por parte del Estado mexicano, el cual fue presentado a la representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Hina Jilani en septiembre pasado, los aspectos en los que el Estado mexicano debe fortalecer la función y la situación de los defensores de derechos humanos y la forma de lograrlo son los siguientes:

    1.- Creación de un clima favorable para la defensa de los derechos humanos mediante:

      1.1.- Campañas en medios de comunicación sobre la importancia de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos.

      1.2.- Democratización de los medios de comunicación, principalmente los electrónicos.

    2.-Mejorar el marco jurídico.

      2.1.- Creación de un marco jurídico interno que recoja los principios de la Declaración de Defensores.

      2.2.- Creación de una instancia expresamente encargada de implementar las medidas necesarias de protección a las defensoras y defensores en caso de cualquier tipo de agresión u hostigamiento.

      2.3.- Esta instancia deberá contar con facultades amplias para implementar estas medidas, incluido un presupuesto suficiente.

    3.- Investigación y sanción de los responsables de hostigamiento, agresiones, amenazas y homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos.

    4.- Establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas.

    5.- Reformar el Sistema Público de Protección de Derechos Humanos, para que sea un sistema independiente de las autoridades y partidos políticos.

    6.- Formación y capacitación para jueces sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos y su obligatoriedad en la aplicación.

    7.- Fortalecimiento de las organizaciones y defensoras y defensores de derechos humanos, mediante la capacitación, acceso adecuado a recursos públicos y reconocimiento como interlocutores en la materia.

No ha sido implementada la recomendación de alcance general número 7 del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, promovido por la OACNUDH, dado que no existe ni la definición ni la aplicación de un programa de acción integral que comprenda la protección a la función de los defensores de los derechos humanos y menos aún el reconocimiento de nuestra labor.

En el Centro Prodh sostenemos y ratificamos lo que las organizaciones civiles de derechos humanos que integramos la Red TDT, hemos demandado y propuesto al gobierno mexicano y a las instituciones involucradas en la protección y defensa del derecho a defender los derechos humanos.

Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez”, AC
Ciudad de México, diciembre de 2005
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