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03ago15
La fiscalía para protección de periodistas es totalmente ineficaz a pesar de contar con presupuesto millonario
Pese al presupuesto millonario asignado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR), este año sólo destaca tres "acciones relevantes" a nivel nacional, una para Veracruz, la cual no responde a las demandas en la gestión de Javier Duarte a los ataques perpetrados contra la prensa.
Si bien los presupuestos totales asignados a la Fiscalía en los últimos cinco años son: 695 mil 419 pesos (2010), 636 mil 740 pesos (2011), 3 millones de pesos (2012), 38 millones 84 mil 788 pesos (2013), 39 millones 13 mil 777 (2014), 28 millones 891 mil 583 pesos (2015), además de lo contemplado para comisiones ministeriales, las acciones de dicha instancia dejan que desear.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) ha advertido del fuerte déficit que tiene el Estado mexicano en ofrecer resultados en las investigaciones de las agresiones sufridas por periodistas, esto se refleja, para empezar, en que a la Feadle se le redujo 25.94 por ciento de recursos para este año.
Previamente, el IMDHD acusó que "el destino de los recursos para 2015 permite decir que los derechos humanos no son una prioridad para la política gubernamental. Sí lo es la seguridad, pero no bajo una perspectiva de seguridad ciudadana, donde las personas y sus derechos son el centro y el parámetro, sino bajo el viejo enfoque de seguridad pública donde el Estado -es decir la clase política y sus intereses- es lo que se debe proteger".
De este modo sólo son tres las "acciones relevantes" de la Feadle presume en su página al octavo mes de 2015, una de ellas en Veracruz.
La Fiscalía expone que el 29 de abril de 2015 se consignó la indagatoria 22/FEADLE/2015 por los delitos de portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, armada o fuerza aérea, relacionado con los hechos de privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del reportero del semanario La Unión de Medellín.
Indica que dicho expediente le tocó conocer al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Mixta en el estado de Veracruz, pendiente en librar orden de aprehensión.
Asimismo, en 2014 la PGR enlistó 12 acciones, de las cuales la décima corresponde a Veracruz: el 29 de noviembre de 2014, dentro de la averiguación previa 056/FEADLE/2014, se ejerció acción penal en contra de dos policías municipales de Tancoco, como probables responsables del delito de abuso de autoridad agravado, cometido en contra de un periodista del diario Presente, de la ciudad de Poza Rica, cuando éste se encontraba voceando y vendiendo dicho medio de comunicación.
Esta consignación fue manejada por el Juzgado Octavo de Distrito en el estado, con residencia en Tuxpan, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en la causa penal 84/2014, determinando el 16 de diciembre de 2014, librar la orden de aprehensión solicitada.
Sobre esta aclara que fue "información que se obtuvo de manera particular y sólo en el caso de interés, derivado del seguimiento que fue realizado al caso en concreto por la Subdirección de Averiguaciones Previas perteneciente a esta Unidad Administrativa; lo anterior, en razón a no contar con un área especializada de registro, control y seguimiento a proceso".
En ambos años refiere que "con estas acciones la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, ratifica su compromiso de hacer valer el Estado de Derecho y dará puntual seguimiento a las investigaciones de los delitos cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta".
Sin embargo, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, (Cepad); Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA); Centro de Análisis e Investigación (Fundar); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", (RED TDT) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) han denunciado y documentado la ineficacia del Estado Mexicano y los mecanismos locales para brindar justicia sin que se ejerzan nuevas medidas.
Estas organizaciones, agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en México, señalan en el informe "Derechos Humanos y Protesta Social en México" que la criminalización de las manifestaciones va de la mano con el abuso y la violencia ejercida contra los medios de comunicación. "La finalidad de los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas que cubren las protestas radica en la reprobación que los cuerpos de seguridad tienen hacia quienes documentan los actos de violaciones a derechos humanos, pues generan materiales en su mayoría audiovisuales que posteriormente son usados para presentar quejas o denuncias por violaciones a derechos humanos", señalan.
Su reporte advierte de la brutalidad policiaca en el desalojo de la plaza Lerdo de Tejada, acontecimiento que el fotoperiodista Rubén Espinosa (quien fue identificado sin vida el día de antier en la colonia Narvarte de la Ciudad de México) se encontraba cubriendo y por la cual presentó una denuncia contra la administración de Javier Duarte.
Estos aciagos antecedentes de agresión policiaca, y las amenazas que lo condujeron al autoexilio, fueron la antesala de su homicidio, y aun cuando el día de ayer la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmó que las víctimas estaban marcadas por "una herida en la cabeza por disparo de arma de fuego", es decir que presentaban el tiro de gracia, la PGR informó que la Feadle no atraerá el caso, únicamente abrió un acta circunstanciada y dará seguimiento hasta que, de ser necesario, la autoridad local dé parte.
Según el informe estadístico, al 30 de junio de 2015 la Feadle registró nueve averiguaciones previas en Veracruz, colocándolo en el primer puesto a escala nacional; Distrito Federal (DF) le sigue con ocho; y Estado de México en tercer lugar con siete.
Durante 2015 la Feadle no atrajo (con motivo de la entrada en vigor de la reforma a la ley secundaria, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 constitucional) ningún delito de Veracruz cometido contra periodistas relacionado con amenazas, abuso de autoridad, daño en propiedad ajena, homicidio, lesiones, privación ilegal de la libertad, robo, tentativa de hurto o tentativa de homicidio.
En México existen más de 17 leyes generales promulgadas para la protección de los periodistas, apoyadas en tres leyes orgánicas, cuatro códigos, siete reglamentos y 16 convenios internacionales, no obstante los resultados están sobre la mesa: Rubén Espinosa, la última víctima, es la prueba de que la aplicación de los instrumentos que garantizan la seguridad de los comunicadores no funcionan.
Arrebatan libertad con asesinatos
Con cada comunicador asesinado en el país, se transgrede cada vez más la libertad de la propia ciudadanía; Veracruz es el peor lugar de la República para ejercer el periodismo, a los veracruzanos se nos subyuga y esclaviza ante la privación del derecho a estar informado.
El punto 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, "así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada".
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.
El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado".
Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo de los periodistas o comunicadores deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.
Apenas el mes de abril el organismo Freedom House colocó a México en su informe anual entre los países "no libres" de un total de 190 naciones evaluadas, por el contexto de coacción y violencia sistemática contra la prensa.
Con todo, Rubén Espinosa, compañero y amigo de La Jornada Veracruz, ya no está con nosotros y hoy se suma a la lista de sangre e impunidad que prevalece en la entidad, por lo que sociedad y medios de comunicación urgen a las autoridades federales atraer su caso y frenar la ola de atropellos perpetuados ante la indiferencia.
[Fuente: La Jornada de Veracruz, Veracruz, 03ago15]
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