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19ago15
Insistirán en las entrevistas del Grupo de Expertos a los militares de Iguala, informa Vidulfo Rosales
La negativa del gobierno a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entreviste a 26 militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, sobre los crímenes del 26 de septiembre en esa ciudad, parece una demostración de poder y mano dura de que el Ejército no se va a someter a ninguna autoridad civil, consideró el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
El defensor, también representante legal de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, aclaró que van a insistir en las entrevistas por los expertos, "que son fundamentales en la investigación".
Mencionó que la Secretaría de Gobernación les propuso que hicieran las preguntas por escrito para que los militares las respondan ante el Ministerio Público, sin los expertos y sin la posibilidad de hacer las preguntas que pudieran surgir. Los expertos consideraron que en esas condiciones no pueden hacer su labor.
Aclaró que si las autoridades insisten en proteger a los militares, el Estado tendrá que responder a su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos humanos.
Recordó que el Grupo es auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo creado el tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que avaló México, y que tiene el deber ineludible de atender sus disposiciones.
"Negar una petición del GIEI es una mala señal, indica la existencia de otra entidad que se sale del marco legal y que tiene poderes distintos o paralelos al propio Estado", denunció.
En cuanto a la renovación del convenio para que el GIEI amplíe su mandato -el primer periodo concluye el próximo 2 de septiembre-, precisó que depende de las autoridades mexicanas porque ya se hizo la petición.
El mandato del Grupo es brindar asistencia para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde seis civiles (entre ellos tres estudiantes de Ayotzinapa) fueron asesinados y 43 normalistas fueron desaparecidos por policías. También asiste los procedimientos de búsqueda de los normalistas, de atención a las víctimas y en la formulación de políticas de no repetición.
Rosales Sierra aclaró que sólo se ha hablado de la posibilidad de ampliar el periodo del mandato por otro igual de seis meses. No obstante, el primer convenio señala que el mandato del Grupo se puede extender por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Recordó que la CIDH ya expresó disponibilidad para ampliar el periodo del convenio con México, "pero dependerá del Estado mexicano si acepta la ampliación para seguir recibiendo asistencia técnica".
Estimó que ya no discutirían las cláusulas, "sería el mismo mandato y la prórroga por un plazo igual".
Aclaró que en la reunión del secretario de Gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong, con los padres de familia, "no dijo del todo que sí" a la continuidad del trabajo de los expertos, "dijo que por ahí no le miraba inconveniente pero tenía que consultarlo con otros funcionarios".
Adelantó que en el segundo periodo se prevé que los expertos estén menos tiempo en el país, porque ya realizaron la mayor parte de las entrevistas y visitas, falta revisar el avance en las recomendaciones que han hecho a las autoridades.
Será a través de la oficina de Relaciones Exteriores que México solicite la prórroga de las asesorías a la CIDH, para garantizar la continuidad de sus trabajos, agregó.
[Fuente: Por Lourdes Chávez, El Sur de Acapulco, Chilpandingo, 19ago15]
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