11abr04

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Denuncian la ejecución extrajudicial de Manuel Posada Chévez.

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La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, solicita intervención inmediata ante La Ejecución Extrajudicial de Manuel Posada Chevez, integrante del CCU.

Según denuncia recibida del Consejo Ciudadano Unihidalguense, Manuel Posada Chévez, integrante de ese Consejo, tras haber recibido amenazas de muerte previas, fue apuñalado en el corazón y el abdomen a manos de un paramilitar "policía municipal" en funciones alrededor de las 20:00 hrs. Del 10 de abril 2004, cuando desempeñaba su trabajo como transportista de la Orquesta Roy Luis en una fiesta del barrio pescador de Unión Hidalgo, Oaxaca. Este lamentable hecho ocurrió a la vista de otros "policías municipales" quienes después de caído lo patearon. El asesino, ahora prófugo, Víctor Hugo López alias "Víctor Xquiete", mismo que Armando Sánchez Ruíz, presidente desconocido por el pueblo de Unión Hidalgo, contrató como "policía municipal".

El cuerpo inerme de Manuel llegó aún con vida pero no pudo recibir un servicio médico de emergencia cuando aún se encontraba moribundo, el personal de guardia del Centro de Salud no se encontraba en esa temprana hora y ningún médico de la población lo quiso atender argumentando estos que por el estado en que se encontraba debía ya ser hospitalizado en Juchitán.

Sumidos en la desesperación y la impotencia los compañeros del Concejo Ciudadano que se encontraban en el campamento se comunicaban al 066 (emergencias) en donde también les dijeron que "exagerában" y que en Unión Hidalgo lo que existe es un problema político, que no se trataba de ninguna emergencia.

La denuncia destaca que es innegable Manuel Posada ChÉvez era miembro y activista del Concejo Ciudadano y que fue asesinado por un policía en funciones que responde a las órdenes de Armando Sánchez Ruíz, Ricardo Ruíz de la Rosa y Felipe Martínez Matus, éste último autor de las lesiones que en días pasados recibiera el Jacobo Cruz; todos ellos se pasean impunemente por el pueblo resguardados por matones a sueldo.

Se recuerda que a Manuel Posada Chévez, también se le había fabricado el delito de tentativa de homicidio, en la causa penal 143/2003, por la que contaba con orden de aprehensión en su contra al igual que mas de 20 compañeros del CCU y del Concejo de Ancianos.

Este indignante hecho se suma a la interminable ola de violencia que impera en esa comunidad promovida por las autoridades cuestionadas por el pueblo y que sin embargo se jactan en manifestar que cuentan con el "respaldo del gobernador José Murat" tal y cómo se publicó en el periódico "Tiempo del Istmo" el día jueves 8 de abril del 2004.

Responsabilizamos de este hecho al gobierno del estado y a la legislatura por no atender a tiempo nuestras demandas, con este hecho indignante, junto con el asesinato de Pablo Alonso, en noviembre 2003, y con la agresión que sufrió el 7 de abril del 2004, Jacobo Cruz Marin hace apenas unos días, de manera violenta y salvaje a golpes a manos de Felipe Martínez Matus, regidor de obras del cuestionado Ayuntamiento priista y del Sr. Enot quien se desempeña como mecánico al servicio del ayuntamiento.

Como resultado de la agresión, el compañero Jacobo Cruz presenta varias lesiones y contusiones en el rostro, la cabeza y otras partes del cuerpo, además de tumbarle un diente, a pesar de haberse presentado ya la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público en turno en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, no ha habido hasta el momento la más mínima acción de la Procuraduría de Justicia del Estado para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes en esta flagrante violación a la integridad física de nuestro compañero.

Esta agresión se suma a una larga lista de actos violentos propiciados por el grupo de golpeadores y asesinos, paramilitares priistas pagados por Armando Sánchez Ruíz para inhibir la protesta, las acciones organizadas del CCU y CAA e intimidar mediante amenazas de muerte a sus integrantes. En estos días aciagos, se cumplen los quince días hábiles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos fijara como límite al Legislativo del Estado para responder si acepta o no la recomendación 09/2004 que la CEDH emitiera desde el pasado 17 de marzo, reconociendo que el gobierno del Estado de Oaxaca a través del legislativo ha violado el derecho de petición de los ciudadanos zapotecas de Unión Hidalgo, Oaxaca. De la misma manera, por estas fechas se determina si un Juez Federal de Oaxaca admite un juicio de Amparo por la violación del derecho de petición del Concejo Ciudadano Unihidalguense en contra del legislativo del Estado presidido por Juan Ramón Díaz Pimentel.

En medio de una situación de ingobernabilidad palpable en la población, del fuerte cuestionamiento legal y de falta de observancia y cumplimiento en materia de derechos humanos, el ayuntamiento priista pretende mostrar legitimidad a través de la represión y la provocación utilizando a paramilitares en contra de los integrantes y dirigentes del Concejo Ciudadano; para muestra basta un botón, cuando el Concejo Ciudadano y el Concejo de Ancianas y Ancianos organizó las fiestas tradicionales del panteón el Martes Santo el pasado 6 de abril, se presentaron en actitud provocativa los “policías municipales” vestidos de negro mostrándonos amenazantes sus armas pretendiendo intimidarnos, se introdujeron al panteón de donde en menos de diez minutos salieron tras fuertes cuestionamientos a su presencia por parte de los ciudadanos de los diversos negocios y puestos de venta de la fiesta.

La Limeddh, manifiesta su preocupación dada esta situación, ante la total apatía y desinterés del gobierno del estado de Oaxaca, no se descarta en este clima de inseguridad y zozobra un eventual enfrentamiento entre integrantes del Concejo Ciudadano Unihidalguense y la policía paramilitar de Armando Sánchez Ruíz que incluye a varios miembros de su cabildo como el propio Felipe Martínez Matus, Ricardo Ruíz de la Rosa y Severino Alonso Chévez y hace responsable de estas agresiones al gobierno del Estado de Oaxaca, por su deber de hacer y vigilar y preservar el orden y por su responsabilidad en materia de atención a los conflictos sociales y políticos que se viven en Unión Hidalgo, Oaxaca.

Por lo que la Limeddh solicita:

i.- Que se lleve a cabo una investigación pronta y expedita de los hechos referidos, y se proceda a la sanción de los presuntos responsables materiales e intelectuales, así como la presunta responsabilidad de las Autoridades municipales.

ii.- Se contribuya para la reparación de daños a los familiares de Manuel Posada Chévez .

iii.- Se adopten las medidas necesarias para resguardar la vida y la integridad física y psicológica de los familiares y de los integrantes de Concejo Ciudadano Unhidalguense y de la Coordinadora Democrática de Pueblos que han venido solicitando la libertad de los señores Carlos Manzo, Luis MARíN, reconocidos por organismos nacionales e internacionales como presos de conciencia.

iv.- Que el Gobierno del Estado tenga voluntad política para resolver la situación de Unión Hidalgo, se realicen tanto la auditoria como el procedimiento para la determinación de desaparición de poderes y resolución de un conflicto social que daña el tejido social y se va agravando.

Atentamente,

Limeddh
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!

Lic. Yesica Sánchez Maya
Representante de la filial en Oaxaca

María Elena Hernández Márquez
Responsable del área Jurídica

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Presidente de México
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Presidencia
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Srio. De Gobernación de México
Santiago Creel Miranda
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Bucareli 99, 1er piso Colonia Juárez C.P. 06699 México D.F.
santiagocreel@compuserve.com
segob@rtn.net.mx

Pte. De la Comision Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca
Sergio Segreste Rios:
(951) 51-43683, 51-35191, 51-351-97 y 51-39411 (directo)
cedhoax@infosel.net.mx

Lic. José Murat Casaba, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Fax. 01 (951) 51 65 966,51-60677/ fax: 51-63737/ cel: 0449515470377
gobernador@oaxaca.gob.mx

Felipe Sardain
Secretario Particular del gobernador
51-56056/ 51-55726
felipezardain@oaxaca.gob.mx

SGG: Secretaría General de Gobierno
Secretario gral de gobierno
51-62221/ 51-62281
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Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca
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Tel. ( 951) 51-15174, 51-15121, 51-15120, 51-15020; fax 51-15219
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Este documento ha sido publicado el 16abr04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights