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05may06
En Atenco detienen a 217 personas de las cuales 14 se encuentran en hospitales de Toluca.
Autoridades del estado de México reportaron la detención de 217 personas en los operativos realizados en San Salvador Atenco y Texcoco, luego de los enfrentamientos del miércoles. De ellos, 203 se encuentran en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde rindieron su declaración ministerial, y 14 en hospitales de Toluca, en los que reciben atención médica por las lesiones que presentan tras su aprehensión.
Sólo Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el ejidatario Felipe Alvarez Hernández, fueron consignados a un juez, pero no por los hechos violentos, sino por el presunto secuestro de un funcionario del gobierno mexiquense perpetrado el pasado 8 de febrero, según la causa penal 91/2006.
Las autoridades estatales convinieron con la Federación en recluir a Del Valle en el penal de máxima seguridad de La Palma, también localizado en Almoloya de Juárez, lo que ocurrió a las 22:30 de este jueves.
La procuraduría mexiquense reveló la existencia de seis órdenes de aprehensión contra igual número de ejidatarios, entre ellos las hijas de Ignacio del Valle, América y Alejandra, y contra Adán Espinoza, otro de los líderes del movimiento, por el presunto secuestro de Rosendo Rebollar, director de Gobernación de la zona oriente, el pasado 8 de febrero.
Ignacio del Valle y Felipe Alvarez fueron presentados ante la rejilla de prácticas del juzgado primero de lo penal, para rendir declaración preparatoria ante el juez Luis Arias, pero se reservaron su derecho a no rendir testimonio. A ambos les fue impedido hablar con sus abogados y fueron asistidos por defensores de oficio. El próximo domingo se determinará su situación jurídica. Por estar considerado grave el delito de secuestro, ninguno alcanzó el beneficio de la libertad bajo caución.
Por otra parte, en la ciudad de México, la Procuraduría General de la República recibió el desglose de los hechos ocurridos en Atenco, a fin de integrar las averiguaciones previas correspondientes.
La dependencia indicó que se perfilan como delitos federales los de lesiones en agravio de integrantes de la Policía Federal Preventiva y, posiblemente, por ataques a las vías generales de comunicación. También aclaró que el peso de la averiguación lo tiene la Procuraduría de Justicia mexiquense.
Asimismo, en entrevistas radiofónicas, el procurador Daniel Cabeza de Vaca sostuvo que no existe un clima de ingobernabilidad en México, por los incidentes ocurridos en Texcoco, por el conflicto minero en Lázaro Cárdenas, como tampoco por las recientes ejecuciones en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero.
En tanto, la procuraduría mexiquense determinó encarcelar a todos los detenidos, mientras realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, los detenidos fueron llevados al penal de Almoloya de Juárez en camiones de granaderos. Muchos tenían signos de haber sido golpeados e inclusive un joven fue bajado a rastras ante la imposibilidad de mantenerse en pie.
La Dirección de Prevención y Readaptación Social del gobierno mexiquense reconoció que se requirió de al menos media docena de médicos para atender a los detenidos que presentaban lesiones, e incluso se recurrió a sicólogos para apoyar las tareas.
El procurador Abel Villicaña Estrada dijo que en Atenco, el miércoles, fueron detenidas 101 personas, entre ellas Ignacio del Valle, en tanto que en el ingreso de la Policía Federal Preventiva, la mañana del jueves, se aprehendió a por lo menos otras 100, quienes de inmediato fueron trasladadas a Toluca y de ahí a Almoloya para ser ingresadas a Santiaguito.
Las autoridades del penal reportaron el ingreso de 207; no obstante, tras la revisión médica practicada, cuatro de ellos tuvieron que ser trasladados a hospitales de Toluca por la gravedad de sus lesiones. Hasta el cierre de esta edición había en hospitales de la capital mexiquense 14 personas en calidad de detenidas; tres son de origen extranjero: dos alemanes y un español.
Villicaña Estrada adelantó que los delitos que se imputarán a algunos de los ejidatarios de Atenco que azuzaron al resto de la población a enfrentarse con la policía serán obstrucción de las vías de comunicación, lesiones, ultrajes, privación ilegal de la libertad y lo que resulte. Nada informó de la muerte del menor, ni de la investigación que hay para dar con los responsables de este hecho.
Por su parte, el gobernador Enrique Peña Nieto rechazó que su administración tenga responsabilidad en el enfrentamiento. Culpó de nuevo a ''un pequeño grupo de macheteros que bajo cualquier pretexto recurre a la violencia'' y dijo que no se trata de un conflicto con el municipio ni con los pobladores de Atenco, sino con ''un grupo de gente que había transgredido el orden y que invariablemente buscan generar violencia''.
Peña recalcó que su gobierno se mantendrá firme y que, contrariamente a como se hizo en el pasado, ahora no se otorgará el perdón a nadie, porque ''no se negociará con quienes violan la ley''. El gobernador señaló que la policía estatal permanecerá en San Salvador Atenco el tiempo que sea necesario y de acuerdo a las circunstancias que se presenten; no obstante rechazó que se pretenda instaurar un estado de sitio.
-¿No faltó operación política para no llegar al enfrentamiento? -se le preguntó.
-No sé a qué se refiere. Lo que sucedió fue un acto planeado, orquestado para generar problemas.
De su lado, abogados y familiares de los detenidos denunciaron que el encarcelamiento de más de 217 personas en Santiaguito es irregular y va contra la ley, toda vez que no existe consignación por algún delito. Tras un largo peregrinar, los familiares y abogados acusaron al gobierno del estado de abuso de autoridad y advirtieron que recurrirán a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que conozcan de las arbitrariedades cometidas por los cuerpos policiacos.
La mayor parte de las familias tuvieron que recorrer cuatro subprocuradurías para dar con el paradero de sus parientes. Al llegar al penal de Santiaguito, donde fueron recluidos los atenquenses, se impidió a los familiares tener contacto con ellos y a los abogados se les obstaculizó el derecho de asistirlos en sus declaraciones ministeriales.
Una vez que las más de 200 personas ingresaron al penal, pasaron a una certificación médica y luego fueron enviados a las celdas. En grupos de cinco los llamaban para declarar ante las mesas del Ministerio Público que se improvisaron dentro del centro penitenciario. Al menos cuatro abogados solicitaron al director del penal, Irineo Monroy Dávila, permiso para ingresar a auxiliar a sus defendidos en el momento en que rindieran su declaración. El funcionario pretextó diversos motivos para retrasar su entrada y luego de tres horas de insistencia lograron entrar.
A su salida, los abogados comentaron que durante los interrogatorios los detenidos sólo fueron asistidos por abogados de oficio adscritos a los juzgados de Toluca. También se impidió al acceso a organismos de derechos humanos, como el Centro Miguel Agustín Pro, lo que calificaron de violación a los tratados internacionales.
La prensa logró saber de algunos a través de los familiares, abogados y defensores de derechos humanos. En esa lista parcial se encuentran: Christian E. Vázquez, Julio Espinoza Ramos, Alejandro Sánchez de la O, Jonathan Sánchez Jiménez, Roberto Vital Ramírez, Juan Estrada Cruces, Inés Rodolfo Cuéllar, Raúl Romero Macías, Arturo Sánchez Romero, Edgar Morales Reyes, Narciso Arellano Hernández, los hermanos Pedro, Oscar y Emanuel Reyes Flores, Oscar Hernández Pacheco y Patricio Romero Hernández.
También fueron ingresados: Omar Uribe Zavala, Francisco Lozano Cruz, Sara Noemí Lozano García, César del Valle Ramírez, Gabriel Ramos Carrasco, Martín Ramírez Cano, así como los extranjeros Cristina Báez Hernández, de nacionalidad española; María Sóstenes Tórrida y Valentina Palma Novoa, ambas de origen chileno; Samantha Eieenan, alemana, y Mario Alberto Aguirre Domic, presuntamente chileno. Entre las diez personas hospitalizadas están Jorge Salinas Jurado, José Ignacio Abundo, Edgar Santiago Navarro, Arnulfo Pacheco y Luis Daniel Ravelo. También Ken Lauder, de origen alemán, igual que otroa persona que no pudo ser identificado, y Paulino Zavala de San Pablo, de nacionalidad española.
[Fuente: La Jornada, México, 05may06]
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