México, D.F. a 30 de mayo de 1997

Desde el pasado sábado 24 de mayo han venido suscitándose varios enfrentamientos entre el Ejército Federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en distintas poblaciones del Estado de Guerrero . Hemos tenido conocimiento de que, como consecuencia de ello, se ha recrudecido la persecución, detención y tortura contra militantes de organizaciones sociales y de partidos políticos de oposición, vinculándolos al grupo armado.

Los operativos militares realizados hasta el momento en varias poblaciones de los Municipios de Ahuacuotzingo, Olinalá, Tlaquitzingo, Coyuca de Benitez y Atoyac en búsqueda de eperristas, han tomado proporciones gigantescas en las que se pone en grave riesgo a la población civil.

Asimismo se han reportado al menos once casos de tortura física o psicológica a manos de efectivos castrenses. Ejemplo de ello son los testimonios de personas que han sido detenidas por elementos del ejército. Se han conocido también allanamientos, detenciones, cateos ilegales y restricciones a la prensa nacional para ingresar a las poblaciones que han sido cercadas por el Ejército Mexicano en busca del grupo armado.

Por todos los acontecimiento antes señalados es inegable que, hasta este momento, se vive en el Estado de Guerrero un estado de guerra. Del mismo modo y por las mismas causas que en el Municipio de Los Loxicha, Oaxaca, se han vulnerado grave y sistemáticamente las garantías de libertad y seguridad jurídica consagradas en los Arts. 1, 6, 11, 13, 14, 16, 19, 20 21 y 22 de nuestra Constitución.

Por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." manifiesta su repudio a toda actividad que violente los derechos humanos de los mexicanos y exige :

1. Se garantice la seguridad física y psicológica de la población civil que habita en la zona donde realiza operativos el Ejército Federal.

2. Que se respeten los derechos humanos de los detenidos por su presunta vinculación con el EPR, poniéndolos inmediatamente a disposición del Ministerio Público correspondiente, y se realicen las investigaciones pertinentes con total apego a derecho.

3. Que se suspenda inmediatamente la tortura como método de investigación y se proceda conforme a derecho contra quienes hayan incurrido en tan grave delito.

4. De continuar los enfrentamientos en los que se pone en grave riesgo a población civil, demandamos que tanto el Ejército Federal como el Ejército

Popular Revolucionario se apeguen irrestrictamente al derecho internacional humanitario consagrado en los Convenios Internacionales de Ginebra, fimados y ratificados por el gobierno mexicano y vigentes en nuestro país desde 1953

5. Que se permita el libre acceso a la prensa a las poblaciones en que se realizan los operativos militares y se brinden garantías para el adecuado desempeño de su labor periodística.

Atentamente

Marisol López Menéndez
Secretaría Ejecutiva