ÍNDICE

Presentación........................................................................................................	2
Fuentes y Metodología........................................................................................	3
Situación de los Derechos Humanos antes del Presente Informe.......................	4
El Derecho a Defender los Derechos Humanos..................................................	6
Derecho a la Vida................................................................................................	12
Derecho a la Libertad Personal...........................................................................	14
Derecho al Respeto a la Integridad Física y Psicológica.....................................	16
Derechos de los Pueblos Indios..........................................................................	19
Derechos Laborales.............................................................................................	22
Derecho a la Libertad de Opinión, Expresión e Información...............................	25
Derechos Políticos...............................................................................................	27
Derecho a la Seguridad Jurídica..........................................................................	30
Contexto Social....................................................................................................	32
Conclusiones.......................................................................................................	37
Información sobre Derechos Humanos...............................................................

PRESENTACIÓN

El Informe que anualmente elabora el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", acerca de la situación de los Derechos Humanos en México, intenta reunir los elementos más relevantes de la realidad nacional, con el fin de ofrecer a la sociedad, a las organizaciones homólogas, a los investigadores sociales y a las instituciones gubernamentales un instrumento que sirva al conocimiento de la forma y las condiciones en que se realizan u obstaculizan los Derechos Humanos en México.

Al Centro Vitoria y a otras organizaciones semejantes, que luchan por alcanzar la plena vigencia de los derechos y libertades fundamentales, este tipo de análisis global les sirve para confrontar la validez de sus prioridades y la pertinencia de sus estrategias, para reorientar sus métodos y, en no pocas ocasiones, para readecuar los recursos de que disponen.

El documento que hoy entregamos es el resultado de un año de observación continua, rubro por rubro, de varias categorías de derechos fundamentales. De ese análisis se desprende lo acertadas que fueron las previsiones que hicimos 12 meses atrás. Pero eso, lejos de congratularnos, nos deja la sensación amarga de haber advertido, una y otra vez, el empeoramiento de las condiciones políticas, sociales y económicas, y que ello se traduciría de manera directa en un mayor deterioro del respeto hacia los Derechos Humanos, y en un mayor distanciamiento entre quienes tienen el poder para tomar decisiones y quienes sufren las consecuencias de ellas. Pero más importante que esa sensación es la confirmación de la insensibilidad gubernamental frente al dolor de las víctimas de sus deliberadas políticas; la comprobación de que desde diferentes niveles de gobierno se esta trabajando arduamente para acallar las voces que denuncian la violencia institucional; y, desafortunadamente, la verificación de la incapacidad de las organizaciones civiles para forzar modificaciones fundamentales en esa realidad a la que aludimos. Propuestas ciudadanas no faltan, de hecho. Falta que las que toma en cuenta el gobierno sean las de fondo, no las secundarias.

Las paginas siguientes dan cuenta del agravamiento de la situación de los Derechos Humanos en México a lo largo de 1997.

FUENTES Y METODOLOGÍA

Para la elaboración de sus informes anuales acerca de la situación de los Derechos Humanos en México, el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A.C. (CDHFV), utiliza principalmente dos fuentes: la primera es la recopilación de aquellos casos en los que las víctimas o sus familiares llegan directamente a nuestras oficinas a exponer sus quejas; la segunda esta compuesta por todos los casos que conocemos de manera indirecta, gracias a la comunicación con otras organizaciones de Derechos Humanos, gubernamentales o no, y a la información que aparece en periódicos y revistas (fuentes secundarias). En este ultimo caso se toma en cuenta la confiabilidad de la fuente, la posibilidad de comprobación de los hechos descritos y el seguimiento que se les ha podido dar. Considerando lo anterior, podemos afirmar que en el presente documento se encuentran datos que permiten configurar una aproximación válida a la situación que guardan los Derechos Humanos en el país.

Los informes anuales que elabora el CDHFV constituyen sólo una muestra que nos acerca al conocimiento del acontecer mexicano en la materia. No reúne la totalidad de los casos y situaciones de violación a los Derechos Humanos acontecidos en todo México a lo largo del año que se estudia. Sin embargo pensamos que contiene la información suficiente para permitirle al lector contar con una visión global acerca de las tendencias más marcadas en el conjunto de la sociedad nacional.

En relación con la estructura del presente informe debe decirse que valoramos como un elemento de análisis de la mayor importancia el estudio comparativo entre este que entregamos y los anteriores, pues solamente de esa manera es posible conocer si han existido variaciones, positivas o negativas, en relación con el respeto por los Derechos Humanos por parte del Estado, o no.

De ese modo también es posible tener un acercamiento hacia el conocimiento más o menos exacto de la conducta del conjunto de instituciones gubernamentales y sus funcionarios, en relación con la promoción y respeto de la vigencia de los Derechos Humanos, así como de la efectiva incidencia de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Derechos Humanos en el mejoramiento de estos, y de los estímulos y obstáculos que encuentran a lo largo del desarrollo de su actividad. Por medio de los diversos apartados que lo constituyen, el informe busca dar elementos de interpretación de las cifras recopiladas.

Finalmente, en los anexos de cuadros y gráficas se encontrarán condensados los datos que reunimos durante el año, en donde se incluyen los casos y situaciones de violaciones de los Derechos Humanos que pudimos contabilizar a lo largo del periodo que este Informe abarca.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTES DEL PRESENTE INFORME

Al finalizar el Informe anual anterior (1995-1996) señalábamos que existían tres aspectos que destacaban en la sociedad mexicana por su fuerte impacto en la realización de los Derechos Humanos: la inalterable política económica neoliberal que ha profundizado las desigualdades y acicateado la inestabilidad; el paulatino cierre de los espacios para la ciudadanización de la política; y, por último, como elemento consustancial de la estrategia general, la adopción de una serie de reformas a la legislación penal y cambios en las instituciones del aparato de seguridad del Estado, con la finalidad de vigorizar los elementos coercitivos imprescindibles para el despliegue integral del modelo político-económico. De igual manera planteábamos que la reforma electoral representaba un hecho importante en materia política, por cuanto dejaba fuera de toda posibilidad de participación directa a la ciudadanía. Y, por ultimo, poníamos atención al incongruente comportamiento de las organizaciones de la sociedad civil que, por una parte, muestra avances en su capacidad de coordinación y concentración, mientras, por otra, es incapaz de ejercer la presión suficiente como para movilizar a la sociedad entera en pos de sus intereses fundamentales.

Destacábamos que el esquema político-económico ha permitido el repunte de la macroeconomía, y ha colocado a México como el modelo a imitar por los países en vías de desarrollo. Y que los principales dirigentes de los organismos financieros internacionales, al igual que los grandes inversionistas, han demostrado matemáticamente la existencia de un indudable crecimiento sostenido que se aprecia en las tasas de ganancia que comparativamente se obtienen en México. Pero también llamábamos la atención hacia la expansión que muestran los índices de la pobreza, así como su profundidad. Por su parte, el dialogo para la paz en Chiapas, cuyos avances son solo de papel, quedo interrumpido, mientras en la zona norte de aquel estado del sureste se manifestaron con más fuerza algunas de las facetas de la guerra de baja intensidad que se hizo evidente desde la aparición del EZLN, a comienzos de 1994.

En el curso del año también apareció otra guerrilla --que, según dice el gobierno mexicano, esta compuesta por alrededor de unos 70 individuos, sin bases sociales ni legitimidad--, que obligo al Ejecutivo Federal a realizar un impresionante despliegue de tropas que inundaron todos los cerros, carreteras y cielos con soldados y armamentos, y a la que el presidente Zedillo amenazo con usar toda la fuerza de la ley.

En otro orden de cosas, las posibilidades de lograr que los partidos políticos cumplan la función representativa de los intereses de diversos sectores sociales quedaron reducidas a simples espejismos. El pragmatismo político de la oposición le llevo a negociar las nuevas reglas del juego electoral. Así, mientras el PRI acepta delegar la administración de la cuestión publica, a cambio de mantener inalterable el modelo de nación que se construye, la oposición acepta firmar un acuerdo que le impide a la ciudadanía tener una participación política que vaya más allá de la emisión del sufragio.

Finalmente, en relación con el vigoroso movimiento ciudadano, y aun reconociendo los avances logrados, hace un año señalábamos que la sociedad civil desafortunadamente todavía no terminaba de articularse en un sólido e incluyente movimiento que fuese capaz de impedir el proceso de conversión hacia el totalitarismo emprendido desde los sectores dominantes, y que aunque amplios sectores de la sociedad se movilizan y protestan, casi siempre lo hacen frente a hechos consumados. Los ejercicios de integración que realizaron las diferentes redes y convergencias de organizaciones sociales, como la discusión, preparación y presentación de un documento que fue consensado ampliamente y fue entregado a la mesa de dialogo para la reforma electoral, así como la preparación, organización y realización del Congreso Nacional Indígena, eran vistos como positivos dentro de las estrategias aglutinadoras para hacer frente a la estrategia global que se orquesta desde las cimas del poder. Sin embargo, ni uno ni otro esfuerzo se acompañaron con acciones igualmente concertadas que reforzaran las demandas y, al final, se impuso la decisión unilateral del gobierno federal. La sociedad quedo excluida, y el modelo político-económico, perfectamente pertrechado por toda la estructura militar, continuo consolidándose.

EL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS

Aunque tradicionalmente las violaciones a los Derechos Humanos en México han sido cometidas principalmente en contra de líderes políticos y sociales, a lo largo de los últimos dos sexenios ha venido creciendo la cantidad y la calidad de los atentados que han sufrido los defensores de los Derechos Humanos. En el periodo comprendido entre nuestro Informe anterior y el presente, los casos y situaciones de violaciones a Derechos Humanos en los que las víctimas han sido organizaciones humanitarias y sus miembros han crecido de manera alarmante, como se describe en diversos documentos que han publicado organismos internacionales, como Amnistía Internacional, Organización Mundial Contra la Tortura, Human Rigths Watch/Americas, y ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por muchas organizaciones mexicanas.

Esta característica de reciente agudización encuentra su explicación en razones de Estado, dada la profunda polarización social que ha venido ocurriendo en México como consecuencia de la consolidación de un modelo político-económico sumamente excluyente.

Una inusitada actividad diplomática ha sido emprendida por miembros de la Secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano y de su cuerpo consular, con el propósito de impedir que en el extranjero se tengan otras perspectivas del acontecer nacional, que sean divergentes de la versión oficial. Mientras en el interior del país se pervierte el mandato del Ombudsman nacional, convirtiéndolo a todas luces en una institución que no solo se niega a reconocer la gravedad de la situación de los Derechos Humanos, sino que contribuye en el esfuerzo estratégico que busca la descalificación de los informes de las organizaciones humanitarias no gubernamentales, nacionales e internacionales, y distorsiona la versión de los hechos que se hacen de su conocimiento por parte de estas.

La conducta anómala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede ser ilustrada también en el caso de la expulsión de miembros de una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), por parte de autoridades migratorias. En este caso, los dos miembros de la FIDH fueron expulsados pese a contar con medidas cautelares de la CNDH, sin que ésta se pronunciara de ningún modo, aunque las autoridades pasaron olímpicamente por alto su intervención y su dictamen. Además, el testimonio de Benjamin Cuéllar, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) de El Salvador, que fue uno de los expulsados, desmiente sustancialmente lo dicho por la CNDH en ese caso.

El 2 de enero de 1997, el presidente Ernesto Zedillo propuso a la Dra. Mireille Rocatti Velázquez, para el cargo de Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que desde 1994 había empezado a dar muestras de un paulatino deterioro en su capacidad de cumplimiento del mandato que le fue otorgado, para pasar cada vez más a la retórica general y vagamente teórica acerca de algunos temas de su competencia. El nombramiento y ratificación congresional de la Dra. Rocatti coincidió con el inicio de una etapa más activa por parte del gobierno en la línea de desmontar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.

Desde el inicio de su gestión la nueva presidenta de la CNDH dio algunas muestras del escaso interés del organismo que dirige cuando avalo la brutal agresión policiaca de que fue víctima un grupo de trabajadores de limpieza del estado de Tabasco que mantenían una huelga de hambre frente al edificio de la CNDH. En esa oportunidad la Dra. Rocatti se apresuro a declarar que la acción policial había sido realizada con total apego a derecho y por razones estrictamente humanitarias. Los agentes que golpearon a los manifestantes habrían salido de las propias oficinas de la CNDH, según declaraciones que fueron hechas ante la prensa por algunas de las víctimas y testigos presenciales. En otra acción de la misma naturaleza, aunque no tan violenta ni con cobertura periodística, fue también desalojado un grupo de jubilados que exigían el respeto a sus derechos, desde un campamento instalado en el mismo sitio donde cerca de seis meses atrás fueron golpeados los trabajadores tabasqueños, es decir, a las puertas del edificio que alberga al Ombudsman nacional. En este caso la nueva agresión no mereció siquiera un comentario de parte de la también integrante de la Federación Iberoamericana del Ombudsman.

A estas desafortunadas intervenciones --por acción y omisión, respectivamente, del Ombudsman nacional-- en los dos casos mencionados, siguieron otras de la misma índole, y sobre asuntos tan diversos como el conflicto y los acuerdos para la paz en Chiapas, el caso del General Francisco Gallardo o la deportación hacia España de vascos residentes en México. Pero más grave es el hecho de que las Recomendaciones que emite, y que constituyen su única arma moral contra los actos de autoridad que vulneran los Derechos Humanos, no cuenten con el seguimiento necesario hasta conseguir su total cumplimiento.

Uno de los casos más graves en los que la Comisión se pronuncio haciendo uso de esa "arma", la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, después de 25 meses había dado como resultado real el cumplimiento de solo una de las 14 recomendaciones que la CNDH hizo al gobierno del estado de Guerrero.

Los métodos de investigación de quejas que la CNDH utiliza son cada vez más inoperantes : tan sólo se remite una notificación a la autoridad denunciada como presunta responsable de haber cometido algún acto violatorio a los derechos fundamentales, en la que se le solicita información sobre lo expuesto por el quejoso, acompañando a ésta una copia fiel de la queja, tal y como fue presentada, lo que hace del conocimiento de la autoridad en cuestión los datos personales de quien se queja. Cuando, de manera previsible,, la autoridad manifiesta que no ha tenido participación alguna en los hechos que se señalan,, la CNDH considera que no existe fundamento para suponer la comisión de una violación y cierra el caso orientando hacia las procuradurías. En otros casos, las instituciones señaladas inician sus propias investigaciones sobre los hechos (esto último ha sido constatado a lo largo del año en casos donde el Ejército realiza interrogatorios a los afectados), ante lo que la CNDH cierra también los casos, sin darle nunca el mismo crédito al quejosos que a las autoridades.

No obstante, la nueva presidenta de la CNDH ha demandado la ampliación de las facultades para el organismo que encabeza. Plantea reformas legales que la faculten para poder tener intervención en asuntos laborales y conocer quejas en contra de servidores del Poder Judicial Federal. Sin embargo, esto que también ha sido una exigencia de las organizaciones no gubernamentales, puede convertirse en una verdadera trampa que empantanaría las posibilidades de mejoramiento de la situación de los Derechos Humanos que se violan en ambos ámbitos, de no conseguir previa o simultáneamente la verdadera autonomía política que se requiere para llevar a cabo eficazmente la tarea de defender los Derechos Humanos. En la iniciativa para reformar el estatuto jurídico de la Comisión Nacional, mediante reformas al apartado "B" del articulo 102 de la Constitución, persiste la preeminencia del Poder Ejecutivo en el nombramiento del Presidente de la CNDH, ya que es el presidente de la República el que sugiere los nombres de la terna de la que la Cámara de Diputados escogería al Ombudsman. Así las cosas, una CNDH con mayores facultades, pero con un comportamiento semejante al desarrollado por la que hasta hoy existe --que ha sido calificada por la veterana luchadora por los detenidos y desaparecidos, fundadora de Eureka, Rosario Ibarra, como "alcahueta" del poder, un fraude-- seria un gravísimo retroceso para la frágil vigencia de los Derechos Humanos en México.

En esta etapa más activa del gobierno en su afán por recomponer la imagen internacional de México e impedir que trascienda la pertinaz y creciente conculcación de los derechos fundamentales, una de las principales baterías ha sido dirigida hacia el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos. En este sentido, México, junto a Perú, ha sido uno de los países del continente que con mayor fuerza ha insistido en que se limite el acceso de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales que las representan ante el órgano regional. En esa línea el hoy Procurador General de la República, Jorge Madrazo, cuando aún fungía como presidente de la CNDH propuso en el Seminario sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, realizado en diciembre de 1996 en Washington, que se promueva una "estricta confidencialidad" en el procedimiento y en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que es opuesto al principio de transparencia que debe caracterizar las gestiones de la CIDH.

Con ello quedaría suprimido de la normatividad del sistema interamericano el procedimiento actual que lo faculta para hacer públicos los reportes y las recomendaciones cuando los gobiernos no los acatan en los plazos estipulados. De conseguir el gobierno mexicano que sea aceptada esta propuesta, la impunidad ganaría terreno en el peor momento de polarización social que vive el país.

Pero, además, Madrazo propuso el involucramiento de los ombudsman, fiscalías y defensorías en el sistema interamericano, planteando como un requisito indispensable que esas instancias sean recursos a agotar. Ambos planteamientos debilitan la posición de las víctimas frente a los gobiernos que pudieran ser acusados por su presunta responsabilidad en la comisión de violaciones a los Derechos Humanos. Estas reglas restrictivas e inadecuadas, que conducirían indefectiblemente a la inadmisibilidad de gran cantidad de quejas por parte de la CIDH, así como al estrechamiento del sistema de legitimación procesal, solo favorece el incremento del control político gubernamental sobre el débil sistema regional de protección de los Derechos Humanos.

Otro punto en el que se ha venido insistiendo por parte de las delegaciones gubernamentales es en trasladar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington a San José, Costa Rica, en donde tiene su sede la Corte Interamericana. Aparte de que con este movimiento se saca de foco a la CIDH --para la prensa, por razones que sobra mencionar, lo que ocurre en Costa Rica goza de menor atención que Washington--, se puede iniciar un proceso de fusión de las dos instancias, a una de las cuales --la Corte-- México no le reconoce jurisdicción. De esa manera, los compromisos de México con el sistema interamericano pueden sufrir peligrosas limitaciones; pero también podría ocurrir que, al fusionarse, disminuyan la eficacia y el peso de la Comisión, que en muchos países es mayor que la que tiene la Corte.

Además de las anteriores pretensiones oficiales de México en relación con el sistema interamericano, a lo largo de este año se busco eliminar las visitas in loco que regularmente realizan los miembros de la Comisión en su labor de verificación del apego de los Estados signatarios de la Convención y la Declaración Americanas de Derechos Humanos.

Por otra parte, los gobiernos de México y Perú sostienen falazmente el argumento de que las organizaciones no gubernamentales son incapaces para presentar denuncias bien fundamentadas e integradas. Pero también deslizan la peregrina idea de que, en el caso de algunas organizaciones internacionales que con frecuencia actúan como copeticionarios, estas por ser extranjeras no pueden tener el suficiente conocimiento de la realidad nacional, y, por lo tanto no tienen la cualificación necesaria para intervenir en asuntos que comprometen la dignidad de los Estados.

Pero por si fuera poco el trabajo desarrollado contra el sistema interamericano de defensa de los Derechos Humanos, a lo largo del año también se descalifico una Recomendación de la Comisión Interamericana sobre el caso del General Gallardo, para quien pedía su libertad absoluta e incondicional, la primera que sobre un caso individual emitía la CIDH al gobierno mexicano.

Al mismo tiempo hubo varios inusuales y altisonantes desmentidos de la Cancillería y de otras instancias oficiales a diversos informes de organismos nacionales e internacionales, los cuales intentaron minimizar y descalificar.

La Secretaria de Relaciones Exteriores y las bancadas priístas de las cámaras de Diputados y Senadores invirtieron muchos de sus cuantiosos recursos de difusión para convencer a la opinión publica acerca de que el informe de Human Rights Watch/Americas "es parcial y poco objetivo" y que "distorsiona" la situación real de los Derechos Humanos en México. Mas aun, acusaron a HRW/A de ser amarillista e intervencionista y de promover violaciones a la soberanía nacional mexicana, así como de haber elaborado un informe con fines proselitistas, dada la cercanía de las elecciones de julio. Cínica y siniestramente negaron que en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa existan violaciones a los Derechos Humanos, como lo afirma HRW/A en su informe.

Una situación semejante se dio tras la visita de Pierre Zané, Presidente del Secretariado de Amnistía Internacional. A la negativa del Presidente Zedillo de entrevistarse con él, se sumaron acusaciones contra esa prestigiada organización emitidas públicamente durante la visita realizada por el titular del Ejecutivo a Europa. Unos días después se anunció la creación de una comisión intersecretarial que, integrada por las secretarías de estado de Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, tendrá la función de responder a las instancias internacionales por quejas de violación a derechos humanos; en esta nueva instancia la CNDH y la PGR son sólo "invitados permanentes", y se presume que su creación obedece a la necesidad de establecer un filtro que impida que las denuncias presentadas ante la comunidad internacional por organizaciones no gubernamentales nacionales continúe deteriorando la imagen del gobierno mexicano en el exterior, aunque ello no implica --en la lógica gubernamental-- cesar en los actos violatorios a los derechos humanos sino responder a las denuncias mediante la demostración retórica de que los recursos internos poseen la capacidad para castigar "abusos aislados", intentando así desestimar la postura no gubernamental, antes que eliminar efectivamente la conculcación sistemática de los derechos humanos. Dicho de otro modo. la comisión intersecretarial es una nueva instancia burocrática que centralizara la información sobre los casos y situaciones que sean de conocimiento internacional y tendrá como finalidad crear una realidad jurídica para cada uno de ellos, con total independencia de lo que ocurra efectivamente con los casos Suponemos que el origen de esta nueva instancia tiene entre sus causas primordiales la aceptación de la cláusula democrática firmada en el convenio preparatorio del acuerdo comercial con la Unión Europea, donde el estado mexicano se compromete a respetar irrestrictamente los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

En relación con el trabajo de las organizaciones no gubernamentales nacionales, la estrategia se desarrollo en varios frentes y utilizo también varias tácticas, limitantes, coercitivas y violentas. A estas organizaciones el gobierno pretende controlarles y reducir sus fuentes de financiamiento; recortar su actividad e independencia; y, por ultimo, obligarlas a que sus reportes obtengan el aval de la CNDH. En círculos legislativos se llego al extremo de proponer la suspensión de la nacionalidad mexicana a los miembros de las organizaciones que reciban financiamientos del extranjero que no cuenten con la aprobación gubernamental. La aventura diplomática de mayor relevancia que realizo el gobierno durante el año, en contra de alguna organización no gubernamental nacional, fue la presión que indebidamente llevo a cabo el embajador en Bruselas, Manuel Armendariz, para impedir que la Unión Europea otorgara un financiamiento a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que en principio había sido aprobado a fines de 1996. El dinero solicitado por la AMDH sería destinado a la observación de los gastos de campana electoral de los partidos políticos en el Distrito Federal, promoción de la educación cívica y el monitoreo del manejo de la información sobre las campanas en los medios de prensa.

Entre las agresiones que con mayor frecuencia han sido sufridas por los defensores de los Derechos Humanos o sus familiares en México se cuentan la vigilancia y el seguimiento, registros de oficinas y domicilios, destrucción y robo de archivos y equipos de oficina, intervenciones telefónicas y de correspondencia, allanamientos, campanas difamatorias y acusaciones, arrestos o detenciones arbitrarias e ilegales, investigaciones policiacas ilegales, interrogatorios, amenazas de muerte, etc. Un recuento elaborado por la Red Nacional de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos", de la que es integrante el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P.", y que fue presentado públicamente en mayo, da cuenta de agresiones sufridas por 113 activistas pertenecientes a 29 organizaciones de Derechos Humanos.

En mayo, el Centro Vitoria publico una carta en la que niega tener cualquier tipo de vínculos o coincidencias políticas con el EPR, y aclara que su intervención en el caso de un presunto eperrista se debió a razones estrictamente humanitarias. Días más tarde el mismo Centro Vitoria y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se vieron forzadas a emitir un comunicado conjunto, dirigido a la opinión publica, para desmentir de nueva cuenta las versiones tendenciosas que pretendían vincular a ambas organizaciones con el Ejercito Popular Revolucionario. Miguel Concha y Mariclaire Acosta, prominentes defensores de los Derechos Humanos y, respectivamente, líderes de las dos organizaciones antes señaladas, sufrieron amenazas y hostigamiento.

En su esfuerzo por desprestigiar a las organizaciones no gubernamentales el gobierno mexicano no ha escatimado ningún recurso. Uno de ellos, de tipo ideológico, es el que adopta la forma de una novedosa campana que trata de identificarlas con una conspiración internacional dirigida contra México desde los subterráneos el gobierno de los Estados Unidos, que es justamente el principal aliado del presidente Zedillo y promotor de las reformas que han polarizado a la sociedad mexicana. De acuerdo con la patraña de marras, a las organizaciones de Derechos Humanos se las acusa de actuar como agentes desestabilizadores, dentro de un maléfico plan que ha sido orquestado por la CIA, la NED y otras agencias. Ideológico es también el manido cuento de que el trabajo que realizan entorpece la labor de procuración y administración de justicia, y que ello es lo que ha favorecido el crecimiento de la delincuencia y de la violencia en el país.

También ha habido declaraciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que descalifican a las organizaciones desde puntos de vista presuntamente jurídicos. Haciendo mención de que en México se vive en un Estado de Derecho con instituciones sólidas, apuntan que las criticas que desde las organizaciones de Derechos Humanos se realizan al aparato judicial producen descrédito, y que este se traduce en inestabilidad social y política. Afirman que en nada contribuyen a la paz y la tranquilidad social, por cuanto fomentan la irritación social contra las instituciones.

En cuanto a la represión contra los observadores extranjeros, cabe señalar que en los primeros meses de este año fueron expulsadas del país por lo menos 19 personas que habían llegado a México con la intención de hacer recorridos por regiones altamente conflictivas, entrevistarse con autoridades, miembros de organizaciones, así como con víctimas y familiares de estas, visitar reclusorios, etc. Los visitantes provenían de España, Alemania, Holanda, Francia, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Con esta actitud el gobierno pretendía evitar que conocieran de cerca la realidad de la violencia institucional.

DERECHO A LA VIDA

A lo largo del periodo que reseñamos, el derecho a la vida de las personas se conculcó con alarmante frecuencia. Continuando con la tendencia del año anterior, las ejecuciones arbitrarias se consolidaron como la más grave y frecuente violación a los derechos humanos en México, aunque no aumentaron de la manera dramática que reseñamos a finales de 1996.

Las ejecuciones se cometieron ante todo en las entidades federativas con fuerte presencia militar, como Oaxaca y Guerrero, con frecuencia en el contexto del combate al EPR. La región de Los Loxichas, en el primero de esos estados, fue objeto de numerosos operativos policiacos y militares en los que pudieron documentarse varias ejecuciones extrajudiciales, además de allanamientos, robos, tortura, detenciones desapariciones temporales y privaciones ilegales de la libertad. De manera similar, en Guerrero se reportaron varios casos, vinculados también a la búsqueda de miembros y simpatizantes del EPR.

Los personeros de las ejecuciones no han podido ser identificados en la mayoría de los casos. Sin embargo, la presunción de que se trata de una violación a derechos humanos se fundamenta en el hecho de que las víctimas, habían sido amenazadas previamente o se sabía que tenían conflictos con autoridades por motivos políticos, como en los casos de militantes del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guerrero.

Al mismo tiempo, se han registrado ejecuciones realizadas por quienes parecen ser miembros del EPR, siendo las víctimas agentes policiacos; han aumentado también los casos en que la participación de grupos paramilitares ha sido corroborada por testimonios, especialmente en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Estos datos confirman la existencia de una espiral de violencia desatada en los estados más pobres del país, ante la ominosa negligencia ó complicidad de las autoridades que, en el primer caso, se rehusan a establecer una salida negociada con el grupo armado y, en el segundo, toleran e impulsan la actuación de grupos paramilitares y parapoliciacos.

Las ejecuciones se presentaron también en los estados del norte de la república, principalmente en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California Norte, donde es reconocida la presencia del narcotráfico. Los casos recogidos en esos estados apuntan ante todo a la participación de elementos de la Policía Judicial estatal en los hechos.

En septiembre, seis jóvenes fueron ejecutados en la ciudad de México, en el contexto de los operativos policiacos contra la delincuencia realizados por la militarizada policía de Seguridad Pública capitalina. Aunque los presuntos responsables fueron casi inmediatamente detenidos, se presume que puedan ser chivos expiatorios que han sido entregados por esa instancia para acallar la controversia desatada por el caso.

De manera creciente, el derecho a la libertad personal ha ido cediendo terreno como la violación más frecuente, para dejar en su lugar a las ejecuciones arbitrarias, que se ha intentado sean justificadas por la opinión pública al presentarlas como fruto de la lucha contra el narcotráfico, los grupos armados ó la delincuencia. Los casos conocidos por el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A.C. parecen configurarse como un nuevo método de intimidación que disuada a las comunidades indígenas o a los militantes de organizaciones políticas y sociales de convertirse en bases de apoyo de los grupos armados y de continuar efectuando denuncias u oponiéndose a la política económica que empecinadamente prosigue el régimen zedillista.

Paralelamente, continuaron levantándose voces que piden la reglamentación y aplicación de la pena de muerte, contemplada en el texto constitucional; estos lúgubres deseos se inscriben dentro de la campaña de aterrorizamiento de la población que, aludiendo al incremento de los índices delictivos, promueve el establecimiento de penalidades rigurosas como medida de contención que disuada a quienes delinquen de sus actos. Esta campaña ha encontrado eco en algunos medios de comunicación y en conocidos juristas, que han abogado por ella intentando convencer a la ciudadanía de la inoperancia de otros mecanismos y de la eficacia de la pena de muerte como método de corrección y castigo.

En este contexto, cuando un sector de la sociedad mexicana se manifiesta belicosamente por la reglamentación y el uso de la pena capital, la CNDH anunció el inicio de una campaña para abolirla en el texto constitucional, que, a tres meses de haber sido proclamada, aún no demuestra resultados, mientras sus defensores continúan generando adeptos en una sociedad desinformada y desesperada por el aumento de la delincuencia y la ineficacia de las instancias de procuración de justicia mexicanas.

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

Las reiteradas protestas de sectores políticos, académicos, religiosos y de la ciudadanía organizada, contra las modificaciones legislativas e institucionales que fueron llevadas a cabo hasta 1996, así como por la aplicación de medidas de corte represivo como la introducción del Ejercito en labores policiacas, encontraron su justificación en 1997 cuando la acción de control social realizada por los soldados y la aplicación de la controvertida Ley de Seguridad Publica se tradujeron en francas y graves violaciones de Derechos Humanos.

Ya desde el inicio del periodo que reseñamos se había incrementado el uso de la privación ilegal y arbitraria de la libertad, particularmente en Oaxaca y Guerrero, en el marco de la persecución de los integrantes del EPR. En la región de Los Loxichas, varias decenas de personas, incluidas las autoridades municipales, sufrieron sistemáticamente la conculcación de su legítimo derecho a la libertad personal. Por las mismas razones, también decenas de personas fueron detenidas en el estado de Guerrero. En ambas entidades se reportaron casos de detención-desaparición, algunos de manera temporal, y en ambas el dicho de las víctimas afirma que los detenidos habían sido conducidos a lugares clandestinos para ser torturados por personal especializado, que no solo trataba de obtener información acerca del grupo guerrillero, sino que intentaba obtener confesiones que relacionaran a dirigentes políticos o comunitarios y organizaciones sociales con los movimientos armados.

En marzo, en la huasteca de los estados de Hidalgo y Veracruz el Ejército realizó una presunta campaña de "servicio social", durante la cual se fotografió y videograbaron personas y casas. Posteriormente se supo de incursiones de militares y policías judiciales que buscaban a dirigentes comunitarios para que respondieran por delitos prefabricados. De acuerdo con las declaraciones de los campesinos y religiosos, los militares y judiciales sostienen que en esa región existen organizaciones armadas.

En el Distrito Federal ocurrieron al menos cinco detenciones-desapariciones, pero las aprehensiones arbitrarias e ilegales afectaron a varios cientos de personas, especialmente durante operativos realizados en colonias del centro de la capital. También en esta misma ciudad se contabilizó cerca de medio centenar de arrestos arbitrarios de líderes sociales durante la visita realizada por el presidente estadounidense a mediados de año.

En mayo se produjo un enfrentamiento entre policías y soldados en la capital del país. Los primeros protestaban por el desplazamiento y desempleo que sufren desde que los soldados los han relevado de sus puestos de trabajo. Al menos 105 policías fueron encarcelados y familiares de varios de ellos se quejaron por desconocer el paradero de 17 de los detenidos.

En julio, 8 jóvenes simpatizantes del ayuntamiento popular del municipio rebelde de Tepoztlan, Morelos, fueron retenidos ilegalmente por agentes judiciales durante 16 horas. Todo el tiempo que estuvieron privados de la libertad fueron objeto de torturas y tratos inhumanos y degradantes. Les fueron tomadas fotografías por un grupo de encapuchados que, también, llevaron a cabo simulacros de ejecución con varias de las víctimas. En Guadalajara, Jalisco, y varias ciudades del norte de la República se supo de irregularidades en algunas detenciones realizadas contra oficiales del Ejercito y efectivos policiacos, después del descubrimiento de los nexos existentes entre el zar antidrogas mexicano, General Gutiérrez Rebollo y carteles de la droga. De los policías que fueron arrestados en Guadalajara, varios continuaban siendo reportados como desaparecidos por sus familiares.

En agosto y septiembre, una serie de operativos policiacos fueron realizados en colonias céntricas de la capital del país. Estos operativos, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, produjeron centenares de detenciones sin mayor justificación que la "sospecha" de que los transeúntes o vecinos eran delincuentes. De acuerdo con cifras proporcionadas por la propia Secretaría, entre septiembre de 1996 y agosto de 1997 se habían realizado en la capital del país un millón 721 mil 807 acciones; los resultados de éstas fueron la presentación de 30 mil 636 presuntos delincuentes al MP, 2 mil 267 a la Policía Judicial y 153 mil 729 personas fueron llevadas a los juzgados cívicos, es decir que el saldo de estas decididas acciones contra la delincuencia culminó en que de las 186,632 detenciones efectuadas, más del 80% se debió a faltas administrativas, por lo que no se trataba de peligrosos delincuentes sino de personas que infringieron normas de moral pública tales como ingerir alcohol en las calles u orinar en ellas. Los informes presentados por las autoridades dan cuenta de que, durante esos operativos sólo fueron consignadas ######, y los demás pudieron acreditar que se encontraban en el lugar por causas justificadas (sic).

Por otra parte ninguno de los casos de detención-desaparición que el Centro Vitoria presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos había obtenido una respuesta satisfactoria. Las investigaciones que ésta realizó se limitaron a pedir información a las autoridades que habían sido señaladas por los familiares de las víctimas como responsables de los hechos, las cuales evidentemente negaron su participación en los mismos. En esos casos, la CNDH los envió a su Programa de Presuntos Desaparecidos, donde se les catalogó como "ausentes" por motivos distintos a la represión de orden político y se procedió a buscarlos basándose en líneas de investigación que no contemplaban el hecho de que pudieran encontrarse en sitios clandestinos de detención.

Así, el derecho a la libertad personal ha sido severamente conculcado a lo largo del periodo que reseñamos. Aunque continúan presentándose detenciones arbitrarias de ciudadanos para fabricar culpables de la comisión de delitos, cada vez con mayor frecuencia los detenidos son interrogados sobre sus actividades y supuestos vínculos con organizaciones guerrilleras o en el contexto de un dudoso combate a la delincuencia. La coordinación de las distintas fuerzas de seguridad ha contribuido a articular mecanismos represivos que ejercen control férreo sobre la población, al tiempo que la opinión pública es bombardeada cotidianamente por mensajes que, a través de los medios de comunicación, se contribuye a exacerbar el terror ante la delincuencia y a promover que se justifiquen y reclamen medidas duras contra todos aquellos a los que se adjudica el epíteto de "delincuentes", sin importar si éstos han hurtado una cartera o cometido un multihomicidio.

DERECHO AL RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA

La versión oficial precisa que en México ha sido abatida la práctica de la tortura: el Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos correspondiente a Mayo de 1996 y ese mismo mes de 1997 ubica esta práctica entre los menos frecuentes motivos de las quejas que se interponen ante el Ombudsman nacional. Para el Secretario de Seguridad Publica de la capital, el General Enrique Salgado, la cuestión va más allá, y asegura que ya se ha acabado con la tortura.

Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores, basada en información proporcionada por la CNDH sostiene que la tortura en México no es sistemática ni se mantiene en la impunidad, pues ya se han corregido los errores del pasado. Asegura que, si bien es cierto, durante el primer año de existencia de la institución gubernamental la tortura ocupó el primer lugar entre las quejas, gracias a la acción oficial año tras año esta práctica se ha venido abatiendo. La presidenta de la CNDH, Mireille Rocatti, afirmó que sólo en los estados de Puebla y Tlaxcala no se castiga el delito de la tortura en sus códigos penales. Sin embargo esta afirmación fue desmentida por el gobierno del estado de Puebla, al aclararle a la Dra. Rocatti que la tortura esta tipificada en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, articulo 69, y en el Código de Defensa Social, artículos 449 y 452. Corrigiendo a la presidenta de la CNDH, también el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Mario Pfeiffer Cruz, aclaro que en su estado la tortura no ha sido tipificada en el Código Penal ni existen sanciones para quienes la cometen.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Oscar González Yañez, advirtió que es urgente revisar el marco legal sobre la tortura y aplicar mayores penas contra quienes la cometan. Pero, pese a las contradictorias declaraciones de las instituciones y funcionarios públicos, la realidad muestra con terquedad que la práctica de la tortura en México no solo es sistemática y es mantenida en la impunidad, sino que independientemente de que ya se ha legislado acerca de ella, en los últimos años su incidencia ha aumentado de manera alarmante.

Así, a lo largo del año que reseñamos fue posible conocer de varios casos de personas que murieron en la cárcel como resultado de las torturas que sufrieron a manos de sus captores. En al menos un caso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una Recomendación a las autoridades penitenciarias por la muerte de un recluso que fue torturado. De igual manera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un hombre que se encontraba en manos de cuatro agentes de la Dirección de Seguridad Publica, falleció por traumatismo craneoencefálico y múltiples heridas que le fueron causadas por los agentes.

Y en Naucalpan, Estado de México, Roberto Ordoñez Castañeda falleció como consecuencia de las lesiones que le fueron provocadas por sus captores. La víctima había sido detenida y recluida en los separos por haber cometido faltas administrativas al encontrarse en estado de ebriedad en la vía publica. Las autoridades dictaminaron que Ordoñez se había suicidado, ahorcándose con la manga de su camisa; pero el cadáver presentaba desprendimiento del cuero cabelludo y del lóbulo de una oreja, además de politraumatismo.

En Zamora, Michoacán, un grupo de agentes de la policía municipal torturo hasta darle muerte a Javier Aguilar Ceja, quien había cometido delitos menores. En Guadalajara, Jalisco, Samuel Padilla Hernández fue detenido por la policía en las cercanías de su domicilio, y, por la noche, su cadáver fue entregado por los mismos agentes al forense. El cuerpo presentaba evidentes huellas de golpes y de estrangulación directa.

Por su lado, el Ejercito Mexicano fue acusado de secuestrar y torturar a dos integrantes del EPR. Según revela un comunicado de prensa de la organización insurgente, Benito Bahena Maldonado (Fabián) y Domingo Ayala, fueron detenidos en el puerto de Acapulco, conducidos a lugares clandestinos en la capital del país en donde fueron torturados para que revelaran información acerca de la agrupación armada.

Pese a las denuncias de las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos en relación con los hechos de tortura que han conocido, y a que en muchos de los casos se logra identificar a los autores materiales de los mismos, lo cotidiano es el encubrimiento de los criminales. En la mayor parte de las ocasiones, los funcionarios públicos que son denunciados por el delito de tortura, en el peor de los casos son reubicados en otra corporación policiaca, agencia del ministerio público o entidad federativa.

Esa es la historia de José Agustín Montiel López, quien funge como director de Readaptación Social en Jalisco, después de haber sido acusado en 1991 de torturar a los reos del Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, Guerrero. Aunque fue denunciado públicamente, y que la CNDH emitió en 1991 una Recomendación en la que se pide la integración de la Averiguación Previa para determinar la responsabilidad penal en que incurrió el funcionario publico, las autoridades encargadas de perseguir el delito de tortura adujeron "desconocer el paradero de Montiel López". Después de haber sido denunciado por la CNDH como torturador de reos en Guerrero y hasta octubre de 1996 se desempeñó como director de la Penitenciaria del Distrito Federal. Pero estas conductas oficiales de encubrimiento de los torturadores, que sólo se explican si la práctica de la tortura reporta algún tipo de beneficio --como podría ser el mantenimiento del statu quo--, no han podido evitar que tanto en México como en el extranjero se conozca esta aberración.

De esa manera, el Observatorio Internacional de Prisiones en su Informe 1996 indica la persistencia de la tortura en el país y que en ese ano pudo registrar unos 200 casos. Mientras tanto, un documento de la Federación Internacional de Derechos Humanos señala que en México la tortura continúa siendo un método sistemático de investigación, y que en 1996 se conocieron alrededor de mil nuevos casos. Por su parte Amnistía Internacional dio a conocer que México importa productos de 27 empresas estadounidenses que se especializan en fabricar equipos de tortura.

El último Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del organismo mundial, señala que se observa un crecimiento en los casos que son conocidos internacionalmente. Recomienda que se faculte a las comisiones de Derechos Humanos para ejercer acción penal y asegura que las procuradurías de Justicia son las que ocupan los primeros lugares entre las instituciones denunciadas por aplicar torturas.

En relación con el Informe que fue presentado por representantes del gobierno mexicano ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, debe destacarse que los expertos del organismo mundial lo calificaron como impreciso y carente de información, y, sobre todo, excesivamente teórico. Y, coincidiendo con las organizaciones internacionales señaladas más arriba, el CCT insistió en afirmar que la tortura se practica sistemáticamente en México y que los torturadores gozan de total impunidad. Pero no solo eso. También consideraron que los casos van en aumento.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal destacó en un comunicado dirigido al titular de la Procuraduría de Justicia del D.F. que existe una excesiva morosidad en la integración de Averiguaciones en los casos en que el delito que se denuncia es la tortura. También coincidió con la opinión de la mayor parte de los observadores nacionales e internacionales que han descrito la situación de los Derechos Humanos en México, en el sentido de que la tortura es un alto factor de denuncia y que se lleva a cabo con regularidad, sobre todo por parte de la Policía Judicial.

Así, durante el año que termina, la tortura continuó utilizándose como método por excelencia de investigación judicial; sin embargo, también comenzó a ser ampliamente utilizada para obtener información sobre las actividades del EPR y organizaciones sociales opositoras a la política oficial. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura continuó siendo letra muerta, mientras los casos documentados de esta práctica aumentaron considerablemente con relación al periodo anterior.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS

Posiblemente el hecho más importante en relación con los derechos específicos de los pueblos indios en México, durante el periodo que recoge el presente Informe, es la pretensión del gobierno mexicano de borrar los avances constitucionales obtenidos en los últimos años, y, de modo especial los contenidos de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, en donde las delegaciones representativas del gobierno federal y el EZLN, contando con la mediación de la Comisión de Concordia y Pacificación y de la Comisión Nacional de Intermediación, tratan de sentar las bases de la paz justa y digna para Chiapas y para México.

A lo largo de todo el año el diálogo continuó suspendido y ninguno de los acuerdos fue llevado a la práctica. La Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés se colapso sin materia de trabajo, aunque los Acuerdos de San Andrés Larráinzar han sido reconocidos por la OIT como totalmente congruentes con el Convenio 169, que es, además, ley de la República, en tanto ha sido suscrito por México. De acuerdo con la OIT los acuerdos alcanzados deben ser llevados a la práctica, y de ninguna manera sometidos a revisión.

Sin embargo, vistos los derechos de los pueblos indígenas en perspectiva, existe un conjunto de problemas que indudablemente son fundamentales cuando sinceramente se quieren enfrentar los grandes retos que implica cuestionar los conceptos y principios que están en la base de nuestra cultura jurídica dominante. Uno de ellos es el que se encierra en la dificultad para conciliar la "razón de Estado" de una pretendida unidad nacional, que ahora se asienta sobre las aspiraciones neoliberales y globalizadoras del Estado, con las demandas especificas fundamentales de los pueblos indios, entre las que se cuenta en primer lugar su reconocimiento como sujetos de derecho que precisan autonomía constitucional para decidir sobre las cuestiones que les afectan.

Otra cuestión que requiere de una profunda revisión es el propio concepto de soberanía, en su sentido clásico, tradicional. Ahora bien, de una manera más concreta, al revisar la vigencia real de los derechos y garantías individuales de las personas pertenecientes a comunidades indígenas nos encontramos con que lejos de mejorar, su situación se ha deteriorado al igual que la del respeto a los derechos y libertades de los no indígenas.

Así tenemos que muchos indígenas han sufrido todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales y que sus victimarios gozan de total impunidad. La polarización que se vive, principalmente en la zona norte de Chiapas ha provocado creciente preocupación en la opinión publica nacional e internacional. Las actividades de grupos paramilitares crecieron continuamente a lo largo del periodo, ocasionando nuevos desplazamientos de personas, heridos y muertos, además de extenderse a la zona de los Altos, donde, en septiembre, se tuvo conocimiento de la muerte de dos simpatizantes zapatistas a manos de grupos armados de filiación priísta. Contradiciendo las declaraciones oficiales que hablan de la búsqueda de distensión, los grupos paramilitares continuaron atacando a la población civil simpatizante de la oposición. Un enfrentamiento a balazos de los grupos priísta y zapatista en Yashemel, Chenalhó, dejó como resultado que miles de indígenas de ambos grupos se refugiaran en comunidades aledañas.

El Consejo Municipal Autónomo aseguró que la balacera fue provocada por los priístas para justificar la entrada de la policía y el ejército, cercar a los zapatistas y obligarlos a votar por el PRI. Tiempo después los indígenas priístas y perredistas-zapatistas de Chenalhó acordaron reunirse para encontrar una solución al conflicto que derivo en la mencionada balacera. Pese a ello los indígenas chamulas informaron que no participarían en las elecciones porque "no existe justicia para los chamulas" y porque los partidos fomentan la división entre los indígenas. Los indígenas denunciaron que el gobierno del Estado de Chiapas no ha cumplido sus compromisos con los desplazados de la zona norte (San Pedro Nixtalucum) y mantiene como rehenes a los 24 indígenas de el Bosque, en el penal de Cerro Hueco.

En relación con otros efectos de la represión de dirigentes indígenas en Chiapas, el 14 de abril pasado desapareció el profesor Domingo Vázquez Avendaño por lo que al menos 50 maestros indígenas de la zona norte de Chiapas, suspendieron sus labores ya que no existen condiciones de seguridad para ellos. 1,500 niños quedaron sin recibir clases. Más adelante un grupo de militantes del PRI quemó 9 casas de simpatizantes del EZLN en la comunidad de Las Limas Chitanucum, Pantelhó, por lo que 85 indígenas huyeron, según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Continuando con la tendencia militarizadora, cerca de 500 efectivos de la policía de Seguridad Publica y de la Judicial se instalaron de forma permanente en diferentes barrios de Venustiano Carranza, Chis., "situación que fortaleció a los grupos paramilitares", según los campesinos. En Bachajón, los Chinchulines comenzaron su reorganización después de un año de debilitamiento.

El Ejército ocupo nuevas posiciones en la selva Lacandona en puntos neurálgicos de la zona de conflicto. Se instalaron 2 nuevos campamentos y se esperaba la instalación de dos más. Al tiempo que también se llevo a cabo una movilización militar de grandes proporciones, distribuyendo tropas en distintos poblados desde la Cañada de Altamirano hasta la Garrucha. Así, en la selva Lacandona se acentuó la tensión, y se reanudo la presión militar sobre las comunidades en resistencia en la Selva, donde el Ejercito Federal volvió a salir de sus cuarteles y realizó patrullajes.

Nada distinto se vivió en otras regiones indígenas del país: la región zapoteca de Loxicha, en Oaxaca fue objeto de decenas de operativos militares y policiacos que pretendían encontrar a militantes del EPR. Como resultado, fue posible documentar al menos tres ejecuciones arbitrarias, decenas de desapariciones forzadas y de privaciones ilegales y arbitrarias de la libertad. Ante estos casos, no se obtuvo respuesta alguna de las autoridades estatales o federales ni de las comisiones públicas de protección a los derechos humanos.

En Nayarit, comunidades de la región huichol comunidades rarámuris y tepehuanes del estado de Chihuahua, fueron atacadas en mayo por la policía se seguridad pública cuando protestaban por el incumplimiento de compromisos gubernamentales en materia de reparto agrario. Similares acciones fueron denunciadas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán.

Asimismo, organizaciones indígenas de todo el país criticaron duramente a los partidos políticos, puesto que las plataformas de éstos no contemplan la cuestión de los pueblos indígenas, o lo hacen de manera superficial o insuficiente. Denunciaron que la pugna electoral excluye por completo a éstos pueblos y que, a pesar de la novedosa composición partidaria en México, los pueblos indígenas continúan siendo sometidos al tradicional aparato de clientelismo y compra del voto, aparejado a la indiferencia e incomprensión por parte de los dirigentes de los dos grandes partidos políticos de oposición.

DERECHOS LABORALES

Las protestas del sector laboral fueron reprimidas sistemáticamente y las cúpulas sindicales continuaron manifestando su adhesión a las políticas de corte neoliberal en vigor, especialmente en lo que respecta a mantener deprimidos los ingresos de los trabajadores. En el ano, aunque a un ritmo menor que en el anterior, continuaron ascendiendo los precios de los artículos básicos y servicios. Los derechos laborales de los trabajadores mexicanos continuaron violándose. Por su parte, las modificaciones a la ley del Seguro Social enfrentaron las protestas de grupos organizados de trabajadores, aunque el sector sindical dominante y afín a las reformas antiobreras continuo siendo mayoritario, dejando sin amparo a la mayor parte de los trabajadores.

La primera ocasión en que se manifestó de manera masiva la brutalidad de la línea represiva oficial contra los trabajadores, fue al realizarse la agresión contra los ex-trabajadores de limpia del estado de Tabasco, que se habían trasladado a la capital del país y mantenían una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pese a las manifestaciones de solidaridad de diversos sectores sociales que exigían a los gobiernos estatal y federal solucionar las demandas de los huelguistas, después de tres meses de plantón y huelga de hambre, la respuesta oficial fue un ataque de policías que se encontraban acuartelados en las oficinas de la Ombudsman nacional. La nueva presidenta de la CNDH dio por cerrado el expediente que se abrió tras la agresión de los ex-trabajadores.

En la misma línea de agresiones, también durante el mes de enero, fueron atacados violentamente por la policía mas de 150 comerciantes ambulantes (tianguistas) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por instigación de los comerciantes establecidos. Mientras en el Distrito Federal los vendedores ambulantes invidentes eran agredidos por agentes del destacamento de Granaderos, quienes los golpearon con sus macanas y escudos, con saldo de varios heridos y contusos. El mismo tipo de agresión sufrieron los ambulantes de Culiacán, Sinaloa; San Marcos, Aguascalientes; Puebla, Puebla; León Guanajuato, etc. 93 organizaciones de vendedores ambulantes denunciaron que se les reprime y trata de impedir que realicen la única actividad licita que les ha quedado después de haber perdido sus empleos formales por la crisis económica.

También en Cancún, Quintana Roo, los pescadores de la cooperativa pesquera "Puerto Juárez", con mas de 40 anos de existencia, fueron desalojados de sus terrenos por un batallón de infantería, también instigados por empresarios, en este caso de turismo internacional. Y en el Golfo de Santa Clara, Sonora, varios pescadores fueron atacados a balazos cuando realizaban sus labores a bordo de una panga, con un resultado de tres heridos de gravedad. Los uniformados adujeron "confusión". Mientras que en Chalco, Estado de México, los choferes de bicitaxis que se independizaron del PRI y se organizaron en una cooperativa filial del Partido del Trabajo, fueron golpeados y despojados de sus unidades por un destacamento de policías y funcionarios del ayuntamiento. Mientras que en la región de Tierra Caliente, Guerrero, fue secuestrado, torturado y asesinado el taxista Santana Alonso Arellano, líder de los trabajadores del transporte de alquiler, afiliado al Partido de la Revolución Democrática.

En Tlalnepantla, Estado de México, la policía agredió a los trabajadores de la basura cuando protestaban por que las labores de limpia que viene realizando el ayuntamiento se concesionaron a una empresa privada. En Tabasco, los ex-burocratas que protestaban por haber sido despedidos fueron brutalmente golpeados por la policía que disolvió el plantón que mantenían. Por su parte, los ex-trabajadores de la transnacional General Motors, a quienes se les violaron sus derechos laborales y civiles desde el momento de su despido masivo, fueron objeto de agresiones por parte de agentes de la Policía Judicial. Personas a sueldo de la empresa les han hecho directamente amenazas de muerte contra ellos y sus familiares para que desistan de sus demandas. En tanto que las trabajadoras de las empresas maquiladoras transnacionales que operan en Tamaulipas se quejaron del acoso y violaciones sexuales de que son objeto por parte de sus empleadores y líderes sindicales. Mientras los trabajadores de Roche Syntex de México fueron llamados uno por uno por agentes especiales, acompañados de funcionarios del área de recursos humanos de la empresa, para obligarlos a aceptar cambiar la afiliación de su sindicato, renunciar al derecho de huelga y negarse a revisar sus salarios. "O firmas o estás despedido", les dijeron, y cínicamente se disculparon aduciendo que "son ordenes de Suiza". Y, en Cuernavaca, Morelos, los trabajadores de la empresa Go-Karts, que protestaban por las violaciones a su contrato colectivo, fueron reprimidos por agentes de la policía Preventiva.

Los trabajadores ferrocarrileros exigieron al gobierno el cese de la represión que se ha desatado en su contra por haberse opuesto a la privatización de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. En tanto que los trabajadores de los hoteles Tajin, Chachalacas y Jalapa, de la ciudad de Jalapa, Veracruz denunciaron las presiones y actos de intimidación de que son objeto por parte de la patronal, con la finalidad de que acepten las mezquinas condiciones de liquidación que les han sido impuestas. Por su lado, en Chihuahua, los empleados del gobierno, afiliados al ISSSTE, fueron reprimidos cuando protestaban por el fraude que sufrieron en los contratos de vivienda que firmaron. Mientras, los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares denunciaron al director de la institución por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Y los empleados y académicos de la Universidad Pedagógica Nacional fueron visitados en sus domicilios particulares por agentes de la Procuraduría General de la República, con el objeto de intimidarlos para que suspendieran el paro laboral que mantenían.

En el Distrito Federal y en varias partes de la República los maestros huelguistas fueron objeto de agresiones mientras mantenían sus plantones o realizaban marchas. El saldo fue de varios muertos y heridos. Una abogada laborista, Susana Codina, fue atacada por matones a sueldo de la Confederación de Trabajadores de México, cuando se encontraba realizando gestiones de un juicio laboral en los pasillos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaria del Trabajo.

En este escenario de gran represión contra los trabajadores, y sobre todo después de haber mostrado sus simpatías por las medidas represivas antiobreras (como en el caso de los trabajadores de limpia de Tabasco), la "ombudsman" elaboró una propuesta para que se reforme el Artículo 102 constitucional y se le otorgue competencia en asuntos laborales a la CNDH. Probablemente la Sra. Mireille Rocatti busca también tender un manto de silencio sobre esta otra represión que se sufre en México.

DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINION, EXPRESION E INFORMACION

En el periodo 1996-1997 continuaron registrándose violaciones a la libertad de expresión, al derecho social a la información y a la libertad de manifestación. De nueva cuenta las agresiones contra los informadores incluyeron detenciones, detenciones-desapariciones, injerencias arbitrarias, amenazas, lesiones y ejecuciones arbitrarias. También se produjeron allanamientos a oficinas de medios de prensa, robo y destrucción de equipos, etc. De hecho, las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los periodistas merecieron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunciara enérgicamente a comienzos de 1997: durante la visita del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Luis Gabriel Cano, el presidente de la Gran Comisión de la Cámara Baja, Juan José Osorio Palacios, le indico que los asesinatos en contra de los trabajadores de los medios informativos constituyen la mas brutal forma de censura.

En mayo el Instituto Nacional Democrático, perteneciente al Partido Demócrata de Estados Unidos, revelo un informe en el que señala que el gobierno mexicano presiona e intimida a aquellos periodistas que no puede sobornar.

Mientras que un grupo de expertos de la Universidad Iberoamericana de la capital mexicana dio a conocer, en el marco del foro "No disparen, soy periodista", los resultados de una investigación acerca de las condiciones en las que se tiene que realizar el trabajo de prensa en México. Dicho trabajo puntualiza que durante el gobierno de Zedillo han sido asesinados por lo menos 11 periodistas, mientras que otros 125 han sufrido agresiones.

Entre tanto, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que la mayor parte de las agresiones que sufren los trabajadores de la prensa en México quedan sumergidos en la impunidad.

Varios periodistas que trabajan en el estado de Oaxaca han sido acosados, hostigados e intimidados por agentes policiacos y militares, después de la aparición del EPR, revelo el corresponsal del Diario La Jornada en aquella localidad, Víctor Ruiz Arrazola.

El gobierno estatal de Sinaloa reconoció que agentes de la Unidad de Evaluación y la Dirección de Gobierno del Estado, así como la Secretaria de Protección Ciudadana realizan espionaje contra periodistas, lo que provocó una ola de protestas de los comunicadores. Los agentes, además, recaban datos personales (nombre, domicilio, familiares, etc.) de los trabajadores de la prensa local. En Puebla, el corresponsal del Diario Unomásuno, Francisco Ortega, y en Guerrero el periodista radiofónico Miguel Cervantes, recibieron amenazas de muerte.

Mientras en la capital de la República, el fotógrafo de Unomásuno Mario Martínez Meza sufrió el ataque de policías preventivos cuando realizaba su trabajo informativo, en Guadalajara, Jalisco, policías municipales atacaban a Salvador Chávez Calderón, periodista televisivo. En Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado a tiros el periodista Jesús Abel Bueno León, quien era director del semanario 7 Días. En un documento que entrego a su esposa días antes del atentado que le costo la vida, el periodista había denunciado a varios funcionarios del gobierno guerrerense como los responsables de lo que pudiera ocurrirle, ya que temía represalias de su parte debido al trabajo investigativo que realizaba y publicaba en su periódico. Bueno León había sido reportado como desaparecido tres días antes de que apareciera su cuerpo en una carretera.

En Culiacán, Sinaloa, el director de la cadena periodística El Debate, que edita rotativos en toda la entidad, José Isabel Ramos Santos, fue amenazado de muerte mediante las cuales sus agresores pretenden obligarlo a cambiar la línea editorial de su cadena.

Y en San Juan Río Colorado, también en el estado de Sinaloa, fue acribillado Benjamin Flores González, quien era director del Diario La Prensa y miembro del consejo editorial del semanario Siete Días que se edita en Mexicali.

Ultimamente se había dedicado a investigar la desaparición de media tonelada de cocaína que fue robada de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, ocurrida a mediados de mayo en San Luis Río Colorado.

Por su parte, el Diario de Colima fue crecientemente hostigado por el gobierno de ese estado, a raíz de que el periódico publico los malos manejos en la Universidad estatal.

11 periodistas han sido asesinados, mas de 125 han sido agredidos físicamente, 9 han sido secuestrados y 74 sufrieron censuras por el ejercicio de su profesión en lo que va de la administración de Ernesto Zedillo, según el investigador Raymundo Riva Palacios. Mientras que cinco periodistas de diferentes medios fueron agredidos y amenazados de muerte por agentes de la PJE cuando trataban de obtener información sobre agentes federales que habían pretendido extorsionar a una persona con mas de 100 mil pesos.

DERECHOS POLÍTICOS

Mil novecientos noventa y siete se caracterizó por ser un año de elecciones federales, estatales y municipales, en las que por vez primera se disputó la jefatura de gobierno de la capital de la República. Estas elecciones tuvieron de particular que fueron las primeras de su tipo en que se aplicaron las nuevas reglas del juego surgidas de la negociación que culminó con la reforma electoral de 1996, en las que, aunque se sentaron las bases para una mayor equidad en el juego partidista, se mantuvo al margen la participación ciudadana directa en la fiscalización de la gestión de la autoridad publica emanada de las urnas.

El triunfo del candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas en la disputa por la jefatura de gobierno del D.F. fue considerado por amplios sectores de la opinión pública nacional e internacional como símbolo de la consolidación de la democracia en México y como evidente signo de la decadencia del sistema de partido de Estado que durante setenta años había ejercido una hegemonía casi absoluta en la vida política del país, legitimando en gran medida al régimen de Ernesto Zedillo.

Esta situación se hizo patente también en la nueva composición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: por primera vez en la historia, la composición de ésta no se encuentra dominada por el PRI, y la mayoría de los representantes es de filiación opositora, lo que ha dado origen a enfrentamientos en su seno y ha iniciado una modalidad diferente de relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo: el tradicional respaldo a las iniciativas presidenciales parece haber cedido a una postura de mayor independencia que eventualmente puede conducir a un verdadero equilibrio entre ambos poderes, lo que no repercutirá necesariamente en el respeto a la voluntad popular y ciudadana en materias como la política económica o el respeto a los derechos humanos.

Sin duda alguna, el hecho de que un candidato opositor haya logrado el triunfo electoral y que éste triunfo haya sido reconocido por los poderes de la Unión y sus instancias, es un indudable avance en el respeto a los derechos políticos; sin embargo, aunque en el periodo que analizamos la emisión y reconocimiento del voto popular no presentó irregularidades graves en la mayor parte de las entidades federativas, se registraron inconformidades en Chiapas y Campeche.

En este último, los resultados electorales favorecieron al oficial Partido Revolucionario Institucional, lo que ocasionó que la candidata a la gubernatura por el PRD impugnara el evento electoral, lo cual culminó en violentos enfrentamientos entre militantes de ese partido y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

A pesar de estos importantes y significativos cambios, las violaciones a los derechos políticos se expresaron, al igual que en el pasado, a través del espionaje, la intimidación, la persecución, encarcelamiento, la tortura y los homicidios en contra de militantes y organizaciones de oposición.

En el Distrito Federal el consejero ciudadano por la delegación Xochimilco, Antonio Vital Galicia, fue llevado a prisión después de haber denunciado irregularidades y corruptelas de altos funcionarios de dicha demarcación. Destacó en su denuncia que 245 millones de pesos del gasto de la demarcación no han sido suficientemente justificados.

En Cancún, Quintana Roo, la candidata del PRD y dirigente de El Barzón, Elba Capuccino Herrera, fue objeto de amenazas de muerte anónimas de personas que le exigieron renunciar a su participación en las elecciones. Meses atrás la misma candidata había sido objeto de un atentado en la zona hotelera del centro turístico, cuando su auto fue saboteado.

En Tlalnepantla, Estado de México, la alcaldesa de filiación panista denunció la existencia de un sofisticado mecanismo de espionaje telefónico en sus oficinas, compuesto por una red de 20 micrófonos distribuidos en el palacio municipal. La alcaldesa denunció haber sido objeto de amenazas anónimas con el propósito de desestabilizar su gestión.

El Partido del Trabajo dio a conocer el espionaje que realiza el gobierno estatal de Baja California Sur, que ha afectado a casi 150 de sus militantes.

Entre otros atentados en contra de instituciones no oficialistas se puede reseñar el asalto sufrido por las oficinas de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la iglesia católica, en el Distrito Federal. Durante el mismo fueron sustraídas dos computadoras que contenían información confidencial del organismo. Como ha sucedido con frecuencia en otros atentados de esta índole, los ladrones respetaron las chequeras, el dinero en efectivo, aparatos valiosos y otros objetos.

La organización Alianza Cívica, que realiza promoción y defensa de los derechos políticos, fue objeto de varios atentados, entre los que se encuentra la sustracción de su equipo de computo, valorado en 95 mil pesos, en la que se había acumulado gran cantidad de información que seria utilizada a lo largo del ano electoral. Asimismo, en Quintana Roo el dirigente estatal de esta misma organización ciudadana, Tulio Arroyo Marroquin, fue objeto de amenazas de muerte, y sus oficinas fueron allanadas y mucha información relacionada con las elecciones anteriores federales y estatales fue sustraída por los agresores. La amenaza sufrida por el dirigente de Alianza Cívica fue hecha por un sujeto que le advirtió a la esposa de Arroyo que "es el primer aviso, para que se ponga vivo". Un grupo de integrantes de la Alianza Ciudadana que participaría en la instalación de un campamento civil por la paz en Los Loxicha, Oaxaca, fue atacado por guardias blancas que pretendían impedirles hacer un recorrido por la región que ha sido devastada por la guerra sucia, a través de la cual fuerzas policiaco-militares intentan descubrir células del EPR.

Ante el clima de represión política que se vive en México, el gobierno canadiense reveló que cada día son más los mexicanos que buscan asilo en ese país. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la gubernamental Comisión de Inmigración y Refugio de Canadá, hasta diciembre de 1996 la cantidad de mexicanos que había solicitado asilo político con Canadá durante los primeros 21 meses de gobierno de Zedillo llegaba a mil 200 personas, lo que significa una cantidad superior al total de solicitudes de asilo que recibió el gobierno canadiense por parte de ciudadanos mexicanos a lo largo de todo el sexenio de Carlos Salinas.

En relación con los atentados que costaron la vida a dirigentes políticos de oposición es de destacar que la mayor cantidad de víctimas pertenecían al Partido de la Revolución Democrática y a organizaciones campesinas de los Estados de Guerrero y Oaxaca, aunque los crímenes por motivos políticos también ocurrieron en la mayoría de los Estados de la República.

En Temoac, Morelos, el tesorero electo para el ayuntamiento local, miembro del PRD fue ejecutado por cuatro hombres que le dispararon a quemarropa. La policía se apresuró a explicar que no se trató de ningún atentado por razones políticas.

En Zaragoza, Nuevo León, dos líderes perredistas fueron ejecutados por un escolta del alcalde priísta Cristóbal Torres. A pesar de que el Partido de la Revolución Democrática interpuso de inmediato la denuncia del doble homicidio ante la Procuraduría, el asesino continúa en libertad.

En Monterrey, Nuevo León, el secretario de organización del comité estatal del PRD, Jesús Reylhander Alvarado, fue detenido por más de 30 horas para impedirle que realizara una protesta por el fraude electoral descubierto en el municipio de García.

Uno de los factores que conspiran contra la posibilidad de impedir la violación a los derechos humanos de los activistas políticos de oposición en México es la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. Por esa razón, en ninguno de los asesinatos cometidos por razones políticas son descubiertos los autores materiales e intelectuales.

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA

Durante este periodo no hubo mejoría alguna en las instancias de procuración de justicia. La tortura continuó utilizándose como método por excelencia de investigación judicial, y continuaron presentándose casos de fabricación de responsables de la comisión de ilícitos. Por este motivo, las declaraciones ministeriales fueron frecuentemente negadas por los detenidos, al tiempo que las irregularidades denunciadas fueron a menudo desestimadas por los jueces. El hecho de que estas violaciones sean cometidas en el ámbito jurisdiccional, imposibilita que sean seguidas por las comisiones gubernamentales de derechos humanos.

Un ejemplo de tantos es lo ocurrido a Alejandro Pérez de la Rosa: la familia para la que trabajaba como chofer fue asesinada en diciembre; se le encontró herido gravemente en el lugar de los hechos, a donde fue trasladado sin consentimiento médico para obligarlo a firmar mediante maltrato físico y presiones una declaración prefabricada donde se hacía responsable de los hechos.

La detención de personas por su supuesta vinculación con el EPR se cometió en todos los casos de que tuvimos conocimiento sin cubrir los requisitos legales, y se recibieron denuncias de centros clandestinos de reclusión en los estados de Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal. La región oaxaqueña de Los Loxichas presentó varios casos de esta índole: 28 personas fueron que fueron detenidas y sometidas a proceso judicial acusadas de delitos como terrorismo, conspiración, sabotaje, homicidio y otros, debido a su presunta participación en el EPR. Todas estas personas negaron sus declaraciones ministeriales arguyendo que éstas habían sido obtenidas bajo tortura. En algunos de estos casos fue posible obtener certificados médicos que acreditaban las lesiones. Sin embargo, fueron trasladados en distintos momentos al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, donde permanecen hasta el cierre del presente informe.

Otro serio problema en cuanto a la situación del derecho a la seguridad jurídica durante el periodo fueron las constantes noticias sobre la toma de la justicia en manos de la población: varios casos fueron conocidos donde los moradores de colonias populares o poblados rurales detuvieron, juzgaron y asesinaron mediante linchamiento a personas qué se suponía habían cometido delitos. En varios de ellos, los presuntos delincuentes resultaron muertos por sus captores, quienes se opusieron a entregar a los señalados a las autoridades delincuentes, puesto que las instancias de procuración de justicia han liberado a los agresores. Estos casos se presentaron al menos en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y la ciudad de México, poniendo en entredicho la confianza ciudadana en las instituciones de impartición de justicia y evidenciando una profunda crisis en ella, que ha provocado ya la muerte de personas que carecieron por completo del elemental derecho a la seguridad jurídica.

En cuanto a la situación que viven las personas internas en los centros de reclusión debe apuntarse lo siguiente: la corrupción, la inseguridad, el tráfico de drogas, armas e influencias, el auto-gobierno de los presos, la sobrepoblación, las graves carencias de servicio social, medico y psicológico, la cohabitación con presos enfermos mentales, etc., siguen presentes en la inmensa mayoría de los reclusorios de todo el país.

En el Distrito Federal la sobresaturación penitenciaria oscila entre el 40 y el 65 por ciento (según la CDHDF, es superior al 150 por ciento; según Gobernación es solo de 10 por ciento), en donde más de la mitad de los internos cuenta con edades que fluctúan entre los 18 y 25 años. Durante los últimos años el crecimiento de la población penitenciaria de la capital es superior al 72 por ciento, y solo la mitad ha sido sentenciada. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la sobrepoblación es superior al 100 por ciento, al igual que en Miuxtla y Tapachula, del estado de Chiapas. Mientras tanto, los 22 penales de Puebla muestran un exceso que va del 40 al 100 por ciento de sobrepoblación. Un grupo de internas del Reclusorio Femenil Tepepan en el Distrito Federal pidió a las autoridades poner freno a los altos precios de los productos que se venden dentro del reclusorio, lo que ocasiona que algunas internas a veces no coman y no puedan adquirir algún producto.

Mientras que los internos de los reclusorios regionales de Putla de Guerrero, Santiago Juxtlahuaca y Tlaxiaco en la mixteca oaxaqueña viven en condiciones infrahumanas, según un estudio realizado por el Centro Regional de Derechos Humanos de la Mixteca. En Hidalgo, solo un 20 por ciento de los reos han sido sentenciados. En Tlaxcala los niños infractores se encuentran recluidos en cárceles para adultos, y es común la practica de castigar brutalmente a los internos. También en Tijuana, Baja California, se reportaron 180 menores recluidos en las cárceles de adultos. En Chiconautla, Estado de México, las internas se quejan de hostigamiento y violaciones sexuales, golpizas y amenazas, por parte de los custodios. Todas las mujeres internas de ese reclusorio cuentan entre 20 y 30 años de edad y no conocen a sus defensores de oficio. Una de las internas --sordomuda-- cumplió su sentencia desde hace tres años y no ha sido puesta en libertad "porque --según las autoridades-- aun no esta apta para reintegrarse a la sociedad". El director del penal rechazó que un grupo interdisciplinario de profesionales revisara los casos de 33 de las reclusas. En el penal de Santa María Ixcotel, Oaxaca, durante dos motines, más de 7 reos perecieron como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos de presos que luchan por el poder dentro de la prisión. En Chihuahua, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los penales son gobernados por bandas de presos, lo que se agrega a las inhumanas condiciones de vida que se padecen en todos los reclusorios del país. En el penal de Apodaca, Nuevo León, Monterrey, a fines de siglo, todavía se colocan grilletes en las piernas de los presos.

En México, aseguró el Centro Vitoria en abril, no se aplican penas no privativas de la libertad pese a ser contempladas en la legislación y, debido al endurecimiento del marco legal, los penales se han saturado de manera alarmante. Además --señaló en un informe--, miles de personas sentenciadas permanecen en los reclusorios preventivos. Indica el informe que 30.38 por ciento de las quejas que se reciben en la CNDH por violaciones a los Derechos Humanos se relacionan con el sistema penitenciario. En la mayor parte de los casos, los internos guardan prisión porque no pueden pagar una fianza, mientras que en el caso de las personas que han sido sentenciadas, se ha registrado una severa disminución en el otorgamiento de beneficios de preliberación.

CONTEXTO SOCIAL

El periodo que analizamos ha llegado a su final. Al hacer este recuento anual observamos que las contradicciones que apuntábamos en el Informe anterior se han agudizado de manera alarmante, debido sobre todo a que algunos mecanismos represivos adicionales, más sofisticados, han sido puestos en marcha. El hecho de que el evento electoral del julio de 1997 se haya realizado sin graves irregularidades permitió al gobierno mexicano vanagloriarse de un avance democrático que es solo formal, puesto que, paralelamente a él, se ha registrado un importante aumento cualitativo y cuantitativo en las violaciones a los derechos humanos.

Esta situación, desestimada o negada abiertamente por el gobierno mexicano, no ha pasado inadvertida para organismos no gubernamentales internacionales ni para instancias de protección intergubernamentales. Durante 1997 se recibieron visitas de monitoreo por parte de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, el Observatorio Internacional de Prisiones, Americas Watch y el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, por mencionar sólo a las más relevantes. La desdeñosa actitud del gobierno mexicano hacia las ONGs nacionales se puso en evidencia también ante estas instancias internacionales. Aduciendo que en México las violaciones a los derechos humanos han disminuido, por afirmarlo así la CNDH,, entró en abierta confrontación con los informes que fueron emitidas por estas organizaciones.

El creciente interés internacional en la situación de los derechos humanos en México se reflejó también en las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator Especial del sistema de Naciones Unidas contra la Tortura. En ambos casos, las organizaciones no gubernamentales presentaron documentación que permite comprobar la ineficacia de las acciones de la CNDH y las comisiones gubernamentales de los estados, lo que les valió el calificativo de detractoras y enemigas de las instituciones.

Dos son los rubros donde el deterioro de la situación de los derechos humanos en México ha encontrado su mejor expresión:

a. La relación de las instancias gubernamentales con las organizaciones ciudadanas de Derechos Humanos

En el contexto de endurecimiento de las relaciones del Estado con la sociedad, que ha venido profundizándose de una manera clara desde hace cinco años, el gobierno mexicano ha mostrado una creciente intolerancia hacia las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, intentando destruirlas, descalificarlas, desacreditarlas o, por lo menos, aislarlas o constreñirlas financieramente.

Precisamente eso que ha venido denominándose transición a la democracia es el principal argumento esgrimido internacionalmente para buscar el aislamiento de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil mexicana, que constantemente han venido denunciando el agravamiento de la situación de los derechos humanos en el país.

En el año que finaliza los ataques contra estas organizaciones se recrudecieron y diversificaron, alcanzando incluso a los máximos dirigentes de las organizaciones de Derechos Humanos más representativas de México, como el sacerdote dominico Miguel Concha Malo O.P. y la Mtra. Mariclaire Acosta, del Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A.C. y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., respectivamente. Al primero de ellos se le amenazó telefónicamente, mientras que a la segunda sufrió amenazas e injerencias arbitrarias en su domicilio. En varias ocasiones autoridades públicas "insinuaron" la existencia de vínculos entre ambas organizaciones y grupos armados, en voz de funcionarios gubernamentales que se entrevistaron con sus representantes.

Entre las prestigiadas organizaciones que sufrieron ataques por parte de sectores del gobierno se encuentra también la Academia Mexicana de Derechos Humanos, contra la que se desplegó una inusitada guerra, que fue dirigida expresamente por el canciller mexicano y el cuerpo diplomático mexicano acreditado en Europa. El propósito de esta otra modalidad de represión, mediante el chantaje, era impedir que la Academia obtuviera un financiamiento para realizar la promoción y defensa de los derechos políticos, que había planeado realizar en los meses previos a las elecciones de julio.

Este mecanismo, que violenta no solo el derecho de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquiera de sus categorías, sino que representa un severo retroceso de todos los avances logrados por las Naciones Unidas, en el reconocimiento y estimulo al trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, es un peligroso precedente que a todas luces revela que el gobierno mexicano es capaz de realizar todo lo que sea preciso, si el fin lo justifica.

Los atentados contra los defensores y promotores de Derechos Humanos no son nada nuevo, pero lo mencionado líneas arriba manifiesta que hay al menos dos elementos novedosos. Uno de ellos, el hecho de haber alcanzado a las organizaciones y personalidades más destacadas de México. Y, segundo, el despliegue de recursos del más alto nivel.

Sin embargo es importante destacar otros hechos relevantes en relación con las actividades llevadas a cabo por el gobierno con la finalidad de impedir que sean conocidas las sistemáticas y graves violaciones de Derechos Humanos que comete. Primero, la sucesiva expulsión de grupos de observadores internacionales que intentaban conocer de cerca la situación de los derechos humanos. Segundo, la ofensiva diplomática lanzada para lograr minimizar la competencia de los organismos regionales que desde la OEA vigilan el estado de los Derechos Humanos en el continente. Tercero, la pretensión gubernamental de que sea la oficialista Comisión Nacional de Derechos Humanos la única facultada legalmente para presentar informes sobre la situación de los Derechos Humanos del país ante los organismos internacionales (OEA y ONU) y cuarto, la negativa presidencial y de otros funcionarios de alto nivel, todos dependientes del Ejecutivo Federal, a recibir a Pierre Zané, Secretario General de Amnistía Internacional durante su primera visita oficial a México.

b. Las fuerzas armadas como instrumento de control social

La modernización nacional de México implica una transformación radical del concepto de Ejercito que tradicionalmente había sido mantenido a lo largo de decenios. De la vieja escuela tradicional nacionalista que reconocía y otorgaba facultades a las fuerzas armadas para la defensa de la soberanía patria, frente a un hipotético enemigo externo, se ha transitado a la adopción de los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense, que sostiene la existencia de un ejercito enemigo interno, conformado por mexicanos "traidores", a los que se debe perseguir, desarticular y eliminar como foco de inestabilidad del proyecto de nación que se construye. Los elementos del modelo económico y político han sustituido los contenidos esenciales del concepto de soberanía, y para la defensa de esa nueva idea de soberanía se ha reorientado la misión de las fuerzas armadas.

El carácter excluyente de dicho modelo ha sido el principal generador de descontento social, y hacia la represión de esa disidencia se dirige hoy "todo el peso de la ley", que utiliza al Ejercito como instrumento de primer rango.

Hace un año, cuando presentábamos el Informe anterior, señalábamos la articulación y despliegue de una serie de reformas jurídicas e institucionales, cuya análisis permitía prever una mayor dureza en las labores de control social. Hoy podemos constatar como los más negativos presagios en relación con la participación de militares en labores de seguridad publica se hicieron realidad a lo largo del presente año.

Los acontecimientos de mayor gravedad que han conmocionado a la opinión publica nacional e internacional, han tenido como actor principal a elementos de las fuerzas armadas. Un rápido recuento de ellos nos permite sustentar lo dicho: detenciones masivas, detenciones-desapariciones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones arbitrarias, intimidaciones, cercos, incursiones y destrucción del patrimonio contra poblaciones enteras, etc., han sido cotidianos en los estados de Oaxaca, Guerrero, en donde mediante un amplio despliegue de tropas el Ejercito persigue a los miembros y simpatizantes del EPR. Con el mismo argumento se encuentra militarizada la vida rural en las Huastecas, principalmente de Veracruz. En todos estos estados la mayor cantidad de víctimas han sido campesinos pobres e indígenas. Cercos y vigilancia de caminos y poblados, así como entrenamiento, asistencia logística y encubrimiento de bandas paramilitares que han atacado a comunidades afines al EZLN y el PRD, son modalidades de la guerra de baja intensidad que se mantiene contra indígenas y campesinos chiapanecos, de modo especial en la zona norte.

Las detenciones arbitrarias e ilegales, las detenciones-desapariciones, los cateos y despojos, también han ocurrido en el Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y otros estados del norte de la República, en el marco de un presunto combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, este último pretexto de la intervención militar en la vida civil cae por tierra cuando día tras día se han venido descubriendo los profundos nexos que tiene el crimen organizado con las más altas esferas de la institución castrense.

En algunas de las delegaciones del Distrito Federal centenares de militares con licencia han sustituido a los agentes de las fuerzas de policía civil, dentro de un plan de contrainsurgencia que les permitirá en los próximos meses el despliegue de tropas en todas las calles y colonias de la capital y otras importantes ciudades del país. En Iztapalapa, la primera delegación capitalina con la seguridad militarizada, los vecinos ya han resentido la muerte de por lo menos dos personas a manos de las nuevas corporaciones policiaco-militares.

Sin embargo, en aquellas zonas en las que todavía no han ocupado totalmente los puestos de los civiles, la táctica ha sido la utilización de fuerzas combinadas de civiles y militares, de infantería y helitransportados. Centenares de arrestos injustificados, cateos ilegales, despojo, son los resultados preliminares de una campaña por demás intimidatoria que empezó a fines de julio. En estos operativos también se ha podido constatar que la actividad de los soldados obedece a razones que no han sido confesadas: el crimen, común u organizado, muestra tanto o mayor vigor que antes. De los varios cientos de detenidos en las anticonstitucionales redadas e ilegales allanamientos, solo una decena de miserables delincuentes fueron presentados ante el juez. Ni un solo capo de la droga, ni una sola banda organizada han sido arrestados.

En el segundo trimestre del año se incorporaron Motopatrulleros militares a la vigilancia de la delegación Iztapalapa, en sustitución de los policías que se encontraban asignados en dicha delegación quienes recibieron adiestramiento en el campo militar. Un mes más tarde se dio a conocer que la policía militar estaría también a cargo de la vigilancia en la Delegación Gustavo A. Madero, mientras que los 600 policías sectoriales irían al Campo Militar No. 1 para su capacitación. La Comisión de Seguridad Publica de la Asamblea de Representantes del D.F., exigió, mediante una carta que fue enviada al secretario de Seguridad Publica y al procurador capitalino, explicar el incumplimiento del programa original de capacitación policial, la participación de militares en el conflicto del 8 de mayo y el irregular proceso de detención de los policías que manifestaron estar inconformes por haber sido desplazados de sus puestos, así como también urgieron una explicación por la presencia de militares en el agrupamiento de Granaderos, ya que hasta el momento, los únicos que han sido aceptados para pertenecer a la SSP son los elementos de la 3a. brigada de Policía Militar.

Mientras que el Consejo Ciudadano solicito evaluar el trabajo de militares en Iztapalapa, pues aseguro que a pesar de su presencia en esta zona, no ha habido resultados sustanciales en el combate a la delincuencia.

Por su parte, diputados locales y federales en Tijuana, B.C., enviaron cartas de protesta al procurador Jorge Madrazo por los reiterados atropellos que cometen los militares asignados como agentes de la PJF en la entidad. El poblado Nuevo Rosarito, sufrió también el cateo de varias viviendas sin orden judicial.

Finalmente, en un estudio de Eduardo López Betancourt, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM se asegura que el 75% de las fuerzas policiacas del país esta en manos de miembros del Ejercito Mexicano.

CONCLUSIONES

En un contexto de creciente polarización social, donde los efectos de la política económica continúan siendo resentidos por las mayorías, de suyo empobrecidas, donde las concesiones a la iniciativa privada de bancos y otras ramas de servicios son súbitamente interrumpidas para impedir su quiebra, rescatadas por el gobierno y nuevamente concesionadas,, como ocurrió durante el periodo con algunas rutas carreteras, donde los paquetes de rescate a deudores únicamente son paliativos que permiten a los bancos mantener sus ganancias sin resolver el problema de las carteras vencidas, donde la única inversión que se ha fomentado decididamente es la especulativa, donde el proceso de reparto agrario se ha dado por concluido y donde la precarización del campesinado continúa acentuándose, la sofisticación y el perfeccionamiento de los aparatos represivos parece ser el único recurso a aplicar, además de algunos programas de corto alcance y de corte asistencial y clientelista, como el Progresa, destinado a atender integralmente --a subsidiar-- a algunos cientos de familias en estado de pobreza extrema, sin erradicar las causas de fondo ni resolver la generalizada situación de descontento social.

Ante ello, la situación de los derechos humanos, de todos ellos se encuentra, podemos afirmar, en severo deterioro. Ni el Estado ha cumplido con su obligación de respetar los derechos civiles, ni ha hecho mayor cosa para que los derechos económicos, sociales y culturales encuentren plena vigencia.

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