Este documento ha sido publicado el 11abr03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
EQUIPO NIZKOR |
|
11abr03
La verdad sin ira.
Con la publicación del manifiesto titulado "Democracia sin ira" el miércoles 9 de abril en los principales diarios nacionales, un grupo de ciudadanos cercanos al Partido Popular expresan su deseo de que, en aras de la concordia, se eluda el enfrentamiento político provocado en España por la decisión del gobierno de participar en la guerra contra Irak, y se insta a los ciudadanos a desmovilizarse y esperar a las próximas elecciones generales para manifestar su apoyo o rechazo a la política gubernamental, con el argumento de que así funciona la democracia representativa. Se quiere, por tanto, a dar carpetazo al asunto de la guerra y continuar una convivencia política normalizada como si aquí no hubiera pasado nada; todo ello sobre la base de consideraciones y argumentos decididamente discutibles.
Frente al argumento: "No se puede afirmar que toda intervención armada sea impropia de naciones civilizadas. La historia contemporánea ofrece numerosos ejemplos de lo contrario"
Afirmamos: Precisamente el repudio radical de la guerra es la base fundamental del nuevo orden internacional orquestado en torno a Naciones Unidas, y así se declara en el Preámbulo y el artículo 2 de la Carta de San Francisco, para la que la guerra es la barbarie y la convivencia pacífica lo civilizado. Puesto que dicha Carta es derecho interno español, la guerra es bárbara también para el Reino de España, y aunque así no lo entiendan los signatarios del manifiesto, sí lo ha entendido la inmensa mayoría de la ciudadanía española.
Frente al argumento: "Por la frecuente agresión terrorista, España tiene motivos para desear el respaldo de las naciones aliadas y el imperio de la ley en el mundo".
Afirmamos: Precisamente porque España tiene sobrados motivos para desear y defender el imperio de la Ley en el mundo nos oponemos a una guerra hecha contra la legalidad internacional, contra el derecho español y contra la voluntad manifiesta de las Naciones Unidas. Precisamente porque España tiene sobrados motivos para desear el respaldo de las naciones aliadas nos oponemos a la actitud genuflexa del gobierno español para con los EEUU y exigimos que se alinee con los países respetuosos de la legalidad y aliados más cercanos como Francia, Alemania o Bélgica, que han demostrado ser nuestro más firme apoyo en la lucha contra el terrorismo y con los que tarde o temprano tendrá que consensuar una política exterior común en el seno de la UE.
Frente al argumento: "España no podría permanecer ya al margen de los inevitables posicionamientos internacionales".
Afirmamos: Precisamente por ello, la inmensa mayoría de la opinión pública española no exige una inactividad por parte del Gobierno, sino una posición clara y terminante de condena a la guerra en cumplimiento de los tratados internacionales firmados por España.
Frente al argumento: "En el calor del debate se va olvidando que el régimen de Sadam Hussein se ha situado consciente y voluntariamente al margen de la legalidad internacional (...)"
Afirmamos: Precisamente el título que legitima la presión sobre Irak, las sanciones o el régimen de inspección de armamento impuesto por Naciones Unidas es el cumplimiento de la legalidad internacional, que no admite contestar un incumplimiento con otro incumplimiento. Por ello, desde el punto de vista de la legalidad internacional, Irak, España, EEUU y el Reino Unido hoy son lo mismo: naciones que incumplen la legalidad.
Frente al argumento: "El que numerosas personas se pronuncien en contra de la intervención armada no debe conducir a ningún demócrata a acabar colocándose en la defensa tácita de un régimen tiránico"
Afirmamos: Los que nos oponemos a la guerra nos estamos oponiendo a toda forma de tiranía, incluida la que impone por la fuerza militar los intereses de unas pocas naciones al resto de la comunidad internacional, tiranía contra la que también debería posicionarse cualquier demócrata.
Frente al argumento: "El ejercicio de la libertad de expresión y manifestación no puede sustituir a las instituciones parlamentarias de una democracia por una especie de régimen asambleario permanente"
Afirmamos: La democracia representativa no significa que cada cuatro años se de carta blanca al gobierno de turno para hacer y deshacer a su antojo. Implica una expresión de confianza en un proyecto político en tanto dicho proyecto político se cumpla. Que existan representantes no significa que los ciudadanos queden amordazados mientras dura su mandato, sino que en tanto dichos representantes sean fieles al proyecto y respetuosos del derecho, la paz social se asegura y los ciudadanos consienten tácitamente la acción de gobierno. Cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos de forma continuada rompen su silencio, están expresando el fin de la confianza inicial, de la representatividad de la mayoría parlamentaria y del consentimiento para con la acción del Gobierno, que debe rectificar o dimitir. Ello no es un régimen asambleario permanente, sino la esencia misma del régimen representativo democrático.
Frente al argumento: "Haber tildado de "asesinos" a los miembros del Gobierno, o haber callado cuando así lo hacían otros compañeros de manifestación, arroja una sombra de imprudencia que ha de ser contrarrestada con un inequívoco ejercicio de concordia"
Afirmamos: Responsabilizar a la oposición de la ira de la inmensa mayoría de los ciudadanos, provocada por una decisión del gobierno contra la legalidad internacional, contra la Constitución española y contra el deseo de los ciudadanos, es de un cinismo inaceptable. La agresión es un crimen internacional contenido en la Carta del Tribunal Penal Internacional y quienes han sido responsables y cómplices de un crimen, deben soportar el rechazo social que la comisión de un crimen comporta. Quienes han hecho a España responsable de un crimen internacional no pueden esperar sino la ira de los españoles.
Frente al argumento: "La concordia requiere orillar las discrepancias que en ciertos momentos no pueden resolverse"
Afirmamos: La cuestión del apoyo a los EEUU en su guerra contra Irak no es un tema de poco más o menos. Significa situar a España fuera de la legalidad y hacerla responsable de un crimen internacional. El incumplimiento del derecho no se pacta ni se legitima por acuerdos políticos. Frente a él no cabe sino el enfrentamiento y la oposición radical, que no sería ya sólo legítima, sino la opción más cívica y democrática. El rechazo a la guerra y a la decisión del gobierno español no es solo responsabilidad de las fuerzas políticas de oposición, sino un movimiento espontáneo ciudadano. Si de buscar concordia se trata, ello corresponde al Gobierno, responsable del divorcio con la ciudadanía en una cuestión capital para el país, y pasa por el retiro inmediato del apoyo político, diplomático y logístico a la guerra y la vuelta a España de las tropas desplazadas a la zona de conflicto o, en su defecto, la dimisión inmediata del Presidente del Gobierno.
En defensa de la democracia y contra el despotismo de cualquier orden: NO A LA GUERRA.
José Asensi Sabater, Catedrático de Derecho constitucional; Marcos Criado de Diego, Profesor ayudante Derecho constitucional; Mar Esquembre Valdés, Profesora titular Derecho constitucional; Ramón Cerdá Parra, Abogado municipal; Javier García Fernández Catedrático de Derecho constitucional; Rubén Martínez Dalmau, Investigador de la Universitat de València; Fabiola Meco Tébar, Investigadora del CEPS; Roberto Viciano Pastor, Profesor titular Derecho constitucional; Fernando Flores Giménez, Profesor titular Derecho constitucional; Gregorio Dionis, Director del Equipo Nizkor; Margarita Lacabe, Directora de Derechos Human Rights (Usa); Parmenia Camargo, Serpaj Europa (Bélgica); Antonio Goytre Boza, Funcionario Generalitat de Valencia; Isabel Luján, Investigadora CEPS; Carlos Sáez Criado, Camarero; Carlos Sáez Lahoz, jubilado Banco España; Matilde Criado Juárez, Pintora; José Luis Peralta Ortega, Funcionario; Rafael Peña Palomar, Abogado colegiado por el ICAM; Miguel Mateo Rey, Ayudante de dirección audiovisual; Antonio de Cabo de la Vega, Profesor Titular Universidad; Carlos de Cabo Martín, Catedrático Derecho Constitucional; Roque Moreno Fonseret, Profesor titular universidad; Gaspar Hernández Hernández, Profesor titular universidad; Rafael Carrillo Paños, PAS UA; Miguel Louis Cereceda, Catedrático Universidad; Antonio P. Cano Clemente, Gestor UA; Maria Teresa Monllor Pastor, Gestora-jefe UA; Maria Paz Galacho Paya, Profesora titular Universidad; Jesús Carretero Ajo, Maestro de Primaria; José Carlos Rovira, Catedrático Literatura Española e Iberoamericana; Luis Rosa Moreno, Profesor Titular Universidad; Ignacio Jiménez Raneda, Catedrático Universidad; Jose María Asencio Mellado, Catedrático Derecho Procesal; Mercedes Fernández López, Profesora titular Universidad; Carmen Cuadrado Salinas, Profesora titular Universidad; Maria Amparo Alberola, Procuradora; Jose María Barroso González, Abogado; Miguel Gutiérrez Carbonell, Fiscal; Rafael Martínez Ximenez, AbogadoManuel Alcaraz Ramos, Profesor titular universidad ; Albert Peris i Fuster, Advocat; Elena Relo Cruapes, Abogada; María Dolores Romerola Casa, Abogada; Enrique Botella Soria, Abogado; Concha Collado Mateo, Abogada; Maite Catala Pérez, Abogada; Armando Etayo Alcalde, Funcionario; Nicolás García García, Abogado; José Luis Díez Berna, Abogado; Daniel González Lagier, Profesor Universidad; Isabel Lifante Vidal, Profesora Universidad; Josep Aguiló Regla, Profesor Universidad; María Garlia Ollina, Abogada; Beatriz Malo Pallarés, Abogada; Pilar Chamorro Chica, Abogada; Juan Montaña Pinto, Becario Universidad; Inmaculada Martínez Ordoñez, Abogada; Cándida Leal Pardo, Madrid; Jesús Otero Acero, Madrid; Eduardo Abarca Ibarra. Licenciado en Derecho y Empresario; Ricardo Gayol, Presidente de Yolocamba-Solidaridad; José Luis Gómez del Prado; Ex-Funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente Miembro del Fondo de Naciones Unidas del Decenio para Pueblos Indigenas; Benigno Merino, Psychosociologue Conseil d'Entreprise Docteur en Sciences de l'Education y Presidente de la Associacion ECUATINE; Rosa Mercado Alonso, Diplomada en Enfermería, enfermera del Hospital General Básico de Motril; Rafael Martínez Martínez, Licenciado en Informática, profesor del Colegio Santo Rosario de Motril; Leandro del Moral Ituarte, Profesor Universidad de Sevilla; Javier de Lucas, Catedrático de filosofía del derecho, Universitat de Valencia; Josefina Monteys; Presidenta de la "Asociación para la Integración de Iberoamérica", en New York; Pablo Gabriel Salinas, Profesor de Derecho Penal II, de Historia Institucional Argentina, Abogado del Movimiento Ecumenico por los Derechos Humanos, Mendoza, Argentina; Corina Ríos, Lomas del Mirador (Arg); Enrique Mosca, Abogado; Javier Amaya, periodista; Prof Bibiana Apolonia del Brutto, Facultad de Ciencias Sociales de UBA (Arg); Manuel Muñoz Herrera, Sociólogo; Miguel C&óacute;doba Moraleda, Tripulante Cabina de Pasajeros; Rafael León Rodríguez;, Geógrafo; Francisco González Ramírez, Funcionario; Pedro Sanz Martín, Administrativo; Serafín de Tapia Sánchez, Catedrático de Historia; Hildelina Losa Martínez, Trabajadora Social; Alfonso Troya Rodríguez;, Sociólogo; Chuaquín Gabás Anadón, Cartero; Rubén Herranz González, Abogado; Manuel Navarro Lamolda, Maestro; María José Rodríguez; Rubio, Desocupada; Encarnación de Mendoza Roldán, Abogada; Juan Manuel Alonso Martínez; Carlos Turdera, Periodista; Rosa Arroyo Muns, Desempleada; Vicente Cort Cañizares, Funcionario; Eugenia García, Directora General de Farmaceuticos Mundi; Juanma Jiménez Núñez, periodista; Karlos Pérez de Armiño, Profesor titular de Relaciones Internacionales, Universidad del País Vasco; Féliz Rodríguez Sanza, Secretario Federal de Derechos Humanos de Izquierda Republicana; Marta González del Támago del Río, Profesora Titular de la Universidad Politécnica de Madrid; Pascual Serrano, Periodista, Albacete, España; Antonio Sergio Alcina Aznar, Técnico en Cooperación al desarrollo; Alberto Jabonero Burgos, Responsable de Compras empresa instaladora, Alcorcón, Madrid; Francisco Pérez, Secretario de Derechos Humanos de IU Federal, España; José González del Támago, Profesor de Ciencias Geológicas, Dpto. Petrología y Geoquímica, Universidad Complutense de Madrid; Francisco Javier López Pérez, Profesor de Música; Marí Quiroga Picos; Pilar Catalán Rodríguez, Profesora Titular, Universidad de Zaragoza; Moraia Grau López, Bióloga Consultora, Siétamo, Huesca (Esp); Luis Andrés Zambrana, Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla (Esp); Begoña González de Tánago Meñaca, Psicóloga; Fernando Ballenilla García de Gamarra, Profesor, Facultad de Educación de la Universidad de Alicante; Enrique Laplaza García, Biólogo; Ignacio de Navascués y Gasca, Biólogo, Gobierno de Aragón.[Lista de adhesiones actualizada a 01may03]
Si deseas adherirte a este manifiesto, envía un mensaje con tus datos personales o institucionales (Nombre y apellido, cargo, DNI) a: Marcos Criado de Diego o a Gregorio Dionis
Este documento ha sido publicado el 11abr03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights