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14dic17
Irak ejecuta a 38 militantes del Estado Islámico
Irak ha ejecutado este jueves a 38 presuntos miembros del autodenominado Estado Islámico cinco días después de que el país declarara su victoria definitiva en la guerra contra las últimas huestes del califato, refugiado ahora en células insurgentes escondidas en los que una vez fueron sus dominios.
La ejecución en el cadalso se ha llevado a cabo en una prisión de la ciudad de Nasiriya, a 308 kilómetros al sur de Bagdad, ha informado el ministerio de Justicia en un comunicado. "La ejecución de las 38 personas condenadas por terrorismo se ha realizado después de la confirmación de sus sentencias y la ratificación de la presidencia", detalla la nota.
Según el Gobierno, los militantes suníes ahorcados habían agotado todos los procedimientos para recurrir el veredicto. El pasado 25 de septiembre Bagdad ejecutó a otras 42 personas en el mismo centro penitenciario por cargos que incluían el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes o la fabricación de coches bomba.
Una de las incógnitas que rodea a las ejecuciones que desde hace meses llevan a cabo las autoridades iraquíes es el número de miembros del IS (Estado Islámico, por sus siglas en inglés) detenidos y la cifra de quienes esperan su camino al patíbulo. Según la legislación antiterrorista iraquí, la pertenencia a organización terrorista se castiga con la condena a muerte, ejecutada a través del cadalso o el fusilamiento.
Un ruso, condenado a muerte
La ejecuciones no solo afectan a ciudadanos iraquíes. El pasado septiembre un tribunal del país dictó pena capital contra un militante del IS de 28 años y nacionalidad rusa, capturado en el oeste de Mosul en plena campaña militar para liberar la segunda urbe del país. Fue la primera sentencia contra un combatiente extranjero del grupo yihadista.
Precisamente a principios de este mes Human Rights Watch (HRW) hizo público un extenso informe en el que denuncia la "caótica" persecución de miles de personas sospechosas de estar vinculadas con la organización que dirige Abu Bakr al Bagdadi firmada por los gobiernos central iraquí y de la región autónoma del Kurdistán.
"La gestión de los juicios de IS en Irak representa una oportunidad perdida para demostrarle a su pueblo, al mundo y al propio IS que es una nación gobernada por leyes y el imperio de la ley y que es capaz de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves y la reconciliación para todas las comunidades afectadas por esta guerra", declaró entonces Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Próximo y Norte de África de HRW. "La justicia iraquí -detalló- no distingue entre la culpabilidad de los médicos que protegieron vidas bajo el Gobierno del IS y los responsables de crímenes de lesa humanidad".
A partir de visitas a cárceles y entrevistas con familiares de los detenidos, la organización identifica a al menos 7.374 personas juzgadas por terrorismo desde 2014, el año que irrumpió el IS. Hasta la fecha de publicación del informe, 92 habían sido condenados a muerte y ejecutados. En base a datos proporcionados por fuentes gubernamentales, Irak mantiene detenidas a unas 20.000 personas por su presunta vinculación con el IS.
Sin estrategia nacional
El informe recalca que no existe "una estrategia nacional para dar prioridad al enjuiciamiento de los responsables de los peores abusos ni para presentar cargos que plasmen la amplia gama de delitos que los miembros de IS han cometido". "Parece que las autoridades juzgan a todos los sospechosos del IS conforme a la legislación antiterrorista y no se fijan en las acciones específicas o los delitos que puedan haber cometido", apostilla el documento.
La ONG alerta de los errores detectados en la investigación de las listas de sospechosos realizadas por las fuerzas de seguridad en las zonas que una vez estuvieron bajo el yugo yihadista. "Quienes fueron identificados por error como sospechosos pueden pasar meses en detención arbitraria", avisa la organización, que censura, además, las condiciones de hacinamiento de los detenidos; la falta de garantías judiciales y las torturas denunciadas por algunos de los arrestados.
Así, HRW ha examinado una retahíla de casos en los que fueron condenadas personas que presuntamente estuvieron empleadas en hospitales administrados por el IS o cocineros que prepararon comidas para los combatientes. "Ayer tuve un caso de un cocinero de IS y recomendé que se le aplicara la pena de muerte. ¿Cómo podría el combatiente de IS haber matado a alguien si no hubiera disfrutado de una buena cena la noche anterior?", arguyó un juez a investigadores de Human Rights Watch.
Las autoridades han respondido a la inquietud de las organizaciones de derechos humanos negando las críticas. El ministro iraquí de Justicia Haidar al Zamili se limitó a advertir de que se producirán "más ejecuciones" en los próximos meses. HRW, no obstante, teme que la extensa persecución judicial arruine la reconstrucción del país y alimente la insurgencia sobre cuyas acciones la prensa local da cuenta a diario. "Irak necesita tanto una estrategia para la reconciliación y la búsqueda de la verdad como un plan para llevar a prisión a los criminales más feroces", voceó Leah Whitson.
[Fuente: Por Francisco Carrión, El Mundo, Madrid, 14dic17]
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