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28oct06


El Asesor de los jueces de Sadam Hussein.


El ex fiscal Virgilio Hernández fue escogido por la ONU, el Banco Mundial y el Departamento de Justicia de E.U. para que viaje a Bagdad y capacite a los encargados de juzgar al ex dictador iraquí.

El ex fiscal santandereano Virgilio Hernández Castellanos, quien a riesgo de su vida —y con un exilio a cuestas— puso tras las rejas a muchos violadores de Derechos Humanos y a otros poderosos protagonistas de la corrupción pública en Colombia, acaba de ser reconocido por la comunidad internacional con una misión correspondiente a sus capacidades como investigador judicial: será asesor de los jueces iraquíes que actualmente procesan al ex dictador Sadam Hussein.

Ya estuvo en Amán (Jordania), con otros especialistas del mundo, debatiendo sobre esquemas de juzgamiento, dispositivos de seguridad o apoyo logístico a los jueces iraquíes, y en las próximas semanas deberá viajar a Bagdad (Iraq) para compartir su conocimiento y métodos de trabajo en recaudo de pruebas y testimonios, con los responsables del denominado "Juicio del Siglo". Un honor tributado por la ONU, el Banco Mundial y el Departamento de Justicia de E.U..

De una lista de acreditados juristas de los cinco continentes, junto a otros expertos, el ex fiscal Hernández Castellanos fue escogido por su eficacia como fiscal sin rostro y coordinador de las unidades de Derechos Humanos y Anticorrupción de la Fiscalía de Colombia. Una incesante labor de nueve años que le permitió combatir —con igual energía— a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, ex oficiales de las Fuerzas Armadas o encumbrados personajes del poder político.

El principio

Nacido hace 41 años en Bucaramanga, pero criado entre los municipios de Vélez y San Gil, en el departamento de Santander, desde su infancia Virgilio Hernández asumió que estaba destinado al universo de los jueces. Su padre, también llamado Virgilio Hernández, ofició siempre como investigador judicial y, por muchos años, ejerció como secretario del Juzgado Cuarto de Instrucción Criminal de San Gil. Entre tanto, su hijo menor, Virgilio, se hizo bachiller y estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Y llegó 1989, el año que cambió para siempre la historia de la familia Hernández. Por sus capacidades, Virgilio Hernández —padre— fue designado como integrante de una comisión de alto nivel, creada para investigar los crímenes del paramilitarismo en el Magdalena Medio. Junto a otros de los elegidos, Hernández expresó su convicción de que se trataba de una misión amenazada. Así se lo hizo saber a su hijo, a quien coincidencialmente se encontró en el aeropuerto de Bucaramanga, en horas previas al fatídico viaje sin regreso.

A las 48 horas, en la mañana del 18 de enero de 1989, Virgilio Hernández —hijo— escuchó por la radio la noticia. La comisión judicial que adelantaba pesquisas en el Bajo Simacota (Santander) fue masacrada por el paramilitarismo. Sólo dos investigadores sobrevivieron al ataque. Virgilio Hernández —padre— murió en el hecho. El país quedó escandalizado por los alcances de los grupos de autodefensa y volvieron a salir a flote las temerarias acciones de Gonzalo Rodríguez Gacha y otros narcotraficantes asociados con la extrema derecha.

El fiscal

El recién graduado Virgilio Hernández empezó a denunciar los yerros y excesos de la que pasó a la historia como la masacre de La Rochela y, rápidamente, le llegaron hasta su casa las amenazas. Por invitación de unos familiares, durante seis meses se radicó en la Guayana Francesa y sólo regresó en 1991 para ocupar una plaza de juez en el municipio santandereano de Jesús María. Después pasó a Páramo, también en Santander, y desde julio de 1993 entró a fortalecer la Fiscalía Regional de Cúcuta.

Como fiscal sin rostro, Virgilio Hernández la emprendió contra guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes de Santander, Norte de Santander y Arauca, hasta que el frente ‘Manuel Gustavo Chacón’, del Eln, lo declaró objetivo militar. Entonces, en mayo de 1997, el fiscal general encargado, Armando Sarmiento Mantilla, quien había sido buen conocido de su padre, lo trasladó a Bogotá y lo puso al frente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, en reemplazo de María Claudia Pulido, quien tuvo que marcharse al exilio.

Se estrenó en el cargo con un caso que conmocionó a la opinión nacional e internacional: el asesinato de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado. Por una llamada telefónica que hizo uno de los sicarios desde el apartamento del doble homicidio, y aplicando el método link para identificar procedencias telefónicas, descubrió rápidamente la autoría intelectual y material de los hombres de Carlos Castaño. Pero sin concluir aún el caso y antes de dos meses, ya estaba afrontando otro reto mayor.

Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en la localidad de Mapiripán (Meta), un grupo paramilitar masacró a 49 personas. Apenas trascendió el hecho en Bogotá, Virgilio Hernández se trasladó a la localidad con un grupo de investigadores y, en el propio matadero del municipio, constató la extrema crueldad de los victimarios. La Fiscalía comprobó la autoría de los grupos de autodefensa procedentes del Urabá y acusó a algunos militares por omisión en la ayuda que debieron prestar a la población asaltada.

"Yo sé quién es usted"

Se había presentado relevo en la Fiscalía, y el nuevo titular, Alfonso Gómez Méndez, con el escueto comentario "yo sé quién es usted", respaldó plenamente a Hernández. De hecho, haciendo caso omiso a los críticos del aguerrido coordinador de la Unidad de Derechos Humanos, a quien habían señalado como el fiscal que estaba investigando la muerte de su padre, Gómez Méndez lo convirtió en su mano derecha para afrontar complejas misiones, como acusar por paramilitarismo al llamado ‘zar de las esmeraldas’, Víctor Carranza.

Un caso que en la etapa de juicio se saldó en favor del polémico Víctor Carranza, y que le dejó numerosos enemigos a Hernández. La misma suerte que le correspondió por vincular a varios militares activos a la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Y fueron muchas otras averiguaciones complicadas. Como el procesamiento de los guerrilleros del Eln que, a finales de 1998, en Machuca (Antioquia), causaron un incendio que les costó la vida a 84 personas.

Los crímenes de la banda de La Terraza en Medellín, las masacres del paramilitarismo y de la guerrilla en la zona de La Gabarra, en el Catatumbo, o el asesinato de tres indigenistas norteamericanos a manos de las Farc, en 1998, fueron casos que ocuparon por largas horas a Virgilio Hernández y a sus fiscales. Pero también fueron casos que multiplicaron las amenazas. Hasta que sus enemigos le hicieron saber que estaban dispuestos a "desaparecerle todo su árbol genealógico".

Contra los corruptos

Un día de mayo de 1999, el fiscal Gómez Méndez lo llamó a su despacho y le dijo: "No lo puedo proteger más". Pero en vez de salir de su exitoso fiscal de Derechos Humanos, lo promovió como coordinador de la Unidad Nacional Anticorrupción. Entonces, vinieron dos años de incesante trabajo conjunto. Había dejado a 30 fiscales expertos en Derechos Humanos y empezó a dirigir a 22 especializados en descubrir delitos financieros o esclarecer anomalías en materia de contratación administrativa.

Con su participación directa, la Fiscalía instruyó publicitados procesos, como la billonaria defraudación en Foncolpuertos, la serie de contratos irregulares en TermoRío, el escándalo de apropiación de dineros públicos por parte de la directiva de la Cámara de Representantes de 2000, en cabezada por Armando Pomárico Ramos, o los casos de Telecartagena, Planiep, Cajanal, ISS, o las millonarias defraudaciones que llevaron a crear la "Comisión de la Verdad" para investigar las quiebras bancarias.

En el año 2001 hubo nuevo relevo en la Fiscalía, pero desde el principio hubo disparidad de criterios con el nuevo titular, Luis Camilo Osorio. Por eso dejó el ente investigador y casi de inmediato la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en Colombia le ofreció ser asesor del organismo para abrirle camino al Sistema Penal Acusatorio en otros países de América Latina. Estuvo en Honduras, regresó al país, pero en noviembre de 2002 se tuvo que marchar definitivamente por el calibre de las amenazas.

A instancias del Banco Mundial, y con el apoyo de la justicia norteamericana, se trasladó inicialmente a Missouri y luego a Washington, desde donde empezó a laborar como consultor, asesor académico o instructor judicial para el fortalecimiento de sistemas de justicia en Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guatemala y en algunos países del Medio Oriente. A finales de 2004, tras la desaparición de Carlos Castaño Gil, quien era su principal y público enemigo, Virgilio Hernández regresó a Colombia.

Desde entonces, con mucha discreción, pero sin perder su disciplina, viene desempeñándose como asesor judicial de notable éxito profesional y particular. Pero el Banco Mundial y el Departamento de Justicia de E.U. nunca olvidaron al ex fiscal Hernández. Por eso, en asocio con Naciones Unidas, y en medio de una exigente selección de candidatos, le han puesto un nuevo e histórico reto: asesorar a los jueces de Saddam Hussein, para que ninguno de los crímenes del dictador quede en la impunidad.

[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 28oct06]

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