Equipo Nizkor - Fiscal de Nuremberg advierte sobre la guerra de Trump contra el Estado de Derecho.

En el contexto del número de muertos por COVID-19 y de la continuada protesta pública por la brutalidad policial en los Estados Unidos, puede haber pasado en gran medida desapercibido el hecho de que, el 11 de junio, el Presidente Trump emitió una orden ejecutiva que apunta a la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal para crímenes de guerra con sede en La Haya al que los Estados Unidos se han negado a adherirse.

La orden, que ha suscitado una dura condena de la comunidad de justicia internacional y otras instancias interesadas, se produce tras un reciente fallo de la Corte Penal Internacional por el que se autoriza una investigación imparcial de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos por las diversas partes en el conflicto de Afganistán.

La orden tiene por objeto imponer sanciones económicas y prohibiciones de viaje a los Estados Unidos a toda persona extranjera "que participe directamente en cualquier actividad de la Corte Penal Internacional dirigida a investigar, arrestar, detener o enjuiciar" al personal de los Estados Unidos o de nuestros aliados sin el consentimiento previo de sus respectivos gobiernos.

Al anunciar las sanciones, el Secretario de Estado Michael Pompeo acusó a la CPI de estar "altamente politizada" y de ser un "tribunal canguro". Dijo que la CPI habría hecho bien en "hacer lo correcto y acabar con la investigación". Habiendo sido Pompeo director de la CIA en el periodo en que al parecer la agencia fue cómplice en la comisión de crímenes de guerra cometidos por operativos afganos, no es de extrañar su punto de vista.

Como único fiscal sobreviviente de los juicios de Nuremberg, creo que se imponen algunas palabras sobre lo que es y lo que no es la CPI. Contrariamente a la retórica anti-CPI de la actual administración, el tribunal no es ni irresponsable ni antiamericano. Es una organización basada en un tratado cuyo estatuto ha sido ratificado por 123 países, incluyendo 27 de nuestros 28 aliados de la OTAN.

Se han incorporado importantes salvaguardias y limitaciones en la estructura operativa de la CPI para asegurar que no se convierta en una especie de tribunal supranacional desbocado. Sus jueces y su fiscal son elegidos por períodos fijos por una asamblea en la que están representados cada uno de los 123 Estados miembros de la Corte, y todos ellos, así como el fiscal adjunto, el secretario y el secretario adjunto, pueden ser destituidos de sus cargos por conducta impropia.

La Corte puede conocer de casos relacionados únicamente con cuatro crímenes específicos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Su jurisdicción se limita en general a los delitos cometidos por los nacionales, o en el territorio, de los Estados que se han adherido al tribunal o que han aceptado voluntariamente su jurisdicción. No tiene un brazo ejecutor propio y, por lo tanto, debe apoyarse en la cooperación del personal policial de los países de todo el mundo para hacer cumplir sus órdenes de detención. Sin ese apoyo, la CPI es relativamente impotente.

La CPI reconoce la primacía de los tribunales nacionales de todas las naciones, incluidos los Estados Unidos. El estatuto que la regula dispone que los países que estén dispuestos y en condiciones de enjuiciar a sus propios ciudadanos podrán hacerlo en sus propios tribunales nacionales y que esa prerrogativa desplaza la jurisdicción de la CPI.

Sólo cuando los tribunales nacionales incumplen su obligación de investigar de manera genuina e imparcial a sus propios nacionales puede la Corte Penal Internacional desplegar jurisdicción. Se trata de un tribunal de última instancia concebido para garantizar que las víctimas de crímenes atroces que, de otro modo no tendrían voz, puedan en última instancia acceder a la justicia, ya sea ante los tribunales nacionales o ante la propia Corte Penal Internacional si es necesario.

Las naciones que hacen cumplir la ley en sus propios tribunales no tienen por qué temer las investigaciones de la CPI. Dicho esto, los países con un historial de indulto de criminales de guerra que hayan sido debidamente condenados por sus propios tribunales militares por delitos tan graves como el asesinato de prisioneros desarmados, deben ser conscientes de que ese patrón de conducta no contribuye precisamente a mejorar la reputación de un país como defensor real del estado de derecho.

En Nuremberg, los Estados Unidos y sus aliados juzgaron a los dirigentes nazis que arrastraron a su nación a la guerra al compás del Deutschland Über Alles. Se consideraban en sí mismos la ley, y fue su perdición. Los juicios de Nuremberg no pretendían ser la justicia del vencedor, sino contribuir al establecimiento de un estado de derecho que disuadiera de la comisión de futuros crímenes internacionales, independientemente de quiénes fueran los autores.

Este punto fue claramente articulado por el jefe de los fiscales estadounidenses ante el Tribunal Militar Internacional, Robert Jackson, quien, de pie en el podio de la Sala 600 del Tribunal de Nuremberg, destacó que "aunque esta ley se aplica por primera vez contra los agresores alemanes, la ley incluye, y si ha de servir a un propósito útil debe condenar, la agresión de cualquier otra nación, incluyendo las que se sientan aquí ahora en el juicio".

Es cierto que la CPI ha tenido su cuota de problemas iniciales, como lo hizo nuestra propia Corte Suprema durante sus primeras décadas. Es una institución relativamente joven que depende de la cooperación de los países de todo el mundo para llevar a los perpetradores ante la justicia. Es una tarea difícil, ya que no todos los países realizan el esfuerzo de cooperación que deberían. Sin embargo, es demasiado pronto para sugerir que deberíamos tirar las frutas frescas con las podridas condenando o amenazando a la CPI. Hacerlo es repudiar a Nuremberg y el estado de derecho por el que tantos en todo el mundo se han sacrificado.

Hubo un tiempo en que los Estados Unidos eran considerados como un bastión de liderazgo y esperanza. Como nación, produjimos estadistas como Elihu Root, que fue fiscal de los Estados Unidos, Secretario de Guerra, Secretario de Estado, senador de los Estados Unidos y presidente fundador de la Sociedad Americana de Derecho Internacional. En 1913 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para establecer un tribunal internacional. Aunque estudió en otra institución, desde hace tiempo hay una sala especial en Harvard que lo honra. Se la dedicaron en 1939, poco antes de que yo llegara allí como estudiante de derecho. Sobre la puerta hay una inscripción que me inspiraron entonces y me siguen inspirando: "Haznos efectivos y útiles para el avance de la causa de la Paz, la Justicia y la Libertad en el mundo". Atacar a la Corte Penal Internacional simplemente por hacer su trabajo no es la manera de hacerlo.

El viernes fue el Día de la Justicia Penal Internacional, día en el que el mundo reconoce tanto la aprobación, el 17 de julio de 1998, del tratado del Estatuto de Roma por el que se estableció la CPI, como los logros y los esfuerzos que se están llevando a cabo desde la CPI y otros lugares para garantizar la justicia a las víctimas de los crímenes más graves del mundo. Tras haber reflexionado sobre la importancia de la justicia penal internacional, los estadounidenses tenemos hoy un serio examen de conciencia que hacer y preguntas que responder. El estado de derecho está en peligro, al igual que nuestra credibilidad y nuestra posición en el mundo.

En nombre de las innumerables víctimas de crímenes atroces en todo el mundo que esperan de los Estados Unidos un liderazgo moral y de la Corte Penal Internacional ayuda en la lucha contra la impunidad, insto respetuosamente al Presidente Trump a que reconsidere el asunto y revoque su reciente orden ejecutiva y sus sanciones.

Benjamin B. Ferencz, de la clase de la Facultad de Derecho de Harvard de 1943, fue el Fiscal Jefe del caso de los Einsatzgruppen en los juicios subsiguientes al juicio principal dirigidos por los Estados Unidos en Nuremberg y ha dedicado toda su vida al establecimiento de una corte penal internacional permanente. Ahora tiene más de 100 años y desea agradecer a su hijo, Donald, su ayuda en la preparación de este alegato.

19jul20

Fiscal de Nuremberg advierte sobre la guerra de Trump contra el Estado de Derecho

[Fuente: Benjamin B. Ferencz, The Daily Beast, 19jul20. Traducción del original en inglés realizada por el Equipo Nizkor el 21jul20]

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