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17jul09


El gobierno golpista persigue y amenaza a alcalde Santa Bárbara


El alcalde de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, acusó al gobierno de facto de Roberto Micheletti de la persecución, las amenazas y las pretensiones de asfixiar económicamente a las alcaldías que apoyaron el proceso de consulta popular impulsada por el gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales.

El edil denunció a defesoresenlinea.com que a raíz del golpe de estado perpetrado el 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales ha sido sujeto de amenazas, persecución, intervención telefónica y hostigamientos.

Además señaló que "el gobierno de facto ha ordenado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) que haga una investigación de nuestros bienes y de nuestras cuentas, cosa que no nos preocupa porque, nosotros no tenemos ningún tipo de bien", señaló Hernández.

Agregó que ha habido una especie de persecución por parte del gobierno de facto en contra de varios alcaldes del departamento de Santa Bárbara, que hemos estado respaldando el proceso de la encuesta de opinión y ahora nos mantenemos en resistencia contra este golpe de Estado.

"Sentimos nosotros que se ha instalado en el país una dictadura que tiene en sintonía a todos los órganos jurídicos del Estado: La Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, los órganos contralores del Estado, la policía y el ejército. En este gobierno de facto, prácticamente estamos en un país en donde se perdió por completo el estado jurídico", señaló el edil santa barbarense.

Indicó que "no tenemos garantías, estamos siendo amenazados, hemos recibido amenazas vía mensajito y hostigamiento por parte de las autoridades policiales y militares que prácticamente nos han tenido en la mira".

Hernández señaló que hace poco hubo una reunión de alcaldes y "varios compañeros fueron requeridos por la policía preventiva, en un operativo en el sector de Gualjoco y se les trató de intimidar, básicamente al compañero alcalde de Arada, Arnold Avelar y al compañero alcalde de Concepción Sur, Nelson Castellanos".

El edil de San José de Colinas detalló que a los alcaldes mencionados, los policías los acusaron de bochincheros, revoltosos y que estaban atentando contra el orden del Estado.

"La verdad es que estamos en un proceso de resistencia, junto con nuestras comunidades porque no aceptamos ni admitimos este golpe de Estado que se le ha dado a la democracia en el país", apuntó el alcalde.

El alcalde del municipio de Santa Bárbara, Denis Sánchez, también está atravesando la misma situación de la mayoría de ediles del departamento de Santa Bárbara.

"Se nos ha tratado de inhabilitar nuestros derechos políticos a través de coacciones por medio de la Fiscalía General. Son acciones que todavía no se han consumado pero que son amenazas que están ahí latentes de parte de políticos vinculados de cerca de este golpe militar", denunció Hernández.

Apuntó que dirigentes populares de la zona que encabezan la lucha de resistencia en Santa Bárbara, han sido amenazados como los profesores Arnold Leiva y Benjamín Rivera. Así como también dirigentes de los movimientos sociales como Oscar Mendoza en el sector de los Valles.

"Es una especie de cacería que se pretende desatar, intimidaciones, vigilancia, es una cuestión de hostigamiento permanente de la que estamos siendo objeto, sin embargo nosotros no nos rendimos, no retrocedemos porque tenemos que luchar en el país por retornar al orden institucional", recalcó el edil.

Narró que los mismos medios de comunicación que han estado al servicio del golpe de Estado como Diario La Prensa, "empezó una campaña de desprestigio en nuestra contra en el sentido de que andábamos huyendo, que habíamos abandonado nuestras funciones, cosas que son totalmente falsas, porque nosotros no reconocemos este gobierno de facto".

En el plano económico, el entrevistado apuntó que personas cercanas al gobierno de facto, entre ellos ocho diputados golpistas de Santa Bárbara están pretendiendo asfixiar a las alcaldías que se han opuesto al golpe de Estado.

"Es una manera de chantaje también, si no nos alineamos con el gobierno de facto nos van a tener asfixiados económicamente y están paralizando proyectos, por ejemplo el del hospital municipal, así como otros programas como el de vivienda para atender la emergencia provocada por el reciente sismo", denunció Hernández.

Entre los diputados de Santa Bárbara que apoyaron el golpe de Estado se mencionan a María de la Paz Rivera, Santiago Sabillón, Jesús Perdomo, Víctor Rolando Sabillón (vicepresidente del Congreso Nacional), todos de filiación liberal.

Por parte de los diputados nacionalistas destacan: Donaldo Reyes, Rolando Dubón Bueso, Angel Alfonso Paz y Eusebia sarmiento, de filiación nacionalista.

Los únicos diputados que no apoyaron el golpe de Estado fueron Rodrigo Tróchez y Oscar Mejía del partido de Unificación Democrática.

Otros diputados que no respaldaron las acciones golpistas han sido: Elvia Argentina Valle del departamento de Copán, Eric Rodríguez de Lempira, Carolina Echeverría Hylock de Gracias a Dios, entre otros.

El alcalde de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, desde hace varios años ha sido objeto de persecución y amenazas por oponerse a la explotación minera a cielo abierto en su departamento.

En varias ocasiones se intentó activar al menos 2 concesiones para la explotar de canteras para elaborar cemento por parte de la empresa Cementos del Norte, si embargo el alcalde Hernández junto con su comunidad han librado una lucha de resistencia para evitar la depredación y contaminación ambiental en la zona.

De hecho se declararon municipio ecológico con el apoyo de la Iglesia Católica a través del presidente Manuel Zelaya Rosales, el Obispo de Copán Luis Alfonso Santos y periodistas ambientalistas. A raíz de esa lucha el alcalde de San José de Colinas ha recibido múltiples amenazas a muerte.

En el año 2003 fue víctima de un atentado criminal por un conflicto legal en la que se pretendía obligar a la comunidad a comprar un terreno y no existían los recursos. La municipalidad ganó el juicio y se conoció que en la trama del atentado estuvo involucrado un diputado del Congreso Nacional.

Esa persecución por su lucha ambientalista desapareció durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, ya que el mandatario se comprometió en no otorgar concesiones de explotaciones mineras a cielos abiertos.

[Fuente: Por Marvin Palacios, Defensoresenlinea.com, 17jul09]

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