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23jul09
Manzanas de discordia detrás del golpe de Estado en Honduras
El 27 de enero de 2006 Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal, fue juramentado como presidente constitucional de la República de Honduras. Ese día anunció a los hondureños y al mundo que, en los cuatro años de su período presidencial, gobernaría desde las bases, tomando en cuenta los intereses de las mayorías empobrecidas, que en Honduras son más del 60 por ciento de una población de siete millones. Tal declaración fue resumida en términos sencillos: poder ciudadano y democracia participativa. No tardó en ser aprobada la Ley de Participación Ciudadana, que reconoce el derecho del pueblo a ser consultado.
Las llamadas “mesas o asambleas ciudadanas” comenzaron a funcionar como reuniones espontáneas del nuevo presidente y su equipo de gobierno, con ciudadanos organizados y a nivel individual que pedían empleo y soluciones a sus múltiples necesidades. Los medios de comunicación de tradición conservadora y su ejército de columnistas no tardaron en colgarle al nuevo presidente la etiqueta de populista. De ahí en adelante se producirían una serie de desencuentros con miembros de los poderes Legislativo y Judicial, cuyas decisiones a menudo responden a lo que en Honduras se ha dado por llamar “poderes fácticos”, es decir, los intereses empresariales de ocho o diez familias sumamente poderosas cuyos tentáculos se extienden a la clase política dominante, representada en los tradicionales Partido Nacional (conservador) y el Liberal , partido éste en que siempre han coexistido tendencias conservadoras y de izquierda democrática.
¿Quién es José Manuel Zelaya Rosales?
El popular y carismático Mel Zelaya, como lo llaman sus seguidores, viene de una familia dedicada por generaciones a los negocios agrícolas, ganaderos y madereros en el centro-oriental departamento de Olancho. Abandonó sus estudios de Ingeniería en la Universidad de Honduras para dedicarse tiempo completo a atender los negocios de su familia. Como miembro activo del Partido Liberal, se convierte en diputado al Congreso Nacional por tres períodos consecutivos entre los años ochenta y noventa. En 1994 el nuevo presidente liberal, Carlos Roberto Reina, lo nombra como ministro-director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), agencia responsable de implementar los programas de promoción social, lucha contra la pobreza y descentralización del régimen municipal.
Como director–ministro del FHIS, Mel Zelaya recorrió los pueblos, aldeas y caseríos más aislados de Honduras. Es así cómo el hijo de una acaudalada familia integrante de ese reducido grupo social de resabios feudales conocido como “oligarquía hondureña”, toma conciencia de la realidad en que viven sus compatriotas. Cuando en octubre-noviembre de 1998, Honduras es diezmada por la devastadora acción del huracán Mitch, el presidente liberal de entonces, Carlos Flores Facusé, promueve a Zelaya al puesto de Asesor del Gabinete Especial de Reconstrucción Nacional y delegado en el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), iniciativa en que el Estado y la sociedad civil buscaban políticas consensuadas para la solución de los problemas nacionales. De ahí en adelante, sólo fue cuestión de tiempo para que José Manuel Zelaya Rosales, el rico empresario con conciencia social, se convirtiera en presidente de Honduras.
Zelaya y los mostachos del tigre
Si la Ley de Participación Ciudadana y las llamadas “mesas o asambleas ciudadanas” fueron una incómoda novedad para un grupo social dominante cuya verdadera mentalidad feudal se esconde en máscaras de formalismos democráticos y religiosos, con el llamado a una licitación pública para el abastecimiento de combustibles a precios cómodos para los consumidores, el presidente Mel Zelaya le estaba jalando los mostachos al tigre. En efecto, semejante atrevimiento provocó la reacción de los intereses monopólicos: lo primero que le negaron al nuevo Gobierno fueron los tanques de recolección de combustible. Vino la puja legal entre las respectivas autoridades y gentes como el magnate Henry Arévalo para obligarlos a facilitar los recipientes recolectores. El resultado fue que el Gobierno terminó aceptando una atractiva oferta de Petrocaribe de Venezuela. Es más, el subsidio decretado en el precio de los combustibles abarató el costo de la vida. Toda la controversia alrededor de esta política gubernamental se debió a la virulenta reacción de intereses que han monopolizado el negocio del combustible por 80 años.
Mel Zelaya no dio un paso atrás en su determinación de gobernar sin la venia de los llamados “poderes fácticos”. Nunca, desde que se inauguró la era democrática formal en 1982, un presidente había desafiado el poder de las ocho o diez familias empresarias que dominan el entramado político y económico de un Estado clientelar como el hondureño. Nunca como ahora ha quedado en evidencia la intervención de intereses partidarios (y detrás de éstos los intereses de pequeños pero poderosos grupos empresariales) en decisiones de interés nacional tomadas por el Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. El cínico manoseo de la Constitución y las leyes para favorecer intereses espurios ha demostrado que la democracia hondureña no va más allá de las formalidades electorales cada cuatro años, y que las enormes masas rurales y urbanas continúan más empobrecidas, mal alimentadas y sub- educadas que nunca. ¿Es ésta una práctica cristiana en un país que se autoproclama cristiano? “Hasta la pregunta es necia”, me respondería un campesino en un olvidado rincón de las montañas de Honduras.
Anuncios de tempestad
El 25 de agosto de 2008 Honduras se adhiere a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), como lógica consecuencia de su anterior incorporación a Petrocaribe. En la ceremonia de la firma de documentos el presidente Hugo Chávez mostró su característico desenfado al expresarse en términos que ofendieron la sensibilidad nacionalista de muchos seguidores del Presidente Zelaya e hizo explotar la indignación de los enemigos de éste, encabezados por Roberto Micheletti (también liberal y presidente del Congreso Nacional) y una importante cantidad de parlamentarios. Para entonces, era obvio el divorcio entre los grupos tradicionales de poder y el presidente Mel Zelaya y su grupo de liberales de la tendencia progresista conocida como “liberalismo social” o “izquierda democrática”.
Sobra decir que el conservadurismo hondureño rechaza toda iniciativa que signifique establecer vínculos con el ALBA, pero apoya la incorporación del país al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovida por los Estados Unidos desde los años noventa. Para agosto del año pasado, el aislamiento político-institucional de Zelaya es inminente y se agudiza en la Convención Nacional del Partido Liberal en que sus adversarios copan la directiva del partido, que termina e n manos de su archi-enemigo Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional y perdedor en sus aspiraciones de ser escogido como candidato a la presidencia de la República. De aquella convención, sale electo candidato oficial del Partido Liberal Elvin Santos, quien, el 27 de enero de 2006, había sido juramentado como una especie de vicepresidente de la República. Por mandato constitucional, Santos estaba inhabilitado para aspirar a la presidencia, pero él, como Micheletti, hicieron malabares legales para que la Corte Suprema de Justicia los habilitara como aspirantes a la presidencia de la República. Son estos mismos personajes los que ahora esgrimen argumentaciones constitucionales y legales para justificar el Golpe de Estado perpetrado con la acción cómplice de las Fuerzas Armadas.
Salario mínimo, cuarta urna y golpe
Si la reducción de las tasas de interés de créditos para vivienda, la revisión de las irrisorias sumas pagadas por muchos empresarios a la Empresa Nacional de Electricidad, y las medidas de reforma agraria que benefician a los campesinos causaron enorme malestar en los grupos conservadores, el aumento de casi el 60 por ciento al salario mínimo de los empleados públicos y privados, vigente a partir de enero de 2009, acabó de crispar las relaciones entre el Ejecutivo y los empresarios. En su alocución al país, Zelaya fue contundente: “Usted puede contratar a una persona pero no le puede decir que coma sólo dos tiempos. No se debe permitir que se contrate gente por menos del costo de los alimentos”. Así fue como el salario mínimo de los empleados públicos y privados en zonas urbanas pasó a 5.500.00 lempiras mensuales (un poco menos de doscientos noventa dólares aproximadamente) y un poco menos en zonas rurales. Con esta medida, Mel Zelaya dejaba más transparente que nunca su determinación de pasar a la historia como un presidente realmente comprometido con políticas de justicia social en Honduras. La ahora poderosa red de organizaciones sociales se hizo un solo puño con el aislado presidente. El hombre perdió el apoyo de la dirección de su partido pero tenía el apoyo de la gente. Para cerrar con broche de oro su cuarto y último año de administración, en marzo del presente año Zelaya pone sobre la mesa del debate nacional la última manzana de la discordia: la propuesta de votar en una cuarta urna en las próximas elecciones del 27 de noviembre para que los ciudadanos voten sí o no al llamado a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Entonces propuso una consulta a los ciudadanos en que se les pregunta si están de acuerdo o no con la instalación de dicho mecanismo. En elecciones generales los ciudadanos hondureños votan en una primera urna por el candidato presidencial de su preferencia, en la segunda urna para candidatos a diputados y en una tercera para candidatos municipales.
Tras desafiar resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, así como del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones y otras fuerzas políticas contrarias al proyecto de la cuarta urna, el presidente convoca la consulta ciudadana para el 28 de junio recién pasado, asistido por el Instituto nacional de Estadísticas. El presidente es acusado de violar la Constitución. Los defensores de esta propuesta basan su legalidad en la Ley de Participación Ciudadana. El establishment se parapeta tras un poderoso aparato mediático y tras las Fuerzas Armadas, y denuncia con más virulencia que nunca lo que considera las intenciones reales de Zelaya de crear las condiciones para perpetuarse en el poder. Hay abundancia de argumentaciones legales que pretenden explicar el quebrantamiento de la ley por parte del presidente. Por otro lado, ante la negativa del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, de obedecer la orden del presidente de distribuir las cajas contenedoras de las papeletas para la consulta del 28 de junio, éste, en su condición de Comandante General de las Fuerzas Armadas, destituye al general Vásquez Velásquez. La red de grupos sociales que apoyan la consulta distribuyen las papeletas en los diferentes lugares de votación, y la Corte Suprema de Justicia restituye al general Vásquez Velásquez en su puesto. Para el sábado 27 de junio la crisis se desborda y el domingo 28 de junio se perpetra el Golpe de Estado que rompe el orden constitucional y sume a Honduras en la crisis más profunda de sus últimos cuarenta años.
Para concluir, este golpe a la institucionalidad pone en evidencia al estado clientelar en Honduras, y muy posiblemente en el resto de Centroamérica. Las prácticas de doble moral han desnudado a una clase política de mentalidad feudal, incapaz de responder sabia y responsablemente a las demandas de una población que exige mayor participación en el proceso de toma de decisiones que conciernen a la nación entera y no sólo a minorías privilegiadas.
Es evidente que los políticos y los partidos tradicionales, supuestamente democráticos, han perdido credibilidad ante los ojos de los ciudadanos. Con su acción equivocada, el grupo golpista y las Fuerzas Armadas han hecho retroceder varias décadas a la débil democracia hondureña. De esta triste experiencia surgirán más fortalecidas las organizaciones sociales que luchan por la justicia social y el restablecimiento del orden constitucional. El bipartidismo tradicional en Honduras está herido de muerte.
Es pertinente señalar también el pobre papel desempeñado por la jerarquía de la Iglesia Católica y otras iglesias protestantes en Honduras, que parecen ignorar la lección histórica que, en su momento, dio la Iglesia Católica en las grandes luchas por la justicia social en Costa Rica y El Salvador.
[Fuente: Por Juan Moreno, especial para Punto de Encuentro, Tegucigalpa, 23jul09. Juan Moreno es educador hondureño, relacionista internacional, escritor y cofundador del Centro Cultural Hibueras, organismo no gubernamental que promueve la paz, la cultura y el desarrollo en Santa Bárbara, región occidental de Honduras]
Informes Golpe de Estado en Honduras
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