 | Este documento ha sido publicado el 11feb04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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Ene04
El poder militar en el posconflicto: en busca de la restauración.
Durante los últimos años, el sector militar de la sociedad guatemalteca ha estado experimentando movimientos de alcance social y político, cuyas características muestran el perfil de una estrategia que busca retomar posiciones preponderantes en el flujo de poder en el país.
Se trata de acciones, actitudes y comportamientos que eventualmente podrían conformar un patrón, tanto en la institución del Ejército nacional como en los oficiales retirados que hacen vida política fuera de la institución armada, desde las organizaciones gremiales que han creado en el retiro, los partidos políticos a los que se han afiliado y las estructuras ocultas en las cuales participan algunos de ellos.
Para tratar de entender esta presunta estrategia, la Fundación Myrna Mack analiza a la institución armada como la expresión institucional de este poder militar; y considera a las agrupaciones de oficiales retirados como su expresión extra institucional.
Este proceso, que bien podría interpretarse como una búsqueda por restaurar el poder militar, ha estado poco expuesto al escrutinio público. Por un lado, poca es la información que se ha sistematizado al respecto; y casi siempre se aborda el tema de forma aislada, considerando sólo algunos aspectos sin establecer conexiones entre ellos.
Por ejemplo, constantemente se denuncia el incremento en el gasto militar y las frecuentes transferencias millonarias a favor del Ejército, lo cual hace que su presupuesto anual supere los mil millones de quetzales. La tendencia de incremento en la asignación a los militares se ha consolidado a pesar que los acuerdos de paz establecen una reducción drástica. Sin embargo, no se ha prestado mucha importancia a los tres intentos que ha habido, desde el año 2000, por reformar la Ley Constitutiva del Ejército |1|.
Tampoco se ha hecho énfasis en la regionalización del despliegue militar y de los tribunales militares; el intento por erigir al Ejército como la Autoridad Marítima Nacional, el proyecto de nuevo Código Militar |2| y la reciente creación de un Departamento de Análisis Estratégico adscrito al Ministerio de la Defensa Nacional; la arbitrariedad en los nombramientos y la corrupción que desestabilizó al Banco del Ejército y al Instituto de Previsión Militar; el nulo avance en la reconversión y la generosa compensación económica otorgada a quienes van al retiro |3|; la participación política de oficiales retirados |4| y el ejercicio de cargos públicos que debieran ser ocupados por civiles, entre otros aspectos.
Por otro lado, la situación del creciente poder militar ha pasado prácticamente inadvertida por la avalancha de acontecimientos políticos, sociales y económicos que hemos afrontado en los últimos años: involución democrática, deterioro del Estado de Derecho y de la institucionalidad, crisis económica, falta de acceso a los servicios públicos esenciales, desempleo, corrupción, incremento en los índices de pobreza y una irreductible injusticia social.
De manera que el tratamiento aislado de estos aspectos no permite tener una visión global de lo que está sucediendo en el seno de este sector. En cambio, un análisis integral puede permitirnos hablar de "restitución" del poder militar, y no solamente de "remilitarización".
El posconflicto, una etapa difícil de afrontar
Es preciso notar que el posconflicto ha traído consigo una nueva etapa en la vida del poder militar en Guatemala. Un contexto en el que proliferan las acusaciones contra una institución sindicada de violar los derechos humanos y de haber ejercido una dictadura que impidió, por décadas, el desarrollo institucional democrático del país y engendró, a la postre, nuevas estructuras criminales con poder económico y político.
En algunos casos concretos, sus miembros están expuestos al escrutinio de la justicia o al menos están sujetos a investigaciones criminales que tal vez no arriben a procesos judiciales formales, pero sí los ubica en la mirilla del aparato judicial y de la opinión pública.
Además, en los acuerdos de paz, concretamente en el de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, se han establecido las bases fundamentales de la reconversión del poder militar, que pasa necesariamente por reformas a su ley constitutiva, cambio de doctrina y de régimen educativo, reducción presupuestaria, disminución de efectivos y ajustes en el fuero castrense, entre otros aspectos. La respuesta del poder militar ha sido de rechazo a la reconversión, razón por la cual se han incumplido los compromisos que le atañen directamente.
El advenimiento de los gobiernos civiles supuso apenas cambios de poca envergadura, pues el Ejército conservó espacios sólidos de poder; espacios que eran administrados por los oficiales que concentraban un poder hegemónico interno. En ese entonces, la lucha era interna, los generales peleaban entre sí por ese control de la institución. El contorno civil era un plano exterior que no representaba amenazas realmente significativas.
Paulatinamente, la situación cambió. Se empezó a negociar la paz con la guerrilla, se desarrollaron investigaciones científico-académicas y se intensificaron las acciones políticas y judiciales contra militares sindicados de violar los derechos humanos |5|. En el plano judicial, los avances han sido escasos y parciales; pero el entorno político de esos casos penales creó nuevas corrientes de opinión nacional e internacional desfavorables al Ejército y sus miembros |6|.
Esta situación perfiló una nueva realidad. En términos de la mentalidad militar, se presentaba un nuevo escenario de guerra, donde los "enemigos" serían los defensores de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes, la comunidad internacional que apoya la búsqueda de verdad y justicia, los operadores de justicia independientes y los acuerdos de paz, particularmente el que obliga a la reconversión, a la neutralidad política y al sometimiento al poder civil, así como al abandono de los conceptos contrainsurgentes y de la doctrina de seguridad nacional.
Esta nueva realidad los obligó a prepararse para la defensa en los tribunales, en los medios de comunicación y, en términos generales, en un ambiente eminentemente político, donde las prácticas contrainsurgentes no son del todo efectivas. La eliminación física o la intimidación de los oponentes no son suficientes, porque una dinámica de esta naturaleza traspasa las fronteras de lo personal. De manera que el poder militar se enfrentó a la necesidad de levantar defensas en una dimensión totalmente diferente a la acostumbrada.
La nueva realidad encontró al poder militar un tanto "desarmado", por contradictorio que parezca. Los vaivenes en los ámbitos gubernamental y político minaron la solidez de los grupos hegemónicos internos; la política partidaria y la gubernamental afectaron la cohesión interna y virtualmente el Ejército quedó al mando de jefes militares poco avezados para la necesidad del momento.
La participación de militares en el crimen organizado, o la sospecha de su participación, así como su vinculación con asonadas o movimientos que promovían la inestabilidad política, agravó la crisis. A los "líderes legendarios", muchos de ellos supuestos miembros de la llamada "Cofradía "|7|, que fueron al retiro al concluir su tiempo de servicio, se sumaron otros oficiales superiores y subalternos que se jubilaron, salieron intempestivamente de la institución como resultado de presuntas actividades delictivas |8| o por haber sido víctimas de la correlación de fuerzas internas que estaba en constante acomodo.
A todo ello se suma la manipulación de la carrera militar y el constante rompimiento de la línea de sucesión para integrar el Alto Mando del Ejército, debido precisamente a los vaivenes políticos y gubernamentales. Es posible que esta situación haya tenido sus momentos más determinantes cuando en 1997 se produjo la salida abrupta del general Julio Balconi Turcios del Ministerio de la Defensa Nacional; y cuando, en el año 2000, el presidente Portillo envió a disponibilidad a más de veinte generales e integró el Alto Mando con coroneles.
Desde entonces, la manipulación política del Ejército se agudizó y se llegó al extremo de permitir que el jerarca de un partido político, Efraín Ríos Montt, impusiera el ascenso de su hijo, el general Enrique Ríos Sosa |9|, al cargo de Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Poder militar en dos ámbitos
Esta situación creada a lo largo de varios años, dio como resultado la constitución de un poder militar fuera de la institución armada. Muchos generales retirados aún consideran tener la vigencia necesaria para impulsar la restauración del poder militar, a efecto de protegerlo de las embestidas propias del posconflicto.
El poder militar, entonces, empezó a expresarse en dos ámbitos diferentes, pero de alguna manera intercomunicados. En el ámbito institucional estarían el Ejército, su Alto Mando y estructuras más importantes.
En el ámbito extra institucional estarían los grupos, asociaciones y organizaciones que han formado los militares en situación de retiro. En éste podrían identificarse la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), el grupo de Francisco Ortega Menaldo, la Cofradía, el grupo de Otto Pérez Molina y otras expresiones no menos importantes.
Las expresiones más pequeñas están constituidas por militares que prácticamente activan en lo individual. Se han acercado a partidos políticos para buscar un futuro en la administración del Estado y la conducción de los organismos estatales, tal es el caso de Otto Pérez Molina, Julio Balconi, Sergio Camargo, Héctor Alejandro Gramajo, Mauricio López Bonilla, Otto Noack, Enrique Mendoza, Mario Mérida, entre otros |10|.
El grupo de Ortega Menaldo ha sido afortunado en el gobierno de Portillo, pues ocupa posiciones envidiables de poder al lado del Presidente, asesorándolo en materia de seguridad (con todo lo que esto implica en tareas de control político) y con fuerte influencia en los negocios del Estado.
AVEMILGUA es quizá la expresión organizada más fuerte, más estratégica y más definida del poder militar extra institucional. Ahí están los generales que protagonizaron el conflicto armado interno. En apariencia, es una organización gremial que se ocupa de promover "el respeto hacia el honor y la dignidad del militar".
Sin embargo, sus esfuerzos se han orientado a desconocer los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica; ha impulsado versiones en las que predomina la visión contrainsurgente; y suele "acompañar" a los pocos oficiales que han sido llevados a proceso judicial. Algunos de sus miembros se han involucrado en partidos políticos, como parte de una estrategia y no sólo por la mera búsqueda un cargo público o un espacio de influencia. La asociación también ha tratado de ampliar su "base social" y ha incluido en ella a varias facciones de ex patrulleros de autodefensa civil y ex comisionados militares.
En este punto, vale mencionar que varios militares aprovecharon ciertos privilegios de su carrera para estudiar Ciencias Jurídicas y ahora, graduados y en situación de retiro, asesoran a los acusados judicialmente. Así, forman parte de la barra de la defensa de los militares procesados por los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack y del obispo Juan Gerardi; y realizan estudios jurídicos sobre otros casos que eventualmente podrían llegar a los tribunales.
En busca de la restauración del poder militar
La separación entre poder militar institucional y poder militar extra institucional es una mera clasificación, cuyo propósito es ordenar los factores y elementos para el análisis, pues en el fondo ambas expresiones tienen similares motivaciones:
1) Obtener respeto por su actuación durante el conflicto armado interno, que rescate el honor y la dignidad militar.
2) Proclamar la victoria política sobre la guerrilla y el entorno del conflicto, para sumar esto a su victoria militar.
3) Impunidad, para eludir juicios por violación de derechos humanos y otros comportamientos criminales.
4) Poder e influencia para proteger directa e indirectamente los intereses del sector.
5) Proteger a quienes desde la contrainsurgencia transitaron hacia el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción articulada y otros negocios ilícitos, en un malentendido "espíritu de cuerpo".
6) Control sobre el proceso de reconversión que tarde o temprano debe empezar a concretarse; a efecto de que los ajustes tengan el menor impacto negativo posible en su posición de poder e influencia.
Los militares buscan generar una suerte de respeto hacia su actuación durante el conflicto armado interno y pretenden que la sociedad acepte como válido su comportamiento institucional en la lucha contra la guerrilla.
En el plano militar, el Ejército salió victorioso del conflicto armado interno, pero aún sigue peleando un saldo político a su favor. La paz abrió dinámicas que entrañan una sanción social y política, así como una eventual y tal vez una remota sanción judicial, por los delitos que se derivan de su accionar contrainsurgente; y por el ejercicio del poder político y público que tuvieron a su cargo durante los regímenes castrenses.
La gran motivación es restaurar el poder militar, con ajustes controlados que le permitan acomodarse al nuevo contexto y a la nueva realidad, pero con una carga ideológica similar a la que dominó la vida nacional durante gran parte del siglo pasado. Pretenden establecer parámetros que hagan posible disputar la interpretación del conflicto armado interno; abatir o eliminar amenazas que pongan en peligro la impunidad que han gozado; y fortalecer las barreras de protección sobre las actividades ilegales que hoy conforman la nueva forma de vida de algunos integrantes del poder militar.
Esta restauración se busca por la vía de la dinámica social y política; y han incursionado también, con mucha fuerza, en el ámbito electoral aprovechando que varios partidos políticos se han convertido en nichos desde donde pueden aspirar a cargos de elección popular o actuar como asesores y cuadros técnicos.
Hay casos especiales, como el de Otto Pérez Molina, que ha construido su propia plataforma -el Partido Patriota-, desde la cual seguramente buscará la Presidencia de la República en el futuro cercano. Pérez fue afortunado cuando Oscar Berger tuvo que refugiar su candidatura presidencial en expresiones partidarias nuevas, luego de haber roto con el Partido de Avanzada Nacional.
De no haber ocurrido esto, seguramente la cosecha electoral de Pérez Molina y sus seguidores habría sido menos que exigua. Por supuesto, en este caso prima también el interés personal de un oficial militar que desea dar continuidad en el plano de la política partidaria a una carrera militar que iba en pleno ascenso cuando fue truncada, precisamente por los vaivenes políticos a los que ha estado sometida la institución armada.
El caso es que la pretendida restauración del poder militar, las características del presunto patrón que se ejecuta en esta dirección y la estrategia que puede vislumbrase en los nuevos tiempos que corren para el Ejército y sus oficiales, entrañan muchos riegos para la situación democrática del país, la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad política del país. Especialmente para el principio relacionado al fortalecimiento del poder civil.
Es un hecho que la estrategia que va tras la restauración del poder militar en las nuevas condiciones políticas del país, incluyendo la búsqueda de impunidad y de interpretaciones políticas favorables, estará presente en cualquier escenario político y partidario futuro. Unas más, otras menos, todas las opciones partidarias representan una posibilidad para el poder militar y sus motivaciones; y la misma dinámica social y política de Guatemala está abriendo los espacios para que esto sea posible.
Fuente: Fundación Myrna Mack. Enero 2004.
Notas:
1. En enero del año 2000, los diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) impulsaron el primer proyecto de reformas, el cual no tuvo viabilidad política ni jurídica. A través del diputado Juan Luis González (FRG) se presentó el segundo intento, cuando en septiembre del 2003 se pretendió incorporar reformas a 25 artículos de la Ley del Ejército en el proyecto de creación de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). Al fracasar éste, el mismo diputado González presentó el tercer intento, proyecto que ahora está pendiente de dictamen en las comisiones legislativas de Gobernación y Defensa Nacional. [Volver al texto]
2. El proyecto de la Autoridad Marítima Nacional está pendiente de dictamen en la Comisión de Gobernación del Congreso. El proyecto de nuevo Código Militar es estudiado actualmente por las comisiones de Defensa Nacional y de Legislación y Puntos Constitucionales. [Volver al texto]
3. Además de las prestaciones de ley de curso normal, ahora se estila otorgar una compensación económica a los oficiales que se retiran. Lo mismo se ha dispuesto para el personal desmovilizado del ahora extinto Estado Mayor Presidencial. [Volver al texto]
4. La Constitución no prohíbe la participación política de los oficiales retirados, pero hacemos este énfasis con el afán de hacer notar que este despliegue en los partidos políticos podría ser parte de un eventual patrón de comportamiento y de la estrategia mencionada al inicio de este documento. [Volver al texto]
5. Por ejemplo: el informe Guatemala nunca más, del proyecto interdiocesano REMHI, el informe Guatemala memoria del silencio, de la CEH; los proyectos de búsqueda de cementerios clandestinos y exhumación de osamentas; la edición de historias locales, los proyectos de salud mental y casos judiciales como Río Negro, Agua Fría, Plan de Sánchez, Las Dos Erres, Myrna Mack, entre otros. [Volver al texto]
6. Durante la década de los años ochenta, Guatemala estuvo en la lista de países violadores de derechos humanos por los crímenes que se cometían en el marco del conflicto armado interno. Incluso, Naciones Unidas nombró a dos relatores de país y, posteriormente, a dos expertos independientes. Ahora existe el proyecto de asistencia técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y se ha firmado un convenio para instalar en el país una oficina de campo de este Alto Comisionado. Asimismo, Guatemala ha sido visitada por varios relatores especiales temáticos, entre ellos el de Independencia de Jueces y Abogados y la Representante Especial sobre Defensores de Derechos Humanos. En los informes sobre Guatemala continúa mencionándose la participación de militares en hechos antidemocráticos, ilegales y de violación de derechos humanos. [Volver al texto]
7. Grupo cuasi mítico integrado supuestamente por los fundadores y grandes maestros de la inteligencia militar. Muchos de ellos siguen vigentes y son regularmente mencionados cuando se hace referencia a la parte más tenebrosa del poder militar, pero habría que analizar si la Cofradía sigue siendo todavía un enclave de ese poder o ya sólo forma parte de las leyendas tejidas en su entorno. [Volver al texto]
8. Cabe recordar que la gran mayoría de oficiales que en distintas épocas han sido vinculados al crimen organizado, el contrabando o el narcotráfico, han sido expulsados del Ejército o han sido castigados con la situación de disponibilidad. No se registran casos en que estos oficiales hayan sido consignados o puestos bajo investigación. El ejemplo más notorio es la depuración silente que aplicaron a los oficiales que en 1996 resultados involucrados en la red de Alfredo Moreno, pues nunca fueron puestos a disposición del Ministerio Público ni de los tribunales. Hace poco más de un año el Ministerio Público abrió investigación contra los generales Mario García Catalán, Manuel Callejas y Francisco Ortega Menaldo, el coronel Jacobo Salán Sánchez y el mayor Napoleón Rojas, casi todos ellos mencionados en el entorno de Alfredo Moreno, pero hasta ahora los procesos de investigación permanecen estancados. Estados Unidos, por su parte, retiró la visa de ingreso a ese país a los mencionados. Ortega, Salán y Rojas han sido personajes de influencia en el gobierno del presidente Portillo. [Volver al texto]
9. Antes de la asunción de Ríos Montt a posiciones de poder total en el Congreso de la República y su fuerte influencia en el poder Ejecutivo, el general Ríos Sosa había ocupado puestos de menor rango en las estructuras militares. El poder de Ríos Montt catapultó a Ríos Sosa al generalato, promovió su ingreso al Alto Mando y poco faltó para que culminara su carrera como Ministro de la Defensa Nacional. Salió abruptamente del servicio tras descubrirse un millonario desfalco en el Instituto de Previsión Militar y el uso de recursos militares para la campaña presidencial de su padre, en ese entonces candidato presidencial del Frente Republicano Guatemalteco. [Volver al texto]
10. Otto Pérez y Sergio Camargo participan en el Partido Patriota, cuyo máximo líder es el primero de los mencionados. Ambos fueron electos diputados al Congreso en las elecciones generales del 9 de noviembre de 2003. Con ellos trabajan Otto Noack y otros oficiales retirados. Julio Balconi se postuló al Congreso por el partido Unión Democrática, pero no alcanzó la elección; similar situación han vivido Héctor A. Gramajo y Mauricio López Bonilla, quienes se postularon por la Democracia Cristiana; y Mario Mérida, quien corrió por la Unión Nacional de la Esperanza. El general Enrique Mendoza no figuró como candidato, pero es asesor en el Partido de Avanzada Nacional. [Volver al texto]
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