12sep02
Documentos desclasificados de los Estados Unidos vinculan al Estado Mayor Presidencial con violaciones de derechos humanos.
Audiencia del 12-09-02
Los documentos desclasificados de Estados Unidos, que estaban archivados en el Departamento de Estado y en el Pentágono de aquel país, vinculan al Estado Mayor Presidencial (EMP) y a su Departamento de Seguridad Presidencial (DSP), con la comisión de graves crímenes políticos y diversas violaciones de derechos humanos.
Así lo atestiguó la señora Kate Doyle, quien actuó como perita propuesta por la querellante adhesiva, en el marco de la octava audiencia del juicio en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Kate Doyle se presentó como experta del tema Guatemala para el National Security Archive, organización científica de Estados Unidos que se dedica a investigar y analizar informes de seguridad y documentos desclasificados en aquella nación.
De acuerdo con las declaraciones de Doyle, los documentos desclasificados revelan que el DSP del EMP realizaba inteligencia y operativos contrainsurgentes en coordinación con la Dirección de Inteligencia Militar (D-2) y otros cuerpos de seguridad del Estado guatemalteco. Entre los crímenes que estos documentos atribuyen al DSP del EMP figuran secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El análisis presentado por la perita indica que el Estado Mayor Presidencial cobró más fuerza y poder durante los gobiernos civiles, en comparación con la fuerza y poder que manejaba durante los regímenes militares, precisamente porque el Ejército necesitaba incrementar los controles cuando ya no ejercía totalmente en poder.
Los documentos desclasificados están elaborados con base en informes que fueron trasladados por fuentes de inteligencia de Guatemala y de Estados Unidos, y en ellos se afirma que el EMP se dedicaba a ejecutar la violencia selectiva, especialmente ejecuciones y desapariciones forzadas.
Los documentos dicen que el DSP del EMP participó en la desaparición de numerosas personas entre 1981 y 1983, muchas de las cuales fueron trasladadas a diferentes comandos o unidades militares de la capital y del interior del país. La prueba de la desaparición forzada de algunas de estas personas consta en el llamado Diario Militar que el National Security Archive dio a conocer en 1999, en el cual figura el listado de 183 víctimas desaparecidas en un lapso no mayor de seis meses.
Kate Doyle declaró también que, de acuerdo con los análisis realizados, el DSP del EMP tenía una amplia capacidad operativa, contaba con escuadrones de la muerte y una de las características de sus operativos era disfrazar los crímenes políticos como hechos de la delincuencia común. Además, esta estructura militar aparece mencionada con mucha frecuencia en los documentos desclasificados, debido a que tenía mucha actividad en este campo de la inteligencia operativa y de la contrainsurgencia.
Testigo exiliado en Canadá establece plan de seguimiento y vigilancia.
En la octava audiencia también declaró el testigo Virgilio Rodríguez Santana, quien vino desde el exilio en Canadá para testificar respecto del plan del seguimiento y vigilancia que sobre Myrna Mack y su residencia montaron tres individuos, coordinados por el sargento mayor especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta. Rodríguez Santana dijo que vio el operativo de vigilancia por espacio de 15 días y que advirtió de éste a la empleada doméstica de la familia Mack Chang.
El testigo presentó su declaración en medio de mucha tensión, pues en un principio el Tribunal Tercero de Sentencia descartó escucharlo debido a que su nombre completo no aparecía en el pasaporte expedido en Canadá.
La querellante adhesiva renunció al testimonio de Rodríguez Santana para evitar eventuales impugnaciones por parte de la defensa, pero el Ministerio Público insistió por medio de un recurso de reposición para que el Tribunal cambiara su resolución. Los jueces declararon sin lugar el recurso de reposición, pero decidieron escuchar el testimonio y dijeron que sólo le darían validez probatoria si el Ministerio Público certificaba la identidad del testigo en un plazo perentorio.
La querellante adhesiva reiteró su renuncia al testigo y la defensa criticó con severidad la decisión del tribunal, argumentando que esto podría tomarse como falta de imparcialidad y que ellos podrían ser perjudicados por desigualdad jurídica en el juicio. El tribunal rechazó las afirmaciones de la defensa y procedió a escuchar el testimonio de Rodríguez Santana.
El viernes 13 de septiembre no hubo audiencia, pues la sala de vistas sería utilizada para otro debate. El lunes 16 de septiembre se reanudarán las audiencias en el caso Myrna Mack. Para la semana entrante están previstas las declaraciones de Clever Pino Benamú, un oficial militar peruano; del ex presidente de la República, Vinicio Cerezo, y del reo Noel de Jesús Beteta Álvarez, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Myrna Mack.
Fundación Myrna Mack
Este documento ha sido publicado el 15sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights